IV. NEOLIBERALISMO EN MEXICO: POLITICA CONTRARREVOLUCIONARIA DE LA OLIGARQUIA FINANCIERA (1982-2015)
Valentín Vásquez
Oaxaca, México
valeitvo@yahoo.com.mx
1.
Introducción
El rasgo esencial del capitalismo financiero actual en México, no es en el sentido clásico como se concebía a principios del siglo pasado en los países capitalistas desarrollados, en los que fue el resultado de la fusión del capital bancario con el industrial; más bien, se trata de un capital financiero desvinculado de la economía real productiva, centrado principalmente en las empresas comerciales y de servicios.
Con la nacionalización de
los bancos en septiembre de 1982, el Estado, particularmente el gobierno,
aparentemente había resultado el triunfador contra el capital financiero; sin embargo, la
victoria fue parcial y temporal, puesto que para fines del mismo año, el nuevo
gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) inició una política económica al
servicio del capital financiero, conocida como neoliberalismo, cuyo eje central es el libre mercado, en el que el Estado, tenía que dejar de ser propietario y dejar la política económica a la libre acción de las fuerzas del mercado. En este sentido, una de las
estrategias fue la privatización masiva de empresas del Estado, demanda exigida por el capital financiero, desde la creación del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) en 1975 en su confrontación con el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976). Con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se produce
un “salto” en la consolidación del capital financiero, ya que se produce una
segunda “ola” de privatizaciones, que aunque no fue masiva, como en el gobierno anterior, se trató empresas estratégicas del Estado, destacando Teléfonos de
México (Telmex) y los bancos nacionalizados. Mención especial requiere la
Reforma al Artículo 27 Constitucional, en la que se legaliza la formación de
Sociedades Mercantiles, con el fin de dar facilidades al capital privado para
invertir en la agricultura y con ello favorecer la privatización de las tierras
ejidales y comunales en el campo. Con el siguiente gobierno de Ernesto Zedillo
(1994-2000) continua el proceso de privatización de empresas del Estado, entre
las que sobresalen los Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales),
comunicación satelital, petroquímica y privatización de pensiones del IMSS. Con
el primer gobierno del PAN, el de Vicente Fox (2000-2006) se realizó la venta
al capital extranjero de los bancos nacionales, ya que Banamex fue adquirido
por el Banco estadounidense Citigroup, Bancomer por Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA) de nacionalidad española, Serfin por el Banco español
Santander, Internacional por HSBC de capital británico e Inverlat por el banco
canadiense Scotia Bank; así el 80 % de los bancos está en poder del capital
extranjero, quedando el restante 20% en poder de Banorte, único banco de
capital nacional. Con el segundo gobierno del PAN, el de Felipe Calderón
(2006-2012), se crean las condiciones para la privatización del sector
energético al facilitar la entrada de capital extranjero, así como la derrota
en 2009 del último bastión sindical representado por el Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME), a través de la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza
del Centro. Así, el actual gobierno prosigue con las reformas estructurales,
sobresaliendo la energética que implica la privatización de PEMEX y la CFE, que beneficiará al capital extranjero y a la poderosa oligarquía financiera que detenta el poder económico y decide el rumbo político del país. En suma el Estado “empresario” ha
sido reducido a su mínima expresión, en beneficio del capital financiero, de
tal forma que se ha reestructurado y fortalecido. Además, la riqueza se ha concentrado
en una oligarquía financiera que se mantuvo relativamente estable las décadas
de los 80 y principios de la década del 90 del siglo pasado en alrededor de
26-27 grupos financieros y que en la actualidad oscila aproximadamente en 16,
contrastando con la enorme pobreza que padecen más de 50 millones de mexicanos.
2. Política económica del capital financiero (1982-2015)
Con la nacionalización de los bancos y las empresas controladas por los mismos, el Estado "empresario" llego a su clímax, con la posesión de 1155 empresa publicas. Aparentemente el capital financiero había sido derrotado económicamente,
pero en realidad para fines de 1982, con el gobierno de Miguel de la Madrid
(1982-1988) arriba al poder político e inicia la ofensiva contra el Estado
propietario con la venta masiva de empresas estatales. Según Guillén (2000), durante
el período gubernamental de Miguel de la Madrid, el número de des-incorporaciones de entidades
para-estatales fue muy alto -743- aunque la importancia económica de las empresas
privatizadas fue secundaria, prevaleció un criterio de re-dimensionamiento del
sector paraestatal más que de privatización generalizada. En 1988 el sector
paraestatal estaba constituido por 412 entidades. Aunque el número de
privatizaciones fue alto, su impacto económico fue poco significativo. El
proceso privatizador continúa durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari
(1988-1994), que aunque la venta de empresas estatales no fue masiva, se
concentró en empresas estatales estratégicas para el desarrollo económico del
país, entre las que destacan los bancos y Teléfonos de México (Telmex) y
Compañía minera México. Aunque la venta de empresas del Estado no alcanzó la
magnitud del gobierno anterior, para 1993 se tenía solo 210 empresas estatales.
Mención especial merece la modificación al Artículo 27 Constitucional en 1992,
abrió la posibilidad real de privatización de las tierras ejidales y comunales
de los pueblos, que al tratarse de una forma social de propiedad de la tierra
de los campesinos es incompatible con la propiedad privada capitalista, ahora
son lanzadas a la circulación mercantil capitalista, generando una nueva
re-concentración en manos de propietarios privados que las dedican a la
especulación inmobiliaria y en la explotación irracional de los recursos
minerales.
