FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA: ORIGEN DEL CAPITALISMO EN MÉXICO

I. ORIGEN DEL CAPITALISMO EN MÉXICO

Valentín Vásquez

Oaxaca, México
valeitvo@yahoo.com.mx

1. Introducción

El capitalismo mexicano aparece a mediados del siglo XIX, con la Revolución Burguesa de Reforma (1854-1860), después de un prolongado y accidentado proceso de desarrollo, que se inicia con la consolidación de la dominación española a fines del siglo XVI, en la que impera un sistema de producción de naturaleza feudal, cuyo poder económico lo detentan los grandes terratenientes –hacendados- y la Iglesia, dependientes del poder político virreinal. La contra-parte de la clase dominante son los campesinos –peones- en sus diversas modalidades que trabajan jornadas laborales extenuantes en las haciendas civiles y eclesiásticas. El programa de la Revolución Burguesa de Reforma, se centró principalmente en las siguientes medidas: derrota política del Partido Conservador como representante de la clase clerical-terrateniente, destrucción del enorme poder económico, político e ideológico de la Iglesia y despojo de las tierras comunales de los indígenas para generar la mano de obra “libre” que el capitalismo naciente exigía. La Reforma se inició en 1854 con la Revolución de Ayutla (Guerrero), encabezada por el viejo combatiente por la Independencia al lado del indomable Vicente Guerrero, el General Juan Álvarez. A los pocos meses de iniciarse la Revolución de Ayutla, se incorporaron distinguidos liberales, entre los que se encontraban Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y Miguel Lerdo de Tejada. El Grupo Liberal derrota al General Santa Ana en noviembre de 1855 y asume el cargo como Presidente provisional de México el General Juan Álvarez. El nuevo gobierno revolucionario solo dura hasta fines de dicho año y es relevado por el General Ignacio Comonfort en la Presidencia de la República. Este gobierno, inició reformas trascendentales, destacando la Ley Lerdo de 1856, en la que se establecía que todas las corporaciones civiles y religiosas, tendrían que poner en venta a los arrendatarios las tierras. Esta ley en realidad estuvo orientada a la privatización de las tierras comunales de los pueblos y las tierras de la Iglesia, con el fin de lanzarlas a la circulación mercantil y al mismo tiempo transformar la fuerza de trabajo de los comuneros indígenas en mercancía puesta al servicio del capitalismo naciente y; la elaboración y promulgación de una nueva Constitución Liberal en 1857. Esta medida causó inconformidad entre el grupo conservador, a tal grado que a través de un golpe de Estado depusieron al Presidente Comonfort. El golpe de Estado radicalizó al Partido Liberal, de tal manera que la lucha se intensificó y prolongó durante tres años -1858 a 1860- y en el fragor de la lucha el gobierno legitimo del Presidente Benito Juárez decretó las Leyes de Reforma en 1859, siendo la principal la Nacionalización de los bienes de la Iglesia, principalmente las tierras para ponerlas a disposición del capital privado. En un período de siete años (1854-1860) se produjeron dos revoluciones y una contrarrevolución: la Revolución de Ayutla, esta es negada por la contrarrevolución -golpe de Estado-implementada por los conservadores y finalmente la Reforma de Juárez derrota a la reacción conservadora, por medio de una revolución, con lo que se cierra el ciclo: revolución-contrarrevolución-revolución; es decir, se produjo la doble negación, para retornar al punto de partida pero a un nivel superior, ya que la revolución de Reforma se había radicalizado e intensificado.

Así pues, las medidas más importantes implementadas por los gobiernos liberales de Comonfor y Juárez -Ley Lerdo de 1856, Constitución de 1857 y Nacionalización de los bienes de la Iglesia-, estuvieron orientadas a socavar el poder económico de la Iglesia y las comunidades indígenas con el fin de sentar las bases del naciente capitalismo mexicano.

A pesar de que las tierras comunales de los indígenas estuvieron en la mira de los liberales desde 1856, con la expedición de la Ley Lerdo, luego incorporada en la Constitución de 1857; sin embargo, las comunidades indígenas resistieron al embate liberal de mediados del siglo XIX.

Una vez consumada la derrota de la Intervención francesa (1862-1867), la "obra" reformadora continuo, principalmente el despojo de las tierras de las comunidades indígenas, durante el gobierno del General Porfirio Díaz (1876-1911), y dada la bancarrota financiera del Estado y la debilidad de la incipiente burguesía industrial, el nuevo gobierno tuvo que recurrir al capital extranjero, para impulsar el desarrollo del capitalismo, pero como un capitalismo dependiente y subordinado a los intereses del capital extranjero en su etapa imperialista.

