HISTORIA AGRARIA DE SAN ANDRÉS IXTLAHUCA, OAXACA, MÉXICO
Valentín Vásquez
Oaxaca, México
valeitvo@yahoo.com.mx
Introducción
San Andrés Ixtlahuaca, se rige por usos y
costumbres, lo que significa que el máximo órgano de gobierno es la Asamblea
General de Ciudadanos, la cual tiene la facultad para nombrar a las autoridades
municipales, Alcalde Único Constitucional que cumple funciones de impartición
de justicia y apeo y deslinde de terrenos, así como comités de apoyo; niveles
organizativos que conjuntamente contribuyen a dirigir los destinos de nuestro
pueblo, utilizando como estrategia fundamental el trabajo comunitario –tequio-,
herencia cultural de nuestros ancestros prehispánicos, que ha posibilitado la
implementación de obras de infraestructura social, que han sido básicas para la
sobre vivencia de nuestra comunidad. Una vez electas las autoridades tienen que
cumplir con los acuerdos emanados de las asambleas generales de ciudadanos, validados
en las actas respectivas.
Precisamente la Asamblea General de Ciudadanos de
agosto del 2001, tuvo a bien nombrarme secretario municipal del Ayuntamiento,
lo que me permitió tener acceso al archivo municipal y, con tristeza me di
cuenta que la mayoría de documentos históricos valiosos de San Andrés
Ixtlahuaca, prácticamente en un 80% están en mal estado -apolillados- y solo se
conservan en buen estado el 20%, entre los que destacan: la Historia de la
fundación de nuestro pueblo, expresada en una copia de 1836-1837 denominada Título de los terrenos en propiedad del
pueblo de San Andrés Ixtlahuaca, Testimonios
aportados por el Archivo General de la Nación de 1892–1893, a solicitud del
Agente Municipal de aquella época, C. Juan Clímaco Sabino, Alegato jurídico de los naturales de nuestro pueblo con Jerónimo
Morales de Sigala poseedor de la hacienda de Jalapilla de 1776-1777 y Resoluciones Presidenciales de 1929 y 1943.
Basado en las fuentes de información mencionadas y
dado el interés por conocer la historia agraria de San Andrés Ixtlahuaca, me
propuse como meta al terminar la administración municipal del período
2002–2004, rescatar la historia agraria de nuestra comunidad. Hubo momentos que
desistí, dada la enorme cantidad de “lagunas” existentes en el prolongado
desarrollo histórico de nuestro pueblo; sin embargo, ya en la recta final del
ejercicio municipal decidí escribir un “borrador” de su historia agraria. Como
tal, es evidente que adolece de muchas deficiencias, pero estoy convencido que
será la base para su mejoramiento y sobre todo para que los niños, niñas,
jóvenes e interesados en general conozcan la historia agraria de nuestro
municipio y con ello sepan valorar la importancia de la defensa del patrimonio
territorial de nuestra comunidad.
La defensa del patrimonio territorial de
nuestro pueblo se inicia después de la llegada y conquista española,
específicamente en 1582, cuando fueron “prestadas” las primeras tierras
a vecinos de Teozapotlán (Zaachila) con apoyo del gobernador
-principal- de dicho pueblo y aprovechándose del hecho de que nuestro
pueblo dependía de esa jurisdicción y tal vez porque Zaachila padeció de una
escasez crónica de tierras desde el siglo XVI hasta la década de 1920 (Taylor,
1998). Posteriormente por herencia de las tierras “prestadas” en 1624,
aparece formalmente la hacienda de Jalapilla, a pesar, que desde 1542 las
autoridades virreinales promulgaron leyes que protegían las posesiones
territoriales de las comunidades indígenas, para salvaguardarlas de la
“codicia” de los conquistadores españoles.
Con la aparición de la hacienda de Jalapilla surge
el Feudalismo en nuestra comunidad, como nuevo Modo de Producción dominante durante
el período colonial, sistema basado por un lado en la propiedad privada de la
tierra en posesión de los hacendados y, por el otro los campesinos en sus
diversas modalidades (peones “acasillados”, peones eventuales, arrendatarios,
etc.); clases sociales antagónicas que se enfrentaron durante toda la época
colonial y culminó con el incremento de la extensión territorial de la
hacienda, a través de diversas formas legales e ilegales y algunas veces
violentas, para apropiarse de las tierras comunales de nuestro pueblo, de tal
forma que la hacienda de Jalapilla en 1810 en plena Revolución de Independencia
alcanzó una superficie aproximada de 1700 hectáreas.
Con el advenimiento del capitalismo durante la
Reforma y el Porfirismo, se fortalecieron los hacendados, particularmente con
la promulgación de la Ley Lerdo del 25 de junio de 1856, por su contenido
claramente orientado a destruir la propiedad comunal de las tierras de los
pueblos indígenas y las leyes agrarias expedidas durante la dictadura de Porfirio
Díaz en los años de 1883, 1890 y 1894; leyes que conjuntamente legalizaron el
despojo de las tierras comunales de nuestro pueblo.
La aplicación de las leyes mencionadas a
fines del Porfirismo prácticamente acabó violentamente con las tierras
comunales de los pueblos, entre ellos San Andrés Ixtlahuaca; ya que para 1910
en vísperas de la Revolución anti-porfirista, la hacienda de Jalapilla
había alcanzado una extensión aproximada de 5000 hectáreas a costa
de las tierras comunales de nuestro pueblo.
Para 1916, todavía en pleno fragor de la lucha
revolucionaria, las autoridades de San Andrés Ixtlahuaca, encabezadas por el
presidente municipal Manuel Natividad Díaz y teniendo como marco jurídico la
Ley Agraria del 6 de enero de 1915, promulgada por Venustiano Carranza, como
consecuencia de la presión popular, principalmente del movimiento
revolucionario campesino dirigido por Emiliano Zapata, solicitaron a los
gobiernos estatal y federal la restitución de sus tierras
comunales convertidas en propiedad privada de la hacienda de Jalapilla.
En respuesta
a la petición indicada un perito realizó estudio socio-económico de las
familias del Pueblo de San Andrés Ixtlahuaca, resultando los siguientes datos:
existencia de 200 familias, posesión de 1614 hectáreas de tierras, de las
cuales 1450 eran comunales, 136 hectáreas de pequeña propiedad y 28 hectáreas
de perímetro urbano. Para solventar las necesidades de las 200 familias se
requería de 14.45 hectáreas de terreno, cuya multiplicación da un total de 2890
hectáreas (200 x 14.45). Como ya existían 1450 hectáreas de tierras comunales,
por consiguiente, se requerían 1440 hectáreas para completar las 2890 hectáreas
para cubrir las necesidades de las 200 familias, las cuales serían expropiadas
a la hacienda de Jalapilla.
Con la información anterior, las autoridades
agrarias y ya en el marco jurídico del Artículo 27 Constitucional, decidieron
la dotación de las 1440 hectáreas de tierras ejidales a nuestro municipio según
Resolución Presidencial de 1929, que aunadas a 1450 hectáreas comunales
conservadas por la defensa heroica de nuestros pobladores, sumaron un total de
2890 que aunadas a las 136 hectáreas de pequeña propiedad y 28 hectáreas de
perímetro urbano, da un total de poco más o menos de 3000 hectáreas
propiedad de nuestro pueblo, cuya localización está en el plano que acompaña a
la Resolución Presidencial mencionada; que si bien representan una mínima
porción de sus posesiones territoriales comunales originales avaladas por su
antiguo Título de propiedad, expresa la mayor conquista agraria después de más
de 300 años de lucha permanente por la defensa y recuperación de sus bienes
territoriales, hecho histórico que solo fue posible como consecuencia de la
Revolución democrático-burguesa de 1910-1917.
El
ejemplo heroico de nuestro pueblo durante tres siglos de luchas debe quedar en
la memoria de sus descendientes, para que en el futuro, a pesar de la
adversidad de los gobiernos actuales hacia la propiedad social -ejidal y
comunal-, defiendan el patrimonio territorial que nos legaron nuestros
antepasados.
En el
presente trabajo se analiza la historia agraria local del pueblo de San Andrés
Ixtlahuaca, en el marco de los acontecimientos históricos nacionales
principales: Revolución de independencia (1810–1821), Revolución burguesa de reforma
(1854–1860) y la Revolución democrático–burguesa de (1910–1917); revoluciones,
en las que los naturales de nuestro pueblo no participaron directamente, pero
que sus luchas agrarias siempre se desarrollaron en las coyunturas de los tres
procesos revolucionarios que han constituido los “saltos” más
importantes en la historia de México.
1. Localización política y geográfica
El
municipio de San Andrés Ixtlahuaca, se localiza en la región de Valles
Centrales del Estado de Oaxaca, a 12 kilómetros de la ciudad capital del mismo
nombre y el Estado de Oaxaca, se ubica al suroeste de la ciudad de México, a
unos 400 kilómetros.
Geográficamente
la región de Valles Centrales de Oaxaca se localiza entre los 16º-17º latitud
norte y entre los 96º-97º longitud oeste. De acuerdo con esta ubicación, el
clima de la región debería se tropical húmedo, ya que se encuentra entre los
trópicos. Sin embargo, por el relieve se caracteriza por ser un valle inter-montano, limitado por el sur por la Sierra Madre del Sur y por el norte
por la Sierra Juárez –continuación de la Sierra Madre Oriental-, así como por
otras montañas de menor magnitud, que conjuntamente lo rodean y, con una altura
promedio de unos 1600 metros respecto del nivel del mar. El relieve descrito ha
condicionado el clima de la región, ya que los vientos procedentes, tanto del
océano Pacifico como del Golfo de México, al interaccionar con las sierras se
elevan y se enfrían produciendo la condensación del vapor de agua y con ello la
formación de nubes, así como la consecuente precipitación en las laderas de las
montañas orientadas hacia los océanos y, una vez que rebasan las barreras
montañosas descienden ya secos hacia los Valles Centrales de Oaxaca,
condicionado de esta forma un clima seco, cuya característica principal es una
elevada evaporación, que rebasa la escasa precipitación promedio de 650
milímetros, siendo la lluvia ciclónica la más importante al aportar el 80% de
la lluvia y el restante 20% es aportado por las lluvias de tipo convectivo y
frontal.
El
clima seco de la región de Valles Centrales, condicionó la escasa distribución
de plantas y consecuentemente de animales, factores que contribuyeron al
cultivo de plantas (agricultura) y al sedentarismo, actividades que surgieron
hace unos 4000-5000 años a.C.
La ubicación geográfica del área
de estudio se muestra en el croquis que a continuación se presenta.
Figura 1. Croquis de localización del
pueblo de San Andrés Ixtlahuaca
2. Antecedentes de San Andrés Ixtlahuaca
En México, según Semo (2006) la
especie humana llegó hace unos 22 000 años y desde entonces hasta hace unos
4000-5000 años, su economía se caracterizó por la apropiación directa de los
alimentos vegetales y animales que la propia naturaleza le proporcionaba,
específicamente se trató de actividades de recolección, caza de animales
salvajes y pesca; economía basada en instrumentos rudimentarios, cuya baja
productividad del trabajo condicionó la existencia de una comunidad
igualitaria. El prolongado período de existencia de la sociedad igualitaria,
preparó las condiciones para el aumento de la productividad del trabajo y con
ello determinó, el surgimiento de sociedades estratificadas hace unos mil años
antes de Cristo, cuya máxima expresión fue la civilización Azteca, que perduró
hasta 1521, cuando fue conquistada por los españoles.
La región de Valles Centrales de
lo que hoy es el Estado de Oaxaca, ha sido escenario de la actividad humana,
por lo menos desde hace 10 000 años (INSO, 2014) y, desde entonces hasta hace
unos 4 000 años, la economía consistió en la apropiación directa de los
recursos vegetales y animales proporcionados por la naturaleza, particularmente
a través de la caza de animales salvajes
y recolección de productos vegetales, condición que requirió una constante
movilidad (nomadismo), periodo que concluyó con la aparición del cultivo de
plantas (agricultura) y el sedentarismo, lo que dio origen a la civilización zapoteca,
con Monte Albán como ciudad principal.
Con la decadencia de la cultura zapoteca,
representada por el declive de Monte Albán aproximadamente por el año 800 d.
C., se produjo una dispersión de la población en sitios aledaños, dando origen
a nuevos centros de población con menor densidad demográfica, como fueron
Yagul, Mitla y Zaachila, entre otros.
Una de las comunidades que sobresalió después de la
caída de Monte Albán fue Zaachila, ciudad que intentó relevar a Monte Albán y
de cuyo centro dependieron algunos pueblos, entre ellos la antigua comunidad
zapoteca de Lachixigui Zageratos, cuya ciudad muy probablemente estuvo
ubicada en lo que hoy son los “Mogotes” localizados en la jurisdicción de San
Pedro Ixtlahuaca, casi en los límites con San Andrés Ixtlahuaca, lo que explica
que ambos pueblos tengan un origen común expresados en el término Náhuatl
Ixtlahuaca que los identifica como pueblos “hermanos”.
La
copia del Título Primordial de los terrenos comunales propiedad del Pueblo
de San Andrés Ixtlahuaca, con respecto a la fundación, señala lo siguiente:
Un sello tercero. Dos reales. Para los años de mil
ochocientos treinta y seis y ochocientos treinta y siete.
“Hoy lunes que se cuenta a cuatro días de agosto del
año de mil ciento treinta y cuatro años, hago yo el cacique Don Tomás
Pérez y principal de Teosapotlán y este instrumento es con verdad y bisto
efecto que el Palacio monte de Teosapotlán, a quién en el tiempo antiguo los
gentiles llamaron ombligo del cielo, en el cual nacieron siete caciques de los
cuales procedieron todos los principales que se nombraron descendientes y de
conquistadores, los cuales alzaron baras y pusieron gobierno, en el referido
Palacio, donde pusieron sus armas que son un Aguila Real y Tigre Real, este
dicho cacique para que en las señales del tiempo le sirvan y mande, conquistó a
su prosapia, este dicho cacique redució muchos linajes de diferentes lenguas,
los cuales se repartieron después en diferentes lugares; alumbrados ya con la
luz de la Divina Providencia y gracia de Dios, nacieron como arriba tengo dicho
de los dichos mis agüelos y antepasados que entonces tenían por nombre en la
idioma lengua zapoteca, le llamaron Bayugenissa, este principal, en el tiempo
antiguo nombraban Lachixigui Zageratos, se dice Ixtlahuaca, esta tierra San
Andrés, huvo de traer a su posesión las tierras y distintos nombres tienen los
principales que es Tomás Pérez y Diego, y otro Tomás y Mateo o Domingo,
son cinco conquistadores principales legítimos de este dicho pueblo, ganaron el
sitio y lugares que ganaron primero que se llama Guigonachapa, en la lengua
castellana se llama Xalapilla, que por estos presentes títulos y remencionado,
y nos hizo Dios nuestro Señor y nuestro Rey que fue y nos lo confirmo, lo acabo
de hacer dueño de ella nuestro señor católico Rey que Dios guarde, habiéndolas
poseído nuestros agüelos y asesores estas dichas tierras que hoy poseemos,
están sus linderos extremos y mojoneras, como se siguen por bandas del Oriente
linda con las tierras de la Villa de Quilapa y va derecho detrás de un mogote
que se llama en la lengua zapoteca Betigoragirei, linda con las tierras de la
dicha Villa de Cuilapa que prosiguiendo derecho a andar de una legua que se
llama Gelalatebian y prosiguiendo derecho y bajo en una lomita que se llama
Gusio y que está una iguera y linda con las de la Villa de Cuilapa, están
presentes tres mojoneras, mogotillos prosiguiendo derecho a la punta de
un serro que se llama Giyahalo y linda con las tierras de San Lorenzo y San
Felipe Lachiquelaaiga Lagana, y de allí va subiendo a la punta del serro que
llaman Guiyasocachi, linda con las tierras de San Felipe, y va bajando por una
cañada que se llama Gigolavaja y baja a dar en otro mogote que se llama
Betegogociohioba río que se llama Guigossa y va prosiguiendo, en una loma esta
la punta del serro grande que llaman Quiyavele y linda con las tierras de
Escuintepeque y da la buelta y biene a dar con otra mojonera que se llama
Giyatogacha, linda con las tierras de Santiago, que va derecho a donde
está otra mojonera que se llama Subayque y linda con las tierras de San Mateo y
San Andrés y de la Villa de Cuilapan, están puestas tres cabezas de piedras muy
en forma y en la idioma lengua Mixteca se llama Dodedine y de allí va bajando a
un río que se llama Guelalaxixu, y linda con las tierras de San Pablo, y de
allí va subiendo y biene a la mitad del serro, y está señalada en una zanja que
llaman que tenemos por mojoneras y linda con las tierras de la dicha Villa de
Cuilapa y va bajando por una loma que se llama Yogachi, y linda con las tierras
de la dicha Villa, y va bajando por una cañada nombrada Guigovichina
agregado en el pueblo de San Pedro Apóstol sujeto a la dicha Villa y barrio de
San Blas agregado al de dicho de San pedro; y de allí viene derecho a dar donde
está una mojonera señalando un poso, que se llama Yisetoo y linda con las
tierras de los mejicanos y va prosiguiendo derecho a otra mojonera y está
puesto un mogotillo que se llama Yitegosu y linda con las tierras de San Blas,
en las cuatro esquinas tenemos cuatro soldados en guardia y defensa, y perpetua
señal y distintos, y cuatrocientos soldados de la dicha Villa y Cabecera de
Teozapotlán, y todo cual veríficamente y conciencia dejo señalado y
declarado por este presente título, para que todos mis descendientes al
presente son y en adelante fueren y reconocer que son y serán legítimos dueños
de las tierras para que por este instrumento sean amparados y defendidos de
algún forastero ni personas apartados del gremio suyo, desde ahora a ninguno de
los venideros tiempos se apoderen de la dicha tierra sino fuere con su voluntad
de ellos; que es fecha en el día citado y así le afianzo con mis firmas
en presencia de los testigos que presentes están del dicho pueblo y
cabecera de Teozapotlán y así mismo los principales de este dicho pueblo de San
Andrés; y testigos son Juan de Espinosa, testigo Don Pedro de Espinosa, testigo
Francisco de Herrera, testigo Melchor Luis, Testigo Diego Hernández y testigo
Don Juan de Espinosa. Digo yo Tomás Gomes interprete nombrado que soy por
el señor Don Antonio Franco Juez de Comisión, Subdelegado para las
Composiciones de tierras con su Magestad, que Dios guarde que de mandato de dicho
señor juez comisionado traduje este instrumento de la lengua zapoteca en
castellana y corresponde a otra traducción que en dicha lengua castellana tiene
sacado de la antigüedad. Y para que así conste lo firmé en el pueblo de San
Andrés Ixtlahuaca a seis días del mes de octubre de mil setesientos diez años,
concuerda con sus originales que devolví por mí rubricados de donde se sacó el
presente corregido y concentrado en cinco foxas útiles del papel
correspondiente para el uso de los interesados, siendo testigos los ciudadanos
Manuel María Palancares, José Mariano Moreno y Julian Mácsimo Padilla de esta
vecindad, doy fe. Testado. Mojoneras”.
Ambrosio Ocampo. Rúbrica.
La
copia del
documento de títulos de los terrenos en propiedad del pueblo de San Andrés Ixtlahuaca
de 1836-1837, permite destacar algunos aspectos cruciales para descifrar la
ubicación temporal de su fundación. Por un lado específica que se trata de un
pueblo sujeto a la jurisdicción de Teozapotlán (Zaachila), hecho fundamental
que nos indica que la historia de nuestro pueblo en su etapa prehispánica “corrió”
paralela a la de Teozapotlán, lo que significa que la antigua comunidad de
Lachixigui Zageratos fue probablemente contemporánea de los centros
poblacionales que aparecieron después del abandono de la principal ciudad de
los zapotecas conocida actualmente como Monte Albán por el año 800 d.C.,
convirtiéndose en un señorío de Zaachila encabezado por Bayugenissa. Por otro
lado, la denominación zapoteca de lo que hoy es San Andrés Ixtlahuaca, implica
que su fundación como Lachixigui Zageratos tuvo que ocurrir antes de la llegada
de los Mixtecos al Valle de Oaxaca por el año 1200. Por consiguiente, es muy
probable que la fundación de la antigua ciudad zapoteca se haya realizado en
1134 como lo específica el escrito citado; además, nos induce a pensar que las
ruinas arqueológicas que actualmente se localizan en los “mogotillos” de San
Andrés Ixtlahuaca, en los límites con Jalapa del Valle y los “mogotes” ubicados
en las proximidades del centro de San Pedro Ixtlahuaca, fueron centros
poblacionales contemporáneos de Zaachila y otros centros poblacionales que
florecieron después de la “caída” de Monte Albán. Además, según las mojoneras
que delimitan la extensión territorial de las tierras comunales primordiales,
según el documento de fundación, por el oriente limita con la Villa de Cuilapan
y San Pedro Apóstol; por el norte, con San Lorenzo, San Lorenzo e Ixcuintepec
(Peñoles); por el poniente, con Santiago Tlaxoyaltepec y, por el sur, con San
Pablo y Cuilapan. Así pues, según las mojoneras descritas que delimitaban
territorialmente de nuestro pueblo, por lo menos comprendían una
extensión de 10 000 hectáreas de tierras comunales, de las cuales solo existían
1450 según la Resolución Presidencial de 1929 cuando se dotó a San Andrés
Ixtlahuaca de 1440 hectáreas de tierras ejidales.
La
influencia Náhuatl se produjo después que Ahuízotl tlatoani
azteca conquistó Huaxtlán en 1494; poco después de 1502 Moctezuma
Xocoyotzin retoma Huaxtlán, sofocando una rebelión de mixtecas y zapotecas,
convirtiendo a la ciudad en una base militar y la designó como Huaxyacac.
Según Barbosa (2001) para evitar que Huaxyacac
fuese foco de otra nueva rebelión y asegurar la lealtad de sus habitantes al
imperio Azteca, Moctezuma Xocoyotzin decidió y ordenó repartir la tierra de la
ciudad entre los pobladores salidos de Texcoco, Tacuba, Tenochtitlán,
Xochimilco, Chalco, Tierra Caliente y mazahuas en número no determinado;
haciendo un total de 600 jefes de familia con sus mujeres e hijos, unos 3000
habitantes en total, que se asentaron seguramente en Calpullis (barrios),
separados según su pueblo de origen, libres de tributo.
La nueva población Náhuatl se concentró en los
alrededores de Huaxyacac en pequeños barrios; sin embargo, su influencia se
extendió en una zona más grande y posiblemente llegó a lo que en aquel tiempo
se conocía como Lachixigui Zageratos y la renombraron como Ixtlahuaca, cuya
etimología es la siguiente: “Ixtl” que significa vista, “Tlalli”
tierra y “Huaca” poseedor; por consiguiente “Ixtlahuaca”, es un término
de origen azteca que significa, según Martínez (1885): “Tierra que se
domina con la vista“. A este respecto, Gómez (2007), considera que la
fundación de Ixtlahuaca habrá ocurrido en 1524 por mexicanos que llegaron con
los españoles y cita como prueba el testamento de Tlacahuepantzin, una mujer
mexicana de San Juan Chapultepec y cacica de los zapotecas, fechado en 1525,
cuatro años después de la guerra de Izcuintepec, Peñoles; también, fueron
fundados los pueblos de San Martín Mexicapan, Santa María del Marquesado,
Xochimilco, San Pedro Ixtlahuaca y San Jacinto Amilpas.
Después
de la conquista española en 1521 cuando se consuma la dominación española con
el armisticio celebrado entre los contendientes y, para hacer honor a los
antiguos nombres zapoteca y náhuatl que hacían alusión a lugares húmedos,
los invasores españoles le agregaron el nombre de San Andrés Apóstol, por
tratarse de un santo pescador.
En
síntesis, por la descripción de los linderos y mojoneras que se mencionan en la
copia del antiguo Título Primordial de los terrenos comunales propiedad
del pueblo de San Andrés Ixtlahuaca, se trató de un pueblo con enorme extensión
territorial y que después de la dominación española, pasando por la Revolución
de Independencia (1810-1821), la Revolución Burguesa de Reforma (1854–1860) y
principalmente durante el Porfirismo (1876–1910), fue despojado
de gran parte de sus tierras comunales para transformarse en
propiedad privada de los dueños que se sucedieron en la propiedad de la
hacienda de Jalapilla y por los pueblos circunvecinos, de las cuales solo pudo
"recuperar" 1440 hectáreas ejidales de la hacienda de Jalapilla,
dotadas según la Resolución Presidencial de 1929, que aunadas a las 1450
hectáreas de tierras comunales, 136 de pequeña propiedad y de 28 de
perímetro urbano, contabilizando un total de aproximadamente 3000 hectáreas de
tierras que actualmente posee nuestro pueblo. Así pues, las tierras comunales
fueron objeto de despojos por particulares y pueblos aledaños, hechos que
prueban que no se cumplieron los sueños de los antepasados de San Andrés
Ixtlahuaca, de recurrir al Título Primordial que amparaba la propiedad comunal
de sus terrenos para proteger sus bienes territoriales de personas ajenas
a la comunidad.