Morera (1998) afirma
que la re-agrupación y permanencia de la oligarquía es un proceso que se inició
en 1983, culminó en 1992 y estuvo determinado por los tres procesos de
privatización: el de las casas de bolsa bancarias en 1983, el de los caps
(certificados de aportación patrimonial de las sociedades nacionales de
crédito) en 1986, y el de importantes empresas para-estatales, entre las que
sobresalen Telmex, así como los bancos a partir de 1990. En el primero y
segundo períodos, la re-agrupación se dio alrededor de las casas de bolsa
bancarias y no bancarias; en el segundo el polo de atracción fue la
privatización de la banca, el decreto para la conformación de los grupos y la
autorización de nuevos bancos. Hasta la nacionalización de los bancos los
núcleos más poderosos eran los grandes accionistas familiares industrial-financieros
y los bancario-financieros; entre los primeros destacaban Alfa, VISA-Serfin y
Vitro-Banpaís; entre los segundos, Bancomer y Banamex. El decreto de
nacionalización aplicado por el Estado afectó a los que poseían instituciones
financieras y en particular al núcleo bancario-financiero de Bancomer y
Banamex. Con la privatización de las casas de bolsa bancarias se inició el
proceso de re-composición de la aristocracia financiera y con ello un cambio en
la naturaleza de la propiedad, que llevó a un tránsito del capitalismo
estrictamente familiar a otro basado más en amplias coaliciones de potentados
dispuestos por un centro dominante. Las casas de bolsa fueron adquiridas por
núcleos de la vieja oligarquía y por primera vez participaron elementos, no tan
poderosos vinculados al sector industrial. Simultáneamente, se desarrollaron y
fortalecieron los núcleos de las casas de bolsa no bancarias que fueron
perfilando, junto con los sectores reagrupados alrededor de las bancarias, el
nuevo núcleo más poderoso de la oligarquía financiera. Las casas de bolsa no
bancarias se desarrollaron y dentro de ellas sobresalieron Accival, Inbursa y
Probursa, en las cuales mantuvieron su participación los propietarios
originales, con lo que a partir de la década de los noventa del siglo pasado
reagruparon a la vieja oligarquía más poderosa bajo su control. Particularmente
con el proceso de privatización bancaria, el núcleo de las coaliciones de
potentados formadas alrededor de los grupos industriales y de las casas de bolsa
que compraron los bancos y las empresas para-estatales tuvieron la posibilidad
de endeudarse en dólares para la adquisición del paquete accionario de control,
y convertir la deuda de corto plazo contraída inicialmente para tal propósito
en deuda de mediano plazo; ello les permitió aprovechar el diferencial de las
tasas de interés y realizar a la vez inversiones financieras y productivas, así
como apropiarse de las acciones que les garantizaran el control de los grandes
consorcios públicos de capital financiero. Algunos tuvieron que vender empresas
para cumplir sus compromisos, pero el financiamiento obtenido les permitió
realizar las ventas en óptimas condiciones. Fue en este contexto que se dio la
privatización de la banca y la integración de los grupos; con el propósito de
fortalecerlos ante la apertura del comercio y de los servicios financieros, se
promovieron medidas de regulación interna y de gradualismo en la apertura a fin
de garantizarles la capitalización y la adecuación tecnológica que demandaban
las nuevas condiciones. El sector financiero mexicano experimentó un cambio
radical en la estructura de su capital, lo que dio lugar a amplias coaliciones
de potentados bajo una centralización del control. En total, los grupos
financieros como tales, para 1992 eran 27, y pertenecían a ellos 23 bancos, 21
casas de bolsa, 26 arrendadoras, 24 empresas de factoraje, 10 aseguradoras, 6
almacenadoras, 7 afianzadoras y 21 casas de cambio. Había además 400 cajas de
ahorro.
Las adquisiciones, fusiones
y asociaciones, son estrategias utilizadas por la oligarquía financiera para
enfrentar la competencia nacional e internacional y así mejorar la rentabilidad
de sus capitales invertidos. Las tres estrategias están enmarcadas en la nueva
etapa del desarrollo del capitalismo, particularmente en su fase financiera,
iniciada en 1983, con el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) y que
continúa en la actualidad, provocando una profunda re-composición de la
oligarquía financiera. De los Ríos Cortés (2006), desglosa las adquisiciones de
empresas durante el período 1988-2005, en el siguiente cuadro.
Cuadro 1. Adquisiciones de
empresas en México durante 1988-2005.
Año
|
Adquisiciones
(millones de dólares)
|
Número
de empresas
|
Valor
promedio (millones de dólares)
|
1988
|
1,721.9
|
90
|
19.1
|
1989
|
1,931.4
|
147
|
13.1
|
1990
|
4,592.2
|
187
|
24.6
|
1991
|
11757.4
|
188
|
62.5
|
1992
|
7,408.5
|
196
|
37.8
|
1993
|
4,659.6
|
281
|
16.6
|
1994
|
3,066.7
|
134
|
22.9
|
1995
|
2,128.4
|
110
|
19.3
|
1996
|
3,398.5
|
109
|
31.2
|
1997
|
16,031.5
|
239
|
67.1
|
1998
|
4,859.2
|
302
|
16.1
|
1999
|
4,374.1
|
298
|
14.7
|
2000
|
12,725.4
|
444
|
28.7
|
2001
|
22,425.1
|
301
|
74.5
|
2002
|
20,789.6
|
371
|
56.3
|
2203
|
5,105.1
|
166
|
30.8
|
2004
|
10,736.1
|
77
|
139.4
|
2005
|
5,439.3
|
109
|
49.9
|
Fuente: De los Ríos Cortés
(2006).
En es evidente que hay años
que destacan por el valor de las transacciones realizadas, como son: 1991,
1997, 2000, 2001, 2002 y 2004; especial mención merece el año 2001 en el que se
realizó la compra de los bancos privados nacionales por el capital extranjero,
a excepción de Banorte. Cabe destacar la adquisición en 2001 de Banamex por
Citibank por un valor de 12,500 millones
de dólares. Según el autor antes citado, la magnitud de las adquisiciones del
período analizado, se puede explicar por las siguientes razones:
a). Durante los años ochenta
y noventa del siglo pasado se realizó en México el mayor número de
des-incorporaciones de empresas del Estado. El proceso privatizador que se
inició a principios de los años ochenta tuvo su mayor actividad entre 1988 a
1993, pues en este período se vendieron las principales empresas industriales y
los bancos comerciales, fundamentalmente de 1990 a 1992.
b). Otro factor que
contribuyó en años posteriores a sostener e incrementar las adquisiciones fue
una consecuencia indirecta del proceso mismo de privatización, pues muchas
empresa públicas que en una primera instancia fueron adquiridas por empresas e
instituciones mexicanas, posteriormente pasaron a manos del capital
trasnacional, como es el caso del sector bancario. Con ello los cambios
paralelos en las condiciones de competencia y de mercado fortalecieron los
procesos de integración económica y de apertura como el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
c). También el proceso de
apertura y des-regulación en importantes sectores económicos como el
bancario-financiero y el de telecomunicaciones, aunado con las cada vez más
exigentes condiciones de competencia, implicaron a finales de los noventa y
principios del nuevo siglo, un importante número de mega-adquisiciones.
