NEOLIBERALISMO EN MEXICO:POLITICA CONTRARREVOLUCIONARIA DE LA OLIGARQUIA FINANCIERA

IV. NEOLIBERALISMO EN MEXICO: POLITICA CONTRARREVOLUCIONARIA DE LA OLIGARQUIA FINANCIERA (1982-2015)

Valentín Vásquez 

Oaxaca, México
valeitvo@yahoo.com.mx

1. Introducción

El rasgo esencial del capitalismo financiero actual en México, no es en el sentido clásico como se concebía a principios del siglo pasado en los países capitalistas desarrollados, en los que fue el resultado de la fusión del capital bancario con el industrial; más bien, se trata de un  capital financiero desvinculado de la economía real productiva, centrado principalmente en las empresas comerciales y de servicios.

Con la nacionalización de los bancos en septiembre de 1982, el Estado, particularmente el gobierno, aparentemente había resultado el triunfador contra  el capital financiero; sin embargo, la victoria fue parcial y temporal, puesto que para fines del mismo año, el nuevo gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) inició una política económica al servicio del capital financiero, conocida como neoliberalismo, cuyo eje central es el libre mercado, en el que el Estado, tenía que dejar de ser propietario y dejar la política económica a la libre acción de las fuerzas del mercado. En este sentido, una de las estrategias fue la privatización masiva de empresas del Estado, demanda exigida por el capital financiero, desde la creación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en 1975 en su confrontación con el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976). Con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se produce un “salto” en la consolidación del capital financiero, ya que se produce una segunda “ola” de privatizaciones, que aunque no fue masiva, como en el gobierno anterior, se trató empresas estratégicas del Estado, destacando Teléfonos de México (Telmex) y los bancos nacionalizados. Mención especial requiere la Reforma al Artículo 27 Constitucional, en la que se legaliza la formación de Sociedades Mercantiles, con el fin de dar facilidades al capital privado para invertir en la agricultura y con ello favorecer la privatización de las tierras ejidales y comunales en el campo. Con el siguiente gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) continua el proceso de privatización de empresas del Estado, entre las que sobresalen los Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), comunicación satelital, petroquímica y privatización de pensiones del IMSS. Con el primer gobierno del PAN, el de Vicente Fox (2000-2006) se realizó la venta al capital extranjero de los bancos nacionales, ya que Banamex fue adquirido por el Banco estadounidense Citigroup, Bancomer por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de nacionalidad española, Serfin por el Banco español Santander, Internacional por HSBC de capital británico e Inverlat por el banco canadiense Scotia Bank; así el 80 % de los bancos está en poder del capital extranjero, quedando el restante 20% en poder de Banorte, único banco de capital nacional. Con el segundo gobierno del PAN, el de Felipe Calderón (2006-2012), se crean las condiciones para la privatización del sector energético al facilitar la entrada de capital extranjero, así como la derrota en 2009 del último bastión sindical representado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a través de la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Así, el actual gobierno prosigue con las reformas estructurales, sobresaliendo la energética que implica la privatización de PEMEX y la CFE, que beneficiará al capital extranjero y a la poderosa oligarquía financiera que detenta el poder económico y decide el rumbo político del país. En suma el Estado “empresario” ha sido reducido a su mínima expresión, en beneficio del capital financiero, de tal forma que se ha reestructurado y fortalecido. Además, la riqueza se ha concentrado en una oligarquía financiera que se mantuvo relativamente estable las décadas de los 80 y principios de la década del 90 del siglo pasado en alrededor de 26-27 grupos financieros y que en la actualidad oscila aproximadamente en 16, contrastando con la enorme pobreza que padecen más de 50 millones de mexicanos.



2. Política económica del capital financiero (1982-2015)

Con la nacionalización de los bancos y las empresas controladas por los mismos, el Estado "empresario" llego a su clímax, con la posesión de 1155 empresa publicas. Aparentemente el capital financiero había sido derrotado económicamente, pero en realidad para fines de 1982, con el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) arriba al poder político e inicia la ofensiva contra el Estado propietario con la venta masiva de empresas estatales. Según Guillén (2000), durante el período gubernamental de Miguel de la Madrid, el número de des-incorporaciones de entidades para-estatales fue muy alto -743- aunque la importancia económica de las empresas privatizadas fue secundaria, prevaleció un criterio de re-dimensionamiento del sector paraestatal más que de privatización generalizada. En 1988 el sector paraestatal estaba constituido por 412 entidades. Aunque el número de privatizaciones fue alto, su impacto económico fue poco significativo. El proceso privatizador continúa durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que aunque la venta de empresas estatales no fue masiva, se concentró en empresas estatales estratégicas para el desarrollo económico del país, entre las que destacan los bancos y Teléfonos de México (Telmex) y Compañía minera México. Aunque la venta de empresas del Estado no alcanzó la magnitud del gobierno anterior, para 1993 se tenía solo 210 empresas estatales. Mención especial merece la modificación al Artículo 27 Constitucional en 1992, abrió la posibilidad real de privatización de las tierras ejidales y comunales de los pueblos, que al tratarse de una forma social de propiedad de la tierra de los campesinos es incompatible con la propiedad privada capitalista, ahora son lanzadas a la circulación mercantil capitalista, generando una nueva re-concentración en manos de propietarios privados que las dedican a la especulación inmobiliaria y en la explotación irracional de los recursos minerales.

