jueves, 1 de septiembre de 2016

REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN EN LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

DIALÉCTICA –REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN- EN LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
Valentín Vásquez
Oaxaca, México
valeitvo@yahoo.com.mx

1. Introducción

La historia oficial concibe a la Independencia como una simple guerra; en realidad se trató en su primera etapa (1810-1815) de una radical lucha de clases en la que se enfrentó el pueblo –campesinos pobres, comuneros indígenas y obreros de las minas y obrajes- a las clases privilegiadas –principalmente los grandes hacendados y el alto clero- y a su brazo armado: el ejército realista. Esta fase del movimiento de Independencia, se caracterizó por los decretos de la insurgencia popular implementadas por Hidalgo y Morelos,  entre los que destacan medidas orientadas a la eliminación de rasgos pre-capitalistas heredados de la época colonial, entre los que destacan la abolición de la esclavitud, la abolición del tributo y la restitución de tierras a los campesinos pobres y comuneros indígenas. 

Con la derrota militar y asesinato de Miguel Hidalgo (1811) y de José María Morelos (1815) culminó la primera etapa de la Independencia, que se caracterizó por su naturaleza revolucionaria. En seguida, le sucedió un período de 1816 a 1820 de feroz represión de la insurgencia popular por parte del ejército realista, a la cual respondió el movimiento popular con la táctica guerrillera en el sureste, liderada por Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo en Veracruz, en Puebla e Hidalgo encabezada por Mier y Terán, y, principalmente en Guerrero comandada por el indoblegable Vicente Guerrero. Esta situación probablemente se hubiera prolongado, de no ser por la revolución liberal-burguesa ocurrida en España en enero de 1820. Con el triunfo de la revolución liberal-burguesa el rey Fernando VII se vio obligado a restaurar la Constitución liberal de Cádiz de 1812. En la Nueva España el virrey Juan Ruíz de Apodaca promulgó la Constitución de Cádiz en mayo de 1820. Ante esta situación, las clases privilegiadas principalmente el alto clero y los grandes terratenientes subordinados a los intereses de la Iglesia, con el apoyo de Agustín de Iturbide, militar realista que había combatido ferozmente a la insurgencia popular, planearon la consumación de la Independencia, como una estrategia para separarse de España y de esta forma proteger sus intereses de las medidas liberal-burguesas y anticlericales contenidas en la reciente constitución promulgada por el virrey. Para lograr sus objetivos, el portavoz de las clases privilegiadas –Agustín de Iturbide- intentó derrotar militarmente a Vicente Guerrero, líder de la insurgencia popular que por diez años había estado luchando por la por la Independencia y, al no lograrlo, negoció una alianza con Guerrero, para conjuntamente consumar la Independencia. Resultado de la alianza política entre las fuerzas revolucionarias y las conservadoras fue el Plan de Iguala en el que se estableció la Independencia de la Nueva España, la cual se consuma formalmente el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del ejército de las tres garantías -religión católica, independencia y unión- en la ciudad de México. Así pues, lo que por la dialéctica de la lucha de clases inició como una revolución burguesa de naturaleza agraria, se transformó en una contrarrevolución feudal en beneficio de los intereses de los grandes terratenientes –hacendados- y la Iglesia.

A pesar de la naturaleza conservadora de la Independencia, con haber logrado la separación política de España, la abolición de la esclavitud, del tributo y de las castas, fueron logros importantes que contribuyeron a "desbrozar" el camino para el desarrollo del capitalismo en México y, para su posterior conversión en modo de producción dominante a mediados del siglo XIX.


2. Antecedentes socio-económicos

Alamán (1808), ilustre intelectual conservador, describe la estructura poblacional de la sociedad en vísperas del inicio de la Independencia: La distinción que las leyes hicieron entre las diversas clases de habitantes fueron de gran influencia en la revolución y en todos los acontecimientos sucesivos. Estos nuevos elementos fueron los españoles y los negros que ellos trajeron de África. Distinguiéronse poco tiempo después los españoles en nacidos en Europa y los naturales de América, a quienes por esta razón se dio el nombre de criollos, que con el transcurrir del tiempo vino a considerarse como una voz insultante, pero que en su origen no significaba más que nacido y criado en la tierra. De la mezcla de los españoles con la clase india procedieron los mestizos, así como de la de todos los negros, los mulatos, los zambos, pardos y toda la variada nomenclatura que se comprendía con el nombre genérico de castas. A los españoles nacidos en Europa, se les llamaba gachupines, que en lengua mexicana significa "hombres que tienen calzados con puntas o que pican", en alusión a las espuelas, y este nombre, lo mismo que el de criollo, con el progreso de la rivalidad entre unos y otros, vino también a tenerse como ofensivo. Los indios vivían en poblaciones separadas de los españoles, gobernados por sí mismos, formando municipalidades que se llamaban repúblicas, y conservaban sus idiomas y trajes peculiares. Se ocupaban especialmente de la labranza, ya como jornaleros en las fincas de los españoles, ya cultivando las tierras propias de sus pueblos, que se les repartían en pequeñas porciones por una moderada renta que se invertía en los gastos de la iglesia y otros de utilidad general, cuyo sobrante se depositaba en las cajas de comunidad. Todo esto hacía de los indios una nación enteramente separada: ellos consideraban como extranjeros a todo lo que no era ellos mismos, y como no obstante sus privilegios eran vejados por todas las demás clases, a todas las miraban con igual odio y desconfianza. La población indígena predominaba en las intendencias de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Michoacan, situadas en lo alto de la cordillera y en sus declives hacia ambos mares. Los españoles europeos residían principalmente en la capital, en Veracruz, en las poblaciones principales de las provincias, en especial en las de minas, sin dejar de hallarse también en las poblaciones menores y en los campos, y de estos sobre todo en los climas calientes, en las haciendas de caña, cuya industria estaba casi exclusivamente en sus manos. Los criollos seguían la misma distribución que los europeos, aunque proporcionalmente abundaban más en poblaciones pequeñas y en los campos, lo que procedía de estar en sus manos las magistraturas y los curatos de menos importancia, y ser más bien propietarios de fincas rústicas que ocuparse del comercio y otros giros propios de las ciudades grandes".

En síntesis, la población descrita por el autor citado, consideraba los grupos sociales siguientes:

Indios: 2 400 000; españoles: 1 200 000, de los cuales 70 000 eran europeos; castas: 2 400 000, dando un total de 6 000 000 de habitantes.

Es evidente que la mayoría de la población estaba constituida por los indios y por las castas, que eran el grueso de la población trabajadora del campo y de la ciudad. Ambas, participaron en el movimiento de independencia en diverso grado bajo la dirección de los criollos y del bajo clero, en contra principalmente de los españoles peninsulares que conformaba una minoría privilegiada y rica a fines de la dominación colonial.

Aguilar (1986) comenta que en general se conviene en que, más que propiamente una clase, la nobleza o aristocracia mexicana de la época colonial fue una fracción de la clase alta, a la que más que ciertos títulos la distinguió tener más dinero  y propiedades que otros, hechos en una u otra actividad mercantil. Parece claro que la clase alta de México de aquella época estuvo constituida por los propietarios y negociantes más ricos, con o sin títulos nobiliarios, muchos ligados al viejo régimen al que explicablemente defendían –como ocurría con los grandes propietarios, acaudalados comerciantes, altos funcionarios y dignatarios eclesiásticos, y otros, deseosos inclusive de que las cosas cambiaran-, la incipiente burguesía propiamente mexicana que empezaba adquiriendo importancia en el comercio, la minería, la industria y aun en ciertas actividades agrícolas y ganaderas y, que en defensa de sus intereses aceptó casi siempre el orden establecido, pero a la vez se mostraba inconforme y simpatizaba con la independencia política en tanto esta no afectara sus intereses económicos. En el otro extremo de la escala social, las clases bajas consistían en las masas pobres, en los trabajadores, campesinos, artesanos y soldados, principalmente indígenas aunque también mestizos e incluso elementos aislados de origen blanco, en parte insertos en la vieja economía y en la estructura del poder colonial, y en parte miembros ya de una fuerza laboral; es decir, de una masa creciente de trabajadores asalariados ocupados en empresas de diverso tipo, en que pese a todos los obstáculos, empezaba a abrirse paso el capitalismo. El clero y el ejército, no obstante, que a menudo fueron vistos como dos de las clases principales de entonces, en realidad eran dos poderosas corporaciones, la primera religiosa, la segunda civil, en cuyo seno había desde elementos muy ricos hasta empleados muy pobres que sin perjuicio de pertenecer formalmente a una misma organización, en horas de crisis como la Revolución de Independencia militaron en bandos contrarios. El clero y el ejército fueron más que clases privilegiadas, instituciones cuyos miembros gozaron de fueros y privilegios que a fines de la dominación colonial resultaban a todas luces anacrónicos e intolerables. A fines del siglo XVIII parece claro que la liberación de la fuerza de trabajo como condición para explotarla de manera propiamente capitalista, estaba en marcha como un nuevo fenómeno histórico. El trabajo asalariado predominaba en la minería, las principales empresas industriales, el comercio interior y exterior e incluso en ciertas explotaciones agrícolas y ganaderas.

Zavala Silvio (1990) afirma que la población a principios del siglo XIX (1804) en la Nueva España, consistía en no más de 80 000 europeos; los criollos 1 000 000; había 2 000 000 de indios; 2 685 000 mestizos, mulatos y castas en general, y menos de 10 000 negros. La desigualdad de las fortunas sorprendía a los viajeros como Humboldt que en 1803 observó contrastes extremos: lujosos carruajes junto a hombres desnudos y hambrientos. Esta situación provocó que indios y mestizos se sumaran a lucha social para tratar de mitigar la enorme desigualdad social.