2. Marco de referencia teórico

El estudio más completo del capitalismo de libre competencia lo realizó Marx (1867) en su obra cumbre El Capital, en el que expone el origen y desarrollo del capitalismo del país más desarrollado en su época: Inglaterra.

El rasgo general más importante del capitalismo es la generalización de la producción mercantil, a tal grado que en el capitalismo hasta la fuerza de trabajo se convierte en mercancía. Por esto en el Capital, Marx inicia con la mercancía y mediante el análisis de sus dos aspectos contradictorios -valor y valor de uso- descubre la teoría del valor. Esta establece que las mercancías tienen que intercambiarse por su valor, es decir por el trabajo socialmente necesario para su producción. En el trabajo socialmente necesario está implícito el trabajo pagado por la fuerza de trabajo de obrero como salario y el trabajo no pagado correspondiente a la plusvalía producida por el obrero en el tiempo de trabajo adicional. Es decir, la jornada laboral del obrero está compuesta por el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo adicional en que se genera la plusvalía. Esta no le cuesta nada al capitalista y adicionada al dinero inicial invertido capitalista se convierte en capital. Así pues, el capital es un valor incrementado por la plusvalía y constituye la base de la ganancia capitalista.

Una cuestión debe quedar clara. Lo que el obrero vende no es su trabajo, porque el trabajo no es una mercancía, es una actividad que produce valores de uso durante la jornada laboral, después que se ha realizado el contrato de compra-venta entre el trabajador y el capitalista. Si el trabajo no es una mercancía, entonces ¿qué es lo que vende el obrero? la respuesta es su fuerza de trabajo, que puede definirse como el conjunto de habilidades prácticas y mentales del trabajador, las cuales aplicara cuando se consuma la fuerza de trabajo en la empresa. Resulta que como toda mercancía, la fuerza es la unidad contradictoria de valor y de valor de uso. Como valor se intercambia en forma equivalente con otra mercancía, que en este caso es el dinero que el trabajador recibe como salario. Hasta aquí no hay posibilidad de plusvalía, pero resulta, que como valor de uso la fuerza de trabajo es trabajo que se consume en producción de valores de uso en toda una jornada laboral. Esta como ya se dijo más arriba está integrada por el tiempo de trabajo necesario, en el que el obrero desquita el salario de su fuerza de trabajo y el tiempo de trabajo adicional, en el que el obrero genera la plusvalía para el capitalista. No se está violando la ley del valor que establece que las mercancías se intercambian en forma equivalente, lo que pasa es que el capitalista aprovecha del valor de uso de la fuerza de trabajo, que es precisamente el trabajo que es el que genera el valor de la fuerza de trabajo y la plusvalía.

Los economistas clásicos -Adam Smith y David Ricardo- identificaban la fuerza de trabajo y el trabajo, por eso no comprendieron el misterio de la ganancia capitalista, la cual la atribuían a un intercambio mercantil desigual, violando la ley del valor. Con el descubrimiento de Marx, el misterio de la ganancia capitalista se puso al descubierto.

Es evidente que para que el capitalismo se convierta en modo de producción dominante, requiere dos condiciones: apropiación privada de los principales medios de producción -básicamente tierras y talleres artesanales- y mano de obra libre de medios de producción para vender su fuerza de trabajo como mercancía al capitalista.

Las dos condiciones descritas, la burguesía las alcanzó a través de la apropiación de las tierras de los grandes terratenientes -civiles y eclesiásticos- y productores directos -básicamente artesanos y tierras comunales de los pueblos. Los métodos de apropiación, generalmente fueron legales y no legales acompañados de violencia frecuente. Así pues, la apropiación de los principales de medios de producción -tierras y talleres artesanales-, al mismo tiempo genera la fuerza de trabajo que el capital requiere.

Es en el capítulo de la acumulación originaria de capital, en el que Marx concibe el surgimiento del capitalismo como un proceso de expropiación de los medios de producción de los productores directos y terrateniente; así como su concentración en manos de la burguesía industrial; proceso que al mismo tiempo origina la formación de las clases sociales antagónicas fundamentales del capitalismo: por un lado la burguesía industrial que concentra los medios de producción y los obreros que al estar desposeídos de los medios de producción se ven obligados a vender su única mercancía, su fuerza de trabajo; es decir, aparece un nuevo modo de producción sobre las “ruinas” del Feudalismo e inaugura la época de la “esclavitud asalariada”.