3. Conquista española
La historia oficial española habla de la conquista
de los Zapotecas del Valle de Oaxaca; no obstante, historiadores serios han
rescatado las versiones oral y escrita de las comunidades indígenas, entre
ellos Manuel Martínez Gracida citado por Barbosa (2001), quien refiriéndose a
la llegada de los españoles a Oaxaca escribió:
“Francisco de Orozco salió con dirección a la Mixteca:
entró a ella el 6 de noviembre y sostuvo tres rudos combates logrando en el
último penetrar en el Valle de Oaxaca. El 25 de noviembre de 1521 la fuerza
española expedicionaria ocupó los terrenos del hoy pueblo de Santa Anita,
situado en la margen derecha del río Atoyac. Allí, debajo de un árbol de huaje
se dijo la primera misa. Orozco y Juan Núñez de Mercado, ocuparon Guaxaca (como
le llamaron). La guarnición de Huaxyacac, que no se creyó fuerte para esperar
al enemigo, se retiró a Peñoles y allí hizo causa común con los Mixtecas,
encerrándose en la fortaleza de Ixcuintepec, peñol cercado por un muro de cal y
canto en un circuito de más de una legua. Orozco amenazó a los Mixtecas con la
guerra. Tal amenaza produjo los resultados que se propuso el conquistador: la
cesación de la guerra; pero bajo las bases de un armisticio. Sólo el
inexpugnable Peñol de Ixcuintepec guardaba una actitud imponente. Para vencerlo
se movió Orozco con sus fuerzas y en la imposibilidad de sojuzgarlo por la
fuerza de las armas, consintió en que sus defensores enviasen comisionados a
Cortés para tratar con él, y al Rey de Achiutla para solicitar instrucciones. Estos
regresaron a poco con tristes noticias: México estaba vencido; Cortés concedía
la paz. Dzahuindanda ordenó a los Mixtecas se rindieran a Orozco. Como
consecuencia todos regresaron contentos, fijándose los Mixtecas en sus
posiciones y los Mexicanos en Huaxyacac, Tepeaca, Jalatlaco, Xochimilco, El
Marquezado, Mexicapan y Chapultepec.”
Poco tiempo después, en el mismo
sentido se pronuncia Francisco Salazar en 1917, también citado por Barbosa
(2001): “Tan luego como los soldados aztecas que
estaban de guarnición en Huaxyacac, se percataron de la presencia de los
españoles, determinaron retirarse a un punto llamado hoy Peñoles, por sus
fortificaciones inexpugnables, hicieronse allí fuertes los Mexicas de Huaxyacac
y gran número de Mixtecas. Francisco de Orozco se dirigió allá para tomar la
ofensiva; pero no pudiendo vencer las dificultades del paso, entró en pláticas
con los sitiados. Estos pidieron a Orozco un armisticio para enviar
comisionados a México. Regresaron a Huaxyacac manifestando que la capital del
imperio estaba sometida a Don Hernando Cortés, quien estaba anuente en conceder
la paz, siempre que se sometiese a la Corona de España. Francisco de Orozco
ofreció a los caciques mixtecas y zapotecas conservarles en posesión de sus
prerrogativas y derechos, y al mismo tiempo comunicó a Hernán Cortés que había
concluido felizmente la conquista de estos reinos”.
Como se aprecia, la secuencia de los
acontecimientos es similar a la explicada por Martínez Gracida, aunque Salazar
precisa que los zapotecos también participaron en las batallas que duraron por
lo menos ocho días. Ante la derrota de Orozco y al no poder vencer militarmente
al ejército indígena, ambas partes pidieron instrucciones a sus respectivos
mandos; pero las negociaciones comenzaron a iniciativa de Orozco.
El mismo Barbosa (2001) cita a
William Taylor, quién escribe que “la sumisión pacífica de los caciques
zapotecas y del valle mixteco, al conquistador español Francisco de Orozco en
1521, abrió el camino para la entrega de concesiones especiales a la
nobleza nativa. Orozco mismo reconoció haber prometido que defendería los
derechos y las prerrogativas tradicionales de los caciques a cambio de su
apoyo. La singular supervivencia de grandes terratenientes cacicales en el
Valle de Oaxaca, después de 1550 está íntimamente relacionado con la firmeza
que los caciques habían adquirido en el período posclásico, inmediatamente
anterior a la llegada de los españoles y, también con el relevante papel que
los caciques del valle desempeñaron en la transición pacífica de la zona hacia
la dominación española”.
Los tres autores coinciden que los zapotecas y
mixtecas no fueron conquistados militarmente al estilo de los aztecas, más bien
se trató de un acuerdo según las “Leyes de la Guerra” en la que
participaron por un lado las fuerzas españolas al mando de Francisco de Orozco
y, por el otro, indígenas mexicanos, zapotecas y mixtecas que en alianza
detuvieron el avance de los conquistadores en lo que hoy es Santa María Peñoles
La posesión de la tierra, por parte de los
indígenas, fue el aspecto más importante del tratado que dio paso a la
ocupación española en Huaxyacac, ante la imposibilidad de los españoles por
conquistar militarmente el valle. En Oaxaca como en muchas otras partes del país,
los indígenas supieron defender y conservar su tierra, base fundamental de su
economía, organización y cultura. No fue como creen algunos, la política “paternalista”
de la Corona Española la que los “protegió”, sino la defensa y la lucha
permanente por su tierra.
Después del armisticio con los españoles, las
poblaciones prehispánicas fueron rebautizadas anteponiéndoles a su nombre
original el de algún santo cristiano, resultando denominaciones como San Martín
Mexicapan, Santo Tomás Xochimilco, San Juan Chapultepec, Santa María Atzompa,
San Andrés Ixtlahuaca, etc.
La
imposición de la cultura y economía españolas no se produjeron
repentinamente sino que se requirió de un período de transición que duró
alrededor de 100 años, correspondiente a lo que se conoce como Encomienda, en
la que las comunidades indígenas fueron asignadas a un encomendero,
pero en general se respetó el sistema de producción comunal existente
desde la época prehispánica; posteriormente, se produjeron cambios que
alteraron radicalmente el desarrollo natural de la cultura de nuestro pueblo,
al ser sustituida la propiedad comunal de la tierra por propiedades privadas en
poder de los hacendados, inaugurando así un nuevo sistema de producción
conocido como Feudalismo, con su cualidad propia que lo diferencia del europeo.
4. Modo de producción feudal durante la colonia española
4.1. Origen de la hacienda feudal
El Sistema de Producción Feudal no surgió
repentinamente, sino después de un período de transición que cubre un lapso de
tiempo de 1522 a 1622 y puede subdividirse en dos fases: la primera que terminó
en 1581 y se caracterizó por un desarrollo relativamente pacífico en el que se
respetaron las propiedades territoriales comunales de San Andrés Ixtlahuaca; y,
la segunda en la que propiamente se inicia con el “préstamo” de 50 medidas (10
hectáreas) de tierras a los hermanos Caro Manrique y Melchor de Abendaño, con
la intermediación del gobernador (principal), alcaldes y regidores de
Teozapotlán (Zaachila), jurisdicción a la que pertenecía nuestro pueblo en
aquel tiempo, como lo prueba el siguiente pasaje de un documento antiguo:
“Hoy viernes seis del mes de abril de mil quinientos
ochenta y dos de nacimiento de nuestro señor Jesucristo hijo de Dios, yo Don
Luis de Velasco gobernador delante de los alcaldes y de todos los regidores de
aquí de esta cabecera de Teozapotlán, venimos aquí a San Andrés a dar
posesión a Don Caro Manrique y su hermano Don Melchor de Abendaño de unas
tierras de los indios de San Andrés, que son cincuenta medidas que
reciben entre ambos hermanos por nuestra orden y mandato a veinticinco medidas
cada uno y en esto conviene entre ambos delante de nosotros gobernador y
alcaldes, en esta Audiencia del Rey nuestro señor y también les ponemos pena a
entre ambos hermanos, nuestros hijos Don Caro Manrique y Don Melchor de
Abendaño entre ambos hermanos que en ningún tiempo hagan vejación a los Indios
de este nuestro pueblo por cuanto son tierras del pueblo y así los
sentenciamos y mandamos en nombre de nuestro gran señor el Rey, por lo
cual lo firmamos de nuestros nombres nosotros gobernador, alcaldes y
regidores en este pueblo”.
El
hecho de que el gobernador de Teozapotlán (actualmente Zaachila) haya recurrido
a las autoridades de San Andrés Ixtlahuaca, para solicitar un “préstamo” de
tierras de 50 medidas para sus “hijos” Caro Manrique y Melchor de Abendaño, al
parecer confirma la hipótesis planteada por Taylor (1998), en el sentido de que
Zaachila siempre padeció de una escasez crónica de tierras desde el siglo XVI hasta
la Revolución democrático burguesa de 1910-1917.
Es
evidente que el convenio en entre las autoridades de San Andrés Ixtlahuaca
y Teozapotlán firmado en 1582, por el que se “prestaron” 50 medidas de tierras
a Caro Manrique y Melchor de Abendaño no se respetó, ya que en 1622 cuando
murió Melchor de Abendaño, su esposa Magdalena de Velasco las hereda a su hija
Ángela de Abendaño. A los dos años el Alcalde Mayor de Antequera dio posesión a
Pedro de Zárate, esposo de la hija de Melchor de Abendaño, como lo señala
documento de toma de posesión de las tierras:
“En la Ciudad de Antequera en siete días del mes de
febrero de mil seiscientos veinte y quatro. Ante Don Andrés de Sosa y Tapia
Alcalde Mayor y Juez de Agravios, en ella y su jurisdicción por el Rey Nuestro
Señor esta petición que presenta el contenido en ella con el decreto y recaudo
de que hace mención. Don Pedro de Zárate casique del pueblo de San Andrés
Ixtlahuaca sujeto al de Teozapotlán por el derecho de Doña Ángela de Abendaño
mi mujer, digo que hago presentación de este decreto del señor Conde de Priego,
Virrey que fue de esta Nueva España en que conforma un Auto de treinta y uno de
octubre del año pasado de seiscientos veinte y tres en las divisiones de bienes
quedaron por fin y muerte de don Melchor de Abendaño, a mi suegra, y son
tierras de labor del patrimonio del otro mi suegro y una labor de regadío en el
río de Jalapa. Estando en las tierras y quebrada que llaman Jalapa que confina
con términos de los Peñoles por la parte del poniente y por el norte con
términos del pueblo de San Felipe, sujeto a Guaxolotitlán y por la del sur con
términos de Cuilapa y por la de levante términos de otro pueblo de San Andrés,
requirió don Pedro de Zárate a Bernabé de Aguilar de la posesión que por el
Auto de arriba se manda de las tierras que son suias y el otro Bernabé de
Aguilar, se informó de Juan de Medina y Mateo Luis indios y principales del
pueblo de San Andrés y, de otros indios de los cuales son las tierras
pertenecientes a la mujer del otro don Pedro de Zárate, y dijeron que desde los
términos del pueblo de San Felipe, hacia arriba corriendo la quebrada y de
tierras de ella hacia el sur son tierras del otro don Pedro y su mujer en las
cuales tiene terrazgueros; y otro Bernabé de Aguilar tomó por la mano al suyo
otro y lo metió a las otras tierras que están donde dijeron ser linderos con
las del otro pueblo de San Felipe y le paseó por ellas, y el otro don Pedro
arrancó yerbas y echó piedras de unas partes a otras en señal de posesión, y a
caballo se fueron paseando por las tierras de la quebrada arriba y, en unas
partes había milpas de otro don Pedro y de terrazgueros suios y, en otras
tierras cultivadas para sembrar y en otras que parecía haberse cosido milpas y,
hasta tierras que los otros indios dijeron ser términos del pueblo de San Pablo
jurisdicción de la Villa de Cuilapa, y el otro Bernabé de Aguilar fue
continuando en darle al otro don Pedro de Zárate posesión de las otras tierras
de la otra quebrada, como de los altos de ella porque los otros indios del
pueblo de San Andrés, dijeron ser todas tierras del patrimonio de Don
Melchor de Abendaño padre de la otra doña Ángela, y el otro Don Pedro tomó la
otra posesión en forma real de todas las tierras y casas que ya tienen y en que
viven los otros indios terrazgueros y el suio dijo: que todas las tierras y
montes que están desde allí hacia el otro pueblo y, las que tiene Andrés Tamayo
Depositario General de la ciudad de Antequera, son pertenecientes al otro Don
Melchor de Abendaño y la otra Doña Ángela de Avendaño sus hijas mujeres del
otro Don Pedro de Zárate, e informado el otro Bernabé de Aguilar de los otros
Juan de Medina y Mateo Luis y otros indios sea así verdad, fue continuando con
dar la otra posesión en la misma forma al otro Don Pedro hasta llegar donde
dijeron ser términos de las otras estancias, y usando de la comisión que para
ello le dio el otro Alcalde Mayor, le amparó en todas las otras tierras de uso
declaradas para que las tenga y, goce como suias y no ser desposeído sin ser
primero oydo y por fuero y derecho vencido, y el otro Don Pedro me pidió a mí
el presente escribano por testimonio y, lo doy de verdad y fe que firmo y,
aprendió la otra posesión, según del uso se contiene sin contradicción de
persona alguna y, lo firmo y el otro Bernabé de Aguilar este otro día 13 de
febrero de mil seiscientos veinte y quatro, siendo testigos Luis Sánchez,
Franco de Fuentes Romero y Cristóbal de Villegas”.
En el
párrafo citado queda completamente claro que en 1624 se da formalmente posesión
oficial a Pedro de Zárate de los terrenos de Jalapilla, que según los linderos
que se mencionan corresponden a lo que hoy es Jalapa del Valle y La
Cieneguilla, hecho que marca la aparición formal de la hacienda de Jalapilla.
Es evidente que la posesión territorial avalada por
el Alcalde Mayor Andrés de Sosa y Tapia en 1624, no corresponde a las 50
medidas (10 hectáreas) de tierras “prestadas” a los hermanos Caro
Manrique y Melchor de Avendaño, y menos a las 25
medidas de este último, puesto que el documento menciona una propiedad que
colinda al norte con terrenos de San Felipe Tejalapan, al poniente con
Peñoles, al sur con Cuilapa y al oriente con San Andrés; es decir se
trata de cientos de hectáreas de tierras en vez de las 10 hectáreas “prestadas”
originalmente.
El
surgimiento de las haciendas fue un hecho objetivo que respondió a las
necesidades de producción y consumo, en el momento en que las tierras comunales
de los indígenas, fueron cediendo el paso a la propiedad privada de la tierra y
con esto a la formación de las haciendas, como es el caso de la hacienda de
Jalapilla.
Otro
aspecto importante que hay que resaltar del pasaje descrito es que por el año
de 1624, cuando aparece formalmente la hacienda de Jalapilla, se indica una
categoría de campesinos terrazgueros que laboraban en las posesiones
territoriales del hacendado, hecho que marca un viraje radical en el desarrollo histórico
de San Andrés Ixtlahuaca, porque da inicio a un nuevo Sistema de Producción
conocido como Feudalismo, cuyas clases sociales fundamentales fueron los
hacendados poseedores de las tierras despojadas a las comunidades y los
campesinos, que una vez despojados de sus mejores tierras, no les quedó otra
alternativa que trabajar en las haciendas para subsistir.
Los
campesinos, no era una entidad social homogénea, más bien, estaba integrada por
diversas categorías:
a).-
Peones “acasillados”.
Fue una
categoría de campesinos que vivían permanentemente en las proximidades del “casco”
de la hacienda; trabajaban en forma habitual en labores agrícolas de las
tierras del hacendado, cuidando ganado, desarrollo de servicios, etc.; a
cambio de recibir como pago productos de la hacienda, un “pegujal”
( solar ) y dinero.
Los
peones “acasillados”, aunque
tradicionalmente se les ha clasificado como campesinos por trabajar las
tierras del hacendado, en realidad se trataba de trabajadores permanentes, procedentes
de las antiguas comunidades, en las que habían perdido sus tierras; por ende,
tuvieron que migrar de sus comunidades y establecerse como trabajadores residentes
en las haciendas, cuyo pago por su fuerza de trabajo, se realizaba en especie y
dinero. Dada la insuficiente mano de obra, los peones “acasillados” fueron “atados” a la hacienda, a través de las deudas.
Así pues, se trató de una relación laboral pre capitalista que se fortaleció
posteriormente y, perduró hasta el Cardenismo (1934-1940).
b).-
Peones eventuales.
Se
trataba de trabajadores asalariados temporales de las haciendas; se
caracterizaban en general por ser pequeños propietarios y comuneros que al no
alcanzar a cubrir sus necesidades con sus escasas tierras, estuvieron “obligados”
a vender su fuerza de trabajo al hacendado durante las épocas de mayor
actividad en las haciendas, como fueron principalmente las labores de siembra y
cosecha de los cultivos agrícolas. Recibían a cambio de su fuerza de
trabajo dinero y poco a poco fueron adquiriendo mayor importancia conforme se
fueron consolidando las relaciones de producción capitalistas.
c).-
Arrendatarios.
Categoría
de campesinos muy extendida en la economía rural. Se caracterizaban por la
renta de las tierras del hacendado, para la extracción de leña, pastoreo de
ganado y elaboración de carbón vegetal. La renta generalmente la pagaban en
dinero, pero frecuentemente entraban en conflicto con los hacendados
porque no podían cubrir los compromisos con los hacendados. Esta fracción de
campesinos constituyó el sector principal que se enfrentó a los hacendados en
los aspectos legales y económicos, a tal grado que la mayoría de conflictos de
los hacendados fueron contra esta categoría de campesinos.
Los
Naturales de San Andrés Ixtlahuaca, siempre se resistieron a pagar renta por el
pastoreo, extracción de leña, elaboración de carbón y cultivo de tierras
arables, como lo demuestra el caso que a pedimento de los indios: “Se libró
Real Provisión por esta Real Audiencia a los veinte y quatro días del octubre
del año de mil setecientos ochenta y dos, quejándose de extorsiones que
les infería dicho Don Agustín incrementándoles las pensiones y pretendiendo
exigirles doscientos diez y ocho pesos, desde lo corrido del año ochenta hasta
aquel tiempo; en cuya virtud se libró dicha Real Provisión para que dicho
Varela no permitiera se innovase en manera alguna en la pensión que hubiesen de
pagar los Naturales por las tierras que ocupaban, y como esta Real Provisión se
presentase por los mismos indios con escrito, se obedeció y se mandó comparecer
a la República para que exhibiese documento que justificase el exceso de que se
quejaron. Y hecha la diligencia en el Auto de ella expresaron que la pensión
que habían pagado antes por convenio que tuvieron con Jalapilla, por
sacar leña del monte era el dar cinco leños en cada carga. Pero resistiendo
esta pensión ofrecieron dar un tanto y que se les diese el monte libre para
sacar leña y pastar en el todos sus ganados, y entonces se comprometieron a
pagar treinta pesos cada un año. Pero tomada su declaración a Don francisco
Xavier de Villavicencio procurador de los mismos indios, dice, concordar con la
declaración del licenciado Don Antonio Justo de Mimiaga Prevendado de aquella
Santa Iglesia de Oaxaca, que lo que pagaban eran cien pesos en cada año y
que se interesó el mismo procurador para que esta pensión se moderase y
habiéndose allanado Don Agustín de Varela a recibir ochenta pesos en cada un
año, vinieron a quedar convenidos en cinquenta o sesenta pesos remitiéndose al
instrumento que se celebró por no acordarse al punto fijo de esta cantidad”.
La
lucha entre hacendado y campesinos arrendatarios continuó hasta desembocar en
convenio celebrado entre los naturales de San Andrés y Agustín Varela Chacón
poseedor de la hacienda de Jalapilla en 1783, cuyas cláusulas y condiciones se
ilustran en el siguiente pasaje:
“La primera que se obligan dichos naturales a dar y
pagar por el arrendamiento del Monte al señor Don Agustín Varela cincuenta
pesos anuales, que han de pagar adelantados en cada uno, el que comenzó desde
el primero de enero de este año, cuio importe tiene recibido dicho señor. A su
tiempo se ha de verificar sin reclamo ni contradicción en el futuro. La
segunda, que este arrendamiento debe entenderse por solo el pasto y leña, y por
lo que hace a las siembras que hagan dichos Naturales en las tierras de la
hacienda de dicho señor Varela de maíz y frijol, que deberán cercar de su
cuenta para que no se verifique daño de los ganados, han de pagarle el
correspondiente y debido partido, según el estilo y práctica que en el caso
acostumbran dar voluntariamente los labradores, y que para usarse dichas
tierras han de avisar a la hacienda y no han de sembrar chile ni tomate en
ella. La tercera que liquidadas sus cuentas resultan deber dichos Naturales al
expresado señor Varela ciento veinte pesos de dos años de arrendamiento
pertenecientes a los de ochenta y uno y ochenta y dos, los que le satisfarán en
tabla y mano propia en todo el presente mes sin reclamo. La cuarta que este
compromiso es libre en ambos, así en arrendarlo los Naturales, como dicho señor
en verificarlo, no dándole perjuicio el que probado queda ya de ningún valor ni
efecto este sin más declaración, ni figura de juicio. La quinta que en señal de
la verdadera y espontánea transacción que se hacen han de quedar los
originales, en poder de una parte y de la otra íntegro testimonio de ellas,
para en guarda de sus respectivos derechos y a cuyo fin se dan por citados para
el efecto de ellos, suplicando al señor Corregidor se sirva aprobar esta
transacción y haberlos por comprometidos en los términos legales, interponiendo
para su mayor validación y firmeza la autoridad de su noble oficio y su
judicial decreto, bajo cuyos términos y circunstancias, quedan avenidos y
transigidos de sus libres y espontáneas voluntades, y no por otro motivo, ni
por temor de que no se les guardará justicia, y para así cumplirlo ambas partes
hacen las obligaciones y renunciaciones en derecho necesarias. En cuio
testimonio así lo otorgaron y firmaron los que supieron y por el que no supo lo
hizo uno de los testigos que lo fueron presentes”.
En el
mismo sentido se expresa el escrito de 1782 presentado por Ignacio
Covarrubias, representante legal de los Naturales de San Andrés Ixtlahuaca, en
el que menciona que el actual poseedor de la hacienda de Jalapilla es: “Dueño
absoluto de dichas tierras y tiene tan acosijados y pensionados a dichos mis
partes, que hasta el año pasado de ochenta les ha hecho y precisado a que
paguen terrazgo de lo poquillo que siembran y cultivan en tomate y chile para
su manutención y subsistencia y para subvenir a sus cargas profanas y
eclesiásticas: de suerte que teniéndole pagados hasta el citado año de ochenta
más de trescientos treinta pesos, quiere ahora, por fuerza el que por los dos
años y meses que han corrido les apronten por lo menos otros doscientos
dieciocho que les ha regulado y les hace cargo y porque a tan injusta y
usuraria pensión, se han resistido hasta que la rectitud de Vuestra Alteza con
conocimiento de causa califique y determine sobre la propiedad de dichas
tierras pendiente como llevo dicho los perjudica y molesta tanto y, por medio
de su Mayordomo Baquera y demás sirvientes que de propósito les introducen
ganados en sus sembrados y sementeras para que se las destruyan y aniquilen,
teniendo tal atrevimiento uno de dichos Mayordomos que en el referido año de
ochenta en una suerte de tomatada sembrada por una miserable viuda nombrada
Lorenza de Santiago, estando ya echando frutos por su propia mano y con un
terciado que llevaba destrozó primero la planta y después metió ganado mayor
para que acabase hasta con la semilla, solamente porque no le pidió permiso
para sembrarla: siendo este hecho y otros que omito lo más notable y digno de
un severo castigo, el que a consecuencia de ese grave perjuicio le hiciese
pagar a la infeliz viuda en más de lo que valía la suerte: lo mismo que se
ejecuta con los demás que siembran regalándoles a cada uno ya doce, ya quince
pesos por lo que cogen, y en buena cosecha no vale más que ocho o diez”.