Brading (1975) explica que el acto final de la revolución borbónica  en el gobierno fue el decreto de consolidación o de amortización, promulgado en diciembre de 1804. Ante la amenaza de una inminente bancarrota la Corona exigió que todos los fondos eclesiásticos fueran entregados al tesoro real, el cual pagaría a partir de entonces el interés del 5 por ciento sobre el capital depositado. Estos fondos ascendían a más de cuarenta millones de pesos y en su mayor parte tenían la forma de hipotecas y préstamos garantizados con propiedades rurales y, en medida menos, con bienes urbanos. Esta nueva ley, en consecuencia, constituyo un ataque directo contra los intereses económicos de la mayoría de los terratenientes y de algunos comerciantes y mineros. Toda persona que hubiere tenido préstamos de la Iglesia quedaba obligado a liquidarlos en pagos periódicos en un plazo no mayor de diez años, y para muchos propietarios fue imposible cumplir con dicha obligación; algunos de ellos vieron sus propiedades embargadas y rematadas. Además, como muchas haciendas aparecieron simultáneamente en un mercado en el que la demanda era, en el mejor de los casos, lenta de por sí. Los precios de la tierra se derrumbaron, con la consecuencia de que el valor proporcional de los gravámenes fijos aumentó considerablemente. A fines de 1808 esta salvaje requisición de capital había exprimido de los bolsillos de las clases propietarias más de doce millones de pesos. En la congregación de Dolores el cura párroco, Miguel Hidalgo y Costilla, no logró reunir los 7000 pesos que su pequeña hacienda debía, de manera que esta fue embargada y dada en alquiler, no recobró la posesión de dicha propiedad sino hasta los primeros meses de 1810. Sin duda alguna, el decreto de amortización predispuso a la colonia a la revolución, e irritó fuertemente tanto a los criollos como a los peninsulares. El golpe de estado de 1808 contra el virrey José de Iturrigaray, pues, tuvo un doble significado, ya que fue tanto una maniobra de los antiguos organismos heredados de la dinastía de los Habsburgo que trataban de proteger sus prerrogativas, como la expresión de fuerza de la verdadera aristocracia de México, es decir, los inmigrantes españoles, en defensa de su posición privilegiada en la sociedad colonial.

Semo (2004) afirma que es hasta la segunda mitad del siglo XVIII, con el desarrollo de la división social y regional del trabajo, cuando el auge combinado de la minería, ganadería lanar, manufacturas y agricultura de exportación, cuando comienzan a manifestarse con vigor la acumulación originaria de capital industrial, acontecimiento que implica un paso muy importante en el desarrollo del capitalismo en México.

Es evidente que las reformas borbónicas de naturaleza liberal-burguesas fueron el antecedente inmediato, que al generar un auge económico con la consecuente generación de considerable riqueza de las clases privilegiadas a costa de la pobreza extrema del pueblo trabajador, desigualdad socio-económica que contribuyó decisivamente a la insurrección popular en su fase revolucionaria, dirigida por Hidalgo y Morelos.


3. Dialéctica de la Independencia

Tutino (1990) cita a Wolf como el iniciador del estudio moderno de los orígenes de la rebelión de Hidalgo centrado en la singularidad regional. Hizo resaltar que la insurrección brotó en el Bajío, la región más prospera del México central. Allí la sociedad colonial era más comercial, quizá más capitalista que en otras regiones de México. El complejo productivo integrado en el Bajío de una agricultura comercial, fábricas textiles y minas de plata lo ponían en lugar aparte. Wolf sostuvo que las familias del Bajío eran capitalistas incipientes y se sentían cada vez más agraviadas por las restricciones coloniales que frenaban su espíritu emprendedor. El estudio detallado del Bajío sugiere que allí surgieron después de 1750 nuevas y agudas contradicciones que contribuyeron a la insurrección popular que dio inicio a la Revolución de Independencia. El análisis comparativo de otras regiones indica que eran contradicciones exclusivas de la región del Bajío y zonas aledañas en el México del siglo XVIII. Fue una crisis regional concreta, y no los viejos agravios contra la prolongada dominación española, lo que generó la afrenta de masas movilizada por Hidalgo en 1810. Al hacerse más profunda la crisis agraria, los problemas también afectaron a las industrias textiles y mineras del Bajío. Después de 1785 la ocupación laboral se volvió cada vez más insegura tanto para los tejedores de la ciudad como para las numerosas mujeres del campo que hilaban. Para 1810 el empleo en las minas de Guanajuato se desplomaba rápidamente. La confluencia de la crisis agraria y la industrial aprestó a una gran masa de hombres del Bajío a chocar violentamente contra las élites provincianas y el régimen colonial. Cuando el padre Hidalgo los llamó a las armas en 1810, decenas de miles entre pobres del Bajío respondieron al llamado atacando las haciendas de terratenientes y otras instituciones del poder que dominaban su vida. Los campesinos que trabajaban en las haciendas -acasillados, arrendatarios y aparceros- del Bajío a fines del siglo XVIII no eran los más pobres del México rural. Muchos miembros de comunidades campesinas en el centro y sur de México eran más pobres y se enfrentaban a la incertidumbre de las cosechas anuales. Pero los comuneros indígenas vivían con mayor autonomía en los pueblos. Las élites terratenientes no eran tan claramente culpables de sus dificultades. Como los campesinos cultivaban tierras comunales, su pobreza parecía deberse más a las irregularidades del clima. Libres de las relaciones sociales de una dependencia personal, los comuneros raras veces percibían su pobreza y su inseguridad como problemas sociales y mostraron poco interés por la insurrección popular en 1810 en el Bajío. Así pues, lo esencial, no es que los pobres del campo en el Bajío tuviesen pobreza e inseguridad. La agudización de sus problemas tuvo causas sociales evidentes para todos. La pobreza provino de la baja en los salarios y de la disminución de los pagos en exceso -por arriba del salario-. La inseguridad fue causada por la falta de empleo permanente y la ampliación de los arrendamientos que obligó a muchos a correr el riesgo de malas cosechas. Las élites del Bajío organizaron directamente la transformación agraria que impuso a los pobres del campo un empeoramiento de su situación y la mayoría de las familias vivían bajo la dependencia de esas élites. Esa población de agricultores dependientes obligados a sufrir una pobreza cada vez más extrema unida a dolorosas inseguridades respondió con entusiasmo al llamado de Hidalgo a la rebelión popular el 16 de septiembre de 1810. La insurrección de Hidalgo no se inició entre los trabajadores mineros de Guanajuato, ni entre los obreros textiles de Querétaro. La rebelión empezó con la gente pobre del campo de las tierras altas del noreste del Bajío -Dolores-. Muchas familias rurales, sin embargo, habían participado en el empleo tanto agrícola como textil: hombres que trabajaban en las haciendas mientras las mujeres hilaban para los empresarios de los obrajes y los comerciantes de ropa. Poco después de iniciarse el alzamiento popular, se le unieron rebeldes de las ciudades y villas del Bajío, entre ellos muchos obreros textiles y mineros. Los dirigentes de la insurrección popular eran parte de la élite económica heredada de la época colonial, pero marginados de los beneficios de la segunda mitad del siglo XVIII cuando se implementaron las reformas borbónicas de naturaleza liberal-burguesa. Así, Hidalgo era propietario de una modesta hacienda endeudada con la iglesia, así como los jóvenes oficiales del ejército -Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo- provenían de prósperas familias de comerciantes y terratenientes -poseedores de haciendas marginales-, situación que confirma que una parte de la élite -la marginada- estuvo dispuesta a encabezar al movimiento popular iniciado en 1810.

Colmenares (2004) escribe que durante el movimiento de Independencia los actores sociales se agruparon en cuatro bloques. En la cima del poder se hallaba la reacción colonialista peninsular , integrada por la burocracia virreinal, los comerciantes monopolistas del Consulado de México y el alto clero; todos ellos enemigos jurados de la Independencia. Luego la clase conservadora, integrada por la aristocracia criolla terrateniente y por la burguesía minera y comercial, quienes querían desplazar a los españoles del poder, pero temían la revolución; cuando estalló la insurrección popular se aliaron con el primer bloque para oponerse. La tercera, es la clase media letrada que se caracterizó por su posición política liberal moderada; sus principales ideologos , voceros y caudillos provinieron de las filas de los letrados criollos del mediano y bajo clero y de la oficialidad militar; su posición es vacilante e inconsecuente, fluctúan entre la clase conservadora y la insurgencia popular, entre sus representantes más destacados estuvieron: Juan Aldama, Ignacio López Rayón y los diputados del Congreso de Chilpancingo. El cuarto bloque lo formaron lo que podría llamarse la clase popular revolucionaria; era una alianza amplia en la que el pueblo trabajador jugó el papel central: indios de comunidades, peones de haciendas, trabajadores de ingenios y haciendas, etc.; la dirección de este bloque recayó en los círculos ilustrados radicales de criollos y mestizos pertenecientes a la pequeña y mediana burguesía.

Así pues, para principios del siglo XIX el capitalismo ya se abría paso en el seno del régimen económico colonial de naturaleza feudal e intentó en la primera etapa de la Independencia derribar al gobierno virreinal, a través de una revolución política y social.

3.1. Revolución burguesa

Brading (1975) describe la composición social del movimiento insurgente, cuando toma la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato: las masas se unieron a Hidalgo y hasta el administrador de la mina la Valenciana, Casimiro Chovell, antiguo alumno distinguido de la Escuela de Minería, organizó un regimiento con los trabajadores. Estos mineros, junto con los indígenas de Dolores, fueron los más activos en el sitio de la Alhóndiga.

Florescano (1986) considera que durante la Independencia Hidalgo y Morelos fueron los caudillos de la insurgencia que más cerca estuvieron de la masa andrajosa y desesperada que los seguía. Esos indios y castas sin tierras, abatidos por tres siglos de servidumbre, fueron los que le dieron al movimiento insurgente su contenido popular, su fuerza y su carácter telúrico.

Esa fuerza era algo que brotaba en efecto de la tierra. Pero no pasó más allá  de incendiar haciendas y descabezar gachupines porque sus dirigentes, los criollos lo impidieron. Desde el primer instante, cuando Hidalgo cae en el vértigo de la revolución y se identifica con el pueblo y accede a sus violencias, Allende y los demás criollos le reclaman su adhesión a la fuerza salvaje que amenaza con arrastrarlo y modificar el sentido de la revolución. Lo mismo harán más tarde con Morelos los licenciados criollos que lo rodean y que acabarán por destituirlo como caudillo de la causa popular. Y es que los criollos, como repetidamente lo expresan en sus proclamas y manifiestos, sólo querían despojar a los gachupines del mando, sin ultrajar  sus personas y haciendas, sin modificar el orden de cosas establecido. En primer lugar porque lo que ellos buscaban en la Independencia era sobre todo un cambio político, no social; en segundo, porque temían, quizá tanto como los españoles, el desbordamiento de esa masa de desesperados; y en tercero, porque muchos de ellos eran hacendados o hijos de latifundistas. Por eso, a medida que se fueron alejando de la causa popular le tendieron la mano a los miembros de la oligarquía que estaban dispuestos a consumar la Independencia sin modificar el orden existente. En cambio, la causa de los hombres sin tierra se refugió en las montañas, se fragmentó en pequeñas partidas de jefes y caudillos locales y finalmente fue aniquilada por el compromiso que en 1821 sellaron los criollos y los miembros de la oligarquía. En todo caso, si en algo influyó la causa popular, fue en la unión entre criollos y realistas. Fue a partir de las depredaciones que los ejércitos de Hidalgo cometieron en los bienes, propiedades y vida de los blancos, cuando los criollos que dirigían la insurgencia, y los españoles y criollos que la combatían, comprendieron que aquello podía degenerar en una lucha de proletarios contra propietarios como decía Alamán. La prueba de que ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a llegar a esos extremos, es que al consumar juntos la Independencia en 1821 ni siquiera tomaron en cuenta los acuerdos que sobre la tierra propusieron los diputados a las Cortes de Cádiz, ni los que se promulgaron en la Constitución de 1812.

