DE LA REVOLUCIÓN DE 1910-1917 AL CARDENISMO (1934-1940)

II. DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICO-BURGUESA (1910-1917) AL CARDENISMO (1934-1940)

Valentín Vásquez

Oaxaca, México
valeitvo@yahoo.com.mx

Introducción

El capitalismo industrial es resultado de un largo proceso de desarrollo gradual, que inicia en el seno del sistema feudal durante la dominación española en el siglo XVI y a pesar de que en la Independencia es derrotada la tendencia pequeña burguesía revolucionaria representada por Hidalgo y Morelos, en 1821 con Iturbide a la cabeza de las clases conservadoras: la Iglesia y los terratenientes –hacendados-, conjuntamente con Guerrero consuman la Independencia, pero con el claro objetivo de impedir que las reformas liberales burguesas implementadas en España trascendieran a la Nueva España. Así pues, la Independencia que inició como una revolución popular comandada por Hidalgo y luego por Morelos, concluyó como una contrarrevolución. A pesar del carácter conservador de la Independencia, significó una continuidad en el desarrollo de la burguesía industrial, de tal forma que a mediados del siglo XIX, se produce un salto –discontinuidad- en su desarrollo con la Reforma (1854-1860), que aunque en la historia oficial se le conoce como Reforma, en realidad se trató de una profunda Revolución Burguesa, que comenzó con la Ley Lerdo de 1856, en la que queda prohibido el monopolio de la tierra, tanto de las comunidades indígenas, como de la Iglesia. En este sentido, estableció que las tierras pertenecientes  a las corporaciones civiles y religiosas serían vendidas a los arrendatarios. Así pues, la Ley Lerdo perseguía privatizar las tierras comunales y de la Iglesia, para incorporarlas a la circulación mercantil, tal como lo exigía el capitalismo naciente. La ley Lerdo fue incorporada a la Constitución Liberal de 1857. Esta profundizó las diferencias con los Conservadores, que aunque también eran partidarios del desarrollo industrial con el apoyo del Estado, los liberales pensaban en una sociedad de pequeños productores que por acción de las leyes del mercado fomentarían la agricultura, la industria y el comercio. La lucha se radicalizó y culminó con las Leyes de Reforma en 1859, entre las que destacan, la Ley de Nacionalización de los bienes de la Iglesia, principalmente las tierras que constituían su mayor capital. Hasta aquí los Liberales habían dado un paso muy importante, para el desarrollo de la burguesía industrial, puesto que la base social de su movimiento revolucionario, eran los comerciantes, los terratenientes –hacendados- y rancheros, que fueron los que adquirieron las tierras de la Iglesia, pues eran ellos, los que contaban con los recursos económicos. Se había consumado la primera etapa de la Revolución Burguesa: la destrucción principalmente del monopolio territorial de la Iglesia, que conjuntamente con la aplicación de las leyes liberales contenidas en la Constitución de 1857 a las comunidades indígenas,  contribuyeron a la conversión  de las tierras en mercancías y la mano de obra “libre” de sus medios de producción se convertía también en mercancía que el capitalismo exigía. La intervención francesa (1862-1867) demoró la aplicación de las Leyes de Reforma, pero una vez derrotada, en 1877 arribó a la presidencia de la República el General Porfirio Díaz, quien consumó la “obra” reformadora de sus antecesores liberales. Específicamente, continúo con el combate al monopolio territorial de las comunidades indígenas, con el Decreto sobre Colonización y Compañías Deslindadoras en 1883, con el propósito de deslindar todos los terrenos que no pudieran acreditarse legalmente considerados como “baldíos”; Circular expedida en 1890 que enfilada contra la propiedad comunal de la tierra para privatizarla y Ley del 26 de marzo de 1894, en la que se daba amplia libertad las Compañías Deslindadoras, para adquirir grandes extensiones territoriales. Todas estas medidas implementadas por el gobierno de Porfirio Díaz, produjeron el mayor despojo de tierras de las comunidades indígenas, transformando a sus miembros en fuerza de trabajo disponible para las necesidades del capital. Se había dado otro paso más en el desarrollo del capitalismo mexicano. Paralelamente al despojo territorial de las comunidades indígenas, el gobierno del General Díaz fomentó el desarrollo principalmente de la industria extractiva –minerales y petróleo-, cuya producción y distribución requería de transportes, lo que condujo a la construcción de la red ferroviaria; agricultura basada en cultivos tropicales de exportación; y, dada la escases de recursos financieros del Estado, recurrió al capital extranjero, principalmente norteamericano. En suma, se trató de otro salto en el desarrollo de la industrialización del país, pero subordinada a los intereses del capital extranjero.

La política  porfirista antipopular generó una enorme desigualdad social, caracterizada por la concentración del grueso de la riqueza en una minoría oligárquica, contrastando con la miseria extrema en que vivía la inmensa mayoría de la población, condiciones socio-económicas que produjeron el estallamiento de la Revolución en 1910.  

1. Revolución democrático-burguesa (1910-1917)

Durante el Porfirismo se polarizó la sociedad rural: por un lado se enriqueció enormemente un reducido grupo de hacendados que concentraron enormes extensiones de tierras, a tal grado que para 1910 existían 8431 haciendas; en el otro extremo, se encontraban millones de campesinos pobres en su mayoría carentes de tierras y en condiciones de extrema pobreza.

En el siguiente cuadro se presenta la distribución de la Tierra en 1910 entre hacendados y rancheros.

Cuadro 1. Haciendas y ranchos en México

Año	Ranchos	Haciendas
1877	14705	5869
1900	32557	5932
1910	48633	8431

Fuente: Jürgen (1979).

En el cuadro anterior, es evidente que el número de ranchos aumentó considerablemente durante el Porfirismo, de 14705 en 1877 a 48633 en 1910, correspondiente a un incremento del 70%. En cambio las haciendas crecieron de 5869 en 1877 a 8431 en 1910, lo que equivale a un aumento del 30%. Aunque no se menciona la extensión territorial de haciendas y ranchos, pero lo que si es indudable, es que tanto ranchos como haciendas, aumentaron a costa de las tierras comunales de los indígenas.