Morera (1998) afirma que la re-agrupación y permanencia de la oligarquía es un proceso que se inició en 1983, culminó en 1992 y estuvo determinado por los tres procesos de privatización: el de las casas de bolsa bancarias en 1983, el de los caps (certificados de aportación patrimonial de las sociedades nacionales de crédito) en 1986, y el de importantes empresas para-estatales, entre las que sobresalen Telmex, así como los bancos a partir de 1990. En el primero y segundo períodos, la re-agrupación se dio alrededor de las casas de bolsa bancarias y no bancarias; en el segundo el polo de atracción fue la privatización de la banca, el decreto para la conformación de los grupos y la autorización de nuevos bancos. Hasta la nacionalización de los bancos los núcleos más poderosos eran los grandes accionistas familiares industrial-financieros y los bancario-financieros; entre los primeros destacaban Alfa, VISA-Serfin y Vitro-Banpaís; entre los segundos, Bancomer y Banamex. El decreto de nacionalización aplicado por el Estado afectó a los que poseían instituciones financieras y en particular al núcleo bancario-financiero de Bancomer y Banamex. Con la privatización de las casas de bolsa bancarias se inició el proceso de re-composición de la aristocracia financiera y con ello un cambio en la naturaleza de la propiedad, que llevó a un tránsito del capitalismo estrictamente familiar a otro basado más en amplias coaliciones de potentados dispuestos por un centro dominante. Las casas de bolsa fueron adquiridas por núcleos de la vieja oligarquía y por primera vez participaron elementos, no tan poderosos vinculados al sector industrial. Simultáneamente, se desarrollaron y fortalecieron los núcleos de las casas de bolsa no bancarias que fueron perfilando, junto con los sectores reagrupados alrededor de las bancarias, el nuevo núcleo más poderoso de la oligarquía financiera. Las casas de bolsa no bancarias se desarrollaron y dentro de ellas sobresalieron Accival, Inbursa y Probursa, en las cuales mantuvieron su participación los propietarios originales, con lo que a partir de la década de los noventa del siglo pasado reagruparon a la vieja oligarquía más poderosa bajo su control. Particularmente con el proceso de privatización bancaria, el núcleo de las coaliciones de potentados formadas alrededor de los grupos industriales y de las casas de bolsa que compraron los bancos y las empresas para-estatales tuvieron la posibilidad de endeudarse en dólares para la adquisición del paquete accionario de control, y convertir la deuda de corto plazo contraída inicialmente para tal propósito en deuda de mediano plazo; ello les permitió aprovechar el diferencial de las tasas de interés y realizar a la vez inversiones financieras y productivas, así como apropiarse de las acciones que les garantizaran el control de los grandes consorcios públicos de capital financiero. Algunos tuvieron que vender empresas para cumplir sus compromisos, pero el financiamiento obtenido les permitió realizar las ventas en óptimas condiciones. Fue en este contexto que se dio la privatización de la banca y la integración de los grupos; con el propósito de fortalecerlos ante la apertura del comercio y de los servicios financieros, se promovieron medidas de regulación interna y de gradualismo en la apertura a fin de garantizarles la capitalización y la adecuación tecnológica que demandaban las nuevas condiciones. El sector financiero mexicano experimentó un cambio radical en la estructura de su capital, lo que dio lugar a amplias coaliciones de potentados bajo una centralización del control. En total, los grupos financieros como tales, para 1992 eran 27, y pertenecían a ellos 23 bancos, 21 casas de bolsa, 26 arrendadoras, 24 empresas de factoraje, 10 aseguradoras, 6 almacenadoras, 7 afianzadoras y 21 casas de cambio. Había además 400 cajas de ahorro.

Las adquisiciones, fusiones y asociaciones, son estrategias utilizadas por la oligarquía financiera para enfrentar la competencia nacional e internacional y así mejorar la rentabilidad de sus capitales invertidos. Las tres estrategias están enmarcadas en la nueva etapa del desarrollo del capitalismo, particularmente en su fase financiera, iniciada en 1983, con el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) y que continúa en la actualidad, provocando una profunda re-composición de la oligarquía financiera. De los Ríos Cortés (2006), desglosa las adquisiciones de empresas durante el período 1988-2005, en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Adquisiciones de empresas en México durante 1988-2005.

Año	Adquisiciones (millones de dólares)	Número de empresas	Valor promedio (millones de dólares)
1988	1,721.9	90	19.1
1989	1,931.4	147	13.1
1990	4,592.2	187	24.6
1991	11757.4	188	62.5
1992	7,408.5	196	37.8
1993	4,659.6	281	16.6
1994	3,066.7	134	22.9
1995	2,128.4	110	19.3
1996	3,398.5	109	31.2
1997	16,031.5	239	67.1
1998	4,859.2	302	16.1
1999	4,374.1	298	14.7
2000	12,725.4	444	28.7
2001	22,425.1	301	74.5
2002	20,789.6	371	56.3
2203	5,105.1	166	30.8
2004	10,736.1	77	139.4
2005	5,439.3	109	49.9

Fuente: De los Ríos Cortés (2006).

En es evidente que hay años que destacan por el valor de las transacciones realizadas, como son: 1991, 1997, 2000, 2001, 2002 y 2004; especial mención merece el año 2001 en el que se realizó la compra de los bancos privados nacionales por el capital extranjero, a excepción de Banorte. Cabe destacar la adquisición en 2001 de Banamex por Citibank  por un valor de 12,500 millones de dólares. Según el autor antes citado, la magnitud de las adquisiciones del período analizado, se puede explicar por las siguientes razones:

a). Durante los años ochenta y noventa del siglo pasado se realizó en México el mayor número de des-incorporaciones de empresas del Estado. El proceso privatizador que se inició a principios de los años ochenta tuvo su mayor actividad entre 1988 a 1993, pues en este período se vendieron las principales empresas industriales y los bancos comerciales, fundamentalmente de 1990 a 1992.

b). Otro factor que contribuyó en años posteriores a sostener e incrementar las adquisiciones fue una consecuencia indirecta del proceso mismo de privatización, pues muchas empresa públicas que en una primera instancia fueron adquiridas por empresas e instituciones mexicanas, posteriormente pasaron a manos del capital trasnacional, como es el caso del sector bancario. Con ello los cambios paralelos en las condiciones de competencia y de mercado fortalecieron los procesos de integración económica y de apertura como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

c). También el proceso de apertura y des-regulación en importantes sectores económicos como el bancario-financiero y el de telecomunicaciones, aunado con las cada vez más exigentes condiciones de competencia, implicaron a finales de los noventa y principios del nuevo siglo, un importante número de mega-adquisiciones.