En 1808 un grupo de criollos fraguó una conspiración con el propósito de suplantar a los españoles en los puestos de dirección de la Colonia. En ese mismo año la oligarquía española, y los criollos unidos a ella, descubrieron el complot, encarcelaron a los sediciosos y pusieron ellos a su virrey. En 1810 otros criollos aprovechando la confusión que estos acontecimientos y los de España habían creado en la Colonia, decidieron que había llegado el momento de realizar su viejo anhelo. Pero esta vez en lugar del complot citadino, llamaron en su auxilio a los indios y castas, a los hombres más desesperados de la Colonia, y promovieron una guerra general. Durante ésta, las banderas que elevaron no fueron la de los hombres sin tierra que les daban su fuerza y su sangre, sino otra vez la vieja bandera de los criollos. Con Hidalgo y con Morelos tuvieron la oportunidad de encabezar y hacer triunfar una guerra de proletarios contra propietarios, pero sus intereses fueron más fuertes y al fin, sin la fuerza de los hombres sin tierra, que habían perdido la esperanza en ellos y los habían abandonado o luchaban solos por su causa, firmaron un pacto con la oligarquía tradicional. En todo ello poco tuvo que ver el problema de la tierra, salvo como recurso para atraer a los indios y castas a los campos de batalla. La lucha no era solo entre españoles y mexicanos: desde un principio fue al mismo tiempo y, sobre todo, una lucha social, es decir de clases. En realidad, se enfrentaban dos fracciones de las clases altas –la propiamente dominante y la que intentaba serlo-, cada una de las cuales trataba de ganar a su causa a otras fuerzas, principalmente entre las capas medias urbanas. Las personas acomodadas deseaban en realidad la Independencia; pero retrocedían ante los riesgos que corrían sus fortunas e intereses. Es por esto que  son las gentes del pueblo y las clases medias, es decir, los abogados, los militares subalternos, los curas, el clero bajo, los frailes y principalmente campesinos pobres, que dan el paso peligroso de dirigir el movimiento social. Que el pueblo apoya la lucha emancipadora, indudablemente. Lo comprueba el rápido crecimiento del ejército libertador formado por trabajadores de las minas y otras industrias, empleados, profesionistas modestos, artesanos, parte del bajo clero y sobre todo campesinos pobres. El pueblo estaba cansado de la opresión colonial, del despojo de varios siglos, de la arbitrariedad, del robo, de la corrupción, del parasitismo de los gobernantes y de que, desde lejos otro país que más que madre patria era una madrastra injusta e incomprensiva, decidía su suerte sin tomar en cuenta los intereses, las legítimas aspiraciones y la voluntad de los mexicanos. Es por esto que al inicio de la Independencia, el movimiento recibe un apoyo multitudinario del pueblo a tal grado que de 600 en su inicio se incrementa a 100 mil hombres en sus filas. Hidalgo se entrega generosamente a la causa de la libertad y lo hace convencido de que esa lucha puede, como ocurre a la postre, cobrarle con la vida. Que ellos y quienes vienen después incurren en fallas y cometen errores, es indudable. Son seres humanos que además despliegan su esfuerzo en condiciones sumamente difíciles, bajo una correlación de fuerzas sobre todo al principio muy desfavorable y que ellos no pueden modificar a su antojo ni de inmediato. Que lanzan al país a la anarquía y al desorden, es una mentira. La anarquía tenía hondas raíces en el régimen colonial, y bajo la apariencia de estabilidad y paz había una sociedad atrasada, injusta, opresiva, irracional, sometida a intereses ajenos, plagada de graves deformaciones e incapaces de resolver sus problemas fundamentales. Que la lucha por la Independencia trajo el desorden, abusos y aun crímenes que los dirigentes no pudieron y a menudo incluso no quisieron reprimir, probablemente. La idea de que la Revolución de Independencia debió haber sido ordenada y desenvolverse armoniosamente y sin violencia, como si se tratara de una solicitud burocrática de ascenso y no de una intensa, espontánea y profunda lucha social, es una mera ilusión. Todo nuevo orden se construye en medio del desorden, del desorden a que inevitablemente lleva sobre todo la preservación de los intereses creados y del viejo orden de cosas que quienes se benefician de él se empeñan en sostener, sin importarles la dosis de violencia que reclame. Nadie renuncia a sus privilegios voluntariamente y en la lucha mexicana ello se pone de relieve desde el primer momento. Los beneficiarios del orden colonial recurren a todos los medios a su alcance para perpetuarlo: a las armas, a la palabra hablada y escrita, a la religión, a los prejuicios, y cuando es necesario a la calumnia, la represión y aun el crimen. A todo ello se enfrentan los iniciadores de la Independencia. Y lo que hacen, lo hacen como pueden, como las condiciones lo permiten; a menudo sin experiencia, sin conocimientos, sin medios materiales, sin saber si es o no lo correcto, sin ayuda y apremiados por las circunstancias y reclamos que no admiten espera. Cada quien actúa como le es posible, muchas veces sin tiempo siquiera para considerar otras opciones, sin tomar en cuenta principios que siendo justos resultan del todo inaplicables y por tanto irreales. Tanto los que hacen las cosas como quienes las juzgan, actúan como hombres en concreto, de carne y hueso, en los que se sintetizan virtudes y defectos; que en apariencia razonan conforme a principios y postulados de supuesto valor universal, pero que en realidad expresan casi siempre los intereses y contradicciones de la clase a la que pertenecen, y del segmento o fracción particular en que están insertos y en el que se mueven más de cerca. En general los que trascendieron sus intereses de clase y resolvieron las contradicciones que esos intereses les imponían, actuaron más resueltamente, tuvieron mayor fuerza, más claridad y más espíritu de sacrificio. Quienes en cambio, actuaron siempre como hombres de su clase, tuvieron del proceso una visión más limitada, desconfiaron de las masas y sintieron temor ante sus excesos y, consideraron la revolución un proceso esencialmente político–militar cuya verdadera dimensión social no comprendieron a fondo. Los principales dirigentes procedían, en general, de los estratos medios de la población; y en su mayoría son criollos. Apenas se inicia la lucha y se incorporan a ella las masas, afloran explicables contradicciones incluso en el pequeño grupo de dirigentes. Mientras Hidalgo, primero y poco después Morelos toman posiciones radicales, Allende, Aldama y en general los jóvenes acomodados que asumen la mayor responsabilidad militar resienten la acción, los excesos, el desorden e incluso la presencia misma de las masas, y adoptan desde un principio posiciones conservadoras. En realidad sus discrepancias no se circunscriben a asuntos militares o a cuestiones de carácter incidental: expresan conflictos de intereses y una ubicación social diferente. Hidalgo, no sin comprensibles vacilaciones, apoya a menudo a los contingentes populares que responden a su llamado. Allende y sus compañeros, en cambio, permanecen fieles a la ideología de su clase y desde el principio de la insurgencia toman actitudes conservadoras. Algunos criollos ricos, que inicialmente simpatizan con la revolución aunque no participan directamente en ella, al ver amenazados sus intereses se muestran reservados y aun hostiles. Desde el inicio de la independencia, la insurgencia comandada por  Hidalgo arremetió contra los puntos débiles del sistema colonial, como lo prueban diversos decretos y disposiciones:

“Que siendo contra los clamores de la naturaleza el vender a los hombres, quedan abolidas las leyes de la esclavitud”.

"Se declara iguales a todos los americanos, sin la distinción de castas que adoptó el fanatismo”.

“Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos respecto a las castas que lo pagaban, y toda exención que a los indios se les exija”.

“Que se entreguen a los naturales las tierras para su cultivo, sin que en lo sucesivo puedan arrendarse, pues es mi voluntad que su goce sea únicamente de los naturales de sus respectivos pueblos”.

Sin duda disgustaba y aun alarmó a las clases altas que Hidalgo ofreciera a los indígenas restituir las tierras que les habían sido despojadas; les molestó sobremanera que, con la revolución, el pueblo empezara a ser dueño de sí mismo y que en su nombre Morelos declarará: “nadie pagará tributo, ni habrá esclavos en lo sucesivo… los indios percibirán los reales de sus tierras como suyas propias”.

“Deben tenerse como enemigos todos los ricos, nobles y empleados de primer orden, y apenas se ocupe una población se les deberá despojar de sus bienes para repartirlos por mitad entre los vecinos pobres y la caja militar...”.

Una de las disposiciones agrarias de Morelos, según Ibarra (1988) es en el sentido de que "deben inutilizarse todas las haciendas grandes cuyos terrenos laboríos pasen de dos leguas cuando mucho, porque el beneficio positivo de la agricultura consiste en que muchos se dediquen a beneficiar con separación un corto terreno que puedan asistir con su trabajo; y no en que un sólo particular tenga mucha extensión de tierras infructíferas, esclavizando millares de gentes para que las cultiven por fuerza en la clase de gañanes [peones acasillados por deudas] o esclavos, cuando pueden hacerlo como propietarios de un terreno limitado con libertad y beneficio suyo y del público".

Cuando se repara en el carácter social (campesino) de tales directrices se comprende por qué la hostilidad de los ricos hacia Morelos fue tanta. Las clases privilegiadas, en realidad, nunca estuvieron con la Independencia y mucho menos con la idea de que ella se conquistara por el pueblo a través de una revolución. Los decretos de Hidalgo y Morelos en los que abolía la esclavitud, el tributo y las castas, el reparto agrario, etc., todos orientados a "barrer" las barreras que impedían el desarrollo del capitalismo, permiten caracterizar a la Independencia como una revolución burguesa.