En el capítulo denominado: Expropiación de la población agrícola, Marx detalla cómo fue arrancada la población agrícola inglesa de sus tierras. Como las tierras comunales de los campesinos dedicadas al cultivo fueron convertidas por las exigencias de la manufactura lanera capitalista en tierras de pastizales para el pastoreo del ganado. Este proceso se complementó con medidas legislativas sanguinarias contra los expropiados a finales del siglo XVI y principios de XVII. Así mismo, indica a la expropiación de los bienes eclesiásticos como una necesidad del capitalismo para incorporar la tierra a la circulación mercantil capitalista. En palabras de Marx el capitalismo industrial se abrió paso mediante “la depredación de los bienes de la iglesia, la enajenación fraudulenta de los dominios del estado, el saqueo de los terrenos comunales, la transformación usurpadora y terrorista de la propiedad feudal o inclusive patriarcal en propiedad moderna privada: he aquí los procedimientos idílicos de la acumulación primitiva. Conquistaron la tierra para la agricultura capitalista, incorporaron al suelo al capital y entregaron a la industria de las ciudades los brazos dóciles de un proletariado libre y proscrito”.

Finalmente considera que existen dos vías para la formación de la burguesía industrial: a) una parte de los productores directos se transforman en burgueses industriales y luego controlan el comercio y b) cuando la burguesía comercial invierte en la producción industrial y se convierte en burguesía industrial.

En México, predominó la segunda vía. El capital comercial fue el que principalmente se transformó en capital industrial, que al tratarse por naturaleza de un capital conservador y especulativo, en gran parte explica su poca disposición para impulsar una verdadera revolución industrial.

3. Origen del capitalismo en México

La conquista española alteró radicalmente las relaciones de propiedad de las tierras de las comunidades indígenas. Después de un período de transición representado por la Encomienda y el Repartimiento, apareció la hacienda, tanto civil como eclesiástica, caracterizada por la propiedad de enormes extensiones territoriales en poder de particulares y de la Iglesia. Las tierras de las haciendas eran trabajadas por campesinos de diversas modalidades: peones "acasillados", temporales y aparceros. La relación laboral entre hacendados y campesinos, era de naturaleza esencialmente feudal. Es en el seno del régimen feudal en el que se incubaron las relaciones capitalistas de producción y se volvieron dominantes, hasta la segunda mitad del siglo XIX.

Alamán (1853) afirma que a principios de la segunda mitad del siglo XIX, a pesar de tantos contrastes, el bienestar de la República Mexicana es general; que la riqueza ha aumentado; que las minas y la agricultura prosperan; que las artes de lujo han llegado a un punto antes desconocido; que todo lo que supone abundancia, como carruajes, diversiones, comodidades de toda especie, es mayor en la capital de república que en otras ciudades de Europa y América, en proporción a su población; es decir, el capitalismo se abría paso a pesar de las dificultades, para convertirse en el modo de producción dominante.

3.1. La Revolución Burguesa de Reforma (1854-1860)

Dada la naturaleza contrarrevolucionaria como había culminado la Independencia, en la que los grandes terratenientes y la Iglesia, para salvar sus enormes riquezas tuvieron que que pactar la Independencia conjuntamente con el movimiento insurgente radical representado por la guerrilla, principalmente de Vicente Guerrero. En estas condiciones, la estructura socio-económica del país, seguía siendo la misma de finales de la época colonial, caracterizada por la existencia de enormes posesiones territoriales en poder de hacendados y de la Iglesia. Asimismo, aun eran considerables las posesiones territoriales en poder de las comunidades indígenas, que habían resistido al embate español. Es estas circunstancias, en las que apareció la lucha entre conservadores y liberales, en cuyo objetivo coincidían: fomentar el desarrollo capitalista del país; pero diferían en la estrategia: para los conservadores era el Estado el que debería impulsar el desarrollo industrial, para los liberales, fieles a las bondades del mercado, el desarrollo capitalista debería ser impulsado a través de la privatización de los bienes de las comunidades indígenas y de la Iglesia. Es decir, para los conservadores es el Estado el que debería fomentar el desarrollo capitalista -industria- del país y para los conservadores, es el mercado el que debería impulsar de forma natural el desarrollo capitalista.