En los párrafos anteriores se pone en evidencia la
lucha que “libraron” los naturales de San Andrés Ixtlahuaca con el
poseedor de la hacienda de Jalapilla Agustín Varela, a fines del siglo XVIII,
particularmente los arrendatarios que constituyeron la fracción del campesinado
que más decididamente se enfrentó a los propietarios de dicha hacienda; pues,
no era posible que los dueños legítimos de las tierras se convirtieran en
arrendatarios de sus propias posesiones territoriales en posesión del
hacendado.
d).-
Terrazgueros (aparceros).
Campesinos
que trabajaban tierras de los hacendados, cuya renta se cubría con una porción
de la cosecha destinada al propietario de la hacienda, por el derecho de
usufructuar las posesiones de los hacendados. Una categoría muy común de
aparceros, fueron los medieros que para tener derecho al producto de las
tierras del hacendado, destinaban la mitad de la producción para el propietario
de la hacienda. Esta práctica estuvo muy extendida y arraigada, de tal
forma que todavía se conserva ocasionalmente en la actualidad, sobre todo en el
sector de campesinos más pobres, que todavía trabajan a “medias” las tierras de
los campesinos ricos.
El
Sistema de Producción Feudal se caracterizó por presentar una estructura
jerárquica en la que en la cima se encontraba el Monarca (Virrey), del cual
dependía el Clero; éste a su vez tenía subordinados a los hacendados vía
tributo ( diezmo) y en la base estaban los campesinos que dependían de los
terratenientes –básicamente hacendados- a través del pago de renta en diversas
formas (en especie, en trabajo y en dinero) en correspondencia con la etapa
histórica de desarrollo del feudalismo; aunque, frecuentemente no existieron en
forma pura, solo a medida que las relaciones capitalistas se fueron abriendo
paso en el seno del viejo modo de producción, sobre todo a fines de la
dominación española con las Reformas Borbónicas de carácter capitalista, la
forma monetaria fue adquiriendo mayor preponderancia, tal como lo exigían las
relaciones de producción burguesas, que se abrían paso en el seno del
declinante Modo de Producción Feudal.
4.2. Luchas de
los comuneros de San Andrés Ixtlahuaca
La lucha de los naturales de San Andrés Ixtlahuaca,
inició prácticamente desde 1582, cuando fueron “prestadas” 50 medidas de
tierras a los hermanos Caro Manrique y Melchor de Abendaño. Posteriormente, la
lucha continuó en 1642–1647 contra Pedro de Zárate, poseedor en aquel entonces
de la hacienda de Jalapilla, que finalmente las autoridades judiciales del
virreinato fallaron a favor de la “restitución” de las tierras a favor del “dueño”
de la hacienda de Jalapilla, aunque la razón legal no le asistía. El fallo
judicial en beneficio del “dueño” de la hacienda de Jalapilla prueba el
contubernio de las autoridades de impartir justicia con el hacendado al decidir
la “restitución”, figura jurídica que legalizaba como legítimo
propietario de las tierras en litigio a Pedro de Zárate y por el contrario
acusaba a los nativos de San Andrés Ixtlahuaca de “usurpadores”.
La lucha de nuestro pueblo por recuperar sus
legítimas posesiones territoriales fue permanente, pero es digno de destacar un
acontecimiento acaecido por el año de 1681, cuando la hacienda de Jalapilla fue
donada por Josefa de Zárate (hija del dueño anterior) al convento de Santa
Catalina de Sena de la Ciudad de Antequera (hoy Oaxaca), hecho a todas luces
ilegal, puesto que no podía ser donada una propiedad que no le pertenecía; no
obstante, las autoridades judiciales la consideraron como válida y el convento,
poco tiempo después en 1683 la vendió a Diego Vásquez. Hechos a todas luces
ilegítimos, puesto que tanto la donación como la venta al nuevo “propietario”,
no procedían porque las tierras de la hacienda de Jalapilla no le pertenecían a
la heredera de Pedro de Zárate; por consiguiente, el Convento de Santa Catalina
de Sena tampoco podía vender legalmente lo que no le pertenecía en
propiedad.
El nuevo “dueño” tuvo un litigio con los
naturales de San Andrés Ixtlahuaca, mismo que se inició en 1683 y se
prolongó hasta 1699, cuando las autoridades judiciales del Virreinato fallaron
a favor de dicho particular, a pesar de que tampoco fue legal. Al parecer en
este año se dio un viraje radical a favor del hacendado de Jalapilla, pues el
fallo no solo se restringió a la posesión de la hacienda sino también se
extendió a otros sitios aledaños, todavía poseídos por nuestro pueblo como
fueron: Guiconachapa, Melchor de Abendaño y el Zapote; a partir de entonces se
convirtieron en sitios de disputa entre los naturales de nuestro pueblo y, los
propietarios que fueron poseyendo dicha hacienda.
El sucesor de Diego Vásquez fue Juan Francisco
Gutiérrez, con el que nuestro pueblo tuvo litigio territorial en 1716–1717 y
como era de esperarse el fallo se dio nuevamente a favor de este particular,
aunque es digno resaltar que nuestros antepasados dieron una lucha heroica.
La lucha constante que los naturales de San Andrés
Ixtlahuaca sostuvieron con los propietarios de la hacienda de Jalapilla, tanto
civiles como eclesiásticos, y los fallos judiciales a favor de los poseedores
de la hacienda, demuestran claramente que las clases privilegiadas durante la
época colonial fueron los hacendados particulares y la Iglesia, cuyo gobierno
virreinal representaba sus intereses económicos.
Durante
la época colonial los naturales de San Andrés Ixtlahuaca sostuvieron una lucha
permanente por la recuperación de sus tierras y como ha sucedido siempre en la
historia de México, ha habido personas que han estado de lado de las luchas
justas. En este sentido, lo evidencia el alegato jurídico del abogado que
asesoró legalmente a los afectados, en
el que documenta el despojo de las tierras de los naturales de San Andrés
Ixtlahuaca, desde 1582 hasta 1777:
“Muy poderoso señor. Joachím Antonio Guerrero y Tagle
en nombre de los Naturales de San Andrés Ixtlahuaca, jurisdicción del
Corregimiento de Antequera de Oaxaca, en los Autos con el Licenciado Jerónimo
Morales de Sigala poseedor de la hacienda de Xalapilla, sobre tierras, supuesto
su estado como mejor proceda, digo: que la justificación de Vuestra Alteza, se
ha de servir de declarar haber probado mis partes, lo que probar les convino, y
no haberlo hecho la contraria en modo alguno: y en consequencia pertenecerles
la propiedad de las tierras que han demandado en los escritos de foxas ciento
quarenta quaderno quinto, y nobenta y una del quaderno octavo corriente; y de
mandar se les de posesión, bajo los términos y linderos, que se expresan en la
diligencia de vista de ojos que se practicó en el término de prueba y
comienza a foxas treinta y una quaderno catorze, condenando a la contraria en
las costas y frutos percibidos: que así es de justicia”.
En seguida, en el alegato se
argumenta la posesión territorial de los naturales de San Andrés Ixtlahuaca,
mediante títulos emitidos por las autoridades coloniales de distintas épocas y
compra realizada al convento de la Concepción de la ciudad de Antequera
(Oaxaca).
“Uno de los títulos con que mis partes han defendido
sus tierras desde el año de seiscientos veinte y quatro, en que ya había
disensiones entre ellos, y Don Pedro de Zárate poseedor que fue de la Labor de
Xalapilla, es la Merced de un sitio para ganado menor que les hizo Vuestro
Virrey Don Luis de Velasco, en enero de quinientos noventa y dos en la parte
que llaman Guiconachapa, distante del Pueblo como tres quartos de legua. La
constancia de este título solo se había hecho por el testimonio que comienza a
foxas nueve quaderno treze en que lo hay de una Merced hecha por Don Gaspar de
Zúñiga y Azevedo, Conde de Monterrey en treinta de enero de seiscientos nobenta
y nuebe, en que se expresa hacérsela duplicada, por habérseles perdido la
referida… Otro es la escritura de foxas primera quaderno treze su fecha en
Antequera a veinte y ocho de marzo de mil seiscientos cinquenta y tres años, en
que consta que Antonio Fernández de Machuca mayordomo del Convento de Religiosas
de la Concepción, vendió a mis partes unas tierras, que por la parte del
oriente y sur lindan con las del pueblo, por el poniente con las que poseía
Diego de Ruiz Bocasabal y por el norte con las de San Felipe, sujeto a
Guaxolotitlán, según y cómo las poseyó Sebastián Ortiz, y después Andrés
Tamayo Depositario General que fue de aquella ciudad, por el precio de
cuatrocientos pesos que habían de reconocer a censo redimible… Otro es el que
tienen todos los pueblos del Reyno, para que se les midan seiscientas varas por
cada viento: las cuales se dieron a mis partes a foxas ciento quarenta y ocho
quaderno quinto. Bien que aunque se les asignaron, esto fue después de haberse
posesionado Don Juan Francisco Gutiérrez de todas quantas pertenecen al pueblo,
y havían siempre poseído hasta que les fueron despojando los particulares;
comenzando desde el primer poseedor de Xalapilla, que se reconoce en los Autos,
como se manifestará adelante. Otro título es aquella declaración, que
hizo el Governador de Teozapotlán Don Luis de Velasco, que se halla
testimoniada entre los títulos de Xalapilla a foxas quarenta y ocho buelta
quaderno primero, en que con fecha de seis de abril de mil quinientos ochenta y
dos, expresa haver dado a Don caro Manrique y a Don Melchor de Abendaño
cinquenta medidas de tierras, pertenecientes al pueblo de mis partes, con el
fin de que no les hiciesen vejaciones. Esta declaración se presentó por la
República de Teozapotlán, a quién el Pueblo de mis partes está sujeto desde
entonces; y en virtud de ella pidió en su escrito de treze de enero de
seiscientos treinta y quatro que se devolviesen las tierras. Mis partes
reprodujeron la demanda que comenzó a substanciarse; pero no se concluyó este
juicio de propiedad por haverse mezclado el de posesión hasta que siendo
ya poseedor de Xalapilla el Doctor Don Diego Vasquez se suscitó nuevamente por
el año de seiscientos nobenta y siete; pero finalmente quedó indeterminado el
juicio en todas las instancias por los parajes que se removieron sobre la
posesión y se refieren en el escrito de foxas nobenta y una quaderno octavo a
que me remito, por no molestar la atención de Vuestra Alteza… A estos quatro
títulos, se agrega otro y es el de la Composición que han hecho en el Jusgado
Privativo de Tierras, por las que se comprenden bajo de los linderos,
expresados en los escritos insertos en los despachos de foxas treze y
siguientes, quaderno treze: y son los mismos que se contienen en quantas
diligencias se han expresado, digo, se han practicado, ya de Vista de Ojos, ya de
amparos y restitución en este proceso, y se contienen en la que últimamente se
ejecutó en el término de prueba, y corre desde foxas treinta y una quaderno
catorze… Las referidas Composiciones del dominio y propiedad que tienen en las
demasías que hubiere, respecto a los que van expresados: porque a este fin se
dirigen todas las que se hacen en el dicho Jusgado Privativo, con atención, a
que las mercedes, que se hicieron recién conquistado el Reyno, no explicaban
los términos y centro con la individualidad que ahora, ni se medían: de que
dimanan los pleytos que se han determinado y están pendientes en los
Tribunales, sin que haya otra regla para resolverlos que la posesión, ni otro
justificado título, quando hay exceso de las caballerías y sitios, que las Composiciones,
cuando recaen sobre títulos expedidos legítimamente, o sobre antiquísimas
posesiones quietas y pacíficas de cuio origen no haya memoria”.
Hasta aquí está perfectamente
claro que los naturales de San Andrés Ixtlahuaca poseían cinco títulos de
propiedad que amparaban sus posesiones territoriales, y que a pesar de ello la
hacienda de Jalapilla seguía aumentando la extensión de sus tierras, sin
presentar ningún título de propiedad debidamente legalizado y confiable, como
lo expresa el alegato en los siguientes términos:
“Pasemos ya a examinar el título que hayan
tenido los poseedores de Xalapilla para quererse hacer dueños de estas
tierras: y ciertamente admira que hayan formado un proceso tan voluminoso como
este, que asciende a dos mil foxas, quarenta y dos menos, sin que hayan
manifestado el menor título. Merced no hay. Fundación de casicazgo tampoco:
pues sobre el contrario supuesto caminaron las intenciones del Doctor Vasquez
en el pleyto que siguió con los Zarates, sobre la donación que hizo doña
Josepha del mismo apellido al convento de Santa Catalina de Antequera, según
produce la Real Provisión executoria, que corre desde foxas ciento quarenta y
ocho hasta ciento ochenta y una quaderno primero, en que defendió que eran
bienes partibles. ¿Pues cual será este título? Vuelvo a decir que no se
encuentra: y esto solo basta, para que en este juicio plenario de propiedad en
que estamos se desprecien aquellos amparos de posesión que se les ha dado,
descubiertos ya, que no tienen el menor derecho de propiedad”.
En el
párrafo anterior se prueba que los “dueños” de la hacienda de Jalapilla,
no presentaron ningún título de propiedad en los litigios contra los naturales
de San Andrés Ixtlahuaca y que era inútil el expediente que se había integrado
de casi dos mil fojas -hojas- al no presentar ninguna prueba a favor de los
poseedores de la hacienda.
Después
el alegato describe como la hacienda de Xalapilla, sigue incrementando sus
posesiones territoriales desde siete, doce caballerías, un sitio y finalmente
cinco sitios para 1776-1777, en el litigio con Jerónimo Morales de Sigala;
extensión que no justificaba con las cincuenta medidas “prestadas” inicialmente
en 1582 a los hermanos Caro Manrique y Melchor de Abendaño, y menos las
veinticinco medidas que le correspondían a este último que se supone fueron las
heredadas a su hija Angela de Abendaño. Aun suponiendo que fueron válidos los
argumentos de Pedro de Zárate en el sentido de que las tierras heredadas eran
siete caballerías y no veinticinco medidas, aun así era inexplicable como
se pasó finalmente a cinco sitios. En este sentido el alegato se manifestó en
los siguientes términos:
“Al principio son siete caballerías: después son doce,
después es un sitio y últimamente son cinco. Solo mirando en los autos que
desde siete caballerías de tierras han extendido sus deseos a cinco
sitios, se creería tanta malicia. No han tenido los poseedores de Xalapilla
otro aparente título que la citada división con que si en ella tan
solamente cupieron a Don Pedro, siete caballerías en el paso de Jalapa, ¿de
dónde podrá venir acción a los sucesores para apoderarse de esos sitios? ¿y qué
diremos, si lo único que comedio aquel gobernador don Luis de Velasco fueron
cincuenta medidas a Don Caro Manrique y Don Melchor de Abendaño? es verdad que
no se dice quantas fuesen las varas, pero pues Don Pedro de Zárate defendió,
que todas las tierras componían como siete caballerías, se deduce que eran de
menor extensión las medidas. El empréstito se hizo a los dos hermanos y así la
mitad solamente toco a Don Melchor y consiguientemente aunque pasasen, digo,
pensasen que eran siete caballerías nunca pudieron formar idea de
pertenecerles más que tres y media”.
Con
toda la anterior argumentación, queda claro que los nativos de San Andrés Ixtlahuaca
tuvieron suficientes títulos y, por el contrario, los poseedores de la hacienda
de Xalapilla no exhibieron ninguno, en los diferentes juicios en que
participaron.
Los
argumentos legales presentados por el abogado Joaquín Guerrero y Tagle, son contundentes
a favor de la posesión territorial de los naturales de San Andrés Ixtlahuaca,
mediante cinco títulos que amparaban la propiedad de los terrenos de San Andrés
Ixtlahuaca y fueron los siguientes: 50 medidas de tierras “prestadas” a
los hermanos Caro Manrique y Melchor de Abendaño en 1582, Merced expedida por
el Virrey Luis de Velasco de un sitio de ganado menor conocido en lengua
zapoteca como “Guiconachapa” en 1592, escritura de compra al convento de la
Concepción de la ciudad de Antequera (Oaxaca) de un sitio en un precio de $
400.00 (cuatrocientos pesos) en 1653, 600 varas en dirección a los
cuatros puntos cardinales (norte, sur, este y oeste), expedidas por las
autoridades virreinales para establecimiento de los asentamientos del pueblo de
San Andrés Ixtlahuaca, superficie que por ley le correspondía al municipio y,
Título de Composición del resto de las tierras no consideradas en las
anteriores escrituras. Por el contrario, la contra-parte: los poseedores de la
hacienda de Xalapilla no presentaron ningún título, pues, era evidente que se
habían adueñado de las tierras de los naturales de nuestro pueblo de forma
ilegal y algunas veces violentamente; y trataron de justificarlo con un
expediente de 1958 hojas en el que se plasmaron mentiras y engaños para
apropiarse de las tierras de nuestro pueblo.
A pesar
de los argumentos legales inobjetables, los fallos judiciales siempre fueron en
beneficio de los poseedores de la hacienda de Xalapilla.
Además,
de los argumentos legales expuestos anteriormente, se desprende también que, la
lucha de los Naturales de San Andrés Ixtlahuaca inició realmente desde que
comenzó el despojo de sus tierras en el año de 1582 por los particulares Caro
Manrique y Melchor de Abendaño, que en contubernio con las autoridades de
Teozapotlán, hoy Zaachila, se posesionaron en calidad de “préstamo” de
50 medidas de tierras en lo que actualmente es Jalapa del Valle, Cieneguilla y
Río Jalapilla. Estas posesiones territoriales pasaron posteriormente a los
herederos de Melchor de Abendaño alrededor de 1623, particularmente de su yerno
Pedro de Zárate que se apropió del sitio de Jalapilla, que luego se transformó
en 1624 en una hacienda modesta por su tamaño, pero que sucesivamente fue
incrementando su extensión hasta llegar en 1776-1777 a adquirir cinco sitios,
en constante confrontación con los nativos de San Andrés Ixtlahuaca, que nunca
aceptaron pasivamente el despojo de sus bienes territoriales, actuando
principalmente en los ámbitos jurídico y económico. En el primero recurrieron a
diversos litigios legales, destacando los de 1642–1647 con Pedro de Zárate
hijo, quien finalmente obtuvo el fallo judicial a su favor; el de
1683–1699 con Diego Vásquez, litigio ganado por dicho particular en el que se
favoreció no solo la posesión de la hacienda de Jalapilla, sino otros tres
sitios más, como fueron el Zapote, Melchor de Abendaño y Guiconachapa, es
decir, que este fallo fue crucial en el incremento de las extensiones
territoriales de la hacienda; el de 1716–1717 contra Juan Francisco Gutiérrez
sucesor de Diego Vasquez, también favorable al poseedor de la hacienda de
Xalapilla; 1776–1777 litigio con Jerónimo Morales de Sigala, juicio en el que
los naturales de San Andrés estuvieron representados por el abogado Joaquín
Guerrero y Tagle; el de 1792–1793 con el Convento de la Concepción por los
sitios: El Zapote, Guiconachapa y Melchor de Abendaño; pleito en el que se
realizaron deslindes para la verificación de linderos de los sitios en litigio,
diligencia que dio como resultado un croquis de los sitios en disputa con el
Convento que, todavía se conserva en el archivo de la Alcaldía Municipal.
Según
testimonios de 1893, las autoridades de San Andrés Ixtlahuaca en
respuesta a Real Cédula en 1772–1776, en la que las autoridades virreinales, solicitaron
título de las 600 varas de tierras a las que tenía derecho por ley nuestro
pueblo; contestaron que no solamente les interesaban las 600 varas, sino
también las tierras amparadas en títulos y mercedes de tiempo inmemorial, ya
señaladas en el juicio de 1777; y hacen referencia a los documentos existentes
en la Real Audiencia que prueban sus posesiones territoriales. Declaran, además
que en los cuatro puntos cardinales han sido despojados de sus bienes
territoriales: al oriente por Nicolás de Torres, al norte por Agustín Varela y
por pobladores de San Felipe Tejalapan; poniente por Juan Francisco Gutiérrez y
al sur por habitantes de San Pedro y Cuilapan. Es decir, que de la considerable
extensión de tierras comunales que amparaba el Título Primordial de fundación
de nuestro pueblo que, data de la época prehispánica cuando se colindaba con
San Felipe Tejalapan, Santa María Peñoles, Santiago Tlazoyaltepec, San Pablo
Cuatro Venados, Cuilapan y San Pedro Ixtlahuaca; y que por diversas razones
esos mismos pueblos colindantes se apoderaron de gran parte de nuestro
patrimonio territorial; y, aunado a los terrenos comunales de los que se adueñó
la hacienda de Jalapilla y que al finalizar la época colonial poseía alrededor
de 1700 hectáreas.
Otro
aspecto que se deriva del alegato con el poseedor de la hacienda de Xalapilla
es el incremento de la extensión territorial de la hacienda de Jalapilla desde
su antecedente más lejano como fue el “préstamo” de 50 medidas de
tierras a Caro Manrique y Melchor de Abendaño, hasta cinco sitios a fines de la
época colonial.
Considerando
los equivalentes en hectáreas de las unidades de superficie y lineales
utilizadas en aquella época, se puede representar la evolución de la extensión
territorial de la hacienda de Jalapilla en el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Evolución de la
superficie de hacienda Jalapilla
Año
|
Superficie
|
|
Otras
|
hectáreas
|
1582
|
50
medidas
|
10
|
1624
|
7
caballerías
|
297.5
|
1699
|
12
caballerías y 3 sitios
|
510
|
1800
|
5
sitios
|
1700
|
Fuente: Alegato Jurídico (1776-1777) y Taylor
(1973).
Es
evidente el aumento de superficie de tierra, desde 1582 hasta 1800, período en
el que la propiedad de la tierra evolucionó de una superficie insignificante de
10 hectáreas en 1582, transformándose posteriormente en hacienda en 1624, con una
extensión de casi 300 hectáreas; sin embargo, un punto a discusión es que se
trató de una superficie relativamente pequeña, si se compara con las enormes
extensiones territoriales que detentaron los hacendados del norte de México y
otras regiones del país. No obstante, Taylor (1998) considera que aunque el
tamaño era ciertamente un rasgo distintivo que variaba de 800 a 8000 hectáreas;
en el Valle Oaxaca, la mayoría de haciendas cuantitativamente no
alcanzaban el rango de hacienda, pero el aspecto central que las definía
cualitativamente, fue por tratarse de empresas mixtas de agricultura y
ganadería que dependían del peonaje por deudas como principal forma para
abastecerse de mano de obra permanente.
Después
de 1624 la hacienda de Xalapilla incrementó su extensión superficial de 300 a
1700 hectáreas a finales de la dominación colonial, a pesar del sistema legal
proteccionista implementado por la Corona Española desde 1542 denominado “Leyes
de Indias” y reformado posteriormente.
Del
alegato se infiere que los dueños de la hacienda de Xalapilla fueron en su
mayoría civiles, sobre todo en su inicio, pero que también el clero regular
participó como propietario como fueron los casos de los Conventos de Santa
Catalina de Sena y la Concepción, ambos con sede en la ciudad de Antequera
(Oaxaca); a pesar, de que al comienzo de la dominación colonial la ley prohibía
a la iglesia apropiarse de las tierras de los indígenas, pero que a finales del
siglo XVI, cuando la Corona Española entró en una crisis fiscal, tuvo que
recurrir a las “Composiciones” para legalizar propiedades de todo tipo,
incluyendo las adquiridas ilegalmente por la iglesia para allegarse de
recursos financieros.
Los
métodos para la adquisición de tierras variaban, pero las formas más comunes
para apropiación de las tierras de los naturales de San Andrés Ixtlahuaca, por
parte de la hacienda de Xalapilla fueron las donaciones y capellanías, que fue
el caso que se presentó en 1681 cuando Josefa de Zárate donó la hacienda
mencionada al Convento de Santa Catalina de Sena para financiar misas
periódicas a favor de la donante. En seguida, por ejecución hipotecaria, el
Convento de la Concepción se apoderó de la hacienda de Jalapilla, a finales del
siglo XVIII al no poder cubrir la deuda el propietario.
Del alegato
de 1776-1777 y litigios posteriores se pone en claro que la hacienda de Jalapilla
cambió de dueño muchas veces, lo que prueba que no estuvo sujeta a mayorazgo
(herencia al hijo mayor) y que a finales de la dominación colonial predominaron
como sus propietarios el clero regular (Convento de la Concepción) y curas
seculares no adscritos a una orden religiosa.
El
predominio del clero como propietario de la hacienda de Xalapilla a fines del
siglo XVIII, refleja la crisis de los propietarios civiles y por el contrario
el fortalecimiento de la iglesia; condiciones que se conservaron durante la
Independencia y se prolongaron hasta la Revolución de Reforma, época en la que
la Iglesia fue derrotada por las transformaciones capitalistas implementadas
por los gobiernos liberales.