Si se analizan de forma sectorial las adquisiciones de empresas en México durante los últimos veinte años, se observa que las operaciones más importantes se realizaron en tres sectores: a) sector bancario y otros servicios financieros, b) telecomunicaciones, y c) alimentos y bebidas. En estos sectores se efectuaron 64.7% de las adquisiciones. Les siguieron otros sectores que han mostrado un importante número de adquisiciones de empresas, como comercio, transportes, puertos y almacenes, medios de comunicación y hotelería y restaurantes, lo cual muestra la importancia del sector servicios en el proceso de adquisiciones.

En materia de adquisiciones, el período de estudio se puede subdividir en tres sub-períodos. El primero que abarca de 1988 a 1994, el cual se caracteriza por que las adquisiciones se concentran en los sectores bancario y de telecomunicaciones, así como de de alimentos y bebidas con un valor de 71% de las adquisiciones; en esos años se da la privatización de Telmex y de la banca poco antes nacionalizada. En el segundo sub-período de 1995 a 1999, siguen siendo preponderantes las adquisiciones en los sectores bancario y de telecomunicaciones, pero también cobran relevancia las realizadas en el sector comercial, como es el caso de la adquisición de Cifra-Aurrera por Wal-Mart; por último, en el tercer sub-período del 2000 al 2005, los tres sectores más importantes fueron de nuevo los del primer sub-período, es decir, financiero, telecomunicaciones y alimentos y bebidas, con 73% del valor de las adquisiciones totales.

El sector bancario fue el más activo en materia de adquisiciones y fusiones con cerca de la mitad de las operaciones. Los períodos más importantes para las adquisiciones bancarias fueron de 1988 a 1994, que coincide con la privatización de los bancos, y el de 2000 a 2005, en el que se produce la compra de la mayor parte del sistema financiero (bancos y compañías de seguros) por instituciones extranjeras afines.

Aunque los procesos de fusión y adquisiciones bancarias son muy anteriores a la década de los ochenta, es precisamente con la nacionalización de la banca cuando comienza un importante proceso de re-estructuración del sector financiero. Tal proceso se podría dividir en tres etapas. La primera incluye la nacionalización de la banca en 1982 y se prolonga hasta 1989; la segunda, que va de 1990 a 1995, comprende la re-privatización de la banca comercial nacionalizada y la crisis del sistema financiero, y la última a partir de 1995 cuando los grupos financieros nacionales se consolidan en un primer momento y posteriormente sobreviene la adquisición de la gran mayoría de la banca comercial y las principales instituciones de seguros por la banca extranjera.

En lo referente al primer período, ya desde los años setenta los bancos dominaban el sistema financiero que derivaba de una fuerte concentración no solo en el sector bancario sino en todo el sector financiero mediante otras instituciones, como casas de bolsa, arrendadoras, hipotecarias, etc.; además mantenían una importante participación en el capital de empresas industriales y comerciales.

Después de la nacionalización bancaria, dos aspectos inciden de forma importante en los procesos de adquisiciones y fusiones. Por una parte, se decidió terminar con la participación de la banca en la intermediación financiera no bancaria y en las empresas industriales y comerciales (el Estado solo conserva la banca comercial y algunas importantes compañías de seguros).

De esta manera, además de la indemnización que los dueños de la banca recibieron por la nacionalización, también se les favoreció durante el proceso de privatización del capital de otros intermediarios financieros, ya que fundamentalmente en 1984 y 1985 el Estado puso a la venta la cartera de acciones de empresas industriales y comerciales propiedad de los bancos nacionalizados, así como las aseguradoras y casas de bolsa, entre otras instituciones, que conformaban dichos consorcios financieros.

Después de ocho años de la banca comercial nacionalizada gran cantidad de pequeños bancos fueron absorbidos por otros de mayor tamaño en procesos de orden horizontal. Así, de todos los bancos que fueron privatizados de 1991 a 1993 solo 18 sobrevivieron, pero para que posteriormente fueran adquiridos casi en su totalidad por bancos trasnacionales. Además, durante este período se eliminaron las restricciones a las participaciones cruzadas para permitir la formación de grupos financieros integrados verticalmente, es decir, que incluyeron bancos, aseguradoras, casas de bolsa y otras instituciones especializadas, lo cual conformó un nuevo panorama del sector financiero.

Al el segundo período le antecede en 1989 una enmienda constitucional para la privatización bancaria de inicios de los noventa, al permitir la propiedad privada de los bancos. En mayo de 1990 se reforma la Constitución para permitir la propiedad privada mayoritaria de las instituciones bancarias comerciales, con lo que los servicios de banca y crédito quedan eliminados de la lista de actividades económicas exclusivas del Estado. De esta manera de 1991 a 1993 se lleva a cabo el proceso de privatización del total de los bancos comerciales. La gran mayoría de los 18 bancos privatizados por el Estado, fueron adquiridos por casas de bolsa o inversionistas muy ligados a éstas, como se observa en el cuadro que sigue.

Cuadro 2. Bancos privatizados y empresas o inversionistas compradores (millones de dólares)

Núm.	Banco privatizado	Empresa compradora	Valor de la compra
1	Banamex	Casa de Bolsa Accival	3229.1
2	Bancomer	Grupo Valores Monterrey	2837.8
3	Banca Serfín	Operadora de Bolsa (Vitro)	913.8
4	Multibanco Comermex	Grupo Financiero Inverlat	874.5
5	Banco Mexicano Somex	Grupo Financiero Inverméxico	606.4
6	Banorte	Gruma (Grupo Maseca)	573.9
7	Banco Internacional	PRIME	480.5
8	Banco del Atlántico	Grupo Financiero GB	474.8
9	Banco del Noroeste (Banoro)	Estrategia Bursátil	367.7
10	Banca Promex	Casa de Bolsa Finamex	347.2
11	Banca Confía	Casa de Bolsa Abaco	295.7
12	Banco de Crédito Hipotecario	Cabal Peniche y Bracho	291.1
13	Banco del Centro (Bancen)	Multiva Grupo Financiero	280.9
14	Banca Cremi	Gómez F. y Covarruvias	248.0
15	Multibanco Mercantil de México	Grupo Financiero Probursa	202.5
16	Banpaís	Grupo Financiero Mexival	170.3
17	Bancreser	Alcántara y Mendoza	140.9
18	Banco de Oriente	Margain Berlanga y otros	74.0

Fuente: De los Ríos Cortés (2006).