Si se analizan de forma
sectorial las adquisiciones de empresas en México durante los últimos veinte
años, se observa que las operaciones más importantes se realizaron en tres
sectores: a) sector bancario y otros servicios financieros, b)
telecomunicaciones, y c) alimentos y bebidas. En estos sectores se efectuaron
64.7% de las adquisiciones. Les siguieron otros sectores que han mostrado un
importante número de adquisiciones de empresas, como comercio, transportes,
puertos y almacenes, medios de comunicación y hotelería y restaurantes, lo cual
muestra la importancia del sector servicios en el proceso de adquisiciones.
En materia de adquisiciones,
el período de estudio se puede subdividir en tres sub-períodos. El primero que
abarca de 1988 a 1994, el cual se caracteriza por que las adquisiciones se
concentran en los sectores bancario y de telecomunicaciones, así como de de
alimentos y bebidas con un valor de 71% de las adquisiciones; en esos años se
da la privatización de Telmex y de la banca poco antes nacionalizada. En el
segundo sub-período de 1995 a 1999, siguen siendo preponderantes las
adquisiciones en los sectores bancario y de telecomunicaciones, pero también
cobran relevancia las realizadas en el sector comercial, como es el caso de la
adquisición de Cifra-Aurrera por Wal-Mart; por último, en el tercer sub-período
del 2000 al 2005, los tres sectores más importantes fueron de nuevo los del
primer sub-período, es decir, financiero, telecomunicaciones y alimentos y
bebidas, con 73% del valor de las adquisiciones totales.
El sector bancario fue el
más activo en materia de adquisiciones y fusiones con cerca de la mitad de las
operaciones. Los períodos más importantes para las adquisiciones bancarias
fueron de 1988 a 1994, que coincide con la privatización de los bancos, y el de
2000 a 2005, en el que se produce la compra de la mayor parte del sistema
financiero (bancos y compañías de seguros) por instituciones extranjeras
afines.
Aunque los procesos de
fusión y adquisiciones bancarias son muy anteriores a la década de los ochenta,
es precisamente con la nacionalización de la banca cuando comienza un
importante proceso de re-estructuración del sector financiero. Tal proceso se
podría dividir en tres etapas. La primera incluye la nacionalización de la
banca en 1982 y se prolonga hasta 1989; la segunda, que va de 1990 a 1995,
comprende la re-privatización de la banca comercial nacionalizada y la crisis
del sistema financiero, y la última a partir de 1995 cuando los grupos
financieros nacionales se consolidan en un primer momento y posteriormente
sobreviene la adquisición de la gran mayoría de la banca comercial y las
principales instituciones de seguros por la banca extranjera.
En lo referente al primer
período, ya desde los años setenta los bancos dominaban el sistema financiero
que derivaba de una fuerte concentración no solo en el sector bancario sino en
todo el sector financiero mediante otras instituciones, como casas de bolsa,
arrendadoras, hipotecarias, etc.; además mantenían una importante participación
en el capital de empresas industriales y comerciales.
Después de la nacionalización
bancaria, dos aspectos inciden de forma importante en los procesos de
adquisiciones y fusiones. Por una parte, se decidió terminar con la
participación de la banca en la intermediación financiera no bancaria y en las
empresas industriales y comerciales (el Estado solo conserva la banca comercial
y algunas importantes compañías de seguros).
De esta manera, además de la
indemnización que los dueños de la banca recibieron por la nacionalización,
también se les favoreció durante el proceso de privatización del capital de
otros intermediarios financieros, ya que fundamentalmente en 1984 y 1985 el
Estado puso a la venta la cartera de acciones de empresas industriales y
comerciales propiedad de los bancos nacionalizados, así como las aseguradoras y
casas de bolsa, entre otras instituciones, que conformaban dichos consorcios
financieros.
Después de ocho años de la
banca comercial nacionalizada gran cantidad de pequeños bancos fueron
absorbidos por otros de mayor tamaño en procesos de orden horizontal. Así, de todos
los bancos que fueron privatizados de 1991 a 1993 solo 18 sobrevivieron, pero
para que posteriormente fueran adquiridos casi en su totalidad por bancos
trasnacionales. Además, durante este período se eliminaron las restricciones a
las participaciones cruzadas para permitir la formación de grupos financieros
integrados verticalmente, es decir, que incluyeron bancos, aseguradoras, casas
de bolsa y otras instituciones especializadas, lo cual conformó un nuevo
panorama del sector financiero.
Al el segundo período le
antecede en 1989 una enmienda constitucional para la privatización bancaria de
inicios de los noventa, al permitir la propiedad privada de los bancos. En mayo
de 1990 se reforma la Constitución para permitir la propiedad privada
mayoritaria de las instituciones bancarias comerciales, con lo que los
servicios de banca y crédito quedan eliminados de la lista de actividades
económicas exclusivas del Estado. De esta manera de 1991 a 1993 se lleva a cabo
el proceso de privatización del total de los bancos comerciales. La gran
mayoría de los 18 bancos privatizados por el Estado, fueron adquiridos por
casas de bolsa o inversionistas muy ligados a éstas, como se observa en el
cuadro que sigue.
Cuadro 2. Bancos
privatizados y empresas o inversionistas compradores (millones de dólares)
Núm.
|
Banco
privatizado
|
Empresa
compradora
|
Valor
de la compra
|
1
|
Banamex
|
Casa de Bolsa Accival
|
3229.1
|
2
|
Bancomer
|
Grupo Valores Monterrey
|
2837.8
|
3
|
Banca Serfín
|
Operadora de Bolsa (Vitro)
|
913.8
|
4
|
Multibanco Comermex
|
Grupo Financiero Inverlat
|
874.5
|
5
|
Banco Mexicano Somex
|
Grupo Financiero
Inverméxico
|
606.4
|
6
|
Banorte
|
Gruma (Grupo Maseca)
|
573.9
|
7
|
Banco Internacional
|
PRIME
|
480.5
|
8
|
Banco del Atlántico
|
Grupo Financiero GB
|
474.8
|
9
|
Banco del Noroeste
(Banoro)
|
Estrategia Bursátil
|
367.7
|
10
|
Banca Promex
|
Casa de Bolsa Finamex
|
347.2
|
11
|
Banca Confía
|
Casa de Bolsa Abaco
|
295.7
|
12
|
Banco de Crédito
Hipotecario
|
Cabal Peniche y Bracho
|
291.1
|
13
|
Banco del Centro (Bancen)
|
Multiva Grupo Financiero
|
280.9
|
14
|
Banca Cremi
|
Gómez F. y Covarruvias
|
248.0
|
15
|
Multibanco Mercantil de
México
|
Grupo Financiero Probursa
|
202.5
|
16
|
Banpaís
|
Grupo Financiero Mexival
|
170.3
|
17
|
Bancreser
|
Alcántara y Mendoza
|
140.9
|
18
|
Banco de Oriente
|
Margain Berlanga y otros
|
74.0
|
Fuente: De los Ríos Cortés
(2006).