En resumen, la lucha de los
naturales de San Andrés Ixtlahuaca contra los propietarios de la hacienda de
Xalapilla se desarrollaron en dos frentes: en el jurídico, en el que
recurrieron a varios litigios, pero que finalmente fueron derrotados, aunque
tuvieron la razón, ya que los fallos judiciales siempre fueron a favor de los
hacendados; en el económico, el enfrentamiento se dio principalmente por los
campesinos arrendatarios por mejorar condiciones de pago de las rentas,
las cuales se establecían en los convenios que generalmente, siempre
favorecieron a los sucesivos hacendados que poseyeron la hacienda.
Lo anterior demuestra que las autoridades
virreinales, siempre estuvieron a favor de los intereses de los hacendados
civiles y eclesiásticos en los conflictos agrarios más importantes, lo que
prueba que los grandes terratenientes –la mayoría hacendados- y la iglesia
fueron las clases económicamente dominantes y privilegiadas durante la etapa
colonial.
En el ámbito ideológico, el principal sostén del
sistema colonial fue la Iglesia, a través de la religión, la cual fue utilizada
para justificar la explotación de los pueblos. Fue tanta su
influencia, a tal grado que en cada hacienda existía una capilla para las
actividades religiosas destinadas a fomentar los valores espirituales en los
peones de la hacienda.
Los
hechos demostraron posteriormente que no bastaron la lucha jurídica y
económica, para hacer justicia a los campesinos de San Andrés Ixtlahuaca; para
que se cumplieran sus aspiraciones de recuperar sus tierras, se requirió de la
lucha política en su forma más radical, es decir de tres revoluciones, que
“barrieron” con las clases sociales privilegiadas económicamente en sus
respectivos momentos históricos: Independencia, Reforma y la de 1910-1917 que
finalmente les hizo justicia al dotarlos con 1440 de tierras ejidales, que
aunadas a las 1450 hectáreas comunales que perduraron desde la época
pre-hispánica, dan un total de 2 890 hectáreas, que sumadas a las 136 hectáreas
de pequeña propiedad y 28 de zona urbana, dan un total de alrededor de 3000
hectáreas que actualmente detenta nuestro pueblo.
5. Independencia de México
5.1. Independencia de México
Brading
(1975) explica que el acto final de la revolución borbónica en el
gobierno fue el decreto de consolidación o de amortización, promulgado en
diciembre de 1804. Ante la amenaza de una inminente bancarrota la Corona Española
exigió que todos los fondos eclesiásticos fueran entregados al tesoro real, el
cual pagaría a partir de entonces el interés del 5% sobre el capital
depositado. Estos fondos ascendían a más de cuarenta millones de pesos y en su
mayor parte tenían la forma de hipotecas y préstamos garantizados con
propiedades rurales y, en menor medida, con bienes urbanos. Esta nueva ley, en
consecuencia, constituyó un ataque directo contra los intereses económicos de
la mayoría de los terratenientes y de algunos comerciantes y mineros. Toda
persona que hubiere tenido préstamos de la Iglesia quedaba obligado a
liquidarlos en pagos periódicos en un plazo no mayor de diez años, y para
muchos propietarios fue imposible cumplir con dicha obligación; algunos de
ellos vieron sus propiedades embargadas y rematadas. Además, como muchas
haciendas aparecieron simultáneamente en un mercado en el que la demanda era,
en el mejor de los casos, lenta de por sí. Los precios de la tierra se
derrumbaron, con la consecuencia de que el valor proporcional de los gravámenes
fijos aumentó considerablemente. A fines de 1808 esta salvaje requisición de
capital había exprimido de los bolsillos de las clases propietarias más de doce
millones de pesos. En la congregación de Dolores el cura párroco, Miguel
Hidalgo y Costilla, no logró reunir los 7000 pesos que su pequeña hacienda
debía, de manera que esta fue embargada y dada en alquiler, no recobró la
posesión de dicha propiedad sino hasta los primeros meses de 1810. Sin duda
alguna, el decreto de amortización predispuso a la colonia a la revolución, e
irritó fuertemente tanto a los criollos como a los peninsulares. El golpe de
estado de 1808 contra el virrey José de Iturrigaray, tuvo un doble significado,
ya que fue tanto una maniobra de los antiguos organismos heredados de la dinastía
de los Habsburgo que trataban de proteger sus prerrogativas, como la expresión
de fuerza de la verdadera aristocracia de México, es decir, los inmigrantes
españoles, en defensa de su posición privilegiada en la Nueva España.
Aguilar
(1986) escribió que la nobleza o aristocracia mexicana de la época colonial,
fue una fracción de la clase alta, a la que más que ciertos títulos de nobleza
la distinguió tener más dinero y propiedades que otros. Parece claro que
la clase alta de México de aquella época estuvo constituida por los
propietarios y negociantes más ricos, con o sin títulos nobiliarios, muchos
ligados al viejo régimen al que explicablemente defendían; la incipiente
burguesía propiamente mexicana que empezaba adquiriendo importancia en el
comercio, la minería, la industria y aun en ciertas actividades agrícolas y
ganaderas y, que en defensa de sus intereses aceptó casi siempre el orden
establecido, pero a la vez se mostraba inconforme y simpatizaba con la
independencia política, en tanto esta no afectara sus intereses
económicos. En el otro extremo de la escala social, las clases bajas
consistían en las masas pobres, en los trabajadores, campesinos, artesanos y
soldados, principalmente indígenas, aunque también mestizos e incluso elementos
aislados de origen blanco, en parte insertos en la vieja economía y en la
estructura del poder colonial, y en parte miembros ya de una fuerza laboral; es
decir, de una masa creciente de trabajadores asalariados ocupados en empresas
de diverso tipo, en que pese a todos los obstáculos, empezaba a abrirse paso el
capitalismo. El clero y el ejército, no obstante, que a menudo fueron
vistos como dos de las clases principales de entonces, en realidad eran dos
poderosas corporaciones, la primera religiosa, la segunda civil, en cuyo seno
había desde elementos muy ricos hasta empleados muy pobres que sin perjuicio de
pertenecer formalmente a una misma organización, en horas de crisis
como la Revolución de Independencia militaron en bandos contrarios. El
clero y el ejército fueron más que clases privilegiadas, instituciones cuyos
miembros gozaron de fueros y privilegios que a fines de la dominación colonial
resultaban a todas luces anacrónicos e intolerables. A fines del siglo
XVIII parece claro que la liberación de la fuerza de trabajo como condición
para explotarla de manera propiamente capitalista, estaba en marcha como un
nuevo fenómeno histórico. El trabajo asalariado predominaba en la minería, las
principales empresas industriales, el comercio interior y exterior e incluso en
ciertas explotaciones agrícolas y ganaderas.
Semo
(2004) afirma que es hasta la segunda mitad del siglo XVIII, con el desarrollo
de la división social y regional del trabajo, cuando el auge combinado de la
minería, ganadería lanar, manufacturas y agricultura de exportación, cuando
comienzan a manifestarse con vigor la acumulación originaria de capital
industrial, acontecimiento que implicaba un paso muy importante en el
desarrollo del capitalismo en México.
Es
evidente que las reformas borbónicas de naturaleza liberal-burguesas fueron el
antecedente inmediato, que al generar un auge económico, con la consecuente
generación de considerable riqueza concentrada en las clases pudientes, contrastaba
con la pobreza extrema de las clases populares, desigualdad socio-económica que
contribuyó decisivamente a la insurrección popular en su fase revolucionaria,
dirigida por Hidalgo y Morelos.
5.2. Demografía
Alamán
(1808), ilustre intelectual conservador, describe la estructura poblacional de
la sociedad en vísperas del inicio de la Independencia: La distinción que las
leyes hicieron entre las diversas clases de habitantes, fueron de gran
influencia en la revolución y en todos los acontecimientos sucesivos. Estos
nuevos elementos fueron los españoles y los negros que ellos trajeron de
África. Distinguiéronse poco tiempo después los españoles en nacidos en Europa
y los naturales de América, a quienes por esta razón se dio el nombre de
criollos, que con el transcurrir del tiempo vino a considerarse como una voz
insultante, pero que en su origen no significaba más que nacido y criado en la
tierra. De la mezcla de los españoles con la clase india procedieron los
mestizos, así como de la de todos los negros, los mulatos, los zambos, pardos y
toda la variada nomenclatura que se comprendía con el nombre genérico de
castas. A los españoles nacidos en Europa, se les llamaba gachupines, que
en lengua mexicana significa "hombres que tienen calzados con puntas o que
pican", en alusión a las espuelas, y este nombre, lo mismo que el de
criollo, con el progreso de la rivalidad entre unos y otros, vino también a
tenerse como ofensivo. Los indios vivían en poblaciones separadas de los
españoles, gobernados por sí mismos, formando municipalidades que se llamaban
repúblicas, y conservaban sus idiomas y trajes peculiares. Se ocupaban
especialmente de la labranza, ya como jornaleros en las fincas de los
españoles, ya cultivando las tierras propias de sus pueblos, que se les
repartían en pequeñas porciones por una moderada renta que se invertía en los
gastos de la iglesia y otros de utilidad general, cuyo sobrante se depositaba
en las cajas de comunidad. Todo esto hacía de los indios una nación enteramente
separada: ellos consideraban como extranjeros a todo lo que no era ellos
mismos, y como no obstante sus privilegios eran vejados por todas las demás
clases, a todas las miraban con igual odio y desconfianza. La población
indígena predominaba en las intendencias de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y
Michoacán, situadas en lo alto de la cordillera y en sus declives hacia ambos
mares. Los españoles europeos residían principalmente en la capital, en
Veracruz, en las poblaciones principales de las provincias, en especial en las
de minas, sin dejar de hallarse también en las poblaciones menores y en los
campos, y de estos sobre todo en los climas calientes, en las haciendas de
caña, cuya industria estaba casi exclusivamente en sus manos. Los criollos
seguían la misma distribución que los europeos, aunque proporcionalmente
abundaban más en poblaciones pequeñas y en los campos, lo que procedía de estar
en sus manos las magistraturas y los curatos de menos importancia, y ser más
bien propietarios de fincas rústicas que ocuparse del comercio y otros giros
propios de las ciudades grandes.
En
síntesis, la población descrita por el autor citado, consideraba los grupos
sociales siguientes:
Indios:
2 400 000; españoles: 1 200 000, de los cuales 70 000 eran europeos; castas: 2
400 000, dando un total de 6 000 000 de habitantes.
Es
evidente que la mayoría de la población estaba constituida por los indios y por
las castas, que eran el grueso de la población trabajadora del campo y de la
ciudad. Ambas, participaron en la Revolución de Independencia en diverso grado
bajo la dirección de los criollos y del bajo clero, en contra principalmente de
los españoles peninsulares que conformaba una minoría privilegiada y rica a
fines de la dominación colonial.
Zavala
(1990) afirma que la población a principios del siglo XIX (1804) en la Nueva
España, consistía en no más de 80 000 europeos; los criollos 1000 000; había 2
000 000 de indios; 2 685 000 mestizos, mulatos y castas en general, y menos de
10 000 negros. La desigualdad de las fortunas sorprendía a los viajeros,
algunos tan ilustres como Humboldt que en 1803 en su visita a la Nueva España,
observó grandes contrastes: "lujosos
carruajes junto a hombres desnudos y hambrientos". Esta situación
provocó que indios y mestizos se sumaran a lucha social para tratar de mitigar
la enorme desigualdad social.
5.3. Revolución en la Independencia de México
Brading
(1975) describe la composición social del movimiento insurgente, cuando toma la
Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato: las masas se unieron a Hidalgo y hasta
el administrador de la mina la Valenciana, Casimiro Chovell, antiguo alumno
distinguido de la Escuela de Minería, organizó un regimiento con los
trabajadores. Estos mineros, junto con los indígenas de Dolores, fueron los más
activos en el sitio de la Alhóndiga.
Florescano
(1986) considera que durante la Independencia Hidalgo y Morelos
fueron los caudillos de la insurgencia que más cerca estuvieron de la masa
andrajosa y desesperada que los seguía. Esos indios y castas sin tierras,
abatidos por tres siglos de servidumbre, fueron los que le dieron al movimiento
insurgente su contenido popular, su fuerza y su carácter telúrico.
Esa
fuerza era algo que brotaba en efecto de la tierra. Pero no pasó más allá
de incendiar haciendas y descabezar gachupines porque sus dirigentes, los
criollos lo impidieron. Desde el primer instante, cuando Hidalgo cae en el
vértigo de la revolución y se identifica con el pueblo y accede a sus
violencias, Allende y los demás criollos le reclaman su adhesión a la fuerza
salvaje que amenaza con arrastrarlo y modificar el sentido de la revolución. Lo
mismo harán más tarde con Morelos los licenciados criollos que lo rodean y que
acabarán por destituirlo como caudillo de la causa popular. Y es que los
criollos, como repetidamente lo expresan en sus proclamas y manifiestos, sólo
querían despojar a los gachupines del mando, sin ultrajar sus personas y
haciendas, sin modificar el orden de cosas establecido. En primer lugar porque
lo que ellos buscaban en la Independencia era sobre todo un cambio
político, no social; en segundo, porque temían, quizá tanto como los españoles,
el desbordamiento de esa masa de desesperados; y en tercero, porque muchos de
ellos eran hacendados o hijos de latifundistas. Por eso, a medida que se fueron
alejando de la causa popular tendieron la mano a los miembros de la oligarquía
que estaban dispuestos a consumar la Independencia sin modificar el
orden existente. En cambio, la causa de los hombres sin tierra se refugió en
las montañas, se fragmentó en pequeñas partidas de jefes y caudillos locales y
finalmente fue aniquilada por el compromiso que en 1821 sellaron los criollos y
los miembros de la oligarquía. En todo caso, si en algo influyó la causa
popular, fue en la unión entre criollos y realistas. Fue a partir de las
depredaciones que los ejércitos de Hidalgo cometieron en los bienes,
propiedades y vida de los blancos, cuando los criollos que dirigían la
insurgencia, y los españoles y criollos que la combatían, comprendieron que
aquello podía degenerar en una lucha de proletarios contra propietarios como
decía Alamán. La prueba de que ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a
llegar a esos extremos, es que al consumar juntos la Independencia en
1821 ni siquiera tomaron en cuenta los acuerdos que sobre la tierra propusieron
los diputados a las Cortes de Cádiz, ni los que se promulgaron en la
Constitución de 1812.
En 1808
un grupo de criollos fraguó una conspiración con el propósito de suplantar a
los españoles en los puestos de dirección de la Colonia. En ese mismo
año la oligarquía española, y los criollos unidos a ella, descubrieron el
complot, encarcelaron a los sediciosos y pusieron ellos a su virrey. En 1810
otros criollos aprovechando la confusión que estos acontecimientos y los de
España habían creado en la Colonia, decidieron que había llegado el
momento de realizar su viejo anhelo. Pero esta vez en lugar del complot
citadino, llamaron en su auxilio a los indios y castas, a los hombres más
desesperados de la Colonia, y promovieron una guerra general. Durante
ésta, las banderas que elevaron no fueron la de los hombres sin tierra que les
daban su fuerza y su sangre, sino otra vez la vieja bandera de los criollos.
Con Hidalgo y con Morelos tuvieron la oportunidad de encabezar y hacer triunfar
una guerra de proletarios contra propietarios, pero sus intereses fueron más
fuertes y al fin, sin la fuerza de los hombres sin tierra, que habían perdido
la esperanza en ellos y los habían abandonado o luchaban solos por su causa,
firmaron un pacto con la oligarquía tradicional. En todo ello poco tuvo que ver
el problema de la tierra, salvo como recurso para atraer a los indios y castas
a los campos de batalla. La lucha no era solo entre españoles y mexicanos:
desde un principio fue al mismo tiempo y, sobre todo, una lucha social, es
decir de clases. En realidad, se enfrentaban dos fracciones de las clases altas
–la propiamente dominante y la que intentaba serlo-, cada una de las cuales
trataba de ganar a su causa a otras fuerzas, principalmente entre las capas
medias urbanas. Las personas acomodadas deseaban en realidad la
Independencia; pero retrocedían ante los riesgos que corrían sus fortunas e
intereses. Es por esto que son las gentes del pueblo y las clases medias,
es decir, los abogados, los militares subalternos, los curas, el clero bajo,
los frailes y principalmente campesinos pobres, que dan el paso peligroso de
dirigir el movimiento social. Que el pueblo apoya la lucha emancipadora,
indudablemente. Lo comprueba el rápido crecimiento del ejército libertador
formado por trabajadores de las minas y otras industrias, empleados, profesionistas
modestos, artesanos, parte del bajo clero y sobre todo campesinos
pobres. El pueblo estaba cansado de la opresión colonial, del despojo de
varios siglos, de la arbitrariedad, del robo, de la corrupción, del parasitismo
de los gobernantes y de que, desde lejos otro país que más que madre patria era
una madrastra injusta e incomprensiva, decidía su suerte sin tomar en cuenta
los intereses, las legítimas aspiraciones y la voluntad de los mexicanos. Es
por esto que al inicio de la Independencia, el movimiento recibe un apoyo
multitudinario del pueblo a tal grado que de 600 en su inicio se incrementa a
100 mil hombres en sus filas. Hidalgo se entrega generosamente a la causa
de la libertad y lo hace convencido de que esa lucha puede, como ocurre a la
postre, cobrarle con la vida. Que ellos y quienes vienen después incurren en
fallas y cometen errores, es indudable. Son seres humanos que además despliegan
su esfuerzo en condiciones sumamente difíciles, bajo una correlación de fuerzas
sobre todo al principio muy desfavorable y que ellos no pueden modificar a su
antojo ni de inmediato. Que lanzan al país a la anarquía y al desorden, es una
mentira. La anarquía tenía hondas raíces en el régimen colonial, y bajo la
apariencia de estabilidad y paz había una sociedad atrasada, injusta, opresiva,
irracional, sometida a intereses ajenos, plagada de graves deformaciones e
incapaces de resolver sus problemas fundamentales. Que la lucha por la
Independencia trajo el desorden, abusos y aun crímenes que los dirigentes no
pudieron y a menudo incluso no quisieron reprimir, probablemente. La idea
de que la Revolución de Independencia debió haber sido ordenada y
desenvolverse armoniosamente y sin violencia, como si se tratara de una
solicitud burocrática de ascenso y no de una intensa, espontánea y profunda
lucha social, es una mera ilusión. Todo nuevo orden se construye en medio
del desorden, del desorden a que inevitablemente lleva sobre todo la
preservación de los intereses creados y del viejo orden de cosas que quienes se
benefician de él se empeñan en sostener, sin importarles la dosis de violencia
que reclame. Nadie renuncia a sus privilegios voluntariamente y en la lucha
mexicana ello se pone de relieve desde el primer momento. Los beneficiarios del
orden colonial recurren a todos los medios a su alcance para perpetuarlo: a las
armas, a la palabra hablada y escrita, a la religión, a los prejuicios, y
cuando es necesario a la calumnia, la represión y aun el crimen. A todo ello se
enfrentan los iniciadores de la Independencia. Y lo que hacen, lo
hacen como pueden, como las condiciones lo permiten; a menudo sin experiencia,
sin conocimientos, sin medios materiales, sin saber si es o no lo correcto, sin
ayuda y apremiados por las circunstancias y reclamos que no admiten espera. Cada
quien actúa como le es posible, muchas veces sin tiempo siquiera para
considerar otras opciones, sin tomar en cuenta principios que siendo justos
resultan del todo inaplicables y por tanto irreales. Tanto los que hacen
las cosas como quienes las juzgan, actúan como hombres en concreto, de carne y
hueso, en los que se sintetizan virtudes y defectos; que en apariencia razonan
conforme a principios y postulados de supuesto valor universal, pero que en
realidad expresan casi siempre los intereses y contradicciones de la clase a la
que pertenecen, y del segmento o fracción particular en que están insertos y en
el que se mueven más de cerca. En general los que trascendieron sus
intereses de clase y resolvieron las contradicciones que esos intereses les
imponían, actuaron más resueltamente, tuvieron mayor fuerza, más claridad y más
espíritu de sacrificio. Quienes en cambio, actuaron siempre como hombres de su
clase, tuvieron del proceso una visión más limitada, desconfiaron de las masas
y sintieron temor ante sus excesos y, consideraron la revolución un proceso
esencialmente político–militar cuya verdadera dimensión social no comprendieron
a fondo. Los principales dirigentes procedían, en general, de los estratos
medios de la población; y en su mayoría eran criollos. Apenas se
inicia la lucha y se incorporan a ella las masas, afloran explicables
contradicciones incluso en el pequeño grupo de dirigentes. Mientras Hidalgo,
primero y poco después Morelos toman posiciones radicales, Allende, Aldama y en
general los jóvenes acomodados que asumen la mayor responsabilidad militar
resienten la acción, los excesos, el desorden e incluso la presencia misma de
las masas, y adoptan desde un principio posiciones conservadoras. En realidad
sus discrepancias no se circunscriben a asuntos militares o a cuestiones de
carácter incidental: expresan conflictos de intereses y una ubicación social
diferente. Hidalgo, no sin comprensibles vacilaciones, apoya a menudo a los
contingentes populares que responden a su llamado. Allende y sus compañeros, en
cambio, permanecen fieles a la ideología de su clase y desde el principio de la
insurgencia toman actitudes conservadoras. Algunos criollos ricos, que
inicialmente simpatizan con la revolución aunque no participan directamente en
ella, al ver amenazados sus intereses se muestran reservados y aun
hostiles. Desde el inicio de la independencia, la insurgencia comandada
por Hidalgo arremetió contra los puntos débiles del sistema colonial,
como lo prueban diversos decretos y disposiciones:
“Que siendo contra los clamores de la naturaleza el
vender a los hombres, quedan abolidas las leyes de la esclavitud”.
"Se declara iguales a todos los americanos, sin
la distinción de castas que adoptó el fanatismo”.
“Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos
respecto a las castas que lo pagaban, y toda exención que a los indios se les
exija”.
“Que se entreguen a los naturales las tierras para su
cultivo, sin que en lo sucesivo puedan arrendarse, pues es mi voluntad que su
goce sea únicamente de los naturales de sus respectivos pueblos”.
Sin
duda disgustaba y aun alarmó a las clases altas que Hidalgo ofreciera a los
indígenas restituir las tierras que les habían sido despojadas; les molestó
sobremanera que, con la revolución, el pueblo empezara a ser dueño de sí mismo
y que en su nombre Morelos declarará: “nadie pagará tributo, ni habrá
esclavos en lo sucesivo… los indios percibirán los reales de sus tierras como
suyas propias”.
“Deben tenerse como enemigos todos los ricos, nobles y
empleados de primer orden, y apenas se ocupe una población se les deberá
despojar de sus bienes para repartirlos por mitad entre los vecinos pobres y la
caja militar...”.
Una de
las disposiciones agrarias de Morelos, según Ibarra (1988) es en el sentido de
que "deben inutilizarse todas
las haciendas grandes cuyos terrenos laboríos pasen de dos leguas cuando mucho,
porque el beneficio positivo de la agricultura consiste en que muchos se
dediquen a beneficiar con separación un corto terreno que puedan asistir con su
trabajo; y no en que un sólo particular tenga mucha extensión de tierras
infructíferas, esclavizando millares de gentes para que las cultiven por fuerza
en la clase de gañanes [peones acasillados por deudas] o esclavos, cuando
pueden hacerlo como propietarios de un terreno limitado con libertad y
beneficio suyo y del público".
Cuando
se repara en el carácter social (campesino) de tales directrices se comprende
por qué la hostilidad de los ricos hacia Morelos fue tanta. Las clases
privilegiadas, en realidad, nunca estuvieron con la Independencia y
mucho menos con la idea de que ella se conquistara por el pueblo a través de
una revolución. Los decretos de Hidalgo y Morelos en los que abolía la
esclavitud, el tributo y las castas, el reparto agrario, etc., todos orientados
a "barrer" los obstáculos que impedían el desarrollo del capitalismo,
permiten caracterizar a la Independencia en su primera etapa como una
revolución burguesa.