Muchos hacendados principalmente del norte donde las relaciones capitalistas se habían desarrollado aceleradamente empezaron a interesarse por invertir sus capitales en la industria, pero en la práctica chocaron con los intereses del capital extranjero, que tenía enormes privilegios concedidos por el gobierno de Díaz.

La situación era ya insostenible para 1910, por lo que la burguesía agraria–industrial representada por Madero al agotar las posibilidades legales de acceder al poder político, tuvo que recurrir a la lucha armada en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. En su Plan de San Luis, Madero plantea claramente su programa de lucha al establecer como principal demanda política el derrocamiento de Díaz expresada en su lema: “Sufragio Efectivo No Reelección” y para lograrlo requería el apoyo de los campesinos, por lo que en el artículo 3 de su Plan considera la restitución de tierras como demanda legítima de los campesinos pobres. La incorporación de la restitución de tierras a los campesinos pobres en  su programa, la hizo como una medida estratégica para atraer a su lucha al movimiento campesino, ya que su intención era eminentemente política y se conformaba únicamente con el relevo de la camarilla porfirista del gobierno y con ello automáticamente todos los problemas sociales y económicos se resolverían con la sola conquista de la libertad política. En este sentido, lo explica Montalvo (1988) en Historia de la Cuestión Agraria Mexicana, cuándo menciona que para 1912: “Se ha pretendido que el objeto de la Revolución de San Luis fuese resolver el problema agrario; no es exacto: la Revolución de San Luis fue para reconquistar nuestra libertad, porque la libertad sola resolverá de por sí todos los problemas”. Además, sus intereses económicos en la agricultura y la industria le impedían avanzar hacia una profunda transformación socio-económica, como lo prueba la siguiente información proporcionada por Jürgen (1979): “La familia Madero que jugó un papel muy decisivo en la primera etapa de la Revolución, es representativa de esta clase de latifundistas progresistas. Aparte de dedicarse a la producción de algodón, la familia Madero era activa en la industria textil, empezó con la producción y transformación de caucho, fundó el primer banco en la frontera norte, poseía viñas extensas y una serie de lugares de vinos. Cuando se descubría cobre en sus tierras, ella misma emprendía la extracción y para no depender de las empresas extranjeras, construyó hornos propios de fundición que figuraban dentro de las empresas industriales más importantes de México. Su actividad económica independiente no solamente involucró a los Madero en el conflicto de intereses con el Estado de Díaz y los “Científicos”, en cuya política no tenían ninguna influencia, sino también con el capital extranjero, especialmente con el Trust norteamericano Guggenheim y su American Smelting and Refining Company. La enemistad de Guggenheim contra la Familia Madero se ve claramente en que el embajador norteamericano en México, Henry Lane Wilson, quien desempeñó su cargo gracias a este Trust, participó decisivamente en la preparacion del golpe militar contrarrevolucionario del año de 1913 contra el presidente burgués Francisco I. Madero y de su asesinato”.

A pesar de las contradicciones con el capital extranjero, principalmente norteamericano, Madero en ningún momento planteó en su programa ninguna medida para limitar su poder, solo se conformó con lograr la libertad política, a través del relevo de Porfirio Díaz de la Presidencia de la República Mexicana.

La Revolución iniciada en 1910 producto de las contradicciones entre dos fracciones de la burguesía: una muy reducida, poseedora del poder político por medio de Porfirio Díaz, sometida  al capital extranjero con intereses económicos en la minería (principalmente plata y metales industriales), ferrocarriles, petróleo y cultivos de exportación; otra, formada por terratenientes aburguesados progresistas, entre los que se encontraba  Madero.

El movimiento armado fue el resultado del empeoramiento de las condiciones de vida de los campesinos pobres, como consecuencia de la aparición del capitalismo durante la   Reforma  encabezada   por  Juárez (1856–1860) y especialmente el Porfiriato (1876–1910), cuando los comuneros indígenas fueron despojados de gran parte de sus tierras, con lo que se convirtieron en mano de obra en las haciendas como arrendatarios y aparceros, en condiciones deplorables, por lo que la revolución la vieron como una oportunidad para la recuperación de sus tierras perdidas; desplazamiento de los capitales nacionales por el capital extranjero junto con una reducida oligarquía nacional apoyados por la dictadura de Díaz; así como, la inconformidad de los obreros principalmente en los centros mineros de Cananea Sonora y textileros en Río Blanco Veracruz, como lo prueban las huelgas de 1906 y 1907 respectivamente.

De 1910 a 1913 transcurre la primera etapa de la Revolución, cuya lucha armada concluye en mayo de 1911 con la renuncia a la Presidencia de la República por parte de Porfirio Díaz. Madero asume la Presidencia de México, a fines de 1911 convencido de que la Revolución había culminado. En su corto mandato creó el Departamento del Trabajo en 1912, para atender los problemas laborales entre trabajadores y empresarios. Con respecto al problema agrario, no cumplió con el Artículo 3 de su Plan de San Luis en el que se estipulaba la restitución de tierras a los campesinos pobres, debido a su condición social de pertenecer a los terratenientes aburguesados, en contraste, con el movimiento campesino revolucionario. Esta situación provocó la ruptura del zapatismo con Madero, actitud que indujo a Zapata a elaborar su propio programa agrario revolucionario, conocido como Plan de Ayala, expedido el 28 de noviembre de 1911, cuyas demandas fundamentales, son citadas por Córdoba (1973):

"6º. Como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar: que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos, correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en las manos, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derechos a ellos, lo deducirán ante los tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolución".

"7º. En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son mas dueños que del terreno que pisan sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizadas en unas cuantas manos, las tierras, montes y aguas; por esta causa, se expropiarán previa indemnización, de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellos a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos".