El tercer período se
presenta después de la crisis del peso en 1994, cuando las autoridades
intervinieron algunos bancos. De 1995 a 1999 las autoridades financieras
aplicaron esa medida a 16 bancos, los cuales estaban deficientemente
capitalizados o habían sido mal administrados. En muchos casos fueron cerrados
o se devolvieron después de re-capitalizarlos y de “limpiar” las carteras
vencidas.
Los procesos de
adquisiciones de instituciones bancarias mexicanas por bancos extranjeros ha
sido la constante desde mediados de la década de los noventa. 10 de los 18
bancos privatizados fueron adquiridos por cinco instituciones bancarias
extranjeras. Destaca la compra de Banamex y Bancomer, que controlaban más del
la mitad del mercado cambiario. Por otra parte, el único gran banco mexicano
que se conserva hasta el presente como tal, después de la privatización es el
Banco Mercantil del Norte (Banorte).
La apertura del sistema
financiero al capital extranjero llevó no solo a un profundo proceso de
“desmexicanización” de la banca, sino también a una fuerte concentración del
sistema financiero.
Las adquisiciones de los
principales bancos del país durante el período 1995-2004, se presentan en el
cuadro siguiente.
Cuadro 3. Adquisiciones de los principales
bancos mexicanos de 1995 a 2004 (millones de dólares).
Institución financiera compradora
|
Institución adquirida
|
Monto de adquisición
|
Banco Bilbao
Vizcaya-Argentaria (España)
|
Grupo Financiero Bancomer
(2004)
|
4,191.0
|
Hong Kong Shanghái Bank (Reino Unido)
|
Grupo Financiero Bital
(2002)
|
1,140.0
|
Citibank (Estados Unidos)
|
Banamex-Accival (2001)
Banca Confía (1997)
|
12,500.0
1,95.0
|
Banco Bilbao
Vizcaya-Argentaria (España)
|
Grupo Financiero Bancomer
(2001)
Banca Cremi y Banco de
Oriente (1997)
|
1,593.0
21.6
|
Banco Santander (España)
|
Grupo financiero Serfín
(2000)
Grupo Financiero
Inverméxico (1996)
|
1,562.6
166.0
|
Scotia Bank (Canadá)
|
Grupo Financiero Inverlat
(2000)
|
40.0
|
Banco Mercantil del Norte
(Banorte) (México)
|
Bancreser (2001)
Grupo Financiero
Asemex-Banpaís (1997)
Banco del Centro (Bancen)
(1995)
|
176.3
85.6
-
|
Fuente: De los Ríos Cortés
(2006).
En el cuadro anterior es
evidente la extranjerización de los bancos, a excepción de Banorte que sigue
siendo un banco de capital mexicano.
Con respecto al sector de
telecomunicaciones, destacan por las adquisiciones los períodos de 1988 a 1994,
por la privatización de Telmex y de 2000 al 2005 por los cambios establecidos
en las telecomunicaciones al presentarse una mayor dinámica en las
adquisiciones de empresas importantes, fundamentalmente de la telefonía
celular. De 1988 al 2005, el número de empresas de telecomunicaciones
adquiridas (incluyendo subsidiarias) fue de 319, con un monto total de las
operaciones de 17,857.7 millones de dólares. Dos períodos han sido claves por
el impacto que sobre la estructura de las telecomunicaciones han tenido las
adquisiciones y fusiones en México en los últimos años.
El primer período
corresponde a la privatización de Telmex, al comienzo de la década de los
noventa. El control de la compañía quedó en poder del grupo Carso, asociado con
empresas extranjeras.
La apertura a la inversión
privada, la des-regulación y el cambio hacia un modelo con competencia en los
mercados permitió un mayor crecimiento de la industria, avances en la
infraestructura, la disponibilidad y la cobertura de los servicios a partir de
1990.
Un segundo período se ubica
en su inicio con la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones en
1995 y 1996. Así se dieron los primeros pasos para establecer un marco
normativo que diera certidumbre a la inversión y fomentar las condiciones de
competencia en la industria de telecomunicaciones.
Por medio de los procesos de
apertura a la competencia y la des-regulación de distintos segmentos (larga
distancia, telefonía celular, telefonía local, radio-localización y
radiocomunicación, así como de sectores afines, como servicios satelitales,
radio, televisión abierta y restringida, portales de internet y televisión por
cable) se incrementó la competencia en dichos mercados para tratar de arrebatar
mercado a Teléfonos de México (Telmex).
La modernización de las
telecomunicaciones mediante la apertura a la inversión privada en 1990 y a la
competencia quedó patente en México con la introducción de la fibra óptica y la
total digitalización de la red de telecomunicaciones, que junto con las nuevas
empresas en la telefonía de larga distancia en 1997 constituyeron importantes
pasos hacia la transformación de las telecomunicaciones en México. En este
sentido cabe mencionar que las condiciones de competencia han tenido un
extraordinario desarrollo, principalmente en el rubro de la telefonía celular,
que ha sido el negocio de más rápido crecimiento en el conjunto de sectores.
Actualmente el liderazgo absoluto en este mercado en el país lo mantiene
Telcel. Sin embargo, existen otras empresas importantes que han llevado un
dinámico proceso de adquisiciones, como se observa a continuación en el cuadro.
Cuadro 4. Adquisición de
Iusacell y adquisiciones de telefónica móviles (millones de dólares).
Año
|
Empresa adquirente
|
Empresa adquirida
|
monto
|
%
|
1992
|
Bell Atlantic Corporation
(EUA)
|
Grupo Iusacell (grupo
IUSA-Peralta)
|
520.0
|
23.0
|
1995
|
Motorola Inc. (EUA)
Motorola Inc. (EUA)
Motorola Inc. (EUA)
|
Baja Celular Mexicana
México Cellular Telephone
Celular de Telefonía
|
100.0
80.0
70.0
|
45.0
40.0
-
|
1997
|
Bell Atlantic Corporation
(EUA)
|
Grupo Iusacell (grupo
IUSA-Peralta)
|
490.0
|
21.0
|
2000
|
Sprint Corporation, Leep & Wireless (EUA).