El tercer período se presenta después de la crisis del peso en 1994, cuando las autoridades intervinieron algunos bancos. De 1995 a 1999 las autoridades financieras aplicaron esa medida a 16 bancos, los cuales estaban deficientemente capitalizados o habían sido mal administrados. En muchos casos fueron cerrados o se devolvieron después de re-capitalizarlos y de “limpiar” las carteras vencidas.

Los procesos de adquisiciones de instituciones bancarias mexicanas por bancos extranjeros ha sido la constante desde mediados de la década de los noventa. 10 de los 18 bancos privatizados fueron adquiridos por cinco instituciones bancarias extranjeras. Destaca la compra de Banamex y Bancomer, que controlaban más del la mitad del mercado cambiario. Por otra parte, el único gran banco mexicano que se conserva hasta el presente como tal, después de la privatización es el Banco Mercantil del Norte (Banorte).

La apertura del sistema financiero al capital extranjero llevó no solo a un profundo proceso de “desmexicanización” de la banca, sino también a una fuerte concentración del sistema financiero.

Las adquisiciones de los principales bancos del país durante el período 1995-2004, se presentan en el cuadro siguiente.

Cuadro 3. Adquisiciones de los principales bancos mexicanos de 1995 a 2004 (millones de dólares).

Institución financiera compradora	Institución adquirida	Monto de adquisición
Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria (España)	Grupo Financiero Bancomer (2004)	4,191.0
Hong Kong Shanghái Bank (Reino Unido)	Grupo Financiero Bital (2002)	1,140.0
Citibank (Estados Unidos)	Banamex-Accival (2001) Banca Confía (1997)	12,500.0 1,95.0
Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria (España)	Grupo Financiero Bancomer (2001) Banca Cremi y Banco de Oriente (1997)	1,593.0 21.6
Banco Santander (España)	Grupo financiero Serfín (2000) Grupo Financiero Inverméxico (1996)	1,562.6 166.0
Scotia Bank (Canadá)	Grupo Financiero Inverlat (2000)	40.0
Banco Mercantil del Norte (Banorte) (México)	Bancreser (2001) Grupo Financiero Asemex-Banpaís (1997) Banco del Centro (Bancen) (1995)	176.3 85.6 -

Fuente: De los Ríos Cortés (2006).

En el cuadro anterior es evidente la extranjerización de los bancos, a excepción de Banorte que sigue siendo un banco de capital mexicano.

Con respecto al sector de telecomunicaciones, destacan por las adquisiciones los períodos de 1988 a 1994, por la privatización de Telmex y de 2000 al 2005 por los cambios establecidos en las telecomunicaciones al presentarse una mayor dinámica en las adquisiciones de empresas importantes, fundamentalmente de la telefonía celular. De 1988 al 2005, el número de empresas de telecomunicaciones adquiridas (incluyendo subsidiarias) fue de 319, con un monto total de las operaciones de 17,857.7 millones de dólares. Dos períodos han sido claves por el impacto que sobre la estructura de las telecomunicaciones han tenido las adquisiciones y fusiones en México en los últimos años.

El primer período corresponde a la privatización de Telmex, al comienzo de la década de los noventa. El control de la compañía quedó en poder del grupo Carso, asociado con empresas extranjeras.

La apertura a la inversión privada, la des-regulación y el cambio hacia un modelo con competencia en los mercados permitió un mayor crecimiento de la industria, avances en la infraestructura, la disponibilidad y la cobertura de los servicios a partir de 1990.

Un segundo período se ubica en su inicio con la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones en 1995 y 1996. Así se dieron los primeros pasos para establecer un marco normativo que diera certidumbre a la inversión y fomentar las condiciones de competencia en la industria de telecomunicaciones.

Por medio de los procesos de apertura a la competencia y la des-regulación de distintos segmentos (larga distancia, telefonía celular, telefonía local, radio-localización y radiocomunicación, así como de sectores afines, como servicios satelitales, radio, televisión abierta y restringida, portales de internet y televisión por cable) se incrementó la competencia en dichos mercados para tratar de arrebatar mercado a Teléfonos de México (Telmex).

La modernización de las telecomunicaciones mediante la apertura a la inversión privada en 1990 y a la competencia quedó patente en México con la introducción de la fibra óptica y la total digitalización de la red de telecomunicaciones, que junto con las nuevas empresas en la telefonía de larga distancia en 1997 constituyeron importantes pasos hacia la transformación de las telecomunicaciones en México. En este sentido cabe mencionar que las condiciones de competencia han tenido un extraordinario desarrollo, principalmente en el rubro de la telefonía celular, que ha sido el negocio de más rápido crecimiento en el conjunto de sectores. Actualmente el liderazgo absoluto en este mercado en el país lo mantiene Telcel. Sin embargo, existen otras empresas importantes que han llevado un dinámico proceso de adquisiciones, como se observa a continuación en el cuadro.

Cuadro 4. Adquisición de Iusacell y adquisiciones de telefónica móviles (millones de dólares).