Zavala Silvio (1990) caracteriza al movimiento revolucionario insurgente y cita al jefe del ejército realista: "Calleja escribía al virrey, en su correspondencia secreta, que si la "absurda" insurrección de Hidalgo se hubiera propuesto solamente la independencia no hubiera tenido enemigos entre los americanos ni los europeos, convencidos de las ventajas del gobierno independiente, porque la Península ocasionaba la falta de numerarios, alto precio de los efectos y regateaba los premios". Lucas Alamán, envuelto personalmente en los acontecimiento de Guanajuato [toma de la Alhóndiga de Granaditas por los insurgentes], consideraba que Hidalgo sublevó a la parte de la raza española nacida en América contra la europea "especialmente a los numerosos individuos... que careciendo de propiedad, industria u otro honesto modo de vivir, pretendían hallarlo en la posesión de los empleos y llamó en su auxilio a las castas y a los indios, excitando a unos y otros con el cebo del saqueo de los europeos y a los últimos en especial con el atractivo de la distribución de tierras." En sentido similar se pronunció José María Luis Mora, al escribir que "ningún hombre medianamente acomodado, por mucho que fuese su afecto a la independencia , deseaba la entrada de Hidalgo a México". En lo que concierne al continuador del movimiento insurgente, después de la muerte de Hidalgo el 31 de julio de 1811, el mismo autor menciona que "Morelos profundizó las medidas de Hidalgo en favor de las clases desposeídas americanas: abolió los tributos personales y la esclavitud sin indemnización alguna; que los naturales sean dueños de sus tierras, rentas, sin el fraude de entrada en las cajas de comunidad; pueden asociarse y comerciar libremente y paguen la contribución de alcabalas como los demás: igualdad en provechos y cargas que sustituía al concepto protector de la legislación colonial; como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto".

Beato Guillermo (2004) escribe que el movimiento insurgente dirigido por Hidalgo en 1810-1811, estuvo integrado por miles de campesinos indígenas, sectores populares (castas), y una minoría de criollos que detentaban los mandos militares.


León Portilla (2010) al estudiar la participación de los indígenas en el ejército insurgente, comandado por Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama, cita a Lucas Alamán: "Los vaqueros y demás gentes de a caballo de las haciendas, casi todos de las castas, formaban la caballería, armada con lanzas que Hidalgo había hecho construir de antemano, y con las espadas y machetes que estos hombres acostumbraban llevar en sus trabajos ordinarios, muy pocos tenían pistolas o carabinas. La infantería la formaban los indios, divididos por pueblos en cuadrillas, armados con palos, flechas, hondas y lanzas, y, como muchos llevaban consigo a sus mujeres e hijos, todo presentaba el aspecto más bien de tribus bárbaras que emigraban de un punto a otro que de un ejército en marcha... A los indios los mandaban los gobernadores de sus pueblos o los capitanes de las cuadrillas de las haciendas". En la toma de Guanajuato, el mismo Alamán escribe lo siguiente: "Se presentaron por la calzada de Nuestra señora de Guanajuato en numerosos pelotones de indios con pocos fusiles y los más con lanzas, palos, hondas y flechas. [Por otra parte] los demás grupos de a pie de Hidalgo que ascendían a unos veinte mil indios, a los que se unió el pueblo y la plebe de Guanajuato, iban ocupando las alturas y todas las casas fronterizas de [la Alhóndiga de] Granaditas".

Villoro Luis (2010) escribe que el movimiento insurgente surge espontáneamente y estaba integrado por los indios del campo, los trabajadores mineros y la plebe de las ciudades. Cita a Lucas Alamán, quien caracteriza a la insurrección popular del inicio de la Independencia, en los siguientes términos: "No fue una guerra de nación a nación... fue un levantamiento del proletariado contra la propiedad y la civilización".

3.2. Contrarrevolución feudal

Con la derrota militar y asesinato de Hidalgo (1811) y de Morelos (1815) culminó la primera etapa de la Independencia, que se caracterizó por su naturaleza revolucionaria. En seguida le sucedió un período de 1816 a 1820 de feroz represión de la insurgencia popular por parte del ejército realista, a la cual respondió el movimiento popular  con la táctica guerrillera en el sureste, liderada por Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo en Veracruz, en Puebla e Hidalgo encabezada por Mier y Terán, y, principalmente en Guerrero comandada por el incansable Vicente Guerrero. Esta situación probablemente se hubiera prolongado, de no ser por la revolución liberal-burguesa acontecida en España en enero de 1820. Con el triunfo de la revolución liberal-burguesa el rey Fernando VII se vio obligado a restaurar la Constitución liberal de Cádiz de 1812. En la Nueva España el virrey Juan Ruíz de Apodaca promulgó la Constitución de Cádiz en mayo de 1820. Ante esta situación, las clases privilegiadas principalmente el alto clero y los grandes terratenientes subordinados a los intereses de la Iglesia, con el apoyo de Agustín de Iturbide militar realista que había combatido ferozmente a la insurgencia popular, planearon la consumación de la Independencia, como una estrategia para separarse de España y de esta forma proteger sus intereses de las medidas liberal-burguesas y anticlericales contenidas en la reciente constitución promulgada por el virrey. Para lograr sus objetivos, el portavoz de las clases privilegiadas –Agustín de Iturbide- intentó derrotar militarmente a Vicente Guerrero, líder de la insurgencia popular que por diez años había estado luchando por la Revolución de Independencia y, al no lograrlo negocio una alianza para conjuntamente consumar la Independencia. Iturbide, en aquel momento al frente del ejército virreinal, advierte que la situación es insostenible y decide tomar el bando anti-español. Propone el indulto a Guerrero, quien dignamente lo rechaza y subraya: “todo lo que no sea concerniente a la total independencia lo disputaremos en el campo de batalla”, pero a la postre se reúne con él y logra el acuerdo que sirve de base al Plan de Iguala. Guerrero, explicablemente, desconfía de Iturbide quien ha sido enemigo de la Revolución de Independencia desde siempre, aunque a la vez acepta que de momento no hay otra posibilidad de Independencia. “Soldados – dice a sus hombres – este mexicano que tenéis presente es el señor don Agustín de Iturbide, cuya espada ha sido por nueve años funesta a la causa que defendemos. Hoy jura defender los intereses nacionales, y yo, que os he conducido a los combates y de quién no podéis dudar que morirá sosteniendo la independencia, soy el primero que reconozco al señor Iturbide como el primer jefe de los ejércitos nacionales, ¡viva la Independencia¡”.

Resultado de la alianza entre las fuerzas revolucionarias y las conservadoras fue el Plan de Iguala en el que se formaliza la Independencia de la Nueva España, la que se consuma formalmente el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del ejército Trigarante a la ciudad de México.


Brading (1975) concluye que "fueron precisamente aquellos conservadores realistas los que, finalmente lograron la independencia de la Nueva España. La guerra civil de 1810-1821 tuvo por resultado la militarización definitiva del poder político que los Borbones habían emprendido. El golpe de estado de 1821 fue organizado por un ejército colonial que se había formado principalmente para sofocar a la insurgencia, y fue apoyado por una Iglesia conservadora y ansiosa de liberarse del control de una autoridad civil que se había hecho demasiado liberal. El nuevo estado mexicano tardaría más de una generación en arrebatar el control a tales fuerzas reaccionarias."

Altamirano citado por Florescano (1986) aporta otros elementos que ayudan a comprender el alcance social y político la revolución y contrarrevolución de Independencia. Cuando las clases altas –dice –advirtieron que no sólo peligraba el poder español sino sus propios intereses, urdieron la maniobra inteligente y engañosa que encabezó Iturbide, y concibieron el plan de dirigir un nuevo movimiento, acaudillándolo, organizándolo en su provecho y cerrando así más fuertemente que nunca las puertas que la revolución de 1810 quiso abrir para dar entrada al pueblo en el gobierno de la nación. Si la revolución de 1810 hubiera triunfado –añade– es seguro que la soberanía real hubiera caído, porque era incompatible con el movimiento popular, pero es mucho más seguro que las clases privilegiadas habrían sido barridas por el soplo revolucionario. Porque ellas eran más que el gobierno español, las que habían despojado a los indígenas de sus tierras; eran ellas las que habían mantenido las encomiendas, los tributos, los repartimientos; eran ellas las que oprimían a las clases mestiza y pobres; eran ellas, por último, las que se habían creído llamadas, como derecho divino, a dominar en la antigua colonia por medio de sus riquezas o de su influjo.

Cue Cánovas (2004) analiza el Plan de Iguala en el que se pacta la Independencia entre las clases conservadoras y la insurgencia popular. En general lo caracteriza como radicalmente contrastante con las demandas fundamentales contenidas en el programa de la revolución burguesa, implementadas por Hidalgo y Morelos a través de decretos en las poblaciones controladas por la insurgencia. Particularmente, explica que el artículo 1° reconoce la religión católica como única, sin tolerancia de otras; el artículo 2°, establece la absoluta independencia de la Nueva España; el 3° y 4° consideran un gobierno monárquico constitucional con Fernando VII como rey, y en su defecto, algún miembro de la casa real española o de otra casa reinante de Europa; el 12 establece la igualdad de todas las razas, sin otra distinción que su mérito y virtudes, para poder ocupar cualquier empleo; el 13, que las personas y propiedades de todos los habitantes serán respetadas y protegidas (con lo que se establecía la más firme garantía al régimen de la gran propiedad imperante); 14, que el clero secular [clérigos y obispos] y regular [frailes] sería conservado en todos sus fueros y propiedades (con lo que se conjuraba el peligro inminente de la desamortización [venta de los bienes de la Iglesia] eclesiástica y se mantenían los privilegios judiciales y políticos de la Iglesia). El artículo 15, mantenía a los empleados públicos en sus puestos (con lo que se conservaban todos los intereses generados y desarrollados durante tres cientos años de dominación colonial, representados por los funcionarios y empleados de la administración virreinal. El artículo 17, conserva a los jefes y oficiales del ejército con la expectativa a los empleos vacantes (con lo que si bien es verdad que se premiaban los servicios prestados por los militares en la consumación de la Independencia, se creaba sobre bases firmes un régimen militarista que hasta antes de 1810 no había existido). En suma, los artículos 14, 15 y 17 sirvieron admirablemente para ligar los intereses del grupo militar con los de la aristocracia eclesiástica y con la burocracia virreinal.  El Tratado de Córdova firmado por Iturbide y Juan O´ Donojú , el 24 de agosto de 1821, consumaba definitivamente la contrarrevolución de las clase conservadora [Iglesia y hacendados].