Telefónica de España
(España)
|
Telefónica Pegaso PSC
(Grupo Pegaso)
Motorola Inc.
|
2,500
1,740.0
|
30.5
100.0
|
2001
|
Telefónica Móviles
(Telefónica España). España
|
Telefónica Pegaso PCS
(Pegaso y Sprint Co.)
|
2,000.0
|
80.0
|
2003
|
Movil Access- Unefon
(grupo Salinas)
|
Grupo Iusacell
|
825.0
|
76.4
|
Fuente: De los Ríos Cortés
(2006).
Cabe destacar en este caso
que junto con el avance de empresas extranjeras para ocupar posiciones en el
mercado local de telecomunicaciones, y en particular el de telefonía celular,
las empresas de Telmex y del grupo Carso han emprendido una re-estructuración
corporativa y un proceso de internacionalización por medio de adquisiciones,
principalmente en América Latina y Estados Unidos. De esta manera la disputa
por el mercado mexicano de telefonía celular se enmarca en procesos más amplios
de competencia entre las grandes compañías telefónicas en escala mundial, y de
alguna manera se puede mencionar que en la actualidad la competencia por el
mercado de América Latina se da entre Telmex y Telefónica de España.
Respecto al sector hotelero,
las compras las realizaron grandes cadenas comerciales extranjeras, dedicadas a
la hotelería como: Marriot, Chartwell, Starwood, Occidental Hoteles, Canadian
Pacific, Hoteles Barceló y Hoteles Brisas. Una parte de los hoteles en venta en
los años recientes eran propiedad de empresas o grupos cuya actividad principal
era otro sector económico y vendieron aquellos como parte de su estrategia de
des-inversión para concentrarse en sus actividades principales o en otros
sectores que consideraron más rentables, como es el caso de Cemex, Alfa, Grupo
Carso, Desc., Visa (ahora Femsa), ICA e incluso Bancomer y Banamex, que tenían
inversiones en el sector.
Si se considera el origen
del capital, las adquisiciones en México, si se parte de mediados de los años
noventa, es decir, los últimos diez años, el porcentaje de participación de las
adquisiciones de empresas extranjeras se eleva 65%. Lo anterior muestra que las
adquisiciones de empresas en México en la actualidad es resultado de un proceso
de des-nacionalización de empresas mexicanas.
Las razones que explican lo
anterior se pueden derivar, por una parte, del proceso mismo de apertura y
des-regulación de sectores importantes de la economía como los sectores
bancario-financiero y de telecomunicaciones, donde, además de abrirlos a la
competencia, se favoreció la entrada de capital extranjero; por otra parte, las
adquisiciones y fusiones son una vía rápida y segura de penetrar en cualquier
mercado para después expandirse, factor que se ha visto acentuado precisamente
por las características globales de la competencia en muchos e importantes
sectores.
Si el monto total de
74,208.3 millones de dólares, que corresponden a las adquisiciones de empresas
extranjeras en México de 1988 a 2005, se compara con el monto total que han
realizado empresas y grupos mexicanos en la adquisición de empresas en el
extranjero en el mismo período y que suma 32,829.7 millones de dólares, se
puede observar que esta última cifra representa únicamente 44%. Esto muestra el
efecto de penetración del capital extranjero en la economía mexicana, sin considerar
que la transnacionalización de empresas mexicanas es un fenómeno relativamente
reciente, mientras el capital foráneo ha incursionado en el país por la vía de
las adquisiciones de empresas desde hace tiempo.
La internacionalización de
empresas mexicanas por medio de adquisiciones y fusiones en el extranjero, son
resultado de los importantes procesos de apertura y globalización de los
mercados, que en México se iniciaron con el ingreso al Acuerdo General de
Aranceles y Comercio (GATT) y se profundizaron con los tratados de libre
comercio con muchos países desde principios de los noventa, han coincidido con
el resurgimiento de las empresas trasnacionales o multinacionales mexicanas.
Entre éstas, sin duda, hay casos ilustrativos de este proceso de internacionalización,
como son: América Móvil, Bimbo, Gruma y Cemex, que incluso han establecido
operaciones en varias regiones del mundo; empero estas empresas no han sido las
únicas empresas mexicanas que han emprendido procesos de internacionalización.
Es claro que el patrón de
comportamiento de las adquisiciones de empresas mexicanas en el extranjero va
adquiriendo el mismo sentido cíclico de las adquisiciones en el ámbito
internacional. Pero quizá más importante es que ya existe un grupo de empresas
trasnacionales mexicanas que ha fincado gran parte de sus operaciones fuera de
México y que esta transnacionalización se ha logrado principalmente con la
adquisición de empresas. En este sentido se pueden mencionar los procesos de
adquisición de empresas en el extranjero, a cargo de Cemex, Bimbo, Gruma, Imsa
y Grupo Carso por medio de algunas de
sus subsidiarias (Teléfonos de México, América Móvil, Carso Global Telecom y
Samborns), Grupo México, Kosa y Femsa, entre las más grandes empresas mexicanas
que durante los noventa y principios del nuevo siglo han llevado sus
actividades a otros países con éxito por medio de la compra de empresas.
Valle Baeza y Martínez
González (2012) afirman que la inversión extranjera creció después de la
apertura externa emprendida por los gobiernos y los capitalistas mexicanos. En
cerca de veinte años el flujo anual de inversiones se multiplicó por veinte. La
apertura comercial y la entrada enorme de inversiones cambiaron a la clase
capitalista mexicana, pues sus miembros debieron trasnacionalizarse o aliarse a
capitales extranjeros, generalmente en una posición subordinada. El ejemplo más
evidente de la transnacionalización de la oligarquía financiera lo representa
el grupo Carso, el conglomerado más grande de México con empresas industriales,
telecomunicaciones, hotelería y comercio. El capital manejado por el grupo
Carso es de tal magnitud que hace a su principal accionista, Carlos Slim Helú,
el hombre más rico del mundo, de acuerdo con la revista estadounidense Forbes, quien le imputaba control sobre
activos de 74 mil millones de dólares en marzo de 2011.