"8º. Los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente Plan, se nacionalizarán sus bienes y las dos terceras partes que a ellos correspondan, se destinarán para indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en las luchas del presente Plan".

"9º. Para ejecutar los procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, se aplicarán las leyes de desamortización y nacionalización, según convenga; pues de norma y ejemplo pueden servir las puestas en vigor por el inmortal Juárez a los bienes eclesiásticos, que escarmentaron a los déspotas y conservadores que en todo tiempo han querido imponernos el yugo ignominioso de la opresión y el retroceso".

Con el Plan de Ayala el movimiento zapatista se independiza de la tendencia burguesa de madero y se radicaliza al exigir el reparto de las tierras de las haciendas y defender la posesión, incluso con las armas.

La falta de apoyo de los campesinos pobres a Madero lo debilitó socialmente, coyuntura aprovechada por  el poder económico intacto del Estado y la oligarquía porfiristas que conspiraron, junto los enemigos externos, para derrocar a Madero mediante un golpe de Estado y entronizar a Victoriano Huerta como Presidente espurio de México. Con esto la oligarquía porfirista y el capital extranjero recuperan el poder político. La revolución maderista, por la dialéctica de la lucha de clases se había transformado en contrarrevolución. 

Con el golpe de Estado a Madero se pasa a la segunda etapa de la Revolución que dura de 1913 a 1914, un poco más de un año. Se inicia con el levantamiento armado por parte de Venustiano Carranza, siendo Gobernados de su Estado. Se trata de un hacendado porfirista que se había inconformado con Díaz desde 1909 al ser aplastado por la "maquinaria" oficial en favor de su adversario, en la contienda electoral para la gubernatura de su Estado (Coahuila). Su naturaleza social conservadora como latifundista, se reflejó en el contenido del Plan de Guadalupe, cuyas demandas se especifican en los siguientes artículos:

"1°. Se desconoce la general Victoriano Huerta como Presidente de la República".

"2°. Se desconocen también los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación.

"3°. Se desconocen a los gobiernos de los Estados que aún reconozcan a los Poderes Federales que forman la actual Administración".

"4°. Para la organización del Ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como Primer Jefe del Ejército que se denominará "Constitucionalista" al ciudadano Venustiano Carranza".

"5°. Al ocupar el Ejército Constitucionalista la ciudad de México se encargará interinamente del Poder Ejecutivo el ciudadano Venustiano Carranza, o quien lo hubiere sustituido en el mando.

"6°. El Presidente Interino de la República convocará a elecciones generales, tan luego como se haya consolidad la paz, entregando el poder al ciudadano que hubiere sido electo".

"7°. El ciudadano que funja como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista en los Estados cuyos Gobiernos hubieren reconocido al de Huerta asumirá el cargo de Gobernador Provisional y convocará a elecciones locales, después que hayan tomado posesión de sus cargos los ciudadanos que hubiesen sido electos para desempeñar los altos Poderes de la Federación, como lo previene la base anterior".

Se trata de un documento programático muy sintético, cuyas demandas son esencialmente políticas. En ninguna parte se consideran reformas sociales que afectan a los diferentes sectores de la sociedad. Sin embargo, alrededor del "Constitucionalismo" se aglutinaron las fuerzas sociales opositoras, entre las que destacaron el Calles y Obregón, el villismo y el zapatismo, que conjuntamente derribaron al usurpador Victoriano Huerta de la Presidencia de la República en agosto de 1914.

Con la caída de Huerta en 1914 había sido derrotada políticamente la vieja burguesía porfirista. Para Carranza, Obregón y Calles la lucha había terminado, pero para los campesinos pobres, sólo había terminado una etapa y proseguía la siguiente, consistente en el reparto de las tierras de las haciendas, tal como lo proponía el Plan de Ayala. Es en esta nueva fase de la Revolución cuando estallaron las contradicciones de clase: por un lado se encontraba la burguesía agraria conservadora -latifundista- encabezada por Carranza; por el otro los campesinos pobres básicamente zapatistas compuestos principalmente por pequeños propietarios, comuneros indígenas y aparceros que luchaban contra los hacendados para recuperar sus tierras. Así como, el villismo que estrictamente no se trataba de un movimiento campesino, pues estuvo formado por vaqueros, pastores, mineros, ferrocarrileros y braceros; que por sus intereses coincidían más con los zapatistas, como quedó demostrado en la reunión de Xochimilco entre Villa y Zapata a fines de 1914. 

Entre las clases fundamentales en lucha, estaba la pequeña burguesía, representada por Calles y Obregón, que dada su posición intermedia y su mayor afinidad social con la burguesía latifundista, se alío con Carranza, para tomar partido contra las fuerzas revolucionarias de Villa y Zapata. Antes de la lucha entre las clases fundamentales que se enfrentaban en la Revolución, Carranza se vio obligado en contra de sus intereses a hacer concesiones al movimiento campesino, como fue la expedición de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, en la que establecía la restitución de tierras a los campesinos pobres. Estos, conjuntamente con el villismo, no fueron capaces de articular un proyecto nacional que expresara sus intereses para orientar sus luchas en forma independiente de la burguesía, lo que repercutió posteriormente en su derrota militar. No fue su falta de heroísmo y valor lo que los llevó a la derrota, más bien hizo falta la presencia de una clase obrera más desarrollada capaz de elaborar una alternativa programática y organizativa independiente de la burguesía para arrastrar a los villistas y zapatistas a la lucha contra sus enemigos de clase liderados por Carranza, Calles y Obregón. Por el contrario, los contingentes "obreros" organizados en la Casa de Obrero Mundial, de tendencia anarco sindicalista -apolítica- derivada de su origen artesanal, fueron “movidos” a las posiciones de la burguesía y organizados en los “Batallones Rojos” para colaborar militarmente con Obregón para derrotar a la División del Norte dirigida por Francisco Villa en los combates desarrollados en Guanajuato y Aguas Calientes en abril de 1915.