Villoro Luis (2010) escribe que en lo referente a la consumación de la Independencia "aun cuando se conserva el antiguo sistema, ha habido un cambio importante en el seno de la clase dominante. El grupo europeo pierde la dirección de la nación en favor de las élites criollas. Los funcionarios del estado, casi en su totalidad, abandonan el país, el ejército expedicionario, después de un período de acuartelamiento es repatriado. Por su parte, el sector exportador sufre un golpe decisivo. Durante la revolución, muchas minas quedan inundadas, otras fueron abandonadas. Hacia 1820 la extracción de minerales había descendido a casi la tercera parte del promedio de los diez años anteriores. Los comerciantes exportadores europeos, al romperse las relaciones comerciales con España y decretarse la libertad de comercio, habían perdido su situación privilegiada. Así, la ruptura de la dependencia política con la antigua metrópoli termina también con el papel hegemónico que, dentro de la clase dominante, tenían los grupos ligados al sector de exportación. Su lugar lo ocupa ahora el alto clero, los grandes propietarios rurales y el ejército, cuyos altos mandos provienen, en su mayoría, de la oligarquía criolla." Resulta evidente que la Independencia consumada por Agustín de Iturbide nada tuvo de común con el movimiento insurgente iniciado por Hidalgo. "La proclamación de la Independencia en 1821 no concluye la revolución ni, mucho menos, supone un triunfo; es sólo un episodio en el que una fracción del partido contrarrevolucionario suplanta a la otra. Iturbide no realiza los fines del pueblo ni de la clase media más que en el aspecto negativo de descartar al grupo europeo de la dirección política; toda comparación entre movimientos tan distintos resulta estéril e improcedente".

Así pues, lo que por la dialéctica de la lucha de clases inició como una revolución burguesa de naturaleza agraria, se transformó en una contrarrevolución feudal en beneficio de los intereses de los grandes terratenientes –hacendados- y la Iglesia.

En resumen, la dialéctica del movimiento mexicano de Independencia es compleja: empieza como una revolución y termina, paradójicamente, convertido en contrarrevolución; las clases más poderosas que a lo largo del proceso se oponen a la Independencia, acaban participando decisivamente en su consumación; la Independencia, que aspira a ser la condición de ciertas reformas sociales ya inaplazables, a la postre se vuelven el medio para que esas reformas no se lleven adelante, y el clero, concretamente, pueda preservar sus privilegios.

Si la lucha por la Independencia se juzga por sus resultados podría decirse que, en sentido estricto, fue un movimiento esencialmente político del que surgió un nuevo estado nacional. Si se repara sólo en la forma en que, en el último momento se configuran las condiciones que hacen posible el Plan de Iguala y la consumación de la Independencia, parecería que tal movimiento no fue revolucionario sino más contrarrevolucionario.

El sólo hecho de que del movimiento emancipador surgiera un nuevo Estado políticamente independiente tuvo, gran importancia. El que después de siglos de opresión colonial, México se convierta en un país con derecho a gobernarse por sí mismo, con todo y que en la práctica el ejercicio de este derecho plantearía toda suerte de problemas, entraña un cambio de gran dimensión llamado a influir en la vida, las costumbres, las instituciones y el destino de los mexicanos.

Cierto que la Independencia política no bastaba para librarse de la pasada herencia colonial de explotación y atraso, y que en un país destruido por una larga guerra, en el que casi todo estaba por hacerse, el desarrollo económico y el ejercicio de las nuevas libertades reclamaba además una transformación social profunda que hiciera posible el advenimiento de un régimen capaz de romper trabas, destruir privilegios y movilizar y aprovechar el potencial de recursos hasta entonces en gran parte ocioso e improductivo.

Las condiciones socio-económicas y políticas en la Colonia contribuyeron a la formación de una débil burguesía industrial, sin la fuerza económica social y política para encabezar la lucha independentista y su lugar fue ocupado en la primera etapa (1810–1817) por los campesinos pobres y algunos mineros que se convirtieron en sus portavoces. La debilidad de la burguesía facilitó la derrota del movimiento popular campesino, con lo que se abrieron las puertas para que la clase terrateniente feudal (hacendados y alto clero) consumaran la Independencia, como una medida política obligada para proteger sus intereses del movimiento popular campesino y las reformas burguesas desarrolladas en España y su repercusión en la Nueva España. Pero el triunfo de la clase terrateniente feudal se dio en momentos en que el Feudalismo a nivel internacional había sido derrotado por el capitalismo y en el escenario nacional se encontraba en franca descomposición después de más de 200 años de existencia, por lo que su fin era una necesidad histórica.

Gallo (2004) escribe que los beneficiarios de la Independencia pactada entre las clases conservadoras y la insurgencia popular que todavía resistía, fueron principalmente la Iglesia y los terratenientes -hacendados- subordinados al clero, a través de las hipotecas de sus propiedades. Con la ruptura política de España, apareció una incipiente burguesía comercial e industrial que al estar desligada de la gran propiedad agraria, apoyaba las transformaciones capitalistas que triunfarían posteriormente a mediados del siglo XIX. 

Si bien es cierto que la Revolución de Independencia tuvo como principal escenario la región del “Bajío” en donde la agricultura y la minería habían tenido un  auge  económico considerable  durante  la  última  mitad  del siglo  XVIII  (1750–1800), impulsado por las reformas liberales, pero como toda estrategia basada en el libre mercado, culminaron en una enorme polarización de la riqueza: por un lado la concentración de la riqueza en manos de la clase privilegiada económicamente (hacendados, mineros y comerciantes principalmente) y por el otro el aumento de la miseria de la mayoría de la población (campesinos, mineros, empleados, etc.), polarización sin precedentes que trajo como consecuencia el estallamiento de la primera revolución en México.


4. Conclusiones

La Independencia fue la respuesta revolucionaria de los campesinos pobres –peones de las haciendas-, comuneros indígenas, obreros de minas y obrajes, a cerca de 300 años de dominación y explotación colonial, cuya dirección recayó en líderes del bajo clero -Hidalgo y Morelos- y  la oficialidad criolla del ejército virreinal.

En su fase revolucionaria –de 1810 a 1815- la Independencia liderada principalmente por Miguel Hidalgo y José María Morelos, ambos decretaron medidas orientadas a la abolición de la esclavitud y el tributo, así como la restitución de las tierras a su legítimos dueños: los campesinos pobres y comuneros indígenas, todas de naturaleza pre-capitalista implementadas para fomentar el desarrollo del capitalismo. En este sentido, la tendencia revolucionaria y popular de la Independencia en su primera etapa era de carácter burgués.
Entre 1816 y 1820, después de la derrota y asesinato de Hidalgo (1811) y Morelos (1815), solo se conservó la resistencia popular – por medio de la guerrilla- a la intensa represión del ejército realista, en el Sureste del país, en lo que hoy es Veracruz por Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, Mier y Terán en Puebla e Hidalgo y sobre todo por Vicente Guerrero en lo que hoy es el Estado de Guerrero. Esta situación pudo haberse prolongado de no presentarse una coyuntura política externa ocurrida en España. Específicamente se trató de una revolución liberal burguesa triunfante en 1820, cuyas reformas amenazaban extenderse a la Nueva España. En estas condiciones las clases privilegiadas –principalmente los grandes hacendados y el alto clero- bajo la dirección de la oficialidad del ejército realista, particularmente, Agustín de Iturbide, empezaron a planear la consumación de la Independencia, como una medida para proteger sus intereses de clase en caso de que las reformas liberal-burguesas implementadas en España trascendieran a la Nueva España. Para lograr su objetivo Iturbide tuvo que negociar con Guerrero el Plan de Iguala para consumar la Independencia en 1821. Así pues, por la dialéctica de la lucha de clases, lo que inició como una revolución culminó como una contrarrevolución encabezada por Iturbide antiguo combatiente de la insurgencia popular.

La consumación de la Independencia fue resultado de un pacto político, entre la clase conservadora en declive -hacendados e Iglesia- y la clase revolucionaria en ascenso -burguesía-. Una vez culminada la Independencia objetivo central del Plan de Iguala, las contradicciones afloraron, dando origen a un prolongado período de inestabilidad política, que culminó con el triunfo la burguesía a mediados del siglo XIX con la Revolución de Reforma.



5. Bibliografía

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Brading David. 1975. Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810). Fondo de Cultura Económica. México, D.F.

Colmenares Maguregui Ismael, Miguel Ángel Gallo, Cue Cánovas Agustín y Semo Enrique. 2004. De Cuahtemoc a Juárez y de Cortés a Maximiliano. Ediciones Quinto Sol, S.A. de C.V. México, D.F.

Florescano E. 1986. Origen y desarrollo de los problemas agrarios de México: 1500-1821. Octava Edición. Era. México D.F.

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Zavala Silvio. 1990. Apuntes de historia nacional:1808-1974. El Colegio Nacional-Fondo de Cultura Económica. México, D.F.

viernes, 22 de julio de 2016

LA LUCHA POLÍTICA EN MÉXICO

LA LUCHA POLÍTICA EN MÉXICO
Valentín Vásquez
Oaxaca, México
valeitvo@yahoo.com.mx

1. Introducción

El interés de este escrito surgió como consecuencia de los resultados de las elecciones en 12 Estados del país realizadas el 5 de junio del presente año. De las 12 gubernaturas disputadas, el Partido Acción Nacional –PAN- resultó ganador en 7 –tres en alianza con el Partido de la Revolución Democrática- PRD- y el Partido Revolucionario Institucional –PRI- ganó en 5.

Es evidente que el partido mejor posicionado electoralmente fue el PAN en comparación con el PRI. El PRD fue el gran perdedor, no ganó ninguna gubernatura con candidato propio.

Desde 1982 cuando se produjo un viraje en la política económica: el paso de una política de apoyo a la industrialización del país -a través de la sustitución de importaciones y subsidios por medio de las empresas del Estado, dando como resultado un crecimiento económico promedio de 6%-, a una política basada en el libre mercado que alteró negativamente la estructura productiva de México y una mayor desigualdad social. Por una lado, una minoría que concentra el grueso de la riqueza del país y por el otro la mayoría de la sociedad que se encuentra hundida en la pobreza. Fue el PRI el que inició la actual política económica que ha devastado económicamente y socialmente al país. En el año 2,000 se produjo la alternancia partidaria en el gobierno federal: El PAN relevó al PRI. El nuevo gobierno representado por Vicente Fox en la presidencia, continuó con la misma política económica que ha profundizado la desigualdad social en México. En el 2006 con el triunfo de Felipe Calderón el PAN continuó en el gobierno y prosiguió con la misma política neoliberal.