La otra vía de incorporación
a la globalización neoliberal es la asociación de los capitales nacionales con
las trasnacionales. Sobran ejemplos: Banamex con Citigroup, el Grupo Fomento Económico
Mexicano (Femsa) con Heineken, etc. El 6 de agosto de 2001 Citigroup adquirió
por 12,500 millones de dólares el banco, en ese entonces mexicano,
Banamex-Accival. La transacción legalmente no pagó impuestos gracias a la
legislación neoliberal; la mitad del pago a los propietarios de Banamex-Accival
se hizo con acciones de Citigroup, con lo que se convirtieron en tenedores
minoritarios de uno de los grupos financieros más poderosos del mundo.
El Grupo Femsa produce
cervezas, entre sus varios negocios. En 2010, en una transacción valuada en
7,347 millones de dólares, intercambió su producción de cerveza con la compañía
holandesa Heineken por una participación accionaria equivalente a 20% en las
firmas Heineken Holding y Heineken NV. Con la operación, Femsa se convirtió en
el segundo socio comercial de Heineken.
La otra gran empresa
cervecera mexicana, Grupo Modelo, se ha convertido en el primer gran exportador
al mercado estadounidense; asimismo lo hace a otros 169 países, reza su
propaganda. Los dos grupos mexicanos tienen la mayoría del mercado mexicano. El
Grupo Modelo emprendió en 1993 una asociación con Anheuser-Busch (AE), empresa
estadounidense, manteniendo el control mayoritario. El grupo estadounidense fue
absorbido por el grupo belga-brasileño InBev en 2008, constituyendo la mayor
empresa cervecera del mundo. El Grupo Modelo reclamó violaciones a su acuerdo
de inversión con AE, pero perdió el litigio, por lo que para junio de 2013 tuvo
que vender sus acciones a la nueva empresa por un valor de 20,100 millones de
dólares.
Así pues en México se ha
conformado una nueva oligarquía financiera tras-nacionalizada porque opera
también en otros países del mundo y es la que determina el rumbo económico y
político de nuestro país.
Borbolla (2014) afirma que desde
1993, México contaba con 14 empresarios cuyas fortunas superaban los 1,000
millones de dólares cada uno, de acuerdo a la Revista Forbes. En el selecto
grupo se encontraban Emilio Azcárraga Milmo (Televisa), con una fortuna de
5,100 millones de dólares; Carlos Slim (Grupo Carso) con 3,700 millones de
dólares; Lorenzo Zambrano (Cemex), 2,000 millones de dólares; Eugenio Garza
Laguera (Visa y Bancomer) y Bernardo Garza Sada (Grupo Alfa), ambos ocupando el
mismo escaño con 2,000 millones de dólares; la familia González Nova (Comercial
Mexicana), con 1,500 millones de dólares; Ángel Lozada Jiménez (Gigante), con
1,300 millones de dólares; Jerónimo Arango Arias (Cifra), con 1,100 millones de
dólares; Alberto Bailleres (Grupo Peñoles, Palacio de Hierro y GNP), con 1,100
millones de dólares; Lorenzo y Roberto Servitje (Bimbo), con 1,100 millones de
dólares; Adrián Sada González (Vitro y Serfín), con 1,000 millones de dólares;
Alfonso Romo Garza (Pulsar Internacional), con 1,000 millones de dólares; Pablo
Aramburuzabala Ocaranza ((Cervecería Modelo), con 1,000 millones de dólares y
Enrique Molina Sorbino (Gemex), con 1,000 millones de dólares. Estos magnates
sumaban una fortuna acumulada de 22,900 millones de dólares. 20 años después,
el número de multimillonarios mexicanos se mantuvo casi igual, pero con un
aumento significativo de su riqueza, ya que en 2013, México tenía a 15
multimillonarios, cuyas fortunas sumaron un total de 148,500 millones de
dólares, cifra 648% mayor respecto a la de 1993, según datos de Forbes. Ahora
en las lista figuran Carlos Slim (Grupo Carso, América Móvil), considerado como
el hombre más rico del mundo con una fortuna de 73,000 millones de dólares;
Alberto Bailleres (Grupo Peñoles, Palacio de Hierro y GNP), con 18,200 millones
de dólares; Germán Larrea Mota Velasco (Grupo México), con 16,700 millones de
dólares; Ricardo Salinas Pliego (Grupo Elektra y Televisión Azteca), con 9,900
millones de dólares; Eva Gonda Rivera, viuda de Eugenio Garza Laguera (Femsa),
con 6,600 millones de dólares; María Asunción Aramburuzabala (Grupo Modelo, hoy
propiedad de la empresa belga Anheuser-Busch InBev), con 5,000 millones de
dólares; jerónimo Arango (Cifra y Walmart México), con 4,000 millones de
dólares; Emilio Azcárraga Jean (Grupo televisa), 2,500 millones de dólares;
Rufino Vigil González (Industrias CH), con 2,400 millones de dólares; los
hermanos José y Francisco Calderón Rojas (Femsa), con 2,300 millones de
dólares; Carlos Hank Rhon (Grupo Financiero Interacciones y Grupo Hermes), con
1,900 millones de dólares; Roberto Hernández (ex dueño de Banamex y accionista
de Televisa), con 1,800 millones de dólares; Alfredo Harp Helú (ex accionista
de Banamex), con 1,500 millones de dólares; Max Michel Suberville (Femsa y
Liverpool), con 1,400 millones de dólares y Juan Gallardo Thurlow (Organización
Cultiba SAP, dedicada a la industria de las bebidas azucaradas), con 1,300
millones de dólares. Lo anterior es reafirmado por Esquivel (2015) en un
estudio de la desigualdad extrema en México, al escribir que nuestro país está
inmerso en un ciclo vicioso de desigualdad, falta de crecimiento económico y
pobreza. Siendo la decimocuarta economía del mundo, hay 53.3 millones de
personas viviendo la pobreza. La desigualdad ha frenado el potencial del
capital físico, social y humano de México; haciendo que en un país rico sigan
persistiendo millones de pobres. ¿En dónde está esa riqueza mexicana? En
términos de renta y capital, se encuentra concentrada en un grupo selecto de
personas que se han beneficiado del poco crecimiento económico del que ha
padecido México en las últimas décadas. Así, mientras el PIB per cápita crece a
menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por
cinco. A éste 1% más rico le corresponde un 21% de los ingresos totales de la
nación. El Global Wealth Report 2014
señala, por su parte, que el 10% más rico de México concentra el 64.4% de toda
la riqueza del país. Otro reporte del Wealth
Insigth afirma que la riqueza de los millonarios mexicanos excede y por
mucho a las fortunas de otros en el resto del mundo. La cantidad de millonarios
en México creció en 32% entre 2007 y 2012. En el resto del mundo y en ese mismo
período, disminuyó un 0.3%. El número de multimillonarios en México, no ha
crecido mucho en los últimos años. Al día de hoy son sólo 16. Lo que si ha
aumentado y de qué forma es la importancia y la magnitud de sus riquezas. En
1996 equivalían a 25,600 millones de dólares; hoy esa cifra es de 142,900
millones de dólares. Esta élite de multimillonarios –oligarquía financiera- ha
capturado al Estado mexicano, sea por falta de regulación o por un exceso de
privilegios fiscales. En contra-parte, durante los últimos 30 años ha habido un
crecimiento paulatino de la participación del capital en el ingreso nacional,
sí, pero al tiempo, una consecuente disminución de la participación del factor
trabajo. A partir de 1981 y 2012, la participación del capital aumentó del 62%
al 73% y la del trabajo disminuyó del 38% al 27%. Todo lo anterior favorece en
11 puntos porcentuales al ingreso nacional a favor del capital y a costa del
trabajo.