Año	Empresa adquirente	Empresa adquirida	monto	%
1992	Bell Atlantic Corporation (EUA)	Grupo Iusacell (grupo IUSA-Peralta)	520.0	23.0
1995	Motorola Inc. (EUA) Motorola Inc. (EUA) Motorola Inc. (EUA)	Baja Celular Mexicana México Cellular Telephone Celular de Telefonía	100.0 80.0 70.0	45.0 40.0 -
1997	Bell Atlantic Corporation (EUA)	Grupo Iusacell (grupo IUSA-Peralta)	490.0	21.0
2000	Sprint Corporation, Leep & Wireless (EUA). Telefónica de España (España)	Telefónica Pegaso PSC (Grupo Pegaso) Motorola Inc.	2,500 1,740.0	30.5 100.0
2001	Telefónica Móviles (Telefónica España). España	Telefónica Pegaso PCS (Pegaso y Sprint Co.)	2,000.0	80.0
2003	Movil Access- Unefon (grupo Salinas)	Grupo Iusacell	825.0	76.4

Fuente: De los Ríos Cortés (2006).

Cabe destacar en este caso que junto con el avance de empresas extranjeras para ocupar posiciones en el mercado local de telecomunicaciones, y en particular el de telefonía celular, las empresas de Telmex y del grupo Carso han emprendido una re-estructuración corporativa y un proceso de internacionalización por medio de adquisiciones, principalmente en América Latina y Estados Unidos. De esta manera la disputa por el mercado mexicano de telefonía celular se enmarca en procesos más amplios de competencia entre las grandes compañías telefónicas en escala mundial, y de alguna manera se puede mencionar que en la actualidad la competencia por el mercado de América Latina se da entre Telmex y Telefónica de España.

Respecto al sector hotelero, las compras las realizaron grandes cadenas comerciales extranjeras, dedicadas a la hotelería como: Marriot, Chartwell, Starwood, Occidental Hoteles, Canadian Pacific, Hoteles Barceló y Hoteles Brisas. Una parte de los hoteles en venta en los años recientes eran propiedad de empresas o grupos cuya actividad principal era otro sector económico y vendieron aquellos como parte de su estrategia de des-inversión para concentrarse en sus actividades principales o en otros sectores que consideraron más rentables, como es el caso de Cemex, Alfa, Grupo Carso, Desc., Visa (ahora Femsa), ICA e incluso Bancomer y Banamex, que tenían inversiones en el sector.

Si se considera el origen del capital, las adquisiciones en México, si se parte de mediados de los años noventa, es decir, los últimos diez años, el porcentaje de participación de las adquisiciones de empresas extranjeras se eleva 65%. Lo anterior muestra que las adquisiciones de empresas en México en la actualidad es resultado de un proceso de des-nacionalización de empresas mexicanas.

Las razones que explican lo anterior se pueden derivar, por una parte, del proceso mismo de apertura y des-regulación de sectores importantes de la economía como los sectores bancario-financiero y de telecomunicaciones, donde, además de abrirlos a la competencia, se favoreció la entrada de capital extranjero; por otra parte, las adquisiciones y fusiones son una vía rápida y segura de penetrar en cualquier mercado para después expandirse, factor que se ha visto acentuado precisamente por las características globales de la competencia en muchos e importantes sectores.

Si el monto total de 74,208.3 millones de dólares, que corresponden a las adquisiciones de empresas extranjeras en México de 1988 a 2005, se compara con el monto total que han realizado empresas y grupos mexicanos en la adquisición de empresas en el extranjero en el mismo período y que suma 32,829.7 millones de dólares, se puede observar que esta última cifra representa únicamente 44%. Esto muestra el efecto de penetración del capital extranjero en la economía mexicana, sin considerar que la transnacionalización de empresas mexicanas es un fenómeno relativamente reciente, mientras el capital foráneo ha incursionado en el país por la vía de las adquisiciones de empresas desde hace tiempo.

La internacionalización de empresas mexicanas por medio de adquisiciones y fusiones en el extranjero, son resultado de los importantes procesos de apertura y globalización de los mercados, que en México se iniciaron con el ingreso al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) y se profundizaron con los tratados de libre comercio con muchos países desde principios de los noventa, han coincidido con el resurgimiento de las empresas trasnacionales o multinacionales mexicanas. Entre éstas, sin duda, hay casos ilustrativos de este proceso de internacionalización, como son: América Móvil, Bimbo, Gruma y Cemex, que incluso han establecido operaciones en varias regiones del mundo; empero estas empresas no han sido las únicas empresas mexicanas que han emprendido procesos de internacionalización.

Es claro que el patrón de comportamiento de las adquisiciones de empresas mexicanas en el extranjero va adquiriendo el mismo sentido cíclico de las adquisiciones en el ámbito internacional. Pero quizá más importante es que ya existe un grupo de empresas trasnacionales mexicanas que ha fincado gran parte de sus operaciones fuera de México y que esta transnacionalización se ha logrado principalmente con la adquisición de empresas. En este sentido se pueden mencionar los procesos de adquisición de empresas en el extranjero, a cargo de Cemex, Bimbo, Gruma, Imsa y Grupo  Carso por medio de algunas de sus subsidiarias (Teléfonos de México, América Móvil, Carso Global Telecom y Samborns), Grupo México, Kosa y Femsa, entre las más grandes empresas mexicanas que durante los noventa y principios del nuevo siglo han llevado sus actividades a otros países con éxito por medio de la compra de empresas.

Valle Baeza y Martínez González (2012) afirman que la inversión extranjera creció después de la apertura externa emprendida por los gobiernos y los capitalistas mexicanos. En cerca de veinte años el flujo anual de inversiones se multiplicó por veinte. La apertura comercial y la entrada enorme de inversiones cambiaron a la clase capitalista mexicana, pues sus miembros debieron trasnacionalizarse o aliarse a capitales extranjeros, generalmente en una posición subordinada. El ejemplo más evidente de la transnacionalización de la oligarquía financiera lo representa el grupo Carso, el conglomerado más grande de México con empresas industriales, telecomunicaciones, hotelería y comercio. El capital manejado por el grupo Carso es de tal magnitud que hace a su principal accionista, Carlos Slim Helú, el hombre más rico del mundo, de acuerdo con la revista estadounidense Forbes, quien le imputaba control sobre activos de 74 mil millones de dólares en marzo de 2011.