Dado la enorme peso social de las fuerzas populares revolucionarias dirigidas por Villa y zapata, a la burguesía triunfante no le quedó otra alternativa que incorporar sus demandas más sentidas en la nueva Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, cuyos intereses de la clase trabajadora y de los campesinos pobres, fueron plasmados en los Artículos 123 y 27 respectivamente, artículos que sirvieron de programa a los posteriores gobiernos para reglamentar las relaciones obrero–patronales y el reparto de tierras.

2. Período (1917-1933)

Con la promulgación de la Constitución de 1917 se había  consumado la Revolución democrático-burguesa iniciada en 1910. Sin embargo, el programa de transformaciones económicas derivado de la misma, no se había realizado, como el reparto de las haciendas y el combate al capital extranjero, a pesar de que en la Constitución estaban establecidas las bases jurídicas. Por el contrario, los gobiernos emanados de la Revolución durante el período 1917-1934: Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortíz Rubio y Abelardo Rodríguez, se alejaban cada vez más de las reformas sociales que el país exigía, de tal manera que la reforma agraria se fue posponiendo, junto a un mayor acercamiento al capital extranjero, particularmente el norteamericano, a pesar de que los Artículos 27 y 123 Constitucionales, mandataban a los nuevos gobiernos, la implementación de dichas reformas. No es casual, que los gobiernos que se sucedieron en el período mencionado, todos en general se opusieron a una radical reforma reforma agraria, puesto que su posición de clase estuvo claramente al servicio de los intereses de la pequeña burguesía agraria y latifundistas burgueses. Caso especial merece la actitud de Carranza (1917-192), que como gran latifundista se opuso resueltamente al reparto agrario e incluso devolvió a sus propietarios las haciendas confiscadas durante la Revolución. Es natural se trataba de un próspero hacendado. Por el contrario, recurrió a todos los medios para detener el movimiento campesino revolucionario, incluido el asesinato de Zapata a traición en 1919. El resto de presidentes que sucedieron a Carranza, repartieron una modesta extensión de tierras solo con fines políticos para evitar la inestabilidad social; a pesar de eso, para 1930, Plutarco Elías Calles consideraba que el reparto agrario había concluido; no obstante, el campo mexicano seguía dominado por las grandes propiedades de las haciendas, que contrastaba con la pobreza de las masas campesinas.

Shulgovski (1968) afirma que dentro del grupo Constitucionalista triunfante, existían diferencias internas, entre la pequeña burguesía representada por Obregón y Calles y la burguesía latifundista encabezada por Carranza. Los partidarios de Calles y Obregón, quienes en su mayoría  eran originarios del medio pequeño burgués, habían conseguido una posición social por sus propios esfuerzos y medios, se unieron contra la política intransigente de Carranza de no dar ninguna concesión a las masas populares, política que podía generar una nueva explosión revolucionaria; por consiguiente, las fuerzas obregonistas ejecutaron un golpe de Estado, mediante el cual fue asesinado Carranza en la primavera de 1920, como una acción preventiva para frenar los futuros acontecimientos revolucionarios, lo que llevó a Obregón al poder político, con lo que inicia un período en la historia de México, conocido como Caudillismo Revolucionario (1920-1924). Este fue posible debido a que en aquella época, las fuerzas burguesas conservadoras habían sido derrotadas, el movimiento campesino revolucionario fue aplastado y la clase obrera era muy débil y no contó con una dirección política verdaderamente proletaria. En cuanto a la burguesía nacionalista -progresista- estaba débilmente organizada. En estas circunstancias, la burguesía no podía convertirse en la fuerza política principal del país, el vacío político tuvo que ser ocupado por personalidades prestigiosas, estrechamente ligadas al ejército, tales fueron los casos de Obregón y Calles, los únicos dirigentes con los méritos revolucionarios en ese momento de dirigir el destino del país. Así pues, con Obregón y Calles, arriba al poder político la pequeña burguesía, que dada su naturaleza intermedia entre las clases fundamentales -burguesía latifundista vs movimiento popular-; por un lado, se alineó a los intereses de los rancheros y los terratenientes de tipo capitalista, particularmente de los Estados del norte de México; por el otro lado, para evitar el ascenso revolucionario del movimiento popular, especialmente de los trabajadores del campo y de la ciudad, asesinan a Villa en 1923, no obstante que, ya se había retirado de la vida política. Poco a poco el nuevo poder político de la pequeña burguesía fue virando hacia la derecha conservadora representada por la vieja oligarquía agraria porfirista y el capital extranjero, principalmente norteamericano al final del gobierno de Calles (1924-1928); a tal grado, que en su último año de gobierno capituló, al suscribir un acuerdo con el embajador de Estados Unidos, en el que se otorgaban grandes privilegios a los capitales monopolistas petroleros norteamericanos. Esta política capituladora de Calles, en realidad era la continuación de una política similar, implementada por el anterior gobierno de Álvaro Obregón, cuando en 1923 cedió a la presión del capital norteamericano al aceptar el Tratado de Bucareli, en el que se estipulaba el respeto a los intereses económicos norteamericanos adquiridos antes de 1917, respeto a las compañías petroleras y la indemnización en casos de expropiación de tierras.

Con respecto al movimiento obrero, se caracterizaba por su dispersión regional y desorganización; por consiguiente, era necesario unificarlo para controlarlo y ponerlo al servicio de los intereses de los nuevos gobiernos. En este sentido, el gobierno de Carranza impulsó la fundación de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) en 1918. Como apéndice político de la nueva organización obrera fue creado el Partido Laborista Mexicano en 1919, que sirvió de instrumento político para controlar a los dirigentes de la CROM y poner a los trabajadores organizados al servicio de los gobiernos emanados de la Revolución. Con llegada de Calles a la Presidencia de la República, el líder de la CROM, Luis Morones, fue nombrado Secretario de Industria, Trabajo y Comercio. El peso político de la CROM fue tal que en 1927, tenía 11 representantes en el Senado de un total de 58, 40 diputados de 272 que componían la Cámara, dos gobernadores de 28 y controlaban la Regencia del Distrito Federal. Así pues, fueron puestos públicos y cargos de representación popular, los medios principales que contribuyeron a la formación de un grupo de dirigentes que se aburguesaron y se pusieron al servicio de los intereses de los empresarios y del gobierno, en vez de luchar por los intereses de la clase trabajadora a la que representaban.