Gallo (2004), afirma que en términos generales tanto los liberales como los conservadores, respondieron a dos visiones relacionadas con el desarrollo económico del país. Los conservadores buscaban tal desarrollo sin tocar la estructura de propiedad de la tierra, dado que ello lesionaría sus intereses; abogaban por un proteccionismo estatal al comercio, a la industria y a la economía en general. Consideraban, incluso, que era posible llegar al capitalismo en la agricultura mediante la llamada vía “junker”, es decir, gradualmente, sin sobresaltos. Además, creían que era posible promover la moderna industria nacional, si bien no para competir en el mercado internacional, sí con miras al mercado interno. Esta industria se crearía “desde arriba”, con apoyo estatal. El Banco de Avío, fundado bajo la dirección de Lucas Alamán, es el ejemplo claro de esta política económica. También pensaban, al menos en principio, que había que desarrollar la minería como importante fuente de recursos. Por su parte, los liberales creían necesario comenzar el desarrollo económico por la agricultura. Ahí precisamente chocaban con los conservadores, ya que para ellos había que romper la vieja estructura de propiedad (Iglesia y terratenientes laicos aristócratas). Se precisaba, entonces, una reforma agraria que terminara con las formas de propiedad pre-capitalistas que impedían el desarrollo del mercado interno. Así, no solamente el latifundio eclesiástico sino también las tierras de las comunidades indígenas estaban destinados a desaparecer, según esta versión liberal. Si los conservadores pretendían la vía “junker”, por su parte los liberales buscaban llegar al capitalismo en la agricultura mediante la vía “farmer”, es decir, mediante transformaciones revolucionarias. Creían también en el librecambismo y en la abolición de trabas al desarrollo del mercado interno y hasta el ensayo de Alamán en el Banco de Avío, comenzaron a considerar la posibilidad del desarrollo industrial como una de las bases del crecimiento económico. Asimismo, propugnaban por una política de colonización extranjera que impulsara el desarrollo de regiones poco pobladas del país.

Serna Enrique (2008), escribe que en la época de la Reforma Liberal, el país necesitaba ferrocarriles, industrias, empleos productivos que sacaran al indio de su miseria ancestral, y los liberales puros creían posible financiar ese crecimiento con la desamortización de bienes eclesiásticos.

Pérez Sánchez (2006), menciona que el Banco de Avío [1830] nació del supuesto real de que en México se carecía de capitalistas interesados en invertir en la industria y que era necesaria la participación del Estado y de los principales latifundistas y empresarios en la dirección del Banco como garantía para las inversiones. Proporciona los siguientes datos: de las 31 empresas, que financió el Banco de Avío, fracasó el 10%; el resto llegó a la etapa de producción, de las cuales siete cerraron antes de 1845 y las 14 restantes, que recibieron el 60% del capital invertido, continuaron sus operaciones. De las 12 empresas textiles de algodón y lana, nueve llegaron a ser negocios productivos, cumpliendo así el Banco con el compromiso de abrir el camino a la iniciativa privada y propiciar la formación de un nuevo grupo de empresarios mexicanos. Finalmente, el Banco cerró sus operaciones en 1840 y en 1842 se creó la Dirección General de la Industria Nacional, cuya misión era brindar protección arancelaria e intensificar su lucha contra el contrabando. La institución logró poner en contacto a los industriales del país, la creación de escuelas vocacionales para desarrollar la agricultura, las artesanías, la recopilación y publicación de estadísticas industriales, pero sobre todo permitió que Lucas Alamán formulara las bases de la política industrial de México. En 1853 se fundó la Secretaría de Fomento y continuó el esfuerzo para desarrollar la industria nacional. De todas las actividades fabriles del país, la industria textil ocupó el primer lugar desde los inicios de la Independencia, puesto que recibió apoyo de la iniciativa pública, privada nacional y extranjera. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, México no fue capaz de desarrollar sus industrias, las circunstancias financieras eran las mismas que sufrían los países europeos que padecían las presiones sociales consecuentes de la revolución industrial y los cambios políticos que implicaba el liberalismo.

El programa económico burgués-liberal, inició con la Ley Lerdo en 1856, que según Aguilar Monteverde (1993) exponía lo siguiente:

Artículo 1°: “Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen y administran como propietarios las corporaciones civiles y eclesiásticas de la República, se adjudicarán en propiedad a los que las tienen arrendadas, por el valor correspondiente a la renta que en la actualidad pagan como rédito al 6% anual”.