La otra vía de incorporación a la globalización neoliberal es la asociación de los capitales nacionales con las trasnacionales. Sobran ejemplos: Banamex con Citigroup, el Grupo Fomento Económico Mexicano (Femsa) con Heineken, etc. El 6 de agosto de 2001 Citigroup adquirió por 12,500 millones de dólares el banco, en ese entonces mexicano, Banamex-Accival. La transacción legalmente no pagó impuestos gracias a la legislación neoliberal; la mitad del pago a los propietarios de Banamex-Accival se hizo con acciones de Citigroup, con lo que se convirtieron en tenedores minoritarios de uno de los grupos financieros más poderosos del mundo.

El Grupo Femsa produce cervezas, entre sus varios negocios. En 2010, en una transacción valuada en 7,347 millones de dólares, intercambió su producción de cerveza con la compañía holandesa Heineken por una participación accionaria equivalente a 20% en las firmas Heineken Holding y Heineken NV. Con la operación, Femsa se convirtió en el segundo socio comercial de Heineken.

La otra gran empresa cervecera mexicana, Grupo Modelo, se ha convertido en el primer gran exportador al mercado estadounidense; asimismo lo hace a otros 169 países, reza su propaganda. Los dos grupos mexicanos tienen la mayoría del mercado mexicano. El Grupo Modelo emprendió en 1993 una asociación con Anheuser-Busch (AE), empresa estadounidense, manteniendo el control mayoritario. El grupo estadounidense fue absorbido por el grupo belga-brasileño InBev en 2008, constituyendo la mayor empresa cervecera del mundo. El Grupo Modelo reclamó violaciones a su acuerdo de inversión con AE, pero perdió el litigio, por lo que para junio de 2013 tuvo que vender sus acciones a la nueva empresa por un valor de 20,100 millones de dólares.

Así pues en México se ha conformado una nueva oligarquía financiera tras-nacionalizada porque opera también en otros países del mundo y es la que determina el rumbo económico y político de nuestro país.

Borbolla (2014) afirma que desde 1993, México contaba con 14 empresarios cuyas fortunas superaban los 1,000 millones de dólares cada uno, de acuerdo a la Revista Forbes. En el selecto grupo se encontraban Emilio Azcárraga Milmo (Televisa), con una fortuna de 5,100 millones de dólares; Carlos Slim (Grupo Carso) con 3,700 millones de dólares; Lorenzo Zambrano (Cemex), 2,000 millones de dólares; Eugenio Garza Laguera (Visa y Bancomer) y Bernardo Garza Sada (Grupo Alfa), ambos ocupando el mismo escaño con 2,000 millones de dólares; la familia González Nova (Comercial Mexicana), con 1,500 millones de dólares; Ángel Lozada Jiménez (Gigante), con 1,300 millones de dólares; Jerónimo Arango Arias (Cifra), con 1,100 millones de dólares; Alberto Bailleres (Grupo Peñoles, Palacio de Hierro y GNP), con 1,100 millones de dólares; Lorenzo y Roberto Servitje (Bimbo), con 1,100 millones de dólares; Adrián Sada González (Vitro y Serfín), con 1,000 millones de dólares; Alfonso Romo Garza (Pulsar Internacional), con 1,000 millones de dólares; Pablo Aramburuzabala Ocaranza ((Cervecería Modelo), con 1,000 millones de dólares y Enrique Molina Sorbino (Gemex), con 1,000 millones de dólares. Estos magnates sumaban una fortuna acumulada de 22,900 millones de dólares. 20 años después, el número de multimillonarios mexicanos se mantuvo casi igual, pero con un aumento significativo de su riqueza, ya que en 2013, México tenía a 15 multimillonarios, cuyas fortunas sumaron un total de 148,500 millones de dólares, cifra 648% mayor respecto a la de 1993, según datos de Forbes. Ahora en las lista figuran Carlos Slim (Grupo Carso, América Móvil), considerado como el hombre más rico del mundo con una fortuna de 73,000 millones de dólares; Alberto Bailleres (Grupo Peñoles, Palacio de Hierro y GNP), con 18,200 millones de dólares; Germán Larrea Mota Velasco (Grupo México), con 16,700 millones de dólares; Ricardo Salinas Pliego (Grupo Elektra y Televisión Azteca), con 9,900 millones de dólares; Eva Gonda Rivera, viuda de Eugenio Garza Laguera (Femsa), con 6,600 millones de dólares; María Asunción Aramburuzabala (Grupo Modelo, hoy propiedad de la empresa belga Anheuser-Busch InBev), con 5,000 millones de dólares; jerónimo Arango (Cifra y Walmart México), con 4,000 millones de dólares; Emilio Azcárraga Jean (Grupo televisa), 2,500 millones de dólares; Rufino Vigil González (Industrias CH), con 2,400 millones de dólares; los hermanos José y Francisco Calderón Rojas (Femsa), con 2,300 millones de dólares; Carlos Hank Rhon (Grupo Financiero Interacciones y Grupo Hermes), con 1,900 millones de dólares; Roberto Hernández (ex dueño de Banamex y accionista de Televisa), con 1,800 millones de dólares; Alfredo Harp Helú (ex accionista de Banamex), con 1,500 millones de dólares; Max Michel Suberville (Femsa y Liverpool), con 1,400 millones de dólares y Juan Gallardo Thurlow (Organización Cultiba SAP, dedicada a la industria de las bebidas azucaradas), con 1,300 millones de dólares. Lo anterior es reafirmado por Esquivel (2015) en un estudio de la desigualdad extrema en México, al escribir que nuestro país está inmerso en un ciclo vicioso de desigualdad, falta de crecimiento económico y pobreza. Siendo la decimocuarta economía del mundo, hay 53.3 millones de personas viviendo la pobreza. La desigualdad ha frenado el potencial del capital físico, social y humano de México; haciendo que en un país rico sigan persistiendo millones de pobres. ¿En dónde está esa riqueza mexicana? En términos de renta y capital, se encuentra concentrada en un grupo selecto de personas que se han beneficiado del poco crecimiento económico del que ha padecido México en las últimas décadas. Así, mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco. A éste 1% más rico le corresponde un 21% de los ingresos totales de la nación. El Global Wealth Report 2014 señala, por su parte, que el 10% más rico de México concentra el 64.4% de toda la riqueza del país. Otro reporte del Wealth Insigth afirma que la riqueza de los millonarios mexicanos excede y por mucho a las fortunas de otros en el resto del mundo. La cantidad de millonarios en México creció en 32% entre 2007 y 2012. En el resto del mundo y en ese mismo período, disminuyó un 0.3%. El número de multimillonarios en México, no ha crecido mucho en los últimos años. Al día de hoy son sólo 16. Lo que si ha aumentado y de qué forma es la importancia y la magnitud de sus riquezas. En 1996 equivalían a 25,600 millones de dólares; hoy esa cifra es de 142,900 millones de dólares. Esta élite de multimillonarios –oligarquía financiera- ha capturado al Estado mexicano, sea por falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales. En contra-parte, durante los últimos 30 años ha habido un crecimiento paulatino de la participación del capital en el ingreso nacional, sí, pero al tiempo, una consecuente disminución de la participación del factor trabajo. A partir de 1981 y 2012, la participación del capital aumentó del 62% al 73% y la del trabajo disminuyó del 38% al 27%. Todo lo anterior favorece en 11 puntos porcentuales al ingreso nacional a favor del capital y a costa del trabajo.