Con el fin del gobierno de Calles en 1928, termina el período del Caudillismo Revolucionario basado en el gobierno de caudillos e inicia un nuevo régimen de gobernabilidad basado en instituciones; por consiguiente, convoca a la fundación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario -antecedente del PRI-, como instrumento político para controlar las sucesiones presidenciales de la "familia revolucionaria".

La estrategia económica implementada por Obregón y Calles, consistió en el intento de modernizar las fuerzas productivas del país, pero sin afectar los intereses del capital extranjero y de la burguesía agraria terrateniente, es decir se buscaba una mayor tecnificación para incrementar la productividad del trabajo, sin alterar las relaciones de producción privadas existentes. En correspondencia con la nueva estrategia en 1925, se fundó el Banco de México, con la finalidad de apoyar con créditos a la producción; en 1926, se creó el Banco Nacional de Crédito Agrícola, se fundó también la Comisión Nacional de Irrigación, con el propósito de apoyar con obras de infraestructura (presas y caminos) a la agricultura de riego. Sin embargo, los problemas se fueron agravando. Por un lado el problema campesino se agudizaba, puesto que la política campesina de Obregón y Calles de modernizar al sector capitalista de la agricultura había paralizado el reparto agrario; y, por el otro el movimiento obrero empezaba a adquirir fuerza, al producirse el desmoronamiento de la CROM. 

Vizgunova (1978) sostiene que para 1930, la industria de la transformación contaba con 48793 establecimientos, en los que había ocupados 262306 obreros, en promedio de 5 a 6 obreros por establecimiento. La estructura económica por ramas  era también bastante atrasada. Las ramas principales eran: alimentos, textil, confección, calzado y maderera. La industria textil y alimenticia absorbían el 57% del valor de la producción de 1930 y concentraban más del 60% de los obreros. El valor de la producción en la industria metalúrgica era apenas del 7.7% y laboraban en ella el 9.8% de los obreros. En la rama química y en la refinación de petróleo estos indicadores eran aún más bajos. En todas las ramas industriales predominaban los pequeños talleres de tipo artesanal. Así pues, la mayor parte de los establecimientos industriales censados en 1930 eran pequeños talleres artesanales; sin embargo, la producción fabril capitalista ya ocupaba firmes posiciones y para ese año en las fábricas ya se concentraba la mitad de los obreros. La mayor parte de estos estaba ocupada en establecimientos industriales de más de 250 obreros y en las principales fábricas trabajaba el 15.5% de los obreros. El simple hecho de que una buena parte de los obreros fabriles de aquel tiempo se formara del numeroso "ejército" de artesanos, evidencia la elevación del papel social y económico del proletariado. Además de los obreros de la industria de la transformación, en 1930 había en México cerca de 35 mil mineros y aproximadamente 40 mil obreros de la construcción. Así el proletariado industrial, estaba constituido por cerca de 340 mil personas. Junto con el proletariado industrial, en las nuevas ramas de la economía capitalista trabajaban aproximadamente 50 mil obreros de transportes y comunicaciones y un número parecido estaba ocupado en el comercio, en la esfera de los servicios laboraban 70 mil personas y, cerca de 40 mil  en otros sectores. Todos éstos trabajadores junto con el proletariado industrial constituían el grupo de obreros urbanos de cerca de 550 mil personas. Un destacamento importante, por su número, de la clase obrera, lo integraban los proletarios y semiproletarios agrícolas, que alcanzaban una cifra de 1.5 millones de trabajadores del campo. En suma el proletariado del campo y de la ciudad, estaba compuesto por alrededor de dos millones de trabajadores y fueron los principales actores de las reformas implementadas durante el cardenismo.

La situación era dramática, de tal manera que la nueva situación internacional y nacional, exigía transformaciones radicales, que no solamente trastocaran las fuerzas productivas, sino también las relaciones de producción que obstaculizaban el desarrollo industrial del país.

3. Cardenismo (1934-1940)

Lázaro Cárdenas descendía de una familia modesta de Jiquilpan Michoacán. Desde muy joven se incorporó a la Revolución iniciada en 1910, durante la cual fue escalando puestos, hasta llegar al cargo de Secretario de Guerra y Marina (1933-1934), en el gobierno interino de Abelardo Rodríguez (1932-1934). En lo referente a su carrera política, se desempeñó como Gobernados de su Estado natal de 1928 a 1932 con breves interrupciones. El 6 de diciembre de 1933 en la Convención del Partido Nacional Revolucionario, fue electo como su candidato a la Presidencia de la República.  A los dos días inició una intensa campaña en Querétaro y hasta el cierre en Durango a principios de julio de 1934, recorrió todo el país, por todos los medios de transporte de su época y a pie a los lugares más incomunicados. Esto le permitió estar en contacto con las masas trabajadoras del campo y de la ciudad y al conocer sus problemas más sentidos, reafirmaron su convicción de las transformaciones revolucionarias que el país exigía, para lograr su desarrollo industrial. Aunado a la problemática interna, la crisis mundial del capitalismo iniciada en 1929 y su prolongación hasta 1933, había impactado severamente la reducción de las exportaciones, especialmente al mercado norteamericano y en el ámbito nacional había deteriorado el nivel de vida de la sociedad en general y en particular de los trabajadores del campo y de la ciudad; aunado al rezago de los problemas acumulados de los gobiernos que antecedieron al gobierno de Cárdenas, problemas que conjuntamente crearon una situación conflictiva, que requería acciones radicales, que solo el gobierno revolucionario de Cárdenas puso en práctica una vez que resultó electo Presidente de la República en las elecciones realizadas el 4 de julio de 1934, para el período: 1° de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940.