Tutino
(1990) cita a Wolf como el iniciador del estudio moderno de los orígenes de la
rebelión de Hidalgo centrado en la singularidad regional. Hizo resaltar que la
insurrección brotó en el Bajío, la región más próspera del México central. Allí
la sociedad colonial era más comercial, quizá más capitalista que en otras
regiones de México. El complejo productivo integrado en el Bajío de una
agricultura comercial, fábricas textiles y minas de plata lo ponían en lugar
aparte. Wolf sostuvo que las familias del Bajío eran capitalistas incipientes y
se sentían cada vez más agraviadas por las restricciones coloniales que
frenaban su espíritu emprendedor. El estudio detallado del Bajío sugiere que
allí surgieron después de 1750 nuevas y agudas contradicciones que
contribuyeron a la insurrección popular que dio inicio a la Revolución de
Independencia. El análisis comparativo de otras regiones indica que eran contradicciones
exclusivas de la región del Bajío y zonas aledañas en el México del siglo
XVIII. Fue una crisis regional concreta, y no los viejos agravios contra la
prolongada dominación española, lo que generó la afrenta de masas movilizada
por Hidalgo en 1810. Al hacerse más profunda la crisis agraria, los problemas
también afectaron a las industrias textiles y mineras del Bajío. Después de
1785 la ocupación laboral se volvió cada vez más insegura tanto para los
tejedores de la ciudad como para las numerosas mujeres del campo que hilaban.
Para 1810 el empleo en las minas de Guanajuato se desplomaba rápidamente. La
confluencia de la crisis agraria y la industrial aprestó a una gran masa de
hombres del Bajío a chocar violentamente contra las élites provincianas y el
régimen colonial. Cuando el padre Hidalgo los llamó a las armas en 1810,
decenas de miles entre pobres del Bajío respondieron al llamado, atacando las
haciendas de terratenientes y otras instituciones del poder que dominaban su
vida. Los campesinos que trabajaban en las haciendas -acasillados,
arrendatarios y aparceros- del Bajío a fines del siglo XVIII no eran los más
pobres del México rural. Muchos miembros de comunidades campesinas en el centro
y sur de México, eran más pobres y se enfrentaban a la incertidumbre de las
cosechas anuales. Pero los comuneros indígenas vivían con mayor autonomía en
los pueblos. Las élites terratenientes no eran tan claramente culpables de sus
dificultades. Como los campesinos cultivaban tierras comunales, su pobreza parecía
deberse más a las irregularidades del clima. Libres de las relaciones sociales
de una dependencia personal, los comuneros raras veces percibían su pobreza y
su inseguridad como problemas sociales y mostraron poco interés por la
insurrección popular en 1810 en el Bajío. Así pues, lo esencial, no es que los
pobres del campo en el Bajío tuviesen pobreza e inseguridad. La agudización de
sus problemas tuvo causas sociales evidentes para todos. La pobreza provino de
la baja en los salarios y de la disminución de los pagos en exceso -por arriba
del salario-. La inseguridad fue causada por la falta de empleo permanente y la
ampliación de los arrendamientos que obligó a muchos a correr el riesgo de
malas cosechas. Las élites del Bajío organizaron directamente la transformación
agraria que impuso a los pobres del campo un empeoramiento de su situación y la
mayoría de las familias vivían bajo la dependencia de esas élites. Esa
población de agricultores dependientes obligados a sufrir una pobreza cada vez
más extrema, unida a dolorosas inseguridades respondió con entusiasmo al
llamado de Hidalgo a la rebelión popular el 16 de septiembre de 1810. La
insurrección de Hidalgo no se inició entre los trabajadores mineros de
Guanajuato, ni entre los obreros textiles de Querétaro. La rebelión empezó con
la gente pobre del campo de las tierras altas del noreste del Bajío -Dolores-.
Muchas familias rurales, sin embargo, habían participado en el empleo tanto
agrícola como textil: hombres que trabajaban en las haciendas mientras las
mujeres hilaban para los empresarios de los obrajes y los comerciantes de ropa.
Poco después de iniciarse el alzamiento popular, se le unieron rebeldes de las
ciudades y villas del Bajío, entre ellos muchos obreros textiles y mineros. Los
dirigentes de la insurrección popular eran parte de la élite económica heredada
de la época colonial, pero marginados de los beneficios de la segunda mitad del
siglo XVIII, cuando se implementaron las reformas borbónicas de naturaleza
liberal-burguesa. Así, Hidalgo era propietario de una modesta hacienda
endeudada con la iglesia, así como los jóvenes oficiales del ejército -Ignacio
Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo- provenían de prósperas familias de
comerciantes y terratenientes -poseedores de haciendas marginales-, situación
que confirma que una parte de la élite -la marginada- estuvo dispuesta a
encabezar al movimiento popular iniciado en 1810.
Colmenares
(2004) escribe que durante el movimiento de Independencia los actores sociales
se agruparon en cuatro bloques. En la cima del poder se hallaba la reacción
colonialista peninsular, integrada por la burocracia virreinal, los
comerciantes monopolistas del Consulado de México y el alto clero; todos ellos
enemigos jurados de la Independencia. Luego la clase conservadora, integrada
por la aristocracia criolla terrateniente y por la burguesía minera y
comercial, quienes querían desplazar a los españoles del poder, pero temían la
revolución; cuando estalló la insurrección popular se aliaron con el primer
bloque para oponerse. La tercera, es la clase media letrada que se caracterizó
por su posición política liberal moderada; sus principales ideólogos, voceros y
caudillos provinieron de las filas de los letrados criollos del mediano y bajo
clero y de la oficialidad militar; su posición es vacilante e
inconsecuente, fluctúan entre la clase conservadora y la insurgencia
popular, entre sus representantes más destacados estuvieron: Juan Aldama,
Ignacio López Rayón y los diputados del Congreso de Chilpancingo. El cuarto
bloque lo formaron lo que podría llamarse la clase popular revolucionaria; era
una alianza amplia en la que el pueblo trabajador jugó el papel central: indios
de comunidades, peones de haciendas, trabajadores de ingenios y haciendas,
etc.; la dirección de este bloque recayó en los círculos ilustrados radicales
de criollos y mestizos pertenecientes a la pequeña y mediana burguesía.
Así
pues, para principios del siglo XIX el capitalismo ya se abría paso en el
seno del régimen económico colonial de naturaleza feudal e intentó en la
primera etapa de la Independencia derribar al gobierno virreinal, a través de
una revolución política y social.
5.4. Contrarrevolución en la Independencia de México
Con la
derrota militar y asesinatos de Hidalgo (1811) y de Morelos (1815) culminó la
primera etapa de la Independencia, que se caracterizó por su naturaleza
revolucionaria. En seguida, le sucedió un período de 1816 a 1820 de feroz
represión de la insurgencia popular por parte del ejército realista, a la cual
respondió el movimiento popular con la táctica guerrillera en el sureste,
liderada por Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo en Veracruz, en Puebla e
Hidalgo encabezada por Mier y Terán, y, principalmente en Guerrero comandada
por el indoblegable Vicente Guerrero. Esta situación probablemente se hubiera
prolongado, de no ser por la revolución liberal-burguesa acontecida en España
en enero de 1820. Con el triunfo de la revolución liberal-burguesa el rey
Fernando VII se vio obligado a restaurar la Constitución liberal de Cádiz de 1812.
En la Nueva España el virrey Juan Ruíz de Apodaca promulgó la Constitución de
Cádiz en mayo de 1820. Ante esta situación, las clases privilegiadas
principalmente el alto clero y los grandes terratenientes subordinados a los
intereses de la Iglesia, con el apoyo de Agustín de Iturbide, militar realista
que había combatido ferozmente a la insurgencia popular, planearon la
consumación de la Independencia, como una estrategia para separarse de España y
de esta forma proteger sus intereses de las medidas liberal-burguesas y
anticlericales contenidas en la reciente constitución promulgada por el virrey.
Para lograr sus objetivos, el portavoz de las clases privilegiadas –Agustín de
Iturbide- intentó derrotar militarmente a Vicente Guerrero, líder de la
insurgencia popular que por diez años había estado luchando por la Revolución
de Independencia y, al no lograrlo negocio una alianza para conjuntamente
consumar la Independencia. Iturbide, en aquel momento al frente del
ejército virreinal, advirtió que la situación era insostenible y decidió tomar
el bando anti-español. Propuso el indulto a Guerrero, quien dignamente lo
rechaza y responde: “todo lo que no sea concerniente a la total
independencia lo disputaremos en el campo de batalla”, pero a la postre se
reúne con él y logra el acuerdo que sirve de base al Plan de Iguala. Guerrero,
explicablemente, desconfía de Iturbide quien ha sido enemigo de la
Revolución de Independencia desde su inicio, aunque a la vez acepta que de
momento no hay otra posibilidad de Independencia y se dirige a sus
combatientes: “Soldados – dice a sus hombres – este mexicano que tenéis
presente es el señor don Agustín de Iturbide, cuya espada ha sido por nueve
años funesta a la causa que defendemos. Hoy jura defender los intereses
nacionales, y yo, que os he conducido a los combates y de quién no podéis dudar
que morirá sosteniendo la independencia, soy el primero que reconozco al señor
Iturbide como el primer jefe de los ejércitos nacionales, ¡viva la Independencia¡”.
Resultado
de la alianza entre las fuerzas revolucionarias y conservadoras, fue el
Plan de Iguala en el que se formaliza la Independencia de la Nueva España, la
que se consuma formalmente el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal
del ejército de las tres garantías a la ciudad de México.
Brading
(1975) concluye que fueron precisamente aquellos conservadores realistas los
que, finalmente lograron la independencia de la Nueva España. La guerra civil
de 1810-1821 tuvo por resultado la militarización definitiva del poder político
que los Borbones habían emprendido. El golpe de estado de 1821 fue organizado
por un ejército colonial que se había formado principalmente para sofocar a la
insurgencia, y fue apoyado por una Iglesia conservadora y ansiosa de liberarse
del control de una autoridad civil que se había hecho demasiado liberal. El
nuevo estado mexicano tardaría más de una generación en arrebatar el control a
tales fuerzas reaccionarias con la Revolución Burguesa de Reforma.
Altamirano
citado por Florescano (1986) aporta otros elementos que ayudan a comprender el
alcance social y político de la contrarrevolución de Independencia. Cuando las
clases altas –dice –advirtieron que no sólo peligraba el poder español sino sus
propios intereses, urdieron la maniobra inteligente y engañosa que encabezó
Iturbide, y concibieron el plan de dirigir un nuevo movimiento, acaudillándolo,
organizándolo en su provecho y cerrando así más fuertemente que nunca las
puertas que la revolución de 1810 quiso abrir para dar entrada al pueblo en el
gobierno de la nación. Si la Revolución de 1810 hubiera triunfado –añade–
es seguro que la soberanía real hubiera caído, porque era incompatible con el
movimiento popular, pero es mucho más seguro que las clases privilegiadas
habrían sido barridas por el soplo revolucionario. Porque ellas eran más que el
gobierno español, las que habían despojado a los indígenas de sus tierras; eran
ellas las que habían mantenido las encomiendas, los tributos, los
repartimientos; eran ellas las que oprimían a las clases mestiza y pobres; eran
ellas, por último, las que se habían creído llamadas, como derecho divino, a
dominar en la antigua colonia por medio de sus riquezas o de su influjo.
Zavala
Silvio (1990) caracteriza al movimiento revolucionario insurgente y cita al
jefe del ejército realista: "Calleja
escribía al virrey, en su correspondencia secreta, que si la absurda
insurrección de Hidalgo se hubiera propuesto solamente la independencia no
hubiera tenido enemigos entre los americanos ni los europeos, convencidos de
las ventajas del gobierno independiente, porque la Península ocasionaba la
falta de numerarios, alto precio de los efectos y regateaba los premios".
Lucas Alamán, envuelto personalmente en los acontecimiento de Guanajuato [toma
de la Alhóndiga de Granaditas por los insurgentes], consideraba que Hidalgo
sublevó a la parte de la raza española nacida en América contra la europea "especialmente a los numerosos
individuos... que careciendo de propiedad, industria u otro honesto modo de
vivir, pretendían hallarlo en la posesión de los empleos y llamó en su auxilio
a las castas y a los indios, excitando a unos y otros con el cebo del saqueo de
los europeos y a los últimos en especial con el atractivo de la distribución de
tierras." En sentido similar se pronunció José María Luis Mora, al
escribir que "ningún hombre
medianamente acomodado, por mucho que fuese su afecto a la independencia,
deseaba la entrada de Hidalgo a México". En lo que concierne al
continuador del movimiento insurgente, después de la muerte de Hidalgo el 31 de
julio de 1811, el mismo autor menciona que "Morelos
profundizó las medidas de Hidalgo en favor de las clases desposeídas
americanas: abolió los tributos personales y la esclavitud sin indemnización
alguna; que los naturales sean dueños de sus tierras, rentas, sin el fraude de
entrada en las cajas de comunidad; pueden asociarse y comerciar libremente y
paguen la contribución de alcabalas como los demás: igualdad en provechos y
cargas que sustituía al concepto protector de la legislación colonial; como la
buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro congreso deben ser
tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la
indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus
costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto".
Cue
Cánovas (2004) analiza el Plan de Iguala en el que se pacta la Independencia
entre las clases conservadoras y la insurgencia popular. En general lo
caracteriza como radicalmente contrastante con las demandas fundamentales
contenidas en el programa de la revolución burguesa, implementadas por Hidalgo
y Morelos a través de decretos en las poblaciones controladas por la
insurgencia. Particularmente, explica que el artículo 1° reconoce la religión
católica como única, sin tolerancia de otras; el artículo 2°, establece la
absoluta independencia de la Nueva España; el 3° y 4° consideran un gobierno
monárquico constitucional con Fernando VII como rey, y en su defecto, algún
miembro de la casa real española o de otra casa reinante de Europa; el 12
establece la igualdad de todas las razas, sin otra distinción que su mérito y
virtudes, para poder ocupar cualquier empleo; el 13, que las personas y
propiedades de todos los habitantes serán respetadas y protegidas (con lo que
se establecía la más firme garantía al régimen de la gran propiedad imperante);
14, que el clero secular [clérigos y obispos] y regular [frailes] sería
conservado en todos sus fueros y propiedades (con lo que se conjuraba el
peligro inminente de la desamortización [venta de los bienes de la Iglesia]
eclesiástica y se mantenían los privilegios judiciales y políticos de la
Iglesia). El artículo 15, mantenía a los empleados públicos en sus puestos (con
lo que se conservaban todos los intereses generados y desarrollados durante
tres cientos años de dominación colonial, representados por los funcionarios y
empleados de la administración virreinal. El artículo 17, conserva a los jefes
y oficiales del ejército con la expectativa a los empleos vacantes (con lo que
si bien es verdad que se premiaban los servicios prestados por los militares en
la consumación de la Independencia, se creaba sobre bases firmes un régimen
militarista que hasta antes de 1810 no había existido). En suma, los artículos
14, 15 y 17 sirvieron admirablemente para ligar los intereses del grupo militar
con los de la aristocracia eclesiástica y con la burocracia virreinal. El
Tratado de Córdova firmado por Iturbide y Juan O´ Donojú, el 24 de agosto de
1821, consumaba definitivamente la contrarrevolución de las clases
conservadoras [Iglesia y hacendados].
Gallo
(2004) escribe que los beneficiarios de la Independencia pactada entre las
clases conservadoras y la insurgencia popular que todavía resistía, fueron
principalmente la Iglesia y los terratenientes -hacendados- subordinados al
clero, a través de las hipotecas de sus propiedades. Con la ruptura política de
España, apareció una incipiente burguesía comercial e industrial que al estar
desligada de la gran propiedad agraria, apoyaba las transformaciones capitalistas
que triunfarían posteriormente a mediados del siglo XIX.
Si bien
es cierto que la Revolución de Independencia tuvo como principal
escenario la región del “Bajío” en donde la agricultura y la minería
habían tenido un auge económico considerable durante la
última mitad del siglo XVIII (1750–1800),
impulsado por las reformas liberales, pero como toda estrategia basada en el
libre mercado, culminaron en una enorme polarización de la riqueza: por un lado
la concentración de la riqueza en manos de la clase privilegiada económicamente
(hacendados, mineros y comerciantes principalmente) y por el otro el aumento de
la miseria de la mayoría de la población (campesinos, mineros, empleados,
etc.), polarización sin precedentes que trajo como consecuencia el
estallamiento de la primera revolución en México.
Villoro
(2010) escribe que en lo referente a la consumación de la Independencia aun
cuando se conserva el antiguo sistema, ha habido un cambio importante en el
seno de la clase dominante. El grupo europeo pierde la dirección de la nación
en favor de las élites criollas. Los funcionarios del estado, casi en su
totalidad, abandonan el país, el ejército expedicionario, después de un período
de acuartelamiento es repatriado. Por su parte, el sector exportador sufre un
golpe decisivo. Durante la revolución, muchas minas quedan inundadas, otras
fueron abandonadas. Hacia 1820 la extracción de minerales había descendido a
casi la tercera parte del promedio de los diez años anteriores. Los
comerciantes exportadores europeos, al romperse las relaciones comerciales con
España y decretarse la libertad de comercio, habían perdido su situación
privilegiada. Así, la ruptura de la dependencia política con la antigua
metrópoli termina también con el papel hegemónico que, dentro de la clase
dominante, tenían los grupos ligados al sector de exportación. Su lugar lo
ocupa ahora el alto clero, los grandes propietarios rurales y el ejército,
cuyos altos mandos provienen, en su mayoría, de la oligarquía criolla. Resulta
evidente que la Independencia consumada por Agustín de Iturbide nada tuvo de
común con el movimiento insurgente iniciado por Hidalgo. “La proclamación de la Independencia en 1821 no concluye la revolución
ni, mucho menos, supone un triunfo; es sólo un episodio en el que una fracción
del partido contrarrevolucionario suplanta a la otra. Iturbide no realiza los
fines del pueblo ni de la clase media más que en el aspecto negativo de
descartar al grupo europeo de la dirección política; toda comparación entre
movimientos tan distintos resulta estéril e improcedente".
En
resumen, la dialéctica del movimiento mexicano de Independencia es compleja:
empieza como una revolución y termina, paradójicamente, convertido en
contrarrevolución; las clases más poderosas que a lo largo del proceso se
oponen a la Independencia, acaban participando decisivamente en su consumación;
la Independencia, que aspira a ser la condición de ciertas reformas sociales ya
inaplazables, a la postre se vuelven el medio para que esas reformas no se lleven
adelante, y el clero, concretamente, pueda preservar sus privilegios.
Si la
lucha por la Independencia se juzga por sus resultados podría decirse
que, en sentido estricto, fue un movimiento esencialmente político del que
surgió un nuevo estado nacional. Si se repara sólo en la forma en que, en el
último momento se configuran las condiciones que hacen posible el Plan de
Iguala y la consumación de la Independencia, parecería que tal movimiento
no fue revolucionario sino más contrarrevolucionario.
El sólo
hecho de que del movimiento emancipador surgiera un nuevo Estado políticamente
independiente tuvo, gran importancia. El que después de siglos de opresión
colonial, México se convierta en un país con derecho a gobernarse por sí mismo,
con todo y que en la práctica el ejercicio de este derecho plantearía toda
suerte de problemas, entraña un cambio de gran dimensión llamado a influir en
la vida, las costumbres, las instituciones y el destino de los mexicanos.
Cierto
que la Independencia política no bastaba para librarse de la pasada herencia
colonial de explotación y atraso, y que en un país destruido por una larga
guerra, en el que casi todo estaba por hacerse, el desarrollo económico y el
ejercicio de las nuevas libertades reclamaba además una transformación social
profunda que hiciera posible el advenimiento de un régimen capaz de romper
trabas, destruir privilegios y movilizar y aprovechar el potencial de recursos
hasta entonces en gran parte ocioso e improductivo.
Las
condiciones socio-económicas y políticas en la Colonia contribuyeron
a la formación de una débil burguesía industrial, sin la fuerza económica
social y política para encabezar la lucha independentista y su lugar fue
ocupado en la primera etapa (1810–1817) por los campesinos pobres y algunos mineros
que se convirtieron en sus portavoces. La debilidad de la burguesía facilitó la
derrota del movimiento popular campesino, con lo que se abrieron las puertas
para que la clase terrateniente feudal (hacendados y alto clero) consumara la
Independencia, como una medida política obligada para proteger sus intereses
del movimiento popular campesino y las reformas burguesas desarrolladas en
España y su repercusión en la Nueva España. Pero el triunfo de la
clase terrateniente feudal se dio en momentos en que el Feudalismo a nivel
internacional había sido derrotado por el capitalismo y en el escenario
nacional se encontraba en franca descomposición después de más de 200 años de
existencia, por lo que su fin era una necesidad histórica.
Beato
Guillermo (2004) escribe que el movimiento insurgente dirigido por Hidalgo en
1810-1811, estuvo integrado por miles de campesinos indígenas, sectores
populares (castas), y una minoría de criollos que detentaban los mandos
militares.
León
Portilla (2010) al estudiar la participación de los indígenas en el ejército
insurgente, comandado por Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama, cita a
Lucas Alamán: "Los vaqueros y demás
gentes de a caballo de las haciendas, casi todos de las castas, formaban la
caballería, armada con lanzas que Hidalgo había hecho construir de antemano, y
con las espadas y machetes que estos hombres acostumbraban llevar en sus
trabajos ordinarios, muy pocos tenían pistolas o carabinas. La infantería la
formaban los indios, divididos por pueblos en cuadrillas, armados con palos,
flechas, hondas y lanzas, y, como muchos llevaban consigo a sus mujeres e
hijos, todo presentaba el aspecto más bien de tribus bárbaras que emigraban de
un punto a otro que de un ejército en marcha... A los indios los mandaban los
gobernadores de sus pueblos o los capitanes de las cuadrillas de las
haciendas". En la toma de Guanajuato, el mismo Alamán escribe lo
siguiente: "Se presentaron por la
calzada de Nuestra señora de Guanajuato en numerosos pelotones de indios con
pocos fusiles y los más con lanzas, palos, hondas y flechas. [Por otra parte]
los demás grupos de a pie de Hidalgo que ascendían a unos veinte mil indios, a
los que se unió el pueblo y la plebe de Guanajuato, iban ocupando las alturas y
todas las casas fronterizas de [la Alhóndiga de] Granaditas".
En
Oaxaca acorde con la Independencia Nacional, la consumación de la misma
fue realizada por los Conservadores representados por Antonio de León, militar
que en los inicios del movimiento se había enfrentado a las fuerzas insurgentes
de Morelos, quien en julio de 1821 tomó la ciudad de Oaxaca, consumando
así la Independencia.
Para
1810 al inicio de la Independencia, la hacienda de Jalapilla alcanzó una
extensión de 1700 hectáreas (Taylor, 1973), a través de acciones ilegales como
queda demostrado más arriba.
Favorecidos
por la coyuntura de la Independencia y de su consumación en 1821,
principalmente por la apertura del nuevo gobierno, los nativos de San Andrés
Ixtlahuaca lograron la restitución del sitio el Zapote y un sitio de ganado
menor, que probablemente corresponde al sitio de Guiconachapa, como lo
documenta el siguiente párrafo: “En el Pueblo de San Andrés Ixtlahuaca, a
dieciséis del mes de septiembre de mil ochocientos veinte y tres; yo el
ciudadano, Coronel Cayetano Maria Pérez Ponce de León, Juez de Letras de esta
ciudad y su partido, y de Hacienda Pública de este estado, Abogado de los
Tribunales Nacionales y con objeto de practicar las medidas del sitio de ganado
menor convenido y acordado dar por parte de la Hacienda de Santa Catarina
mártir Jalapilla, al referido pueblo de San Andrés, ambos en la demarcación del
expresado partido, pasé al primero acompañado de los dos testigos de
asistencia, con quienes actuó por enfermedad del escribano actuario y del
Agrimensor ciudadano Vicente Castillejos, y reunidos con Salvador López
apoderado de los ciudadanos de dicho pueblo, marché de este para principiar la
medida hacia el rumbo del norte hasta llegar al Rancho del Zapote, que fue de
propiedad de Jalapilla y hoy del pueblo de San Andrés”.
Después
de 1823, no se tienen documentos que constaten la lucha de nuestro pueblo por
la recuperación de sus tierras, pero dada la inestabilidad política en la que
ninguno de los bandos contendientes tuvo la fuerza suficiente para derrotar a
su contrincante, es muy probable que la situación se haya mantenido similar a
la época de la consumación de la Independencia, en la que la extensión
territorial de la hacienda de Xalapilla se redujo ligeramente de 1 700
hectáreas a una superficie menor, lo que reafirma la idea de que solo la lucha
política en su máxima expresión (la revolución) tuvo la fuerza para que los
naturales de San Andrés Ixtlahuaca recuperaran parcialmente sus posesiones
territoriales.
6. La revolución burguesa de Reforma
6.1. Antecedentes
López (1967) afirma, que a pesar de la
Independencia, la propiedad de la tierra en México conservaba aún las
mismas características que predominaban durante el largo período colonial.