Es evidente que la cantidad de
multimillonarios prácticamente no se ha movido significativamente desde 1993;
lo que sí ha cambiado radicalmente es el aumento de su fortuna, contrastando
con la enorme pobreza en la que viven millones de mexicanos.
Pérez (2013), documenta que el gobierno de
Salinas de Gortari se retiró de 21 ramas de la actividad económica, entre las
que destacan: minería, construcción, comercio, transporte, servicios
financieros, industria manufacturera y servicios comunales, de las 63 ramas en
las que participaban las 1155 empresas para estatales y dada su importancia estratégica tuvo un mayor
impacto en la transformación económica y financiera del país. En el período
1982-1988 y 1989-1994, es el sector manufacturero el más afectado por las
privatizaciones. Siguieron el mismo proceso el sector financiero, transporte,
almacenamiento y comunicaciones, minería, electricidad, gas y agua. El proceso
privatizador continuó en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000). Durante
este gobierno, la desincorporación del sector paraestatal se dio bajo la forma
de concesiones y licitaciones para operar bienes y servicios del sector
público, así como la venta de activos. En el primer semestre de 1995, el
presidente Zedillo modificó la Constitución Política, para permitir la
participación privada en las comunicaciones satelitales, que antes estaba
reservada al Estado, y se aprobó una nueva Ley de Telecomunicaciones. Además,
se privatizaron: ferrocarriles, petroquímica, gas natural, aeropuertos y
puertos. Así, del 1° de diciembre de 1994 al 31 de julio del 2000, concluyó la
desincorporación de 111 empresas estatales, mediante los siguientes procesos:
31 a través de disolución, liquidación y extinción; 40 mediante la enajenación
de la participación accionaria que poseía el gobierno federal o alguna otra entidad paraestatal; tres vía
transferencia a gobiernos estatales; 21 de conformidad con al Ley de
Enajenación de Empresas Paraestatales que dejaron de considerarse como tales; y
16 mediante fusión. Con el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), permanece el
criterio privatizador, destacando las reformas estructurales de “segunda
generación”, que tuvieron como propósito culminar la privatización de las empresas
estatales, agilizar una reforma laboral acorde con los intereses de la empresa
privada y una reforma fiscal. Al final del gobierno de Vicente Fox, del 1° de
enero al 31 de julio de 2006, se crearon dos organismos, el Fondo Nacional de
los Trabajadores y la Comisión Nacional de Vivienda, con lo que sumaron 21
entidades públicas creadas a partir del 1° de diciembre de 2000. Deja el
gobierno con 215 empresas estatales, al 31 de julio del 2006. De ese total, 173
eran organismos, empresas y fideicomisos vigentes, 90 organismos públicos
descentralizados, 65 empresas de participación estatal mayoritaria y 18 eran
fideicomisos públicos. Con el siguiente gobierno, el de Felipe Calderón
(2006-2012), durante el período del 1° de agosto de 2001 al 23 de julio de 2012,
se crearon dos entidades nuevas y no se iniciaron procesos de privatización. Al
23 de julio de 2012, las entidades paraestatales sumaron 197, de las cuales 185
son organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria
y fideicomisos públicos que se encuentran vigentes y 12 en proceso de
desincorporación. De las entidades vigentes, 99 son organismos
descentralizados, 67 empresas de participación estatal mayoritaria y 19
fideicomisos públicos.. Sin embargo, es importante destacar que en el 2009 el
gobierno procedió a la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro,
que por su trascendencia político-sindical, fue importante por la derrota de
uno de los sindicatos más combativos y de larga trayectoria de lucha, como fue
el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fundado el 1918 y que representaba
un obstáculo para la privatización del sector eléctrico. Finalmente, es de
trascendental importancia, que las empresas estatales vigentes representan solo
el 16% del redimensionamiento de las 1155 empresas públicas que el Estado
poseía en propiedad en 1982. Es decir de fines de 1982 y hasta 2012, cuando
concluye el gobierno de Felipe Calderón, se produjo una privatización masiva de
las empresas del Estado, con lo que se cumplió con la demanda exigida desde
1975 por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Se produjo una nueva
acumulación originaria de capital, tal como sucedió en el siglo XIX, durante la
Reforma (1854-1860) y durante el Porfirismo (1876-1910) en beneficio del
capital industrial naciente; ahora, en beneficio del capital financiero. Así se
ha acabado con el Estado “empresario”, para retornar a un Estado liberal con
mínima participación estatal en la vida económica del país, en el que sea el
mercado el que determine el rumbo económico del país, tal como lo pregonaba el
porfirismo, pero a un nivel muy superior, puesto que ahora la dependencia del
capital extranjero es mayor, a tal grado que el 80% del sistema financiero está
en poder del capital foráneo. Se ha producido la negación de la negación: el
liberalismo del siglo XIX fue negado por el Cardenismo y éste fue negado por el
“nuevo” liberalismo –neoliberalismo-, para retornar al punto de partida pero a
un nivel superior y más complejo.