El problema más candente que que enfrenta el nuevo gobierno, es el rezago agrario, heredado de los anteriores gobiernos. Para atenderlo  y dar una solución radical emprende una profunda reforma agraria.

Kovalev (1976), menciona que como resultado de la reforma agraria cardenista, el latifundismo, estancado y conservador, dejó de ser la forma dominante de la producción agraria, al ser afectado en el sexenio cardenista, con el reparto de alrededor de 20 millones de hectáreas. La reforma agraria liberó a la agricultura mexicana de las sujeciones semifeudales y le garantizó el libre desarrollo capitalista.  A diferencia de las reformas agrarias que actualmente se llevan a cabo en varios países latinoamericanos, la reforma agraria mexicana  se realizó prácticamente sin indemnización a los terratenientes, lo que liberó a la sociedad de enormes gastos improductivos. Solamente la minoría de grandes terratenientes gozó de indemnización. Los campesinos recibieron sus parcelas sin pagar nada. Esta solución, tan radical y democrática del problema de la indemnización, se produjo de manera espontánea, gracias a la correlación de fuerzas políticas que se forjó en el país y a las particularidades del desarrollo de la Revolución Democrático-burguesa de 1910-1917. De hecho se violó la legislación agraria que realmente partía del principio de la propiedad privada, sagrado para la burguesía.

La entrega gratis de tierra a los campesinos se convirtió en un poderoso factor de crecimiento de la producción agrícola. Esta circunstancia diferencia a la reforma agraria mexicana de la mayoría de las reformas agrarias que se realizan actualmente en América Latina. En estas reformas, los campesinos se ven obligados a pagar a plazos por medio del Estado. Y como el plazo de pago es de 15 a 20 años, el campesino no solamente no puede tener medios para desarrollar su economía, sino que, en general, no se siente dueño absoluto de la parcela hasta no ver cubierto el pago totalmente; si no paga las sumas correspondientes, puede ser arrojado de la tierra.

Los resultados de la reforma agraria en México se manifestaron en un crecimiento de la producción agrícola, en un desarrollo del mercado interno y, también, en una elevación de la producción de productos agrícolas de exportación. La venta al exterior de estos productos permitió comprar maquinaria y herramientas para el desarrollo industrial del país. Algunas medidas especiales del Estado, como la ayuda técnica y crediticia a la agricultura, la preparación de especialistas, el abastecimiento de máquinas y utensilios, el sostenimiento de los precios de los productos agrícolas, la colaboración agro-técnica de instituciones científicas, coadyuvaron al auge de la producción agrícola.

En el mismo proceso de la reforma agraria, amplias masas de campesinos ejidatarios fueron incorporados a las relaciones mercantil-monetarias. La llegada de recursos monetarios a manos campesinas llevó a una elevación de la demanda de productos industriales tanto de consumo como los destinados a la producción, lo cual sirvió de estímulo para el desarrollo de la industria nacional. Al romper la dependencia económica y no económica de los campesinos con respecto a los terratenientes, la reforma agraria elevó mucho la movilidad de la población, lo cual influyó también en el aceleramiento del desarrollo económico que se extendió, en primer lugar, a las regiones no asimiladas necesitadas de una corriente de obreros.

La profunda reforma agraria cardenista, liquidó la vieja hacienda porfirista con rasgos semifeudales -peones "acasillados", aparceros, tiendas de raya, etc.- que frenaban el desarrollo capitalista de la agricultura. En este sentido, se trata de una medida revolucionaria que "barrió" las trabas feudales al desarrollo del capitalismo en la agricultura.

La profundidad de la reforma agraria emprendida por Cárdenas, representa un salto revolucionario en el reparto agrario, como lo evidencian los datos siguientes: desde que Carranza expidió la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 a noviembre de 1934 se repartieron 7152842 hectáreas de tierras a 793442 campesinos y en el período presidencia de Cárdenas (1934-1940), se distribuyeron 18,352,273 hectáreas de tierras a 1 millon de campesinos. La naturaleza clasista de los gobiernos que sucedieron a Porfirio Díaz es más evidente, ya que de 1911, cuando Madero asume la Presidencia de la República a 1920, año en que concluye Venustiano Carranza su período presidencial, solo se repartieron alrededor de 200000 hectáreas de tierras, una extensión insigniicante en casi nueve años de gobierno, reparto agrario prácticamente nulo, dada la naturaleza latifundista -hacendados- de ambos presidentes. El resto de las 7152842 hectáreas de tierras, se repartieron de 1921 al 30 de noviembre de 1934, por los gobiernos que sucedieron a Carranza y lo hicieron por la presión revolucionaria de las masas campesinas, pues a pesar de que no pertenecian a la oligarquía latifundista, no eran partidarios del reparto agrario. Lo anterior confirma la importancia del reparto agrario en el sexenio cardenista. Además, conjuntamente con el reparto agrario, el gobierno apoyo con créditos al sector ejidal de la agricultura, a través del Banco Nacional de Crédito Ejidal. Asimismo, en correspondencia con la naturaleza social de la propiedad ejidal de la tierra, se fomentó la organización de cooperativas para la producción agropecuaria.

La intensidad del reparto agrario estuvo en correspondencia con el movimiento revolucionario de los campesinos pobres. En este sentido y ya en el crepúsculo del gobieno cardenista, se logra la unificación de los movimientos campesinos dispersos en el país, con la fundación de la Confederación Nacional Campesina (CNC), en agosto de 1938.