Artículo 3°: “Bajo el nombre de corporaciones se comprenden todas las comunidades religiosas de ambos sexos…y, en general, todo establecimiento o fundación que tenga…duración perpetua o indefinida”.

Tres días después de su promulgación, Miguel Lerdo de Tejada –autor de la ley-, aclaraba que dos eran sus propósitos fundamentales:

a). “Hacer desaparecer uno de los errores económicos que más ha contribuido a mantener entre nosotros estacionaria la propiedad e impedir el desarrollo de las artes e industrias que de ella dependen”.

b). “Allanar el principal obstáculo que hasta hoy se ha presentado para el establecimiento de un sistema tributario, uniforme y arreglado a los principios de la ciencia, movilizando la propiedad raíz, que es la base natural de todo buen sistema de impuestos”.

En la defensa de la Ley Lerdo, Francisco Zarco precisaba que:

“…la ley tiene una mira más elevada, tiene un objeto altamente social, tiende al desestanco de la propiedad, a dar a ésta más valor librándola de la esterilidad de la mano muerta, a dividirla, subdividirla y hacerla productiva, a poner en circulación grandes capitales, a disminuir el número de proletarios y aumentar el de propietarios, a desarrollar la industria y la agricultura…”

En el mismo sentido se manifestaban Ignacio Vallarta, Ponciano Arriaga, Ignacio Ramírez y Mariano Otero, al considerar que el objetivo de la ley era “disminuir el número de proletarios y aumentar el de propietarios”.

De la Ley Lerdo no surgió de inmediato y como por encanto el régimen de pequeñas propiedades tipo “farmer” o de granjas análogas a las francesas en que soñaba Ocampo. Tampoco pasó el país de un erario en crónica bancarrota a un racional y eficiente sistema impositivo, como lo esperaba Miguel Lerdo.

Más que trasladarse la tierra del clero y los criollos ricos al pueblo, o siquiera a decenas de miles de propietarios pequeños y medianos, pasó de unos sectores de la burguesía a otros y de ciertas viejas familias terratenientes, vinculadas al régimen político anterior a la Reforma, a nuevos latifundistas, comerciantes, funcionarios y profesionistas ligados a la causa liberal.

Es evidente, como lo expone, De la Peña (1989), que un punto esencial del proyecto liberal de mediados del siglo XIX, era la formación de una sólida clase media rural para alcanzar la industrialización, el progreso, la ciencia y el comercio; a través del libre movimiento de las fuerzas del mercado, que de manera natural conduciría al logro de los objetivos anteriores. En el ámbito de la política económica, la visión liberal se expresaba en la ausencia de iniciativas institucionales para impulsar el vital apoyo financiero a la industria, sobre todo después de la experiencia positiva del banco de Avío (1830) y de la Dirección General de Industrias (1842), políticas económicas implementadas por los Conservadores. Después de 1853, con la creación del Ministerio de Fomento, se practicó una política liberal exagerada que limitó la intervención del Estado en el fomento de la industria en el país. A pesar de las penurias financieras, de la inestabilidad política y de las políticas liberales, la industria creció modestamente después de la Independencia y durante la Reforma. No obstante, había diversos obstáculos, para que surgiese plenamente la clase proletaria, entre ellos, la supervivencia, pese a todo, de comunidades indígenas que interferían en la liberación de la fuerza de trabajo; la debilidad del sector industrial para imponer presiones suficientemente poderosas a favor de esa liberación; la deficiente red de comunicaciones que auspiciaba la regionalización de la economía; la tendencia a la identificación de la fracción más importante de la clase burguesa con la oligarquía aristocratizante con lo que frustraba su misión revolucionaria.

Basurto (1981), sostiene que en la Reforma, la industria propiamente dicha era inexistente, de manera que lo que se llamaba “producción industrial”, provenía en realidad de un sinnúmero de talleres artesanales que no utilizaban todavía la maquinaria ni la fuerza motriz característica de la industria moderna. La producción proveniente de tales talleres consistía principalmente en licores, destilados de caña de azúcar, jabón, aceites, vajillas de barro, vidrio, papelería, etc.; sin embargo, existía ya un principio de industrialización hasta cierto punto moderna sobre todo en la industria textil.

Cuevas (1987), explica que el estado débil e inestable de la fase denominada de “anarquía” corresponde, a una situación de atomización y dispersión del poder político propia de un contexto esencialmente pre-capitalista, flexibilizado después