Es evidente que tanto el PRI como el PAN coinciden en la implementación del mismo programa de gobierno: la economía de libre mercado, en la que se privilegia el papel de la empresa privada en detrimento de la intervención del Estado, cuyos resultados profundizaron la desigualdad social existente. Es decir, no existe diferencia programática entre el PRI y el PAN, ambos coinciden en el programa neoliberal, por consiguiente, no hay oposición entre los dos partidos, en realidad se trata de dos organizaciones que son expresiones políticas de una minoría oligárquica que es la que decide el rumbo económico y político del país.

Después de dos sexenios panistas sucesivos, en el 2012 el PRI recuperó la presidencia de la república y como era de esperarse continuó con la misma política y la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo, de tal forma que los principales problemas sociales del país es la enorme desigualdad social que viene heredada desde época colonial, tal como lo Humboldt observó en su visita a México en 1803 y lo documentó en su libro publicado en 1808, así como la corrupción reinante, presente también desde la dominación española como lo refiere  Alamán (1808) en la que se involucra al propio Virrey Iturrigaray; problemas que siguen vigentes en la actualidad, a pesar de las política de desarrollo social implementadas por los gobiernos y leyes "anticorrupción".

Dada la enorme desigualdad social –mayor concentración de la pobreza en una minoría y pobreza extrema de la población- y los problemas colaterales que genera –delincuencia, protestas, robos, etc.- los ciudadanos, buscarán una opción política diferente a las tradicionales –PAN, PRI y PRD-, ya que las tres organizaciones partidarias convergieron en el Pacto por México, en el que se pactaron las reformas estructurales de naturaleza neoliberal y luego avaladas por el Congreso. En este sentido, la nueva opción política puede ser MORENA, la nueva organización política creada en el 2014 y que a pesar de no haber obtenido ningún triunfo en las 12 gubernaturas que se eligieron en las pasadas elecciones, tuvo un avance significativo, de tal forma que se convirtió en la tercera fuerza electoral en el país. En un escenario electoral en el que el PRI se encuentra debilitado y el PRD prácticamente liquidado y si MORENA sigue creciendo en las preferencias electorales de los ciudadanos y se transforma en un peligro para la minoría oligárquica que detenta la riqueza en México, no se descarta la alianza entre el PAN y el PRI para cerrarle el paso en las elecciones federales del 2018. Con alianzas y sin ellas, si el PAN triunfa en las próximas elecciones presidenciales se darían otros seis años de continuidad de la política neoliberal y la desigualdad social se tornaría extrema.

Ante la situación descrita, es importante el voto razonado de los ciudadanos. Para esto se requiere que la gente comprenda la naturaleza política de los principales partidos políticos en México y las políticas económicas –programas- que han implementado, especialmente los que han gobernado al país en el ámbito federal, que es donde deciden las políticas públicas a nivel país. A lo anterior está dedicado el presente escrito.


2. Antecedentes

2.1. Conquista

El sistema político moderno está formado por los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; por los partidos políticos; y, por el Estado.

El sistema político apareció desde que las sociedades comunitarias, resultado del desarrollo de la producción y en particular las relaciones mercantiles las carcomieron desde su interior, para generar la propiedad privada de los más importantes medios de producción: la tierra y el ganado, en el período de la historia económica del mundo, conocido como Neolítico hace 10,000 años, proceso económico que escindió a las comunidades tribales basadas en la propiedad comunal de la tierra en sociedades clasistas, aparecidas desde hace unos 1,000 años antes de Cristo, destacando particularmente Grecia y Roma.

En México durante miles de años, desde antes de Cristo hasta la llegada de los españoles en 1519, existieron las sociedades comunitarias cimentadas en la propiedad comunal de la tierra; las principales que sobrevivían –Azteca, Maya, Mixteca, Zapoteca, etc.- transitaban hacia una sociedad esclavista, proceso que fue truncado por la conquista española en 1521.

2.2. Colonia

La naturaleza esencialmente feudal de la sociedad española al momento de la conquista y su posterior consolidación con la misma, contribuyó a desarrollar el modo de producción feudal en la Nueva España.

Las clases fundamentales que caracterizaron a la época colonial en México fueron: los hacendados feudales y la Iglesia, quienes se habían apoderado de las tierras comunales de las comunidades nativas, a través de medios legales e ilegales –muchas veces en forma violenta-; cuya contra-parte eran los campesinos siervos que trabajaban la tierra en sus diversas modalidades: peones acasillados, aparceros, medieros, etc.

El poder político estaba representado principalmente por el Virrey, la Audiencia –justicia- y el Estado, quienes estaban al servicio principalmente de la clase económicamente dominante: los hacendados y la Iglesia.


3. Lucha política de la Independencia a la Revolución de 1910-1917

Durante toda esta etapa de la lucha, se puede decir que propiamente no existían los partidos políticos con su programa, línea política y organización –estatutos-, a pesar que en el Porfirismo se formaron partidos anti reeleccionistas, pero solo en la coyuntura electoral por lo que posteriormente desaparecían. Lo mismo puede decirse del período 1916-1928, en el se crearon partidos políticos –Partido Liberal Constitucionalista, Partido Nacional Cooperativista,  Partido Nacional Agrarista y Partido Laborista Mexicano- no solo para la coyuntura electoral, sino como grupos de presión contra el gobierno, para el logro de concesiones políticas y sociales, que también declinaron como organizaciones políticas.

El rasgo distintivo de toda esta época histórica es que la lucha política se desenvolvió en el marco de la lucha legal, pero una vez agotada se recurrió a la fuerza de las armas para acceder al poder político.

3.1. Lucha política durante la Revolución de Independencia

En el seno de feudalismo colonial, se abría paso el capitalismo, representado principalmente, por los comerciantes, rancheros e incipiente burguesía industrial con su contra-parte el proletariado concentrado en la industria minera y textil, también bajo el dominio de la clase dominante. La desigualdad social se hizo insostenible tal como lo documentó Humboldt  (1808), a tal grado que estalló la Revolución de Independencia, cuyos protagonistas principales por un lado, fueron la clase poseedora de los medios de producción –hacendados aliados al clero- apoyados por el gobierno y el Estado virreinal, básicamente el ejército realista- y; por el otro, los campesinos pobres y obreros –principalmente mineros- liderados por los insurgentes: Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, José María Morelos, Vicente Guerrero, Juan Álvarez, etc.

El escenario principal en el que inició la Revolución de Independencia en 1810 fue el Estado de Guanajuato, no por casualidad sino por necesidad, ya que se trataba de un Estado en el que el capitalismo se había desarrollado relativamente, sobre todo en la industria minera y en las haciendas para proveer de alimentos a la ciudad de Guanajuato –capital- y ciudades circunvecinas. Luego se extendió a los Estados  de Michoacán y de Jalisco en el fue derrotado el ejército insurgente en la batalla de Puente de Calderón cerca de Guadalajara la capital. Ante esta situación, el grupo dejó Guadalajara y se dirigió al norte y en Coahuila –Acatita de Baján- fueron traicionados y apresados los principales dirigentes, entre ellos Hidalgo y Allende, quienes fueron fusilados en 1811.

La lucha por la Independencia  la prosiguió Morelos junto con Vicente Guerrero, Juan Álvarez, Hermenegildo Galeana y los hermanos matamoros en los Estados de Guerrero y Puebla; hasta que Morelos fue apresado y fusilado en Ecatepec- hoy Estado de México-,  con lo que termina la fase popular de la Revolución de Independencia.

Posteriormente los insurgentes que sobrevivieron, principalmente Vicente Guerrero y Juan Álvarez resistieron a través de tácticas guerrilleras en el Estado de Guerrero hasta 1821, cuando los realistas encabezados por Agustín de Iturbide –antiguo realista-, ante el peligro que representaban los intereses de los grandes hacendados y la Iglesia, por el impacto de la reformas capitalistas que se implementaban en España desde 1820, pactó en 1821 con Guerrero una Independencia condicionada para proteger los intereses de la clase dominante. Así pues, por la dialéctica del movimiento de Independencia, una Revolución popular se transformó en una contrarrevolución  de las élites económicas de la Nueva España.

3.2. Lucha política durante la Revolución de Reforma

A pesar de las limitaciones de la Independencia, esta desbrozó el camino para el surgimiento del capitalismo naciente, de tal forma que después de un período de transición –“Anarquía”- para mediados del siglo XIX, estalló la Revolución de Reforma, cuyas clase capitalista estaba representada principalmente por los rancheros, incipiente burguesía industrial y comerciantes liderados los liberales. En cierto sentido la Revolución de Reforma fue la continuación de la tendencia revolucionaria de la Revolución de Independencia derrotada por los realistas en su primera etapa,  ahora conservadores representantes de los hacendados e Iglesia.

Los intereses de la naciente burguesía no solo chocaban contra los intereses de la vieja clase de terratenientes feudales e Iglesia, también entraron en confrontación con el monopolio territorial de las tierras comunales de las sociedades indígenas que impedían la libre circulación de mercancías. Así, el ataque contra las tierras de las comunidades indígenas inició con la Ley Lerdo de 1856, en la que se decretaba la compra-venta de las tierras comunales a los arrendatarios, lo que en los hechos significaba su privatización, proceso que fue ratificado en la Constitución de 1857.

En el fragor de la lucha militar entre conservadores y liberales en 1859, el Presidente Juárez decretó la nacionalización de los bienes de la Iglesia, medida esencial para la derrota militar de los conservadores en al siguiente año en 1860.

En síntesis, la Revolución de Reforma se trató en esencia de una revolución burguesa que establecía las condiciones para el origen incipiente del capital industrial y con sus medidas –principalmente nacionalización de los bienes de la Iglesia y la privatización de las tierras comunales-, convertía a la tierra como principal medio de producción en propiedad de la clase triunfadora y al mismo tiempo transformaba a los comuneros indígenas en mercancías que el capitalismo exigía.

La Revolución de Reforma cerró un capítulo en la historia política del país, pero dada la bancarrota financiera de México, el Presidente Juárez se vio obligado a decretar una moratoria en el pago de la deuda externa, medida que trajo como consecuencia la invasión francesa en 1862, iniciando así una guerra de liberación nacional que se prolongó hasta 1867, cuando el ejército francés apoyado por el ejército conservador fueron derrotados.

3.3. Porfirismo

Con la derrota de la intervención francesa, aparentemente el país retornaba a la normalidad, no obstante, aparecieron contradicciones en el interior del grupo liberal, diferencias que se agudizaron con la muerte de Juárez en 1872 y concluyeron con el golpe militar perpetrado por Porfirio Díaz para derrocar al Presidente Sebastián Lerdo de Tejada en 1876.