La obra económica y social del Cardenismo no se redujo a la reforma agraria; además, implemento otras acciones de trascendental importancia, como fueron las nacionalizaciones de los ferrocarriles en 1937 y la del petróleo en 1938. Ambas medidas estuvieron encaminadas al rescate del capital extranjero, particularmente del norteamericano de sectores estratégicos de la economía. Los ferrocarriles, fundamentales para el transporte de mercancías y pasajeros por las distintas regiones del país. Las comunicaciones ferroviarias, fueron fundamentales para la integración del país en un mercado nacional, que aunque la red no aumentó significativamente, si implicó mantenimiento y rehabilitación de los daños causados por el proceso revolucionario. El petróleo, desde el principio del siglo XX adquirió importancia estratégica como fuente de energía que mueve la economía y su traslado en propiedad del Estado fue crucial para el desarrollo de la industria manufacturera capitalista del país. Con las nacionalizaciones del petróleo y de los ferrocarriles se golpeó al capital extranjero, básicamente norteamericano, que desde el Porfirismo hasta Calles había sido privilegiado.

En la derrota de la burguesía reaccionaria, representada por Calles y aliada al capital extranjero, así como las expropiaciones del petróleo y los ferrocarriles, no hubieran sido posibles sin el apoyo decidido del movimiento obrero. Para 1933 la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), con su política labotal oficialista, estaba en una profunda crisis derivada del asesinato de Obregón y de la debilidad de Calles. En este sentido, era indispensable reorganizar el movimiento obrero, para que respondiera a la nueva coyuntura sociopolítica del país. Así surgió la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCm) en 1933, con el propósito de unificar los movimientos obrero y campesino. Ante la agudización de la lucha contra la burguesía reaccionaria, en 1935, se fundó el Comité Nacional de Defensa Proletaria (CNDP), con el fin de combatir a la contrarrevolución que estaba en marcha para detener las reformas cardenistas. Finalmente, en febrero de 1936, se creó la Confederación de Trabajadores de México (CTM), central obrera que fue fundamental para implementar las transformaciones revolucionarias cardenisttas, particularmente las nacionalizaciones -expropiaciones- de los ferrocarriles en 1937 y el petróleo en 1938.

Con la reforma agraria y las nacionalizaciones del petróleo y los ferrocarriles, se había derrotado a la vieja oligarquía porfirista y al capital extranjero, baluartes del antiguo sistema primario-exportador que caracterizaron al sistema porfirista, los cuales habían sobrevivido a los gobiernos emanados de la Revolución de 1910-1917: desde Carranza (1917-1920) hasta Abelardo Rodríguez (1932-1934).

Las tres reformas cardenistas fueron resultado de la aplicación de la Constitución de !917, particularmente de los Artículos 27 y 123 y en la Ley de Expropiación de 1936. Esto confirma la tesis, de que la Constitución de 1917, más que una norma de convivencia se transformó en un programa de reformas, condicionado por la correlación de las fuerzas sociales y políticas del gobierno en turno. En este caso, con el apoyo de las masas trabajadoras, la correlación de fuerzas le favoreció al Presidente Cárdenas.

Además, en 1938, se fundó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que si bien no se nacionalizó la industria eléctrica, con el fin de apoyar también el desarrollo industrial del país.

En el sector financiero, a fines de 1935, el gobierno cardenista reformó el Banco Nacional de Crédito Agrícola, creado en la administración del Presidente Calles, al dividirlo en dos nuevos bancos: Banco Nacional de Crédito Ejidal y Banco Nacional Agrícola; el primero, para apoyar con financiamiento al ejido y el segundo para apoyar a la agricultura privada del país. Además, se reorganizó Nacional Financiera (NAFINSA), para ponerla al servicio de la industrialización. También se creó el Banco Nacional de Comercio Exterior en 1937, para apoyar las exportaciones y las importaciones que el país requería. En suma, se implemento todo un sistema financiero para ponerlo al servicio del desarrollo económico de México.

El reparto agrario y las nacionalizaciones de los ferrocarriles y el petróleo, tuvieron como marco jurídico, la Constitución General de la República de 1917, particularmente los Artículos 27 y 123, así como la Ley de Expropiación decretada por el Presidente Lázaro Cárdenas.

El Presidente Cárdenas, desde su campaña presidencial entendió que sin la participación de las masas trabajadoras, sería imposible implementar las transformaciones socio-económicas y políticas que el país necesitaba. En este sentido, impulso una política de masas, basada en la organización de los movimientos populares y su fusión con la política, a través del partido oficial. Así, en marzo de 1938 e inspirado en el Frente Único Antifacista en el mundo, convirtió al Partido Nacional Revolucinario (PNR) en Partido de la Revolución Mexicana (PRM). El nuevo partido desechó la antigua organización del PNR, basada en organizaciones territoriales, principalmente regionales y estatales, por organizaciones sectoriales. Así, el PRM aparece estructurado por los siguientes sectores: Obrero (CTM), Campesino (CNC), Popular (CNOP) y al poco tiempo se integra el sector militar. El objetivo del nuevo partido es la continuación con las reformas que el país requería en el marco de la Constitución Política de 1917.

Con el Partido de la Revolución Mexicana, estructurado -orgaizado- por sectores, aparece la corporativización de las organizaciones populares, con lo que perdieron su independencia política y se convirtieron en apéndices del partido en el poder.

Por la naturaleza descrita de las reformas emprendidas por el Cardenismo, puede ser definido políticamente, como un gobierno burgués nacionalista, que apoyado en la fuerza y organización de las masas trabajadoras, emprendió medidas revolucionarias, que sentaron las bases para un desarrollo más intenso del capitalismo industrial en México.