3. Discusión
La imposición de la
política neoliberal ha sido posible, porque la correlación de fuerzas políticas
fue y ha sido favorable al capital financiero, puesto, que desde mediados del
siglo pasado en la etapa de desarrollo del capitalismo industrial, el
movimiento obrero fue reprimido violentamente y controlado sindicalmente
mediante el “charrismo” con la imposición de “líderes” ajenos a los intereses
de los trabajadores, tal como sucedió en 1948 con los ferrocarrileros, en 1949
con los petroleros y 1951 con los mineros. En 1958-1959, hubo un nuevo intento
de rescatar al sindicato de ferrocarrileros del control “charro”, pero fue
reprimido violentamente y por consiguiente fue derrotado. Es hasta 1976, cuando
se produce un intento de democratización del sindicato de electricistas con el surgimiento
de la Tendencia Democrática encabezada por Rafael Galván, pero también fue
reprimida violentamente lo que condujo a la fundación del Sindicato Único de
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) representado por el “charro”
Francisco Pérez Ríos. Así se establecieron las condiciones político-sindicales,
que permitió la imposición del neoliberalismo, política favorable para los
intereses del capital financiero y particularmente de su élite: la oligarquía
financiera.
El enorme poder económico del la oligarquía
financiera le ha permitido imponer a los gobiernos, desde Miguel de la Madrid,
hasta el actual, la política económica de acuerdo a sus intereses y la
aniquilación del contenido democrático-burgués de la revolución de 1910-1917,
con las correspondientes reformas constitucionales de los artículos: 27 en
1992, que no liquida las tierras ejidales y comunales de los pueblos, pero
favorece facilita su asociación con capitales privados nacionales y
extranjeros, para su posterior privatización; 123 que termina con las
conquistas laborales de los trabajadores, al imponer una reforma laboral
flexible lesiva para los intereses de los trabajadores; 3 que sustenta una
reforma llamada educativa, pero que por su contenido se convierte en una
reforma laboral que afecta a los trabajadores de la educación, pues no se trata
de una verdadera reforma educativa, que considera la pertinencia de los planes
de estudio, el perfil docente que se requiere y sobre todo excluir de la
elaboración de la reforma de los principales actores del proceso educativo:
docentes y estudiantes, que son los que por su experiencia, pueden aportar
elementos para una reforma educativa integral; 28 que sustentaba la propiedad
de los hidrocarburos por parte del Estado para abrir espacio al capital privado
nacional y extranjero. En suma, se ha liquidado a la Revolución
Democrático-burguesa de 1910-1917 y se ha reducido a su esencia burguesa.
4. Conclusiones
Con la nacionalización de los bancos y las empresas controladas por los mismo en
1982, el capital financiero es derrotado parcial y temporalmente, ya que el nuevo gobierno encabezado por Miguel de la Madrid, inicia la implementación de un programa de corte neoliberal en beneficio de la oligarquía financiera y en contra de los intereses de la mayoría de la clase trabajadora.
El
rasgo esencial del capitalismo financiero actual en México no es en el sentido
clásico como se concebía a principios del siglo pasado, en los países capitalistas desarrollados, en los que fue el resultado de la fusión del capital bancario e industrial; en los países subdesarrollados como México, más bien se trata de un capital
financiero desvinculado de la economía real
productiva, centrado principalmente en las empresas comerciales y de servicios.
Con
la política neoliberal implementada por el gobierno, se producido la
extranjerización de la economía, en particular el sistema financiero mexicano,
que en un 80% pertenece al capital extranjero y solo grupo financiero (Banorte) permanece en poder capital mexicano. Paralelamente se ha producido la incursión
de capital mexicano en otros países, sobre todo a partir de los años 90 del
siglo pasado y en mayor grado a partir de este siglo.
La
riqueza se concentra en un número reducido de grupos financieros -oligarquía financiera-, que en las décadas
de los 80 y principios de la década del 90 del siglo pasado fluctuó entre 26 y
27 y a partir mediados de 1990 y del nuevo milenio oscila en alrededor de 16,
contrastando con la pobreza en la que se debaten más de 50 millones de mexicanos.
Es decir, la enorme pobreza en que viven
millones de mexicanos, es la contra-parte de la descomunal riqueza que
concentra la oligarquía financiera.
Dado el enorme poder del capital financiero internacional y de la
oligarquía mexicana en particular subordinada a él, son los que deciden la
política económica del gobierno en beneficio de sus intereses: disciplina
fiscal, control de la inflación y tasa de cambio flexible.
La oligarquía financiera ha aniquilado las conquistas históricas
plasmadas en la Constitución de 1917, con las reformas a los siguientes
artículos: 27 para favorecer la privatización de tierras ejidales y comunales; 123
que desaparece los contratos colectivos, salarios de hambre, privatización de
los fondos de pensiones de los trabajadores en perjuicio de los trabajadores,
legalización del outsourcing, entre otros; 3, para favorecer a la
educación privada e implementar una reforma educativa que vulnera los derechos
de los trabajadores de la educación, en vez de realizar un diagnóstico de la educación, si el Plan de Estudios responde a las necesidades del país y de acuerdo con esto, que perfil de docente se necesita y sobre todo convocar a los actores principales del proceso educativo -docentes y alumnos- para que con su experiencia participen en la elaboración de un Plan Nacional educativo ; y
28, en cuya modificación se sustenta la actual reforma energética que privatiza los recursos energéticos en detrimento de PEMEX y la CFE y, desde luego en perjuicio del pueblo trabajador.
En síntesis, el neoliberalismo es una política reaccionaria, que contrasta con el viejo liberalismo del siglo XIX, que tuvo un carácter progresista al luchar contra el viejo poder monopólico feudal.
4. Bibliografía
Borbolla. 2014. 20 años de
TLCAN: El recuento del desastre. www.sopitas.com/277173-20-anos-del-tlcan-el-recuento-del-desastre
De los Ríos Cortés Víctor.
2006. Las fusiones y adquisiciones en México en el período reciente 1986-2005.
Facultad de Estudios Superiores. Acatlán, UNAM. México, D.F.
Esquivel Hernández Gerardo.
2015. Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y
político. OXFAM. México, D.F.
Guillén Arturo. 2000.
México hacia el siglo XXI. Crisis y modelo económico alternativo. Plaza y
Valdés Editores. México, D.F.
Morera Camacho Carlos. 1998.
El capital financiero en México. Límites y contradicciones. Ediciones Era, S.A.
de C.V. México, D.F.
Pérez Ramírez
Rigoberto. 2013. Privatizaciones, fusiones y adquisiciones: las grandes
empresas en México. Revista Espacios Públicos. Universidad Autónoma del Estado
de México.
Valle Baeza Alejandro y Martínez González Gloria. 2012.
La nueva oligarquía que gobierna en México: un esbozo para su estudio.
UNAM-UAM. México, D.F.