Es evidente que la cantidad de multimillonarios prácticamente no se ha movido significativamente desde 1993; lo que sí ha cambiado radicalmente es el aumento de su fortuna, contrastando con la enorme pobreza en la que viven millones de mexicanos.

Pérez (2013), documenta que el gobierno de Salinas de Gortari se retiró de 21 ramas de la actividad económica, entre las que destacan: minería, construcción, comercio, transporte, servicios financieros, industria manufacturera y servicios comunales, de las 63 ramas en las que participaban las 1155 empresas para estatales y dada  su importancia estratégica tuvo un mayor impacto en la transformación económica y financiera del país. En el período 1982-1988 y 1989-1994, es el sector manufacturero el más afectado por las privatizaciones. Siguieron el mismo proceso el sector financiero, transporte, almacenamiento y comunicaciones, minería, electricidad, gas y agua. El proceso privatizador continuó en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000). Durante este gobierno, la desincorporación del sector paraestatal se dio bajo la forma de concesiones y licitaciones para operar bienes y servicios del sector público, así como la venta de activos. En el primer semestre de 1995, el presidente Zedillo modificó la Constitución Política, para permitir la participación privada en las comunicaciones satelitales, que antes estaba reservada al Estado, y se aprobó una nueva Ley de Telecomunicaciones. Además, se privatizaron: ferrocarriles, petroquímica, gas natural, aeropuertos y puertos. Así, del 1° de diciembre de 1994 al 31 de julio del 2000, concluyó la desincorporación de 111 empresas estatales, mediante los siguientes procesos: 31 a través de disolución, liquidación y extinción; 40 mediante la enajenación de la participación accionaria que poseía el gobierno federal  o alguna otra entidad paraestatal; tres vía transferencia a gobiernos estatales; 21 de conformidad con al Ley de Enajenación de Empresas Paraestatales que dejaron de considerarse como tales; y 16 mediante fusión. Con el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), permanece el criterio privatizador, destacando las reformas estructurales de “segunda generación”, que tuvieron como propósito culminar la privatización de las empresas estatales, agilizar una reforma laboral acorde con los intereses de la empresa privada y una reforma fiscal. Al final del gobierno de Vicente Fox, del 1° de enero al 31 de julio de 2006, se crearon dos organismos, el Fondo Nacional de los Trabajadores y la Comisión Nacional de Vivienda, con lo que sumaron 21 entidades públicas creadas a partir del 1° de diciembre de 2000. Deja el gobierno con 215 empresas estatales, al 31 de julio del 2006. De ese total, 173 eran organismos, empresas y fideicomisos vigentes, 90 organismos públicos descentralizados, 65 empresas de participación estatal mayoritaria y 18 eran fideicomisos públicos. Con el siguiente gobierno, el de Felipe Calderón (2006-2012), durante el período del 1° de agosto de 2001 al 23 de julio de 2012, se crearon dos entidades nuevas y no se iniciaron procesos de privatización. Al 23 de julio de 2012, las entidades paraestatales sumaron 197, de las cuales 185 son organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos que se encuentran vigentes y 12 en proceso de desincorporación. De las entidades vigentes, 99 son organismos descentralizados, 67 empresas de participación estatal mayoritaria y 19 fideicomisos públicos.. Sin embargo, es importante destacar que en el 2009 el gobierno procedió a la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que por su trascendencia político-sindical, fue importante por la derrota de uno de los sindicatos más combativos y de larga trayectoria de lucha, como fue el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fundado el 1918 y que representaba un obstáculo para la privatización del sector eléctrico. Finalmente, es de trascendental importancia, que las empresas estatales vigentes representan solo el 16% del redimensionamiento de las 1155 empresas públicas que el Estado poseía en propiedad en 1982. Es decir de fines de 1982 y hasta 2012, cuando concluye el gobierno de Felipe Calderón, se produjo una privatización masiva de las empresas del Estado, con lo que se cumplió con la demanda exigida desde 1975 por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Se produjo una nueva acumulación originaria de capital, tal como sucedió en el siglo XIX, durante la Reforma (1854-1860) y durante el Porfirismo (1876-1910) en beneficio del capital industrial naciente; ahora, en beneficio del capital financiero. Así se ha acabado con el Estado “empresario”, para retornar a un Estado liberal con mínima participación estatal en la vida económica del país, en el que sea el mercado el que determine el rumbo económico del país, tal como lo pregonaba el porfirismo, pero a un nivel muy superior, puesto que ahora la dependencia del capital extranjero es mayor, a tal grado que el 80% del sistema financiero está en poder del capital foráneo. Se ha producido la negación de la negación: el liberalismo del siglo XIX fue negado por el Cardenismo y éste fue negado por el “nuevo” liberalismo –neoliberalismo-, para retornar al punto de partida pero a un nivel superior y más complejo.