Las reformas cardenistas fueron rechazadas por la gran burguesía, particularmente la de Monterrey. En este sentido, Aguirre (2006) escribe  que tal vez "como parte de su plan para desestabilizar al gobierno de Cárdenas, en febrero de 1936, los empresarios de Monterrey acusaron al gobierno de auspiciar la agitación comunista, y convocaron a un paro nacional. Cárdenas fue allá, el 11 de febrero, solicitó al Centro Patronal su colaboración, y en los famosos 14 puntos destacó que las luchas obreras eran justas y causadas por razones laborales, no por la agitación comunista, por lo que resultaba conveniente para la nación que se creara una centra única de trabajadores industriales. Enfatizó el papel del gobierno como árbitro y regulador de la vida social, dio seguridad a los empresarios de que las demandas obreras serían consideradas de acuerdo a las posibilidades de las empresas. Conminó a los empresarios de que también se agruparan en una organización nacional y les planteó que el gobierno no estaba interesado en agotar las industrias sino en acrecentarlas, pero advertía: Debe cuidarse mucho la clase patronal de que sus agitaciones se conviertan en bandera política, porque esto nos llevaría a la lucha armada y finalizaba: Los empresarios que se sientan fatigados por la lucha social, pueden entregar sus industrias a los obreros o al gobierno. Esto será patriótico, el paro no". Se evitó el paro, no así la salida de capitales, ni la contracción de la actividad privada y los depósitos bancarios en el país. Las reservas monetarias del Banco de México descendieron de 62 a 26 millones de dólares entre marzo y diciembre de 1937. Así pues, es evidente que la gran burguesía, particularmente la regio-montana se opuso a las reformas cardenistas y conjuntamente con la crispación social y política en 1940, definieron la sucesión presidencial a favor de Manuel Ávila Camacho conocido por su tendencia política moderada.

4. Conclusiones

La primera etapa de la Revolución que va de 1910 a 1913, fue encabezada por Francisco I. Madero, un terrateniente aburguesado con intereses en la agricultura, la industria y las finanzas, cuya demanda central era el derrocamiento del gobierno de Porfirio Díaz.

La segunda etapa de la Revolución, abarca desde el asesinato de Madero en 1913 hasta la derrota de Victoriano Huerta en 1914. Es liderada por Venustiano Carranza -Gobernador de Coahuila-, hacendado que se había inconformado con  el golpe de Estado perpetrado contra el Presidente Madero. Se sumó a la Revolución con demandas políticas, principalmente el desconocimiento Victoriano Huerta y conjuntamente con las fuerzas revolucionarias de Zapata, Villa, Calles y Obregón derrota a Victoriano Huerta en agosto de 1914. Una vez derrotado el usurpador, el nuevo gobierno revolucionario, convocó a un Congreso Constituyente para revisar y modificar la vieja Constitución Liberal de 1857. Para el movimiento Constitucionalista la Revolución había concluido. Sin embargo, para el movimiento campesino de Zapata y el heterogéneo movimiento villista, la Revolución no había culminado, puesto, que sus demandas no habían sido cumplidas. En estas condiciones se abre una nueva fase de la Revolución en la que las fuerza contendientes principales son: Carranza y las fuerzas revolucionarias de Villa y Zapata. La pequeña burguesía representada por Obregón y Calles, por su posición intermedia y por su mayor afinidad con la burguesía, de manera natural se alío con Carranza.

Antes de la lucha entre Constitucionalistas –Carranza, Obregón y Calles- y las fuerzas revolucionarias de Villa y Zapata, Carranza tuvo que hacer algunas concesiones para ganarse el apoyo del movimiento campesino, principalmente la expedición de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, en la que se considera la restitución de tierras a los campesinos, así como algunas concesiones a la Casa del Obrero Mundial y asi enrolarlos en los “Batallones Rojos” incorporados al ejército constitucionalista. Es en éstas condiciones que se produce el enfrentamiento entre el Constitucionalismo y la División del Norte de Villa, ya que el ejército zapatista, dada su dependencia de la tierra, tuvo escasa movilidad para apoyar militarmente a Villa; por consiguiente, la División de Norte de Francisco Villa en las batallas de Celaya en abril de 1915 fue derrotada por el ejército constitucionalista.

Dada la en la enorme participación popular, particularmente del villismo y el zapatismo, la Revolución puede caracterizarse como una Revolución Democrático-burguesa, a tal grado que los intereses de las clases populares quedaron plasmados, en la nueva Constitución de 1917, particularmente en los Artículos 27 y 123.

La Constitución de 1917 más que una norma de convivencia, se convirtió en un programa de reformas sociales, económicas y políticas; cuya implementación está condicionada por la correlación de fuerzas de los gobiernos en turno.

Los gobiernos pos revolucionarios, principalmente el de Carranza, Obregón y Calles, mantuvieron intacto la vieja hacienda porfirista, solo repartieron mínimamente tierras a los campesinos para controlarlos en los límites del sistema capitalista, ya que todos eran partidarios de la propiedad privada de la tierra como motor del desarrollo de la agricultura. Respecto al movimiento obrero, impulsaron su organización para ponerlo al servicio de los intereses del gobierno.

Con el reparto agrario, el Cardenismo liquida la vieja hacienda con rasgos pre-capitalistas, que obstaculizaba el desarrollo de la agricultura.

Con la nacionalización de los ferrocarriles -1937- y el petróleo -1938- el Cardenismo rescata para el Estado sectores estratégicos de la economía para ponerlos al servicio de la industrialización del país, pues para 1940 existía el capital industrial tradicional heredado del porfirismo y estrechamente asociado al proyecto primario exportador.

Así pues, el Cardenismo culmina el movimiento revolucionario iniciado en 1910, al destruir la vieja hacienda porfirista y al expulsar al capital extranjero de sectores estratégicos de la economía.

En lo político, Cárdenas funda en marzo de 1938, el Partido de la Revolución Mexicana, partido estructurado -organizado- en sectores: Obrero (CTM), Campesino (CNC), Popular (CNOP) y Militar (ejército); con lo que se produce la corporativización de los movimientos populares organizados y con ello pierden su independencia política al quedar integrados orgánicamente al partido en el poder.

Con la destrucción de la vieja hacienda heredada del porfirismo todavía con rasgos pre-capitalistas -peonaje, tienda de raya, etc.-, el cardenismo sentó las bases para el desarrollo de una agricultura de tipo capitalista. Así, el cardenismo cierra el proceso de las revoluciones burguesas iniciado desde la Revolución de Independencia de 1810-1821.

5. Bibliografía

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