Con el golpe de Estado se inicia una nueva etapa en la historia política del país conocida como Porfirismo. Este representó la profundización de las medidas liberales burguesas y sobre todo las medidas anti-campesinas implementadas en las Leyes Agrarias de 1883, 1890 y 1894, con las que dio el tiro de gracia a las comunidades indígenas; pues, con esas reformas el campesinado no tuvo ninguna defensa y sus tierras acaparadas en poder los hacendados. En este sentido, García de León (1988) afirma que los hacendados y compañías deslindadoras, conjuntamente poseían en 1910 en números redondos 168 millones de hectáreas (84%) del territorio nacional; y, el resto de 32 millones  de hectáreas (16%) estaban repartidas  entre propietarios extranjeros o mexicanos ausentistas, pequeños propietarios, comunidades indígenas y fundos legales.

La concentración de tierras para 1910 se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Haciendas y ranchos en México
Año
Ranchos
Haciendas
1877
14705
5869
1900
32557
5932
1910
48633
8431
Fuente: Jürgen (1979).

Así pues, es evidente la enorme desigualdad en la distribución de las tierras, por un lado una minoría de hacendados y Compañías Deslindadoras conjuntamente detentaban el 84% de las tierras; y el 16% restante, repartido entre muchos propietarios y la mayoría formada por campesinos pobres. La desigualdad socioeconómica no se restringía a las zonas rurales, también se extendía a los trabajadores de las ciudades.

3.4. Lucha política en la Revolución Democrático-burguesa de 1910-1917

Junto con la enorme desigualdad social entre ricos y pobres, en el seno de la burguesía surgieron contradicciones. Así, algunos hacendados principalmente del Norte donde las relaciones capitalistas se habían desarrollado aceleradamente empezaron a interesarse por invertir sus capitales en la industria, pero en la práctica chocaron con los intereses del capital extranjero, que tenía enormes privilegios concedidos por el gobierno de Díaz. La situación era ya insostenible para 1910, por lo que la burguesía agrario–industrial representada por Madero al agotar las posibilidades legales de acceder al poder político, tuvo que recurrir a la lucha armada en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. En su Plan de San Luis, Madero planteó claramente su programa de lucha al establecer como principal demanda política el derrocamiento de Díaz, expresada en su lema: “Sufragio Efectivo No Reelección” y para lograrlo requería el apoyo de los campesinos, por lo que en el artículo 3 de su Plan considera la restitución de tierras como demanda legítima de los campesinos pobres. La incorporación de la restitución de tierras a los campesinos pobres en  su programa, la hizo como una medida estratégica para atraer a su lucha al movimiento campesino, ya que su intención era eminentemente política y se conformaba únicamente con el relevo de la camarilla porfirista del gobierno y con ello solucionar –según él- solucionar  automáticamente todos los problemas sociales y económicos con la sola conquista de la libertad política. Así lo confirma Montalvo (1988) en la Historia de la Cuestión Agraria Mexicana en la que lo cita, cuándo menciona que para 1912: “Se ha pretendido que el objeto de la Revolución de San Luis fuese resolver el problema agrario; no es exacto: la Revolución de San Luis fue para reconquistar nuestra libertad, porque la libertad sola resolverá de por sí todos los problemas”. Además, sus intereses económicos en la agricultura y la industria le impedían avanzar hacia una profunda transformación socio-económica, como lo prueba la siguiente información proporcionada por Jürgen (1979): “La familia Madero que jugó un papel muy decisivo en la primera etapa de la Revolución, es representativa de esta clase de latifundistas progresistas. Aparte de dedicarse a la producción de algodón, la familia Madero era activa en la industria textil, empezó con la producción y transformación de caucho, fundó el primer banco en la frontera norte, poseía viñas extensas y una serie de lugares de vinos. Cuando se descubría cobre en sus tierras, ella misma emprendía la extracción y para no depender de las empresas extranjeras, construyó hornos propios de fundición que figuraban dentro de las empresas industriales más importantes de México. Su actividad económica independiente no solamente involucró a los Madero en el conflicto de intereses con el Estado de Díaz y los “Científicos”, en cuya política no tenían ninguna influencia, sino también con el capital extranjero, especialmente con el Trust norteamericano Guggenheim y su American Smelting and Refining Company. La enemistad de Guggenheim contra la Familia Madero se ve claramente en que el embajador norteamericano en México, Henry Lane Wilson, quien desempeñó su cargo gracias a este Trust, participó decisivamente en las preparaciones del golpe militar contrarrevolucionario del año de 1913 contra el presidente burgués Francisco I. Madero y de su asesinato”.

Al igual que Madero, Carranza pertenecía a la clase de los grandes hacendados en el Norte del país y por su posición de clase no era partidario de una revolución social, sólo se circunscribía a medidas políticas que no afectaran sus intereses económicos de clase.

La Revolución iniciada en 1910 producto de las contradicciones entre dos fracciones de la burguesía: una muy reducida, poseedora del poder político a través de Porfirio  Díaz  sometida  al capital extranjero con intereses en la minería (metales industriales), ferrocarriles y cultivos de exportación; otra, formada por hacendados inconformes que incursionaban en la industria encabezados, primero por Madero y después por Carranza.

El desplazamiento de los capitales nacionales por el capital extranjero, junto con una reducida oligarquía nacional apoyados por la dictadura de Díaz; el empeoramiento de las condiciones de vida de los campesinos pobres, como consecuencia de la aparición del capitalismo durante   la   Reforma encabezada   por  Juárez (1856–1860) y particularmente durante el Porfiriato (1876–1910), cuando los comuneros indígenas fueron despojados de gran parte de sus tierras con lo que se convirtieron en mano de obra “libre” en las haciendas en condiciones deplorables; así como la inconformidad de los obreros, principalmente en las minas de Cananea Sonora y textiles en Río Blanco Veracruz, como lo prueban las huelgas de 1906 y 1907 respectivamente; condiciones que conjuntamente contribuyeron para el surgimiento de la Revolución.

La derrota –asesinato- de Madero originó el levantamiento de Carranza, que al igual que aquel sus demandas eran de carácter político, como era la destitución de Huerta y respeto a la Constitución burguesa de 1857.

Con la caída de Huerta en 1914 había sido derrotada la vieja burguesía porfirista. Para Carranza y Obregón la lucha había terminado, pero para los campesinos pobres, sólo había terminado una etapa y proseguía la siguiente consistente en el reparto de las tierras de las haciendas. Fue en esta nueva fase de la Revolución cuando estallaron las contradicciones de clase: por un lado se encontraba la burguesía agraria encabezada por Carranza aliada con la clase media –rancheros, políticos municipales, capataces, tenderos y maestros de escuela- representada por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles (1994); por el otro, los campesinos pobres, básicamente zapatistas, compuestos principalmente por pequeños propietarios, comuneros indígenas y aparceros que luchaban contra los hacendados para recuperar sus tierras.

El villismo estrictamente no se trató de un movimiento campesino, pues estuvo formado por vaqueros, pastores, mineros, ferrocarrileros y braceros; que por sus intereses coincidían más con los zapatistas, como quedó demostrado en la reunión de Xochimilco entre Villa y Zapata a fines de 1914. Sin embargo, su debilidad política no les permitió articular un proyecto –programa- nacional que expresara sus intereses para orientar sus luchas en forma independiente de la burguesía, lo que repercutió posteriormente en su derrota militar, primero de Villa y luego de Zapata. No fue su falta de heroísmo y valor lo que los llevó a la derrota, más bien hizo falta la presencia de una clase obrera más desarrollada, capaz de elaborar una alternativa programática y organizativa independiente de la burguesía, para arrastrar a los villistas y zapatistas a la lucha contra sus enemigos de clase liderados por Carranza y Obregón. Por el contrario, los contingentes obreros fueron “arrastrados” a las posiciones de la burguesía y organizados en los “Batallones Rojos” colaborando militarmente con Obregón para luchar en contra  del ejército de Francisco Villa en 1915.

La posición de clase de Madero y de Carranza impidió en el inicio de la Revolución la incorporación en sus programas el reparto de tierras a los campesinos y el mejoramiento de las condiciones de los obreros en las empresas, pero en el fragor de la lucha y para evitar que rebasaran los marcos del capitalismo, se vieron obligados a considerar algunas demandas, especialmente la restitución de tierras en la Ley Agraria del 6 de enero de 1915.

A pesar del triunfo del proyecto de la burguesía agrario–industrial en 1917, el desenvolvimiento de la lucha obligó a la fracción capitalista vencedora a incorporar los intereses de los obreros y campesinos pobres, expresados en los artículos 123 y 27 Constitucionales respectivamente, artículos que sirvieron de programa a los posteriores gobiernos para reglamentar las relaciones obrero–patronales y el reparto de tierras. Con la Promulgación de la Constitución en 1917 culmina la Revolución Democrático-Burguesa de 1910-1917, caracterizada así por la significativa participación de las masas populares y la ratificación de sus demandas sociales quedaron plasmadas en la Nueva Carta Magna.


4. Lucha política pos-revolucionaria

Con la institucionalización de la Revolución de 1910-1917 y particularmente con la creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929 la lucha política por el gobierno se restringió a la lucha electoral partidaria, condición que se ha extendido hasta la actualidad, excluyendo hasta el presenta la vía armada como medio para conquistar el gobierno y el poder político –Estado-.

4.1. Contexto en el que surgen los partidos políticos actuales

La nueva Constitución, más que una norma de convivencia social, se convirtió en un programa de reformas sociales, económicas y políticas de los nuevos gobiernos, cuya realización estuvo y está condicionada por la correlación de fuerzas de las organizaciones políticas contendientes. Así, desde de 1917, durante los gobiernos de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, el reparto agrario de los latifundios –haciendas- fue mínimo, ya que solo se hizo para controlar la inconformidad del movimiento campesino, ya que los tres gobiernos, no eran partidarios del reparto agrario, por el contrario, estaban convencidos que la propiedad privada era la base del desarrollo de la agricultura. Con lo que respecta al movimiento obrero, dichos gobiernos impulsaron su organización, pero para controlarlo y someterlo a los intereses del sistema.

4.2. Partido Nacional Revolucionario (PNR)

En el aspecto político, dada la dispersión de las fuerzas políticas leales al gobierno, éste impulsó su unidad, a través de la fundación de un nuevo partido político: El Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, organización política oficial para encauzar la lucha electoral a favor del gobierno, caracterizado desde su creación por sus acciones en contra de los intereses de los trabajadores.