Desde luego, el sistema de las haciendas apenas había sido alterado; sus pocas
modificaciones eran de tal naturaleza, que tendían más bien a acentuar el
volumen y la extensión de esta forma tradicional de la propiedad rural.
México era un país eminentemente agrícola, ya que
la industria propiamente dicha no existía. De hecho, la mayor parte de la
producción industrial de que hablan los documentos de la época provenía de los
incontables talleres artesanales, donde no se utilizaban naturalmente la
maquinaria y las fuerzas motrices características de la industria moderna. La
industria manufacturera en general al igual que la agricultura, tenía grandes
dificultades para encontrar suficiente mano de obra, y ello por varias razones:
en primer término, a causa de la anarquía del país, que arrebataba a las fábricas
un buen número de obreros enrolados en los improvisados ejércitos; después, la
insuficiencia de las vías de comunicación, que dificultaba el
reclutamiento de trabajadores en las grandes ciudades, donde el número de
desocupados era impresionante; existencia de numerosos talleres artesanales,
cuyos miembros oponían gran resistencia a cuanto intento se hacía por
convertirlos en asalariados y el arraigo de los campesinos a sus tierras
comunitarias que todavía sobrevivían en este período de nuestra historia.
Así la mano de obra fabril, no era solamente
difícil de encontrar, sino también, resultaba costosa para muchas empresas.
El comercio era la única actividad que prosperaba
realmente desde la época colonial. Dicha prosperidad era lenta y cargada de
dificultades, pero significaba por lo menos la fuente fundamental de formación
de capitales que eran invertidos después en la agricultura o en la industria.
De hecho, no solamente el comercio había sido el origen de muchas industrias
algodoneras y de varias empresas de explotación minera, sino era también la
razón de ser de numerosas propiedades agrícolas, transferidas ahora a las manos
de la burguesía comercial. Los comerciantes formaban ya un grupo poderoso, con
capitales que exigían ser acrecentados e ideas que coincidían con las viejas
aspiraciones liberales. Muchos hacendados se habían pasado al partido liberal
con la esperanza de apoderarse de los bienes del clero.
En el México pos-independiente se había
formado un bloque social formado por hacendados, rancheros
y comerciantes bajo la dirección del partido liberal, que
aspiraban a la implementación de un programa capitalista que tuviera como
eje fundamental, la destrucción de los monopolios territoriales representados
por los bienes de la iglesia y las comunidades indígenas, cuyas contradicciones
generaron la Revolución Burguesa de Reforma.
Belenki
(2001) señala que a mediados del siglo XIX las relaciones sociales casi no
habían cambiado en comparación con las existentes a finales del período
colonial. Las clases dominantes seguían siendo los terratenientes feudales de
las haciendas, en las que trabajaban millones de peones. En los años que
siguieron a la proclamación de la Independencia, las propiedades de los
terratenientes se ampliaron considerablemente a expensas de las tierras de las
comunidades indígenas, cuyos miembros se convertían en peones, pequeños
arrendatarios o en lumpen-proletarios de las ciudades. En 1855 había en México
6 092 haciendas, poco más de 2 000 que en 1810. Algunas alcanzaban dimensiones
gigantescas: de 1.5–2 millones de hectáreas y algunos hacendados eran
propietarios de millones de cabezas de ganado. El terrateniente más poderoso de
todo el país era la Iglesia católica.
Jürgen (1979) explica que para fines del período
colonial, las comunidades indígenas y los campesinos poseían aproximadamente 18
millones de hectáreas de tierra, mientras que el latifundismo clerical y
secular comprendía aproximadamente 70 millones de hectáreas. Es evidente que,
la Iglesia poseía enormes posesiones territoriales; en cambio, las tierras de
las comunidades indígenas, la extensión que detentaban era escasa, pero todavía
representaba un obstáculo considerable para el desarrollo de las relaciones de
producción capitalistas que exigían mano de obra asalariada “libre” de la
tierra como medio de producción.
Desde 1521 hasta 1750, España impuso innumerables
restricciones al desarrollo de la industria y el comercio internos, no obstante
su lejanía y el encarecimiento de los costos de los productos importados, provocó
el surgimiento primero de los artesanos y luego de los obrajes, que se
dedicaban a la elaboración de numerosos productos destinados al consumo interno
de la población. Ante esta situación España se vio en la necesidad de
reglamentar las nuevas actividades relacionadas con la industria, con lo que
aparecieron los gremios artesanales que agruparon en su seno a los artesanos de
un mismo oficio. Los miembros de los gremios (maestros, oficiales y aprendices)
estaban rigurosamente reglamentados, de tal manera que se trató de una
organización cerrada y monopolista que impedía el desarrollo de la libre
competencia, tal como lo demandaban las nuevas relaciones burguesas de
producción, que a pesar de las innumerables restricciones impuestas por la
Corona Española, se abrían paso en el interior del viejo Modo de Producción
Feudal en pleno declive.
Al igual que los gremios pero en menor grado, los
obrajes también estuvieron reglamentados con el propósito de evitar la
competencia con los artículos provenientes de España. Tanto la industria
artesanal como la industria concentrada en los obrajes tuvieron un lento y
penoso desarrollo hasta 1750. Sin embargo, en los años siguientes España se vio
obligada por el pujante desarrollo del capitalismo a nivel mundial (inicio de
la Revolución Industrial en Inglaterra, triunfo político de la burguesía en
Francia en 1789 y triunfo de la Independencia en los Estados Unidos en 1776) a
la introducción de reformas marcadamente capitalistas, para adaptarse a las
nuevas condiciones internacionales y, que en la Nueva España se tradujeron en
medidas contra el poder económico del alto clero, así como el apoyo sin
precedente de la minería y a los comerciantes exportadores, reformas que en su
conjunto estaban destinadas a organizar una mayor explotación de la población
trabajadora de la Nueva España. El desarrollo considerable de la minería
coadyuvó al desarrollo de la agricultura y la ganadería como abastecedoras de
materias primas y junto con otras ramas de la industria aportaron los alimentos
indispensables de la población de los centros mineros.
El auge de la minería y su influencia en la
agricultura y ganadería no se restringió a las regiones del Bajío y El Norte;
también se difundió en las zonas del sureste y en especial de Oaxaca, sobre
todo en la Sierra Norte donde la minería alcanzó un desarrollo considerable y,
en los Valles Centrales el cultivo de grana cochinilla logró un crecimiento sin
precedentes en la época colonial.
El crecimiento significativo de la economía y sobre
todo de las ramas prioritarias para la Metrópoli Española en las postrimerías
del siglo XVIII, generó el aumento de las necesidades de la población, las
cuales no pudieron ser satisfechas por la reducida producción de los gremios
artesanales, por lo que las demandas de la producción y el mayor consumo de la
población originó el debilitamiento considerable de los talleres artesanales,
cediendo su lugar a los obrajes que por su mayor capacidad productiva
respondieron en mayor medida a las nuevas condiciones de la producción y el
consumo. Así mismo, se desarrolló la industria textil sobre todo de las ramas
que destinaban su producción al consumo de la población trabajadora, ya que las
clases ricas consumían artículos provenientes del extranjero.
En pocas palabras se desarrolló la minería como
actividad industrial prioritaria, la industria textil y diversos obrajes, que
en su conjunto rompieron con las trabas gremiales, para sentar las bases para
la aparición de una incipiente burguesía industrial que, en su relación
económica con los trabajadores todavía recurría a formas de explotación
pre-capitalistas de la fuerza de trabajo, como fue el trabajo forzoso de los
peones "acasillados” en las minas, el pago en dinero y en producto
a los barreteros de las minas y el uso forzoso de desempleados en los obrajes.
6.2. Carácter social y político
Después de consumada la Independencia se aceleró la
decadencia del Feudalismo, representado esencialmente por el alto clero
terrateniente, que monopolizaba más de la mitad del territorio nacional y
mantenía subyugados a los hacendados a través del diezmo (tributo) y los
préstamos hipotecarios. En tanto el capitalismo se abría paso con muchas
dificultades, por eso en el período conocido en la historia oficial como la
“Anarquía” (1821–1854) se caracterizó por la alternancia en el poder político
de los grupos liberal y conservador como representantes de la burguesía en
ascenso y el Feudalismo en decadencia respectivamente, alternancia que se
explica por la debilidad de ambas fuerzas contendientes.
Dada la debilidad de la burguesía, los intentos de
industrialización del país (rehabilitación de la minería por el capital inglés,
modernización de la industria textil, creación del Banco de Avío para apoyar a
la industria y el inicio del proyecto de la construcción del ferrocarril)
fracasaron y sólo hasta los inicios de la segunda mitad del siglo XIX la
burguesía logró la fuerza suficiente para enfrentarse en el terreno político y
militar a la vieja clase terrateniente feudal, principalmente el alto clero. No
obstante, el programa de lucha de la burguesía se reducía fundamentalmente a la
destrucción de todas las corporaciones (monopolios) que obstaculizaban la libre
circulación de mercancías. En este sentido, su demanda central consistió
esencialmente en el desmantelamiento de las corporaciones civiles -monopolio
territorial de las comunidades indígenas y gremios artesanales- y eclesiástica -monopolio
territorial del alto clero- que frenaban la libre circulación mercantil.
Una vez depuesto el gobierno de Santa Anna (1855)
por la Revolución de Ayutla encabezada por el indomable y viejo luchador de la
Independencia Juan Álvarez, la primera medida económica de importancia del
nuevo gobierno liberal fue la implementación de la Ley Lerdo expedida el 25 de
junio de 1856, que posteriormente se incorporó a la Constitución de 1857 y, que
tuvo el claro propósito de acabar con las tierras del alto clero y las tierras
de las comunidades indígenas. La respuesta del clero no se hizo esperar y para
fines de 1857, aprovechando la actitud conciliadora del gobierno de Comonfort
retornó al poder político, con lo que se inició una nueva fase en la lucha
política que se prolongó hasta fines de 1860, fase en la que la resistencia
violenta del alto clero provocó la radicalización de la burguesía encabezada
por Benito Juárez, quién en el fragor de la lucha armada, se vio obligado en
1859 a decretar las Leyes de Reforma, especialmente la nacionalización de los
bienes del clero sin indemnización alguna.
La Ley Lerdo junto con la Nacionalización de los
Bienes de la Iglesia destruyó el poder económico del alto clero y la pérdida
parcial de las tierras de las comunidades indígenas, medidas encaminadas a
incorporar las tierras a la circulación comercial. Así mismo, con la
expropiación parcial de las tierras de los comuneros indígenas y la
expropiación de los medios de producción de los artesanos por parte del
desarrollo de la incipiente industria, procesos que confluyeron en la formación
de mano de obra “libre” de medios de producción, tal como el capitalismo lo
exigía.
El triunfo de la burguesía liberal se debió en gran
parte a la debilidad de la clase terrateniente feudal, sobre todo del alto
clero y no a la fuerza de la burguesía industrial, ya que a pesar de su impulso
a fines de la dominación colonial y período pos-independiente, no tuvo el
empuje suficiente para acabar con la clase terrateniente feudal, más que con el
alto clero dejando intacto el poder de los hacendados. Esto fue favorecido por
la preponderancia de los intereses de la burguesía comercial sobre la
incipiente burguesía industrial, ya que la primera tenía subordinada a la
segunda y a los todavía numerosos artesanos que sobrevivieron al incipiente
desarrollo industrial capitalista. En estas condiciones, la prioridad de la
lucha de la burguesía se centró en la destrucción de los obstáculos más
importantes que se oponían a la libre circulación del capital comercial. Este
exigía que tanto las enormes extensiones territoriales de la iglesia, así como
de las tierras que todavía conservaban las comunidades indígenas, fueran
lanzadas a la circulación mercantil. La Ley Lerdo y la Nacionalización de los
Bienes de la Iglesia y particularmente de sus tierras cumplían con ese
objetivo.
Para el capital comercial no era prioritario el
desmantelamiento del poder económico de los hacendados, puesto que no chocaba
con sus intereses y la propiedad privada no constituía un freno a las
necesidades de la circulación mercantil.
Las consecuencias de las Leyes de Reforma fueron
una mayor consolidación de los hacendados, rancheros y comerciantes; que fueron
los que contaron con los recursos monetarios para adquirir los bienes
nacionalizados y desamortizados de la Iglesia y de las comunidades indígenas.
Desde luego, también se benefició el grupo de políticos liberales que
encabezaron la amplia alianza liderada por la burguesía comercial y
terrateniente. A pesar que el grupo de liberales con Juárez a la cabeza
aspiraba al establecimiento de una sociedad de pequeños productores, en los
hechos las leyes económicas se impusieron, dando como resultado una mayor
concentración de las tierras en poder de hacendados y rancheros.
Las limitaciones de la Reforma se desprenden de la
debilidad de la burguesía industrial, lo cual fue aprovechado por la fracción
más conservadora de la burguesía, es decir la burguesía comercial para destruir
el poder del alto clero y las comunidades indígenas, dejando intacto el poder
económico de los hacendados. Solo una burguesía industrial más fuerte pudo
haber acabado con el poder económico de los hacendados, para abrirle las
puertas al desarrollo del capitalismo en la agricultura por la vía
revolucionaria. En consecuencia, la Reforma fue una Revolución Burguesa
encabezada por la burguesía comercial, teniendo como aliados a los hacendados y
rancheros en contra del alto clero y las comunidades indígenas. A diferencia de
la Revolución de Independencia en la que por lo menos en su primera etapa
tuvieron una numerosa y activa participación popular, principalmente los
campesinos pobres, mineros, trabajadores de la incipiente industria de la
transformación, artesanos y desempleados; la Reforma, fue una revolución desde
arriba en la que solo participaron grupos privilegiados de la sociedad con sus
ejércitos correspondientes.
La debilidad económica y financiera de la burguesía
industrial impidió la implementación de obras costosas (construcción del
ferrocarril, rehabilitación de la minería y creación de nuevas industrias
importantes), aunada a la enorme escasez de recursos fiscales del Estado
provocó que, posteriormente el gobierno de Díaz recurriera al capital
extranjero para impulsar la industrialización del país. Así el capital
extranjero vino a relevar a la débil burguesía industrial nacional en aquellas
ramas de la economía más rentables, principalmente la industria extractiva
(minería de metales industriales), las comunicaciones (ferrocarriles) y la
agricultura. Así pues, con la Reforma nace el capitalismo en México, después de
un prolongado y penoso desarrollo iniciado desde la época de la Colonia, con un
avance significativo a fines del siglo XVIII.
El estudio más completo del capitalismo de libre
competencia lo estudió Marx (1867) en su obra cumbre El Capital y el
capítulo en el que caracteriza la acumulación originaria de capital, concibe el
surgimiento del capitalismo como un proceso de expropiación de los medios de
producción de los productores directos y su concentración en manos de la
burguesía industrial; proceso que al mismo tiempo origina la formación de las
clases sociales antagónicas fundamentales del capitalismo: por un lado la
burguesía industrial que concentra los medios de producción y los obreros que
al estar desposeídos de los medios de producción se ven obligados a vender su
única mercancía, su fuerza de trabajo; es decir, aparece un nuevo modo de
producción sobre las “ruinas” del Feudalismo e inaugura la época de la “esclavitud
asalariada”.
En el capítulo denominado: Expropiación de la
población agrícola, Marx detalla cómo fue arrancada la población agrícola
inglesa de sus tierras. Como las tierras comunales de los campesinos dedicadas
al cultivo, fueron convertidas por las exigencias de la manufactura lanera
capitalista en tierras de pastizales para el pastoreo del ganado. Este proceso
se complementó con medidas legislativas sanguinarias contra los expropiados a
finales del siglo XVI y principios de XVII. Así mismo, explica la
expropiación de los bienes eclesiásticos como una necesidad del capitalismo
para incorporar la tierra a la circulación mercantil capitalista. En palabras
de Marx, el capitalismo industrial se abrió paso mediante “la depredación de
los bienes de la iglesia, la enajenación fraudulenta de los dominios del
estado, el saqueo de los terrenos comunales, la transformación usurpadora y
terrorista de la propiedad feudal o inclusive patriarcal en propiedad moderna
privada: he aquí los procedimientos idílicos de la acumulación primitiva.
Conquistaron la tierra para la agricultura capitalista, incorporaron al suelo
al capital y entregaron a la industria de las ciudades los brazos dóciles de un
proletariado “libre” y “proscrito”.
Finalmente considera que existen dos vías que
dieron origen a la burguesía industrial: a) una parte de los productores
directos se transforman en burgueses industriales y luego controlan el comercio
y b) la burguesía comercial invierte en la producción industrial y se
convierte en burguesía industrial. Es ésta última vía la que se produjo en
México, para dar origen al capitalismo y representa la vía más reaccionaria.
Del análisis de Marx en relación al origen del
capitalismo, queda en evidencia que fue durante la Revolución de Reforma cuando
hizo su aparición el capitalismo en México, como modo de producción dominante,
como lo prueban las medidas más radicales orientadas a eliminar los intereses
económicos de las comunidades indígenas y el clero, con las siguientes
reformas:
a) Ley Lerdo de 1856 enfocada a
la incorporación de las tierras comunales y de la iglesia a la circulación
mercantil que la burguesía demandaba.
b) Nacionalización
de los bienes eclesiásticos en 1859.
Reformas que estuvieron orientadas a “minar” el
poder económico de las comunidades indígenas y el clero, para allanarle el
camino al desarrollo del capitalismo en México. Medidas que beneficiaron
principalmente a los comerciantes, hacendados, rancheros y algunos políticos
liberales, que fueron los que tuvieron los recursos económicos y los medios
para la adquisición de las tierras nacionalizadas y desamortizadas.
Un caso típico de cómo los dirigentes liberales se beneficiaron
de las medidas desamortizadoras y nacionalización de los bienes de la iglesia,
lo menciona Ayala (2004) cuando ocurrió la muerte de Comonfort y en su
testamento “legó a sus hijas seis haciendas, varias casas y edificios
valuados en ochenta y dos mil pesos, más ciento doce mil pesos en efectivo o
metales preciosos, que sumaban más de doscientos mil pesos de la época,
equivalentes a varios millones de dólares, una fortuna nada desdeñable para un
político nacido en un lugar pobretón y que solo había estado unos meses en la
presidencia de un país carcomido por la miseria“.
En Oaxaca también se beneficiaron con la
desamortización de las propiedades rústicas del clero, destacados políticos
liberales allegados a Juárez, entre los que sobresalieron José María Díaz
Ordaz, Ramón Cajiga, Juan Manuel Carlios, Manuel Sánchez Posada, Manuel Pardo y
Gabriel Esperón; al adquirir a bajo precio, cinco haciendas
pertenecientes a la Iglesia en el municipio de Oaxaca (
Ayala, 2004).
En los Valles Centrales de Oaxaca, la
desamortización fue de naturaleza primordialmente urbana, esto es que tuvo que
ver con el centro de la ciudad de Oaxaca y tuvo relación con antiguas
propiedades eclesiásticas. Berry (1989) considera que dado lo compacto del área
y lo quebrado del terreno, no había grandes extensiones de tierra disponibles
para el establecimiento de latifundios tan extensos como en otras regiones de
México, sobre todo del norte. Aunque la tierra del Estado era
bastante rica para el cultivo de toda una variedad de productos agrícolas y el
apacentamiento de rebaños, no existía superficie disponible para la creación de
muchas grandes haciendas, de modo que, en el área rural, la Iglesia no era un
gran terrateniente a mediados del siglo XIX. Tal vez esta sea la razón de que,
a lo largo de décadas, la institución religiosa hubiera concentrado su atención
en los bienes raíces urbanos. Pese al carácter eminentemente urbano que adoptó
la desamortización en el Estado, las pocas propiedades rurales que la Iglesia
poseía y se vio obligada a vender, recibieron atención primordial durante los
meses siguientes a la promulgación de la Ley Lerdo de 1856, e incluso en
años posteriores de vez en cuando siguieron causando polémica. De las 18
haciendas que existieron en los Valles Centrales de Oaxaca al parecer solo 7
pertenecían a la Iglesia en 1858.
Para esta
época no se tienen documentos que constaten la defensa de las tierras de
nuestro pueblo, pero seguramente la implementación de la Ley Lerdo de
1856 y su posterior incorporación en la Constitución Liberal Burguesa de 1857,
legalizaron el despojo de los bienes territoriales y probablemente las
extensiones de la hacienda de Jalapilla aumentaron, ya que el programa del
capitalismo triunfante exigía la privatización de las tierras comunales de los
naturales de los pueblos en general y del pueblo de San Andrés Ixtlahuaca en
particular y, al no haber defensa jurídica de sus posesiones condujo a la
inexistencia de expedientes que avalaran la defensa de sus bienes
territoriales.
La
ausencia de un marco jurídico para la defensa legal de las tierras de los
naturales de nuestra comunidad, no implicó que no hubiera resistencia a los
despojos, ya que seguramente tuvieron que recurrir a la lucha fuera del marco
legal para conservar sus propiedades territoriales, aunque en condiciones más
desfavorables que durante la época colonial.
7. Porfirismo y
revolución democrático-burguesa de 1910-1917
7.1. El Porfirismo
A fines del siglo XIX, la etapa
monopolista del capitalismo mundial y la nueva industrialización exigían
enormes cantidades de materias primas, proporcionadas fundamentalmente por la
agricultura y la industria extractiva para el desarrollo industrial de los
países capitalistas desarrollados, las cuales fueron aportadas por los países
subdesarrollados como México, período en el que arribó al poder político
Porfirio Díaz, cuyo programa de gobierno consistió en la modernización de la
industria y de la agricultura en aquellos sectores más rentables para el
capital extranjero; era tanta la fe del Porfirismo en los capitalistas
extranjeros, a tal grado que produjo un enorme desequilibrio en el desarrollo
económico de las regiones y sectores de la economía, y en lo social resultó una
extrema polarización en la distribución de la riqueza: por un lado, un reducido
grupo de capitalistas subordinados al capital extranjero y por otro una enorme
población de pobres (campesinos, obreros, empleados, etc.).
La política agraria del Porfirismo se caracterizó
por favorecer a los grandes terratenientes y a las compañías deslindadoras
extranjeras a costa de la expropiación de las pequeñas propiedades y tierras
comunales de los indígenas.
Alperovich y Rudenko (1979) señalan que la penetración
del capital extranjero en la economía nacional, se intensificó en la segunda
mitad del siglo XIX y se canalizó fundamentalmente a los siguientes rubros:
acaparamiento de tierras y de vastas regiones forestales; construcción de
ferrocarriles, minería y metalurgia; apoderamiento de las riquezas
petroleras; control de las finanzas y lucha por el control del mercado
mexicano.
La camarilla de Porfirio Díaz desempeñó vergonzoso
papel en el sojuzgamiento del país por el capital extranjero. Esta camarilla es
la más responsable de que el capital extranjero se haya posesionado de los
puestos claves en la economía y de haber dejado en poder de los monopolios
extranjeros el desarrollo económico del país.
La política económica de la camarilla gobernante,
que descaradamente se apoyaba en la supuesta incapacidad del pueblo para
desarrollar de manera independiente la economía, acarreó incalculables
infortunios al país. Con el objeto de alcanzar el desarrollo económico,
político y cultural del país, el gobierno de Díaz comenzó una descarada campaña
para atraer capital y empresarios, con el pretexto de colonizar las tierras
baldías y fomentar el desarrollo de la industria y el transporte, y de
organizar los servicios públicos en las ciudades y puertos.
Los “Científicos”, encabezados por
Limantour, desempeñaron destacado papel en la realización de esta política
anti-nacional del gobierno de Díaz.
El gobierno de Díaz pretendía justificar su
política capituladora argumentando que era menester explotar rápidamente los
recursos del país y crear un México fuerte, capaz de defender su integridad
territorial e independencia política.
En realidad, esta seudo patriótica fraseología
venía a enmascarar la esencia reaccionaria de su política exterior, política
que entregaba a los extranjeros, en particular a los norteamericanos, las
posiciones económicas más importantes del país.
La construcción de las vías férreas por el capital
extranjero, principalmente norteamericano, había crecido enormemente pues
había pasado de una extensión de 650 kilómetros en 1876, a 24 000 kilómetros en
1911, por lo que su control había quedado sometido a los intereses de capital
estadounidense. En armonía con la construcción de las vías férreas, el capital
yanqui penetró en la industria minera y metalúrgica.
Especial interés ofrece la historia de las
inversiones extranjeras en la industria petrolera. Desde 1905, cuando se
descubrió que México tenía grandes reservas de petróleo, este se convirtió en
uno de los factores principales que determinó la política de los de los Estados
Unidos con respecto a México.