3. Discusión

La imposición de la política neoliberal ha sido posible, porque la correlación de fuerzas políticas fue y ha sido favorable al capital financiero, puesto, que desde mediados del siglo pasado en la etapa de desarrollo del capitalismo industrial, el movimiento obrero fue reprimido violentamente y controlado sindicalmente mediante el “charrismo” con la imposición de “líderes” ajenos a los intereses de los trabajadores, tal como sucedió en 1948 con los ferrocarrileros, en 1949 con los petroleros y 1951 con los mineros. En 1958-1959, hubo un nuevo intento de rescatar al sindicato de ferrocarrileros del control “charro”, pero fue reprimido violentamente y por consiguiente fue derrotado. Es hasta 1976, cuando se produce un intento de democratización del sindicato de electricistas con el surgimiento de la Tendencia Democrática encabezada por Rafael Galván, pero también fue reprimida violentamente lo que condujo a la fundación del Sindicato Único de Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) representado por el “charro” Francisco Pérez Ríos. Así se establecieron las condiciones político-sindicales, que permitió la imposición del neoliberalismo, política favorable para los intereses del capital financiero y particularmente de su élite: la oligarquía financiera.

El enorme poder económico del la oligarquía financiera le ha permitido imponer a los gobiernos, desde Miguel de la Madrid, hasta el actual, la política económica de acuerdo a sus intereses y la aniquilación del contenido democrático-burgués de la revolución de 1910-1917, con las correspondientes reformas constitucionales de los artículos: 27 en 1992, que no liquida las tierras ejidales y comunales de los pueblos, pero favorece facilita su asociación con capitales privados nacionales y extranjeros, para su posterior privatización; 123 que termina con las conquistas laborales de los trabajadores, al imponer una reforma laboral flexible lesiva para los intereses de los trabajadores; 3 que sustenta una reforma llamada educativa, pero que por su contenido se convierte en una reforma laboral que afecta a los trabajadores de la educación, pues no se trata de una verdadera reforma educativa, que considera la pertinencia de los planes de estudio, el perfil docente que se requiere y sobre todo excluir de la elaboración de la reforma de los principales actores del proceso educativo: docentes y estudiantes, que son los que por su experiencia, pueden aportar elementos para una reforma educativa integral; 28 que sustentaba la propiedad de los hidrocarburos por parte del Estado para abrir espacio al capital privado nacional y extranjero. En suma, se ha liquidado a la Revolución Democrático-burguesa de 1910-1917 y se ha reducido a su esencia burguesa.

4. Conclusiones

Con la nacionalización de los bancos y las empresas controladas por los mismo en 1982, el capital financiero es derrotado parcial y temporalmente, ya que  el nuevo gobierno encabezado por Miguel de la Madrid, inicia la implementación de un programa de corte neoliberal en beneficio de la oligarquía financiera y en contra de los intereses de la mayoría de la clase trabajadora.

El rasgo esencial del capitalismo financiero actual en México no es en el sentido clásico como se concebía a principios del siglo pasado, en los países capitalistas desarrollados, en los que fue el resultado de la fusión del capital bancario e industrial; en los países subdesarrollados como México, más bien se trata de un capital financiero desvinculado de la economía real productiva, centrado principalmente en las empresas comerciales y de servicios.

Con la política neoliberal implementada por el gobierno, se producido la extranjerización de la economía, en particular el sistema financiero mexicano, que en un 80% pertenece al capital extranjero y solo grupo financiero (Banorte) permanece en poder capital mexicano. Paralelamente se ha producido la incursión de capital mexicano en otros países, sobre todo a partir de los años 90 del siglo pasado y en mayor grado a partir de este siglo.

La riqueza se concentra en un número reducido de grupos financieros  -oligarquía financiera-, que en las décadas de los 80 y principios de la década del 90 del siglo pasado fluctuó entre 26 y 27 y a partir mediados de 1990 y del nuevo milenio oscila en alrededor de 16, contrastando con la pobreza en la que se debaten más de 50 millones de mexicanos. Es decir, la enorme pobreza en que viven  millones de mexicanos, es la contra-parte de la descomunal riqueza que concentra la oligarquía financiera.

Dado el enorme poder del capital financiero internacional y de la oligarquía mexicana en particular subordinada a él, son los que deciden la política económica del gobierno en beneficio de sus intereses: disciplina fiscal, control de la inflación y tasa de cambio flexible.

La oligarquía financiera ha aniquilado las conquistas históricas plasmadas en la Constitución de 1917, con las reformas a los siguientes artículos: 27 para favorecer la privatización de tierras ejidales y comunales; 123 que desaparece los contratos colectivos, salarios de hambre, privatización de los fondos de pensiones de los trabajadores en perjuicio de los trabajadores, legalización del outsourcing, entre otros; 3, para favorecer a la educación privada e implementar una reforma educativa que vulnera los derechos de los trabajadores de la educación, en vez de realizar un diagnóstico de la educación, si el Plan de Estudios responde a las necesidades del país y de acuerdo con esto, que perfil de docente se necesita y sobre todo convocar a los actores principales del proceso educativo -docentes y alumnos- para que con su experiencia participen en la elaboración de un Plan Nacional educativo ; y  28, en cuya modificación se sustenta la actual reforma energética que privatiza los recursos energéticos en detrimento de PEMEX y la CFE y, desde luego en perjuicio del pueblo trabajador. 

En síntesis, el neoliberalismo es una política reaccionaria, que contrasta con el viejo liberalismo del siglo XIX, que tuvo un carácter progresista al luchar contra el viejo poder monopólico feudal.

4. Bibliografía

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