Como abanderado del Partido Nacional Revolucionario Lázaro Cárdenas en 1934 triunfa como candidato a la Presidencia de la República, y dado que la estructura agraria seguía siendo en lo fundamental igual a la época porfirista: existencia de las haciendas, con sus relaciones laborales pre-capitalistas y la presencia del capital extranjero como propietario de las industrias estratégicas para el desarrollo del país, como la extractiva –minerales y petróleo- y los ferrocarriles. Tanto la vieja hacienda con sus rasgos pre-capitalistas, como la presencia del capital extranjero en áreas estratégicas de la economía, obstaculizaban el desarrollo industrial del país, por lo que era necesario eliminarlos; tarea realizada por el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) amparado en la Constitución de 1917. Concretamente, emprendió una profunda Reforma Agraria Integral –asesoría técnica y financiamiento-, que destruyó a la vieja hacienda heredada del Porfirismo con sus rasgos pre-capitalistas -peones "acasillados" y tiendas de raya-, que frenaban el desarrollo de la agricultura y la nacionalización de los ferrocarriles (1937) y el petróleo (1938). Además, el 1938 a iniciativa del Presidente Cárdenas el Partido Nacional Revolucionario (PNR) se transformó en Partido de la Revolución Mexicana.

4.3. Partido Acción Nacional (PAN)

De ideología clerical-conservadora el PAN fue la respuesta política a las radicales reformas económicas cardenistas de naturaleza popular, principalmente el reparto agrario, la nacionalización del petróleo y los ferrocarriles, así como la educación socialista.

4.4. Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Manuel Ávila Camacho candidato del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) triunfó en las elecciones de 1940 y en enero de 1946 por su iniciativa el PRM se transformó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este es el Partido del Estado, al igual que sus antecesores: PNR y PRM, y desde entonces de sus filas han salido los gobiernos de la mayoría de los gobiernos de sus tres niveles.

Las reformas implementadas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), principalmente la nacionalización del petróleo y los ferrocarriles, así como la liquidación de la vieja hacienda latifundista heredada del Porfirismo con fuertes resabios pre-capitalistas –peonaje por deudas y tiendas de raya--, sentaron las bases económicas para el desarrollo de una agricultura capitalista que aportara las materias primas y el aporte de divisas para el desarrollo del capitalismo industrial y financiero, durante el período de 1940-1970. El triunfo del capitalismo industrial y financiero implicó la derrota y control del movimiento popular por parte del Estado, a través de la represión e imposición –“charrismo”- de dirigentes afines al gobierno y empresarios privados en los principales sindicatos: ferrocarrileros (1948), petroleros (1949) y mineros (1951). En 1958-1959, resurgió el movimiento popular, siendo el ferrocarrilero el más importante en su lucha por rescatar a su gremio del control oficial, pero fue reprimido y derrotado violentamente.

El desarrollo del capital industrial y financiero fue acompañado por la activa participación del Estado en la economía, mediante la creación y adquisición de empresas, no para desplazar a la empresa privada, sino para apoyarla, a través de precios bajos de los bienes y servicios públicos. El mayor número de empresas estatales se formó durante los gobiernos de Luis Echeverría (1970-1976) y López Portillo (1976-1982), período que coincide con la crisis del capitalismo industrial y financiero. La crisis también explica, el hecho de que muchas empresas del Estado, fueron producto de la adquisición de empresas en difícil situación financiera, para salvarlas de la quiebra.

Para 1970 en el marco de la crisis mundial del capitalismo, el capitalismo industrial y financiero entra en crisis. Esta favorece la consolidación del capital financiero, ya que es en ésta década cuando se produce la concentración y la centralización del capital financiero con la creación de la banca múltiple o universal. Con esta se genera un mayor entrelazamiento del capital financiero con las empresas industriales y de servicios.

En el ambiente de crisis se produce la confrontación del gobierno con el capital financiero, dando como resultado la creación del Consejo Coordinador Empresarial (1975), organización política-empresarial para enfrentar a la política económica de Luis Echeverría, particularmente al Estado “empresario”, confrontación que culmina con la nacionalización de los bancos en 1982.

Conforme se desarrolla el capitalismo: del industrial al financiero (1940-1982) se produce la concentración de la riqueza en un reducido número de empresarios, a tal grado que antes de la nacionalización de los bancos en septiembre de 1982, un reducido número de grupos financieros –alrededor de 26- conforman una verdadera oligarquía financiera  que concentra la riqueza, contrastando con la extensión de la pobreza en sectores cada vez más amplios de los trabajadores.

4.5. Partido de la Revolución Democrática (PRD)

En el contexto de la enorme desigualdad económica y social, el Frente Democrático Nacional –conglomerado de varias organizaciones y corrientes- lanzó a Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato presidencial en las elecciones federales de 1988. Los resultados fueron muy cuestionados. La mayoría de organizaciones aliadas en el Frente Democrático Nacional, decidieron crear el Partido de la Revolución Democrática en 1989.

En el año 2,000 se produjo la alternancia partidaria en el gobierno federal: El PAN relevó al PRI. El nuevo gobierno representado por Vicente Fox en la presidencia, continuó con la misma política económica que ha profundizado la desigualdad social en México. En el 2006 con el triunfo de Felipe Calderón el PAN continuó en el gobierno y prosiguió con la misma política neoliberal.

Es evidente que tanto el PRI como el PAN coinciden en la implementación del mismo programa de gobierno: la economía de libre mercado, en la que se privilegia el papel de la empresa privada en detrimento de la intervención del Estado, cuyos resultados profundizaron la desigualdad social existente. Es decir, no existe diferencia programática entre el PRI y el PAN, ambos coinciden en el programa neoliberal, por consiguiente, no hay oposición entre los dos partidos, en realidad se trata de dos organizaciones que son expresiones políticas de una minoría oligárquica que es la que decide el rumbo económico y político del país.

Después de dos sexenios panistas sucesivos, en el 2012 el PRI recuperó la presidencia de la república y como era de esperarse continuó con la misma política y la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo, de tal forma que el principal problema social del país es la enorme desigualdad social que viene acumulándose desde la época de la colonia, a pesar de las política de desarrollo social implementadas por los gobiernos.

Dada la enorme desigualdad social –mayor concentración de la pobreza en una minoría y pobreza extrema de la población- y los problemas colaterales que genera –delincuencia, protestas, robos, etc.- los ciudadanos, buscarán una opción política diferente a las tradicionales –PAN, PRI y PRD-, ya que las tres organizaciones partidarias convergieron en el Pacto por México, en el que se pactaron las reformas estructurales de naturaleza neoliberal y luego avaladas por el Congreso. En este sentido, la nueva opción política puede ser MORENA, la nueva organización política creada en el 2014 y que a pesar de no haber obtenido ningún triunfo en las 12 gubernaturas que se eligieron en las pasadas elecciones, tuvo un avance significativo, de tal forma que se convirtió en la tercera fuerza electoral en el país. En un escenario electoral en el que el PRI se encuentra debilitado y el PRD prácticamente liquidado y si MORENA sigue creciendo en las preferencias electorales de los ciudadanos y se transforma en un peligro para la minoría oligárquica que detenta la riqueza en México, no se descarta la alianza entre el PAN y el PRI para cerrarle el paso en las elecciones federales del 2018. Con alianzas y sin ellas, si el PAN triunfa en las próximas elecciones presidenciales se darían otros seis años de continuidad de la política neoliberal y la desigualdad social se tornaría extrema.


5. Conclusiones

Las luchas políticas en la historia de México, han tenido como eje central: la conquista y destrucción del viejo poder político: el gobierno y el Estado.

Si bien es cierto que durante la Revolución y Contrarrevolución de la Independencia, los contendientes –insurgentes vs conservadores- no pertenecían formalmente a partidos políticos, pero por su contenido –lucha- sí se trató de partidos políticos, ya que como el nombre indica ambos bandos representaban a una parte de la sociedad: los realistas apoyados por el Estado estaban a favor de los intereses de los hacendados y a la Iglesia; y, los insurgentes actuaron a favor de rancheros, campesinos pobres y mineros que encarnaban con sus acciones los intereses del capitalismo naciente.

Los medios fundamentales de la Independencia fueron de naturaleza militar –lucha armada- para lograr la conquista del gobierno y del Estado.

Algo similar sucedió en la Revolución de Reforma: los liberales en su lucha contra los conservadores formalmente no se comportaron como partidos políticos, pero en los hechos actuaron así, puesto que sus acciones fueron facciosas, los liberales a favor de la incipiente burguesía industrial, comerciantes y rancheros, en contra de los conservadores, quienes actuaron en beneficio de la vieja clase dominante: los hacendados feudales, sobre todo la Iglesia, así como las comunidades indígenas.

Los medios de lucha consistieron en la combinación de la lucha electoral –que ya estaba contemplada desde la Constitución de 1824 y ratificada en la de 1857- que una agotada los contendientes recurrieron a la lucha militar –armada- para destruir al viejo gobierno así como a su Estado.

Durante el Porfirismo la Secretaría de Gobernación siguió controlando las elecciones a favor del gobierno, lo que contribuyó a sus sucesivas reelecciones des de 1884 hasta 1910. La vía electoral para acceder al poder político se agotó, por consiguiente, estalló la Revolución Democrático-Burguesa de 1910-1917, cuyos de lucha fueron de naturaleza armada para acceder al poder político.

Con la creación de los principales partidos políticos actuales –PRI, PAN, PRD y MORENA- como instrumentos para dirimir las diferencias, a través de la lucha electoral aparentemente los medios no electorales de lucha están descartados, pero hasta la actualidad en ningún momento los intereses de los poderes fácticos –grandes empresarios, medios de comunicación-, han estado en peligro real, por lo que no se excluye la posibilidad del Estado de recurrir a los golpes “blandos” –parlamentarios- cuando se pueda y recurrir a los golpes militares, cuando no le quede otra alternativa. Así lo demuestra la experiencia historia política de nuestro país.

A pesar de que las elecciones ya no las organiza la Secretaría de Gobernación y que ahora es el Instituto Nacional Electoral –INE- el que las controla; sin embargo, las estructura organizativa del INE la deciden los principales partidos políticos y estos responden a intereses de la clase que detenta el poder económico.

Los partidos políticos principales y de más antigüedad –PRI, PAN y PRD- en sus experiencias de gobierno han demostrado que están al servicio de los poderes fácticos.

La esencia de la democracia no está en la alternancia partidaria, sino en su carácter clasista. Así, el PRI y el PAN y con el Pacto por México, también el PRD, demostraron que son los instrumentos políticos de la oligarquía financiera: minoría que detenta el grueso de la riqueza nacional, contrastando la enorme pobreza en que se debate la mayoría de la sociedad –pueblo-.


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