El papel rector en toda la vida económica y
política del país recaía en el círculo de personajes que rodeaba a Díaz,
conocidos con el calificativo de “Científicos”. Este grupo no
constituía, en modo alguno, un partido político ni estaba ligado por una
organización formal. Más bien era una camarilla oligárquica organizada a
comienzos de la década de 1890 del siglo XIX. Y agrupaba en su seno a
representantes de la burocracia porfirista, terratenientes, compradores y en
parte, a miembros de la intelectualidad burguesa. Su nombre se debió al hecho
de que, adicta a la filosofía del Positivismo, esa burocracia se pronunciaba
por el empleo del método dizque científico en la administración del Estado.
Los “Científicos”, que amasaban enormes
fortunas a costa de la explotación despiadada de las masas trabajadoras y
mediante oscuros negocios y maquinaciones, preferían actuar no mediante la
violencia sino con métodos más sutiles.
Los “Científicos” eran partidarios de que se
atrajese, por todos los medios, capital extranjero, así como de que se
otorgaran privilegios especiales a empresas de otros países. Fueron ellos los
que sentaron la teoría reaccionaria a propósito del atraso e ignorancia del
pueblo mexicano y, de su incapacidad para marchar por la senda del progreso
económico, social y cultural independientes. Sustentaban el criterio de que sólo
el capital extranjero era capaz de sacar a México del estado de atraso en que
se encontraba. El ideal político de los “Científicos” lo representaba
una oligarquía criolla que gobernara, en estrecha cooperación con el capital
extranjero.
En lo que respecta al campo, el más escandaloso de
los actos legislativos que sirvieron de base a la política agraria, fue el
decreto sobre Colonización y Compañías Deslindadoras, del 15 de diciembre de
1883, promulgado por el Presidente Manuel González. Según ese decreto, las
personas o compañías privadas podían obtener terrenos baldíos so pretexto de
poblarlos. El espíritu del artículo 3 de dicho decreto estipulaba que al ceder
terrenos a los colonos, el gobierno daría preferencia a los extranjeros: Los
terrenos deslindados, medidos, fraccionados y valuados, serán cedidos a los
inmigrantes extranjeros y a los habitantes de la República.
Con base en la Ley de 1883 comenzó el deslinde de
terrenos, lo que dio lugar a una serie de despojos y especulaciones sin fin.
Las concesiones para medir y deslindar tierras correspondían por regla general,
a los íntimos del dictador, a espaldas de quienes, muy a menudo, se encontraban
inversionistas extranjeros, en su mayor parte norteamericanos. Así, sin
limitarse a acaparar los terrenos baldíos, dichas compañías comenzaron a
apoderarse de los terrenos más fértiles de cultivo que pertenecían a pequeños
propietarios. Se entendían por “baldíos”, todos aquellos terrenos cuyos
propietarios no tenían posibilidades de certificar la legalidad de su posesión.
Por su parte, los grandes hacendados podían cercar
sus tierras, que realmente eran baldías, y defenderlas de todo deslinde, pues
eran apoyados por las autoridades locales y, a menudo, por las federales;
podían entenderse, con mayor facilidad, con las compañías, las que en multitud
de ocasiones, les ayudaban a posesionarse de nuevas tierras. En distinta
situación se veían los pequeños propietarios. Pues muchos de ellos, que de
generación en generación venían poseyendo la tierra, carecían de los documentos
que acreditaban su posesión; en consecuencia se veían ante una compleja
disyuntiva: o entablaban litigio, que por lo general siempre resultaba largo y
ruinoso contra las compañías deslindadoras, que contaban con toda clase
de elementos y hasta con el apoyo oficial. O se arreglaban con ellas y pagaban
determinada suma para adquirir los documentos legales y recobrar el derecho de
posesión.
Con semejante política, todas las tierras ociosas,
y parte considerable de las que pertenecía a pequeños propietarios, fueron a
parar a los adictos de Díaz y de capitalistas extranjeros. El total de tierras
acaparadas por las compañías deslindadoras, durante el gobierno de Porfirio
Díaz, ascendió en números redondos a 26 millones de hectáreas.
El gobierno expidió en 1890 una circular enfilada
contra la propiedad comunal de la tierra. La circular prescribió la
distribución de dichas tierras y la entrega de las mismas a sus respectivos
miembros. En cuanto fueron distribuidas, las tierras cayeron en manos de los
terratenientes o de compañías extranjeras que, con la ayuda de los
poderes locales, aprovechaban todos los medios de abuso y engaño para acapararlas.
El campesino iletrado, generalmente indígena, al recibir el documento que le
otorgaba derecho a poseer un pedazo de tierra, ignorando el valor de éste, a
menudo lo cedía al agente de alguna compañía por algunos cuantos almudes de
grano o un regalo, privándose así de su parcela. De esta manera fueron pasando
a manos espurias las tierras más fértiles que aún existían en poder de los
campesinos. Durante la administración de Porfirio Díaz fueron saqueadas
millones de hectáreas de tierras comunales, lo que significó la ruina de
cientos y miles de campesinos.
Consumación de esta serie de actos fatales para los
campesinos, fue la Ley del 26 de marzo de 1894. Dicha ley otorgaba a las
compañías deslindadoras completa libertad para adquirir todos los terrenos que
quisieran y las exentaba del pago de multas en caso de no haber cumplido con
las leyes anteriores acerca de la colonización obligatoria. Esta ley demandaba
de los gobernadores que acelerasen las medidas relativas al deslinde de
terrenos comunales.
Para tener una idea cabal de los efectos de la
política del gobierno porfirista, en materia agraria, es necesario hacer
hincapié en sus resultados. Ante todo, tuvo por consecuencia un gigantesco
desplazamiento de la propiedad territorial, en virtud de lo cual las comunidades
indígenas y la masa de pequeños propietarios quedaron privados de tierras,
mientras que estas se concentraron en un puñado de terratenientes y en unas
cuantas compañías extranjeras. En 1910, el 96.6 % de las familias mexicanas
carecían de tierras. La mayor parte de esta fue a parar a manos de grandes
hacendados que, según el censo de 1910, ascendían a tan solo 8 431.
Según datos de Mendieta y Núñez, el número de
haciendas y ranchos creció de 19 500 en 1876 a 35 479 en 1910.
García de León (1988) se pronuncia en el mismo
sentido, respecto de la gran concentración de la tierra en manos de los
hacendados y compañías deslindadoras, que conjuntamente estas poseían en 1910
en números redondos 168 millones de hectáreas; y, el resto de 32 millones
de hectáreas estaban repartidas entre propietarios extranjeros o
mexicanos ausentistas, pequeños propietarios, comunidades indígenas y fundos
legales.
A principios de la Revolución, finaliza el proceso
de expropiación de las tierras pertenecientes a los campesinos. Hasta la
dictadura de Porfirio Díaz en los estados limítrofes y en ciertas regiones
apartadas de la República, aún se conservaban tierras comunales; pero treinta
años más tarde casi habían desaparecido. En la mayoría de las regiones, la
hacienda casi había absorbido a la comunidad rural. A principios de siglo XX el
99.8 de los habitantes de los estados de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos
carecían de las tierras. Así lo evidencia el siguiente cuadro, en el que las
cifras hablan del enorme incremento del número de haciendas y ranchos durante
el Porfirismo (1876–1910):
Cuadro
2. Haciendas y ranchos en México
Año
|
Ranchos
|
Haciendas
|
1877
|
14705
|
5869
|
1900
|
32557
|
5932
|
1910
|
48633
|
8431
|
Fuente: Jürgen (1979)
Algo similar sucedió en Oaxaca, en donde la cantidad
de haciendas aumentó drásticamente durante el Porfiriato, como lo muestra
el siguiente cuadro:
Cuadro
3. Haciendas y ranchos en Oaxaca
Año
|
Ranchos
|
Haciendas
|
1810
|
269
|
-
|
1857
|
630
|
81
|
1878
|
1826
|
111
|
1910
|
768
|
224
|
Fuente: Dalton (1990)
Para el caso específico de la hacienda de Jalapilla
que avanzó sobre las posesiones territoriales de San Andrés Ixtlahuaca, la
situación era la siguiente:
Cuadro
4. Extensión territorial de la hacienda de Jalapilla
Año
|
Superficie (hectáreas)
|
1810
|
1 700
|
1910
|
5 000
|
Fuentes: Taylor (1973) y
Resolución Presidencial (1929).
Es evidente que el Porfirismo legalizó el mayor
despojo de las tierras de las comunidades indígenas con la expedición de
las Leyes Agrarias, particularmente la Circular de 1890 orientada contra las
propiedades territoriales comunales de los indígenas. En el caso particular,
del pueblo de San Andrés Ixtlahuaca, para conservar sus tierras comunales el
agente municipal el C. Juan Clímaco Sabino en 1892, tuvo que acudir
personalmente a la ciudad de México al Archivo General de la Nación, para
solicitar todos los documentos legales que avalaran las posesiones
territoriales de nuestro pueblo. Este
hecho histórico es digno de resaltarse, porque acontece en el momento en que el
Porfirismo desata su mayor ofensiva contra las propiedades comunales de los
pueblos, y las autoridades de nuestra comunidad no les quedó otra alternativa
que recurrir al Archivo General y Público de la Nación para detener la
aplicación de la Ley Agraria de 1890, mediante la exhibición de títulos de
propiedad de los bienes territoriales de nuestro pueblo.
Los testimonios obtenidos en 1893, en los que se
avalan los títulos de propiedad de las tierras de nuestro pueblo no fueron
tomados en cuenta, a tal grado que la hacienda de Jalapilla para 1910 tenía 5
000 hectáreas de terreno, después de poseer alrededor de 1700 hectáreas en la
época de la Independencia.
Los testimonios de 1893 de los documentos
existentes en el Archivo General de la Nación relacionados con los títulos de
posesión de las tierras de nuestra población, son los únicos documentos de
mayor interés histórico que existen en el Archivo Municipal, después del Título
Primordial de la fundación del pueblo. Y cosa curiosa, en dichos testimonios
sólo se habla de los documentos que amparan la posesión territorial de San
Andrés Ixtlahuaca, hasta 1776, es decir hasta fines de la dominación colonial.
Pero no se dice nada en los años posteriores de la Independencia, La Reforma y
la primera etapa del Porfirismo; tal vez porque al gobierno de Porfirio Díaz no
le convenía, o porque realmente no existían documentos debido a la legalización
del despojo territorial a nuestro pueblo.
7.2.
La Revolución democrático–burguesa de 1910–1917
Durante
el Porfirismo se polarizó la sociedad rural: por un lado se enriqueció
enormemente un reducido grupo de hacendados que concentraron enormes
extensiones de tierras, a tal grado que para 1910 existían 8431 haciendas; en
el otro extremo, se encontraban millones de campesinos pobres en su mayoría carentes
de tierras y en condiciones de pobreza extrema.
Muchos
hacendados principalmente del norte donde las relaciones capitalistas se habían
desarrollado aceleradamente empezaron a interesarse por invertir sus capitales
en la industria, pero en la práctica chocaron con los intereses del capital
extranjero, que tenía enormes privilegios concedidos por el gobierno de Díaz.
La
situación era ya insostenible para 1910, por lo que la burguesía
agraria–industrial representada por Madero, al agotar las posibilidades legales
de acceder al poder político, tuvo que recurrir a la lucha armada en contra de
la dictadura de Porfirio Díaz. En su Plan de San Luis, Madero plantea
claramente su programa de lucha al establecer como principal demanda política
el derrocamiento de Díaz, expresada en su lema: “Sufragio Efectivo No
Reelección” y para lograrlo requería el apoyo de los campesinos, por lo que
en el artículo 3 de su Plan considera la restitución de tierras como demanda
legítima de los campesinos pobres. La incorporación de la restitución de
tierras a los campesinos pobres en su programa, la hizo como una medida
táctica para atraer a su lucha al movimiento campesino, ya que su intención era
eminentemente política y se conformaba únicamente con el relevo de la camarilla
porfirista del gobierno y, con ello solucionar -según él-automáticamente todos
los problemas sociales y económicos del país. En este sentido lo expresa
Montalvo (1988) en Historia de la Cuestión Agraria Mexicana, en la que cita a
Madero e indica que para 1912: “Se ha pretendido que el objeto de la
Revolución de San Luis fuese resolver el problema agrario; no es exacto: la
Revolución de San Luis fue para reconquistar nuestra libertad, porque la
libertad sola resolverá de por sí todos los problemas”. Además, sus
intereses económicos en la agricultura y la industria le impedían avanzar hacia
una profunda transformación socio-económica, como lo prueba la siguiente
información proporcionada por Jürgen (1979): “La familia Madero que jugó un
papel muy decisivo en la primera etapa de la Revolución, es representativa de
esta clase de latifundistas progresistas. Aparte de dedicarse a la producción
de algodón, la familia Madero era activa en la industria textil, empezó con la
producción y transformación de caucho, fundó el primer banco en la frontera
norte, poseía viñas extensas y una serie de lugares de vinos. Cuando se
descubría cobre en sus tierras, ella misma emprendía la extracción y para no
depender de las empresas extranjeras, construyó hornos propios de fundición que
figuraban dentro de las empresas industriales más importantes de México. Su
actividad económica independiente no solamente involucró a los Madero en el
conflicto de intereses con el Estado de Díaz y los “Científicos”, en cuya
política no tenían ninguna influencia, sino también con el capital extranjero,
especialmente con el Trust norteamericano Guggenheim y su American Smelting and
Refining Company. La enemistad de Guggenheim contra la Familia Madero se ve
claramente en que el embajador norteamericano en México, Henry Lane Wilson,
quien desempeñó su cargo gracias a este Trust, participó decisivamente en las
preparaciones del golpe militar contrarrevolucionario del año de 1913 contra el
presidente burgués Francisco I. Madero y de su asesinato”.
Al igual que Madero, Carranza pertenecía a la clase
de los grandes hacendados en el norte del país y por su posición de clase no
era partidario de una revolución social, sólo se circunscribía a medidas
políticas que no afectaran sus intereses económicos de clase.
La Revolución iniciada en 1910 producto de las
contradicciones entre dos fracciones de la burguesía: una muy reducida
poseedora del poder político a través de Porfirio Díaz,
sometida al capital extranjero con intereses en la minería (metales
industriales), ferrocarriles y cultivos de exportación; otra formada por
hacendados inconformes que incursionaban en la industria encabezados primero
por Madero y después por Carranza.
El movimiento armado fue el resultado del
empeoramiento de las condiciones de vida de los campesinos pobres, como
consecuencia de la aparición del capitalismo durante la
Reforma encabezada por Juárez (1856–1860) y
especialmente el Porfiriato (1876–1910), cuando los comuneros indígenas fueron
despojados de gran parte de sus tierras, con lo que se convirtieron en mano de
obra en las haciendas como peones, arrendatarios y aparceros, en condiciones
deplorables, por lo que la revolución la vieron como una oportunidad para la
recuperación de sus tierras perdidas; desplazamiento de los capitales
nacionales por el capital extranjero, junto con una reducida oligarquía
nacional apoyados por la dictadura de Díaz; así como, la inconformidad de los
obreros principalmente en los centros mineros de Cananea Sonora y textileros en
Río Blanco Veracruz, como lo prueban la huelga de 1906 y la rebelión contra el
fallo de Porfirio Díaz a favor de los empresarios textileros en1907.
El asesinato de Madero originó el levantamiento de
Carranza, que al igual que aquel sus demandas eran de carácter político, como
era la destitución de Huerta y respeto a la Constitución burguesa de 1857.
Con la caída de Huerta en 1914 había sido derrotada
la vieja burguesía porfirista. Para Carranza y Obregón la lucha había
terminado, pero para los campesinos pobres, sólo había terminado una etapa y
proseguía la siguiente, consistente en el reparto de las tierras de las
haciendas. Es en esta nueva fase de la Revolución cuando estallaron las
contradicciones de clase: por un lado, se encontraba la burguesía agraria
encabezada por Carranza y Obregón; por el otro los campesinos pobres
básicamente zapatistas compuestos principalmente por pequeños propietarios,
comuneros indígenas y aparceros que luchaban contra los hacendados para
recuperar sus tierras.
El villismo estrictamente no se trató de un
movimiento campesino, pues estuvo formado por vaqueros, pastores, mineros,
ferrocarrileros y braceros; que por sus intereses coincidían más con los
zapatistas, como quedó demostrado en la reunión de Xochimilco entre Villa y
Zapata a fines de 1914. Sin embargo, sus intereses de clase no coincidían en lo
fundamental, por lo tanto no fueron capaces de articular un proyecto nacional
que expresara sus intereses para orientar sus luchas en forma independiente de
la burguesía, lo que repercutió posteriormente en su derrota militar, primero
de Villa y luego de Zapata. No fue su falta de heroísmo y valor lo que los
llevó a la derrota, más bien hizo falta la presencia de una clase obrera más
desarrollada capaz de elaborar una alternativa programática y organizativa
independiente de la burguesía, para aglutinar a los villistas y zapatistas en
la lucha contra sus enemigos de clase liderados por Carranza y Obregón. Por el
contrario, los contingentes obreros fueron “arrastrados” a las posiciones de la
burguesía y organizados en los “Batallones Rojos”, participaron
militarmente al lado de Obregón para luchar en contra del ejército de
Francisco Villa.
La posición de clase burguesa de Madero y de
Carranza impidió en el inicio de la Revolución la incorporación en sus
programas el reparto de tierras a los campesinos y, mejoramiento de las
condiciones de los obreros en las empresas, pero en el fragor de la lucha y
para evitar que rebasaran los marcos del capitalismo, se vieron obligados a
considerar algunas demandas, especialmente la restitución de tierras plasmada en
la Ley Agraria del 6 de enero de 1915.
A pesar del triunfo del proyecto de la burguesía
agraria–industrial en 1917, el desenvolvimiento de la lucha obligó a la
fracción capitalista vencedora a incorporar los intereses de los obreros y
campesinos pobres, expresados en los artículos 123 y 27 Constitucionales
respectivamente, artículos que sirvieron de programa a los posteriores
gobiernos para reglamentar las relaciones obrero–patronales y el reparto de tierras.
7.3. Reparto agrario al pueblo de San Andrés Ixtlahuaca
En el marco jurídico de la Ley Agraria del 6
de enero de 1915 y una vez establecidas las autoridades constitucionalistas en
Oaxaca, en 1916 las autoridades municipales de San Andrés Ixtlahuaca,
encabezadas por el presidente municipal Manuel Natividad Díaz, solicitaron al
gobernador del Estado la restitución de las tierras de las que habían sido
despojados desde la dominación colonial hasta el Porfirismo. Esta petición se
dio en el fragor de la lucha revolucionaria, entre los “carrancistas” para
ganarse el apoyo de los campesinos en su lucha contra los “viejos” porfiristas,
representados por el gobernador del Estado de Oaxaca José Inés Dávila, que con
la “máscara” de la “soberanía” ocultaba su oposición a la revolución.
En respuesta a la solicitud de restitución de
tierras, la autoridad agraria realizó un estudio socio-económico en 1924, con
base en el Código Agrario expedido por el gobierno de Álvaro Obregón en 1922,
cuyos resultados se muestran en el cuadro siguiente:
Cuadro
5. Tenencia de la tierra (1924)
Tenencia
|
Superficie (hectáreas)
|
Beneficiarios
(familias)
|
Comunal
|
1450
|
Pueblo
|
Pequeña propiedad
|
136
|
86
|
Perímetro urbano
|
28
|
Pueblo
|
Total
|
1614
|
|
Fuente: Resolución Presidencial (1929)
Del mismo informe socio-económico de 1924, se desprende que en la población
existían 200 familias y de acuerdo con El Reglamento Agrario del 10 de abril de
1922, para cubrir sus necesidades socio-económicas, cada familia requería una superficie
territorial de 14.45 hectáreas, que multiplicadas por el número de familias
indicadas da un total de 2 890 hectáreas, de las cuales se descontaron las 1
450 hectáreas de propiedad comunal poseídas por el Pueblo de San Andrés
Ixtlahuaca; dando como resultado la Resolución Presidencial de 1929 en la que
se dota con 1440 de tierras ejidales (2890 -1450= 1440).
La situación de la posesión territorial de nuestro
pueblo, después de la Resolución Presidencial de 1929, se expresa en el
siguiente cuadro:
Cuadro
6. Tenencia de la tierra (1929)
Tenencia
|
Superficie (hectáreas)
|
Beneficiarios
(familias)
|
Comunal
|
1450
|
Pueblo
|
Ejidal
|
1440
|
200
|
Pequeña propiedad
|
136
|
86
|
Perímetro urbano
|
28
|
Pueblo
|
Total
|
3054
|
|
Fuente: Resolución Presidencial (1929)
La Resolución Presidencial de 1929, es el documento
agrario más importante en posesión del Comisariado Ejidal, que legaliza la
propiedad de las 1440 hectáreas de tierras ejidales; sin embargo, en el mismo
texto en el que se justifica la dotación agraria, se mencionan las 1450
hectáreas de tierras comunales, que por desconocimiento de las autoridades
municipales y particularmente de las agrarias de nuestro pueblo, han sido
consideradas como “municipales”, cuando para la Ley Agraria no existe el
régimen de propiedad municipal; además, los Alcaldes encargados en los pueblos
del apeo y deslinde de terrenos, también, por desconocimiento de la Resolución
Presidencial de 1929, han venido realizando mediciones de terrenos que son en
realidad comunales, con lo que han estado legalizando su privatización.
El plano de las terrenos del pueblo de San Andrés Ixtlahuaca, que incluye las tierras comunales (1450), los terrenos de pequeña propiedad (136) y 28 de zona urbana se muestran en el siguiente mapa.
Mapa de tierras del Pueblos de San Andrés Ixtlahuaca
Así pues, en 1929 se cierra otro capítulo en la
historia agraria de nuestro pueblo y aunque no se pudo recuperar la totalidad
de las tierras que originalmente pertenecieron a nuestro pueblo, si representó
la mayor conquista agraria desde 1582, cuando inició la lucha por la defensa de
sus posesiones territoriales durante la Colonia. Para la recuperación parcial
de sus tierras, tuvieron que pasar 100 años y para ello fue necesaria una
revolución, para que el pueblo de San Andrés Ixtlahuaca, fuera dotado con 1440
hectáreas de tierras ejidales.
En 1941 San Andrés Ixtlahuaca tuvo conflicto por
límites territoriales con San Felipe Tejalapan, por lo que la Liga de
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Oaxaca, solicitó al
C. Jefe del Departamento Agrario su intervención para solucionar este litigio
agrario. En respuesta a la petición, el 17 de marzo de 1943, el Presidente de
la república Manuel Ávila Camacho, expidió Resolución Presidencial en la que se
confirma y titula a San Andrés Ixtlahuaca, una superficie comunal de 91.00
hectáreas.
La
superficie comunal confirmada y titulada al pueblo de san Andrés Ixtlahuaca de
91.00 hectáreas, son parte de las 1450 hectáreas comunales que en 1924 reportó
el estudio técnico y socio-económico; en consecuencia, falta la confirmación y
titulación del resto de tierras comunales.
8. Litigio agrario con Jalapa del Valle
Las raíces del conflicto agrario con la Agencia
Municipal de Jalapa del Valle dependiente del Municipio de San Felipe
Tejalapan, se remonta a la Resolución Presidencia de 1929 en la que el
Municipio de San Andrés Ixtlahuaca es dotado de 1440 hectáreas de tierras
ejidales pertenecientes a la hacienda de Jalapilla. El casco de la
hacienda se localizaba en la margen oriental del río en el área de influencia
del pueblo de Jalapa del Valle, por consiguiente, los peones “acasillados”
que laboraban en la hacienda provenían de dicha población, así como muchos
aparceros (“medieros”) nativos de rancherías aledañas: La Toma, Las
Salinas, La Hierba Buena, Betanzo y El Conejo; todas enclavadas dentro de las
tierras ejidales dotadas al pueblo de San Andrés Ixtlahuaca y que antes de la
Resolución Presidencial de 1929 pertenecían a la hacienda de Jalapilla. Para
evitar ser expulsados de las tierras expropiadas a la hacienda de Jalapilla, en
las que trabajaban como peones y aparceros, aceptaron ser medieros del
ejido de San Andrés Ixtlahuaca, entregar el 50 % de las cosechas levantadas y
pagar renta de pastos.
El conflicto permaneció latente hasta 1953; sin
embargo, en 1954 estalla como consecuencia de una invasión violenta de las
tierras ejidales de San Andrés Ixtlahuaca, por parte de pobladores de Jalapa
del Valle (Gómez, 2006).
El conflicto continúo, de tal forma que el 26 de
marzo de 1955 se produjo un incendio en un horno de carbón de Jalapa del Valle
que, se extendió en 10 hectáreas desde el arroyo la “Corona” hasta el mogote
del mismo nombre en la Cieneguilla. Dos días después las autoridades de San
Andrés Ixtlahuaca dirigen un escrito al C. Presidente de la República, en el
que explican que el origen del conflicto agrario se remonta al 17 de enero de
1929, cuando se publica la Resolución Presidencial, por medio de la cual se
dotan 1440 hectáreas ejidales de la hacienda de Jalapilla y, se entregan a los
ejidatarios de San Andrés Ixtlahuaca, provocando descontento y una serie de
invasiones por parte de vecinos de Jalapa del Valle, a tal grado que el 24 de
junio de 1954 es asesinado el C. Dionisio Rodríguez Ibáñez, originario de San
Andrés Ixtlahuaca, crimen que nunca fue aclarado.
El problema se complica el 29 de agosto de 1954,
cuando fueron expedidos certificados de derechos agrarios a 132 campesinos
originarios de Jalapa del Valle, cuyos títulos los acreditaba como ejidatarios
de San Andrés Ixtlahuaca, pero nunca fueron reconocidos como tales por el
Comisariado Ejidal.
Las autoridades de San Andrés Ixtlahuaca solicitan
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amparo, contra la
expedición de los certificados agrarios a campesinos de Jalapa del Valle en
terrenos ejidales de dicho pueblo. El 9 de diciembre de 1957 la SCJN falla a
favor del pueblo de San Andrés Ixtlahuaca y anula los 132 certificados agrarios
ejidales otorgados a pobladores de Jalapa del Valle, y ordena que retiren su
ganado y se abstengan de seguir invadiendo terrenos ejidales de los ciudadanos
de San Andrés Ixtlahuaca.
El Amparo a favor de las autoridades de San Andrés
Ixtlahuaca, no resolvió el conflicto agrario con Jalapa del Valle. Siguieron
las invasiones de tierras ejidales y los enfrentamientos armados, a tal extremo
que un grupo paramilitar dirigido por el General Adalberto Reyes Gil el 9 de
noviembre de 1959, a las seis de la mañana invadió terrenos ejidales en la
Agencia de la Cieneguilla, acción armada que fue denunciada por El C. Tomás
Morales Santiago y Juan Ramírez Morales, autoridades agrarias de San Andrés
Ixtlahuaca, en los siguientes términos:
“Penetraron en la Ranchería Cieneguilla, un numeroso
grupo de gente armada de Jalapa del Valle, con un pelotón de soldados del 18
Batallón de Infantería, disparando sus armas, probablemente para amedrentar a
los vecinos de la Ranchería, resultando lesionado el joven Calixto Santiago,
vecino del citado rancho, atravesándole la pierna de un balazo, por lo que los
vecinos de la Ranchería Cieneguilla tuvieron que huir por los montes, dejando
sus hogares. El ejidatario Aurelio Morales, por encontrarse con una pierna
amputada fue el único que no pudo huir siendo brutalmente golpeado por los
soldados federales, las mujeres que no pudieron huir fueron amenazadas y
golpeadas, pues se les exigía que entregaran a sus maridos, hay que hacer
mención que los vecinos de la Ranchería Cieneguilla apenas si hablan el
castellano, pues solo usan el dialecto mixteco, por tal motivo, no tuvieron
medios de defensa, que por medio de la expresión, hay que mencionar que estos
vecinos de la Ranchería Cieneguilla huyeron todos por diferentes rumbos y
fueron regresando poco a poco a sus hogares hasta los 10 o 15 días, y solo
tenemos que lamentar la desaparición del joven de 17 años de edad, Manuel
Santiago, que no ha regresado a su hogar, pues se cree que fue muerto, salvo en
el caso de que se haya ido lejos por temor; pero también tenemos que agregar
que los vecinos de Jalapa del Valle, el mismo día 9 de noviembre volvieron a
penetrar en la noche en la Ranchería de Cieneguilla, en esta vez se llevaron 6
yuntas de los ejidatarios de Cieneguilla, en esta ocasión ya no fueron los
soldados, pero se dedicaron a llevarse, además de las yuntas, semillas, frijol,
maíz y aperos de labranza”.
En la defensa del ejido murieron varios ciudadanos
del pueblo, incluyendo el Presidente del Comisariado Ejidal Tomás Morales López
en 1959, lo sucedió en el cargo por segunda ocasión el C. Juan Cruz, quien se
caracterizó por su gran valentía para defender el ejido. La autoridad municipal
destacó por su gran apoyo, particularmente los C.C. Antonio Martínez Vásquez y Fortino
Ruíz Sabino.
Es evidente que el conflicto se desenvolvió en dos
frentes: el armado que se desarrolló entre 1954 y 1965 y costó varias vidas
humanas a nuestro pueblo; y en el frente jurídico destacaron por su habilidad
en la defensa legal del ejido los C.C. Carlos Juárez Cruz, Álvaro Ramírez Cruz
y Fortino Ruiz Sabino.
Junto con la guerra sucia, las autoridades de
Jalapa del Valle solicitaron amparo a la SCJN en su fallo a favor de San
Andrés Ixtlahuaca de 1957, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
nuevamente tuvo que fallar a favor de las autoridades de San Andrés Ixtlahuaca
en 1965. Con este fallo se “cierra” jurídicamente el conflicto agrario con
Jalapa del Valle.
9. Contrarreforma al artículo 27 Constitucional
La Revolución de 1910–1917 abrió las posibilidades
del desarrollo industrial del país, sobre todo después de las reformas del
gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), específicamente el reparto de tierras
y las nacionalizaciones del petróleo y los ferrocarriles; transformaciones que
sirvieron de base a la industrialización en el período de 1940–1970; cuyos
gobiernos en general representaron los intereses de la burguesía industrial,
comercial y agraria; pero para 1982 es desplazada del poder político por la
oligarquía financiera (grupo reducido de grandes empresarios relacionados con
el sector financiero y sometidos al capital extranjero) y cuyos gobiernos desde
entonces vienen implementando políticas de desmantelamiento de las conquistas
históricas de los trabajadores y campesinos pobres.
La Jornada (1994) en un suplemento especial,
escribe que una de las reformas más reaccionarias de los
gobiernos tecnócratas fue la Reforma del Artículo 27 Constitucional de 1992,
durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari; reforma que solo puede ser
comparada con la Ley Lerdo de 1856 y La ley de 1890 del Gobierno de Díaz, ya
que al igual que aquellas leyes tiene un carácter marcadamente anti-popular y
también atenta contra los ejidos y bienes comunales de los pueblos. La
experiencia histórica demuestra que estas leyes en los hechos legalizan el
despojo de las tierras patrimoniales de nuestras comunidades y lo que provocarán
es una nueva re-concentración de las tierras en manos de grandes terratenientes
poseedores del dinero que lucran con la miseria de los pueblos.
El programa PROCEDE (Programa de Certificación de
Derechos Ejidales) es el “brazo” jurídico y técnico de la
contrarreforma del artículo 27 Constitucional y tiene la finalidad de parcelar
en propiedad privada las tierras ejidales y comunales de los pueblos, que dada
la pobreza en que se encuentran acabarán vendiendo su patrimonio territorial
que ha costado vidas y siglos de lucha a los pueblos.
La Nueva Legislación Agraria
elaborada por los tecnócratas para justificar la contrarreforma al Artículo 27
Constitucional, es un atentado contra las conquistas agrarias de los
campesinos, particularmente, la propiedad social de la tierra (ejidal y
comunal), resultado de la la Revolución de
1910-1917, en la que un millón de personas perdieron la vida. La reforma del
Artículo 27 Constitucional y la Ley Agraria, decretada en los primeros meses de
1992, cancelan las conquistas históricas de los campesinos y abren las puertas
del sector social más pobre e indefenso de la población rural, al suprimir el
carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de la propiedad ejidal y
comunal, para su privatización y la consecuente concentración monopólica de
tierras en enormes latifundios.
Más allá de su discurso aparentemente
pro-campesino, la Nueva Ley Agraria (Artículo 27, Ley Reglamentaria, Ley
Forestal y Ley de Aguas) es, en el fondo, un nuevo monumento al latifundio, un
manual casi perfecto para el monopolio rural.
Hoy con la nueva legislación neoliberal cualquier
propiedad por gigantesca que sea no alcanza a transgredir tan bondadosa ley. Si
en el pasado la Ley Agraria protegía la propiedad social y, salvo a los "pequeños"
ganaderos, mantenía a raya las grandes propiedades, hoy sucede todo lo
contrario: El Ejido y las comunidades indígenas son sujetos de ser afectados y
en cambio los latifundios (presentes y los futuros que se formen al amparo de
la nueva ley) gozan de la más completa impunidad al quedar cancelado el reparto
agrario.
No se
necesita más que un poco de sentido común, que es la intuición de los pueblos,
para descubrir que las reformas neoliberales constituyen una nueva política
agrícola, que atenta contra las conquistas y derechos de millones de campesinos
pobres, para ofrecer los recursos del campo a una nueva clase de
terratenientes.
El
capitalismo está llegando a su límite, ya no da para más, pues se encuentra en
una profunda crisis económica, social, política, moral y ambiental; por
lo que hoy más que nunca están dadas las condiciones objetivas para su relevo
por un sistema en el que sean realmente las clases populares (campesinos
pobres, obreros, empleados, profesionistas, etc.) las que arriben al poder
político y tomen en sus manos el destino del país, impulsando un nuevo modelo
de desarrollo sostenible verdaderamente popular. Para ello será necesario elaborar
un programa que dé rumbo a la lucha, la organización popular y la estrategia y
tácticas adecuadas para lograr los objetivos y las metas planteadas.
10. Conclusiones
De acuerdo a las fuentes de información consultadas
en el archivo municipal: Título Primordial de fundación de 1836–1837,
testimonios de 1892–1893, defensa legal de las tierras de San Andrés
Ixtlahuaca por parte del Abogado Joaquín Guerrero y Tagle de 1776–1777 y
Resoluciones Presidenciales de 1929 y 1943, podemos llegar a las siguientes
conclusiones:
Después de un período de transición de 1522 a 1581,
en 1582 se inició el proceso de despojo de los bienes territoriales comunales
avalado por las autoridades de Teozapotlán, cabecera de la que dependía
nuestro pueblo, a través del “préstamo“
de 50 medidas de tierras a los hermanos Caro Manrique y Melchor de Abendaño.
Posteriormente alrededor de 1623, las tierras “prestadas“ fueron
heredadas a los descendientes de Melchor de Abendaño y al siguiente año en 1624
el Alcalde Mayor de la ciudad de Antequera dio posesión oficial de las tierras
a Pedro de Zárate; hecho que formalmente inaugura la aparición de la hacienda
de Jalapilla. Este hecho marca un cambio de calidad, ya que en por esta época a
nivel regional, estatal y nacional, se establece un nuevo Modo de Producción en
el que las haciendas son la base de la producción en el campo mexicano y que
por sus características corresponden al Modo de Producción Feudal. Este sistema
se consolidó durante todo el siglo XVII, y perduró hasta la segunda mitad del
siglo XIX, cuando fue relevado parcialmente por el capitalismo.
A fines del siglo XVII (1699) la hacienda de Jalapilla
en contubernio con las autoridades virreinales se apropió de otros tres sitios:
Melchor de Abendaño, El Zapote y Guiconachapa, acción que incrementó
significativamente la superficie de dicha hacienda.
La consolidación del Modo de Producción Feudal
sentó las bases para que la economía creciera durante el siglo XVIII y, sobre
todo en la segunda mitad en la que se dio un crecimiento económico
generalizado, resultado de las medidas liberales (capitalistas) implementadas y
como era natural produjeron por un lado la concentración de la riqueza en manos
de los comerciantes, empresas mineras y grandes hacendados; contrastando con la
miseria de la mayoría de la población. Esta polarización social creó las
condiciones para el surgimiento de la Revolución de Independencia; que a pesar
de sus limitaciones favoreció las condiciones para el surgimiento de un nuevo
sistema de producción: el capitalismo. Los representantes de éste nuevo
sistema: el capital industrial y comercial, sobre todo el primero careció del
ímpetu necesario para encabezar la Independencia por lo que dicho proceso
revolucionario lo consumaron las clases conservadoras: la Iglesia y los
hacendados. Estos, cuyas expresiones políticas fueron los Conservadores y
Liberales respectivamente; ya libres de la dominación española entraron en
confrontación por el poder político y al no tener la fuerza necesaria para
derrotarse se mantuvieron en equilibrio alternándose en los gobiernos, dando
origen a lo que se conoce en la historia oficial como el período de la “Anarquía”
que va de 1821 a 1854. Después de este período de “anarquía” se inicia
la lucha decisiva: por un lado la Iglesia como principal representante del
viejo modo de producción feudal, por el otro la burguesía encabezada por los
hacendados, rancheros y comerciantes liderados por los liberales con Juárez
como figura indiscutible. La necesidad histórica del capitalismo se impuso y
vencieron los liberales con la implementación de la Ley Lerdo de 1856 y las
Leyes de Reforma de 1859, encaminadas a eliminar los monopolios territoriales
de la iglesia y las comunidades indígenas para lanzar la tierra y la fuerza de
trabajo de los comuneros a la circulación mercantil, medidas que el capitalismo
naciente exigía. Los resultados fueron funestos para las comunidades indígenas
y para la Iglesia; los que se beneficiaron fueron los comerciantes, rancheros y
políticos liberales que tuvieron los recursos y los medios para apoderarse de
los bienes nacionalizados y desamortizados.
Para ésta época no se cuenta con documentos que
avalen las posesiones territoriales de la comunidad de San Andrés Ixtlahuaca,
pero seguramente con la implementación de la Ley Lerdo de 1856 y su posterior
incorporación a la Constitución liberal–burguesa de 1857, sus bienes
territoriales se vieron reducidos por la implementación de las medidas de corte
capitalista.
El Porfirismo representó la profundización de las
medidas liberales burguesas y sobre todo las medidas anti campesinas
implementadas en las Leyes Agrarias de 1883, 1890 y 1894, con las que dio el
tiro de gracia a las comunidades indígenas; pues con estas reformas el
campesinado no tuvo ninguna defensa y sus tierras fueron a parar en poder de
los hacendados, como lo prueba el hecho de que la hacienda de Jalapilla,
aumentó su extensión territorial de alrededor de 1,700 hectáreas en 1810 a casi
5,000 a fines del Porfiriato.
El despojo de las comunidades indígenas fue tan
descarado y violento, que la mayoría de comuneros indígenas fueron despojados
de sus medios de producción, con lo que se generó la propiedad capitalista y la
mano de obra “libre” para ser contratada por el capital.
Las medidas capitalistas durante el gobierno de
Porfirio Días fueron de tal magnitud, que produjeron una polarización social
tan marcada que sentaron las bases para el estallamiento
de la Revolución democrático–burguesa de 1910–1917.
Fue necesaria una revolución política y social para
que se hiciera justicia a los campesinos pobres mediante la restitución y
dotación de ejidos, tal como lo soñaron Hidalgo y Morelos durante la
Independencia, como lo probó el hecho de que el pueblo de San Andrés
Ixtlahuaca, en plena Revolución de 1910–1917, representado por sus
autoridades municipales y en el marco de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915,
solicitaron la restitución de las tierras que la hacienda de Jalapilla les
había despojado y, después de los estudios socio-económicos de rigor realizados
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 de la Constitución General de la
República, las autoridades agrarias procedieron a la dotación de 1,440
hectáreas de tierras ejidales, según Resolución Presidencial de 1929, que
aunadas a las 1,450 hectáreas comunales, dentro de las cuales están 91
hectáreas comunales obtenidas de litigio agrario con el pueblo de San Felipe
Tejalapan en 1943; 136 hectáreas de pequeña propiedad y 28 de perímetro urbano,
dando un total de 3 054 hectáreas; extensión
que aunque representa una mínima parte de las posesiones originales, representó
la mayor conquista agraria desde la época colonial.
La
falta de difusión por parte de las autoridades agrarias de la Resolución
Presidencial de 1929 y el plano de ubicación de las tierras, especialmente de
las tierras comunales de nuestro pueblo, ha provocado, que los
alcaldes por desconocimiento hayan deslindado desde 1929 a la fecha tierras
comunales, con lo que han avalado la privatización y con ello la
mercantilización (compra-venta) de las mismas. Para evitar que este problema
siga creciendo es indispensable que haya una coordinación entre las autoridades
agrarias (ejidal y comunal), las autoridades municipales y el Alcalde y sobre todo
que conozcan por lo menos el documento de la Resolución Presidencial de 1929 y
el plano que la acompaña.
La
lucha por la tierra no culminó con la Resolución Presidencial de 1929, pues en
la década de los años 50’s del siglo pasado, se inició conflicto con Jalapa del
Valle, por la solicitud de ésta agencia para ampliar su ejido. La defensa de
nuestro pueblo de las tierras ejidales fue heroica y en la lucha entregaron su
vida personas del Comisariado Ejidal y ciudadanos de nuestro pueblo; pero al
final se conservaron nuestros bienes territoriales ejidales.
Aparentemente con esta lucha sangrienta con Jalapa
del Valle había culminado la defensa de nuestras tierras ejidales, pero para
1982 se inicia una nueva etapa del Capitalismo en México, en la que una oligarquía
financiera (grupo reducido de grandes capitalistas nacionales relacionados con
el sector financiero y subordinados al capital extranjero) se apoderó del poder
político y en el aspecto socio-económico implementa un programa neoliberal
basado en la privatización de todos los bienes del Estado, incluyendo las
tierras ejidales para lanzarlas a manos particulares para la libre inversión de
los capitales privados. Esta medida se circunscribe en el marco de la
contrarreforma al artículo 27 Constitucional en 1992, con el claro propósito de
privatizar las tierras ejidales y comunales y como es de esperarse, esto
producirá una enorme concentración de las tierras en manos de los
terratenientes como se dio en la época del Porfirismo.
Ante esta nueva situación los pueblos en general, y
particularmente el pueblo de San Andrés Ixtlahuaca, deben estar atentos para
defender sus propiedades ejidales y comunales de las medidas privatizadoras del
gobierno.
En suma desde la llegada de los españoles, se
inauguró una larga etapa histórica por la defensa de las propiedades
territoriales de nuestro pueblo, y ésta lucha continúa porque los que detentan
el poder político no representan los intereses económicos del pueblo
trabajador.
Recuerden
los gobiernos liberales y neoliberales, que sus reformas ahora llamadas
estructurales, por la enorme polarización social de la riqueza que generan,
siempre han desembocado en revoluciones como lo demuestran las medidas
implementadas por los Borbones a fines del siglo XVIII, las Leyes
liberales-burguesas de la Reforma de mediados del siglo XIX y el programa
reformista liberal de Porfirio Díaz. Las condiciones han cambiado y las clases
portadoras del futuro han avanzado, y ya no estamos para que minorías accedan
al poder político como ha sucedido hasta el presente. Está llegando la hora de
las grandes transformaciones en beneficio de las mayorías explotadas: las
condiciones objetivas están dadas como lo evidencia la profunda crisis del
sistema capitalista, la enorme miseria en que viven millones de compatriotas,
aumento de la inconformidad social, derrumbe del Modelo Neoliberal; su triunfo
depende de un programa claro, de una organización acorde con las nuevas
circunstancias y de una estrategia y tácticas adecuadas.
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Glosario (Taylor, 1988)
Abasto
de carne. Monopolio en el abasto local
de carne.
Albacea. Ejecutor de voluntad testamentaria designada por el
testador para el cumplimiento del contenido del testamento.
Alcalde
Mayor. Funcionario español a cargo
de un distrito.
Almud. Unidad de medida seca; un doceavo de fanega.
Bando. Proclamación.
Barrio. Vecindario de una comunidad; formado a veces por un
linaje o una pequeña cantidad de linajes en un poblado indio.
Braza. Unidad de medida; dos varas.
Caballería. Unidad de terreno agrícola; aproximadamente 42.5 hectáreas.
Cabecera. Poblado principal.
Cabildo. Consejo municipal.
Cacica. Jefa india.
Cacicazgo. Propiedad de un cacique.
Cacique. Jefe o gobernante local, hereditario.
Capellanía. Donación eclesiástica; concesión para financiar ciertas
ceremonias de la iglesia, como la celebración periódica de misas en honor del
donante.
Casco. Edificios permanentes de una hacienda.
Cédula
real. Orden real.
Censo. Hipoteca o préstamo.
Censo
perpetuo. Concesión enfitéutica; una
especie de renta a perpetuidad.
Cofradía. Fraternidad; hermandad laica responsable del
financiamiento de los servicios religiosos de una comunidad y del mantenimiento
de la iglesia local.
Composición
de tierras. Legalización de un título.
Congregación. Concentración de asentamientos esparcidos en una sola
comunidad.
Corregidor
de indios. Funcionario español a cargo
de un distrito indio local.
Corregimiento. Jurisdicción de un corregidor.
Cura. Sacerdote de la parroquia.
Desamortizar. Poner en estado de venta los bienes de “manos muertas”,
mediante disposiciones legales. Dejar libre los bienes amortizados.
Doctrina. Jurisdicción o cabecera de una parroquia.
Dueño. Propietario.
Ejido. Tipo de tierra comunitaria.
Encomendero. Poseedor de una encomienda.
Encomienda. Concesión de un poblado o poblados indígenas, con el
derecho a exigir tributo.
Entrada. Rápido ataque invasor de una expedición española.
Estancia
de ganado mayor. Rancho ganadero; en
teoría de unas 4.3 hectáreas.
Estancia
de ganado menor. Rancho lanar o caprino;
en teoría de unas 2 hectáreas.
Fanega. Unidad de medida seca. Equivalente a unos 50 litros.
Fanega
de sembradura. Zona sembrada con una fanega
de semillas; alrededor de 1.5 hectáreas.
Fundo
legal. Territorio al que tenía
derecho cada comunidad; en el período colonial tardío era de 600 varas por 600
varas.
Ganado
mayor. Ganado, caballos y mulas.
Ganado
menor. Ovejas, cabras y cerdos.
Hacendado. Dueño de una hacienda.
Hacienda. Propiedad territorial con una base económica mixta de
ganadería y agricultura.
Herido
de molino. Sitio de molino.
Labor. Pequeña propiedad territorial dedicada en su mayor
parte a la agricultura.
Legua. Distancia que cubre una mula en una hora; se acepta en
general que es el equivalente a 6.6 kilómetros.
Macehual. Comunero indio.
Maguey. Agave; el origen del pulque.
Mayeque. Indio de una clase subordinada, por debajo de un
macehual y generalmente dependiente de un noble indio.
Mayorazgo. Propiedad sujeta a vínculo.
Medida. Unidad de terreno agrícola; alrededor de 0.2 hectáreas
en el Valle de Oaxaca.
Merced. Concesión real o virreinal.
Mestizo. Persona de origen mixto indio y blanco.
Mezcal. Licor obtenido de una especie de maguey.
Minifundio. División de un terreno agrícola en pequeñas parcelas.
Obraje. Taller, particularmente de textiles.
Obra
pía. Fondo o establecimiento
caritativo.
Paraje. Marca de frontera.
Peso
de oro común. Unidad monetaria; ocho
reales.
Pregón. Anuncio público de la venta de propiedad privada.
Primitivo
patrimonio. Propiedad india en la época
de la conquista.
Principal. Miembro de la clase alta india; nivel hereditario.
Pueblo. Poblado; generalmente se refiere a comunidades indias
pequeñas y medianas.
Pulque. Licor obtenido del maguey.
Real. Unidad monetaria; un octavo de peso.
Repartimiento. Reclutamiento de mano de obra.
Salina. Depósito de sal.
Sementera. Parcela de tierra cultivada.
Sarape. Capa de lana.
Solar. Parcela de una casa.
Suerte. Parcela.
Sujeto. Poblado subordinado.
Temporal. Tierras de cultivo no irrigadas.
Terrazguero. Indio subordinado; particularmente los aparceros.
Tianguis. Mercado indio.
Tierras
realengas. Tierras reales, incluyendo
bosques, ríos, reservas para la cacería y depósitos de cal.
Toma
de agua. Fuente de agua.
Trapiche. Molino de azúcar.
Vara. Unidad de medida. Alrededor de 84 centímetros.
Veintena. Un impuesto del 5 % en las tierras transferidas a un
nuevo dueño.
Villa. Corporación municipal a un nivel debajo de la ciudad.
Visita. Pequeña comunidad subordinada a una cabecera religiosa.
Vista
de ojos. Inspección limítrofe.
Vocales. Electores en la elección de un cabildo.
Zontle. Cuatrocientos (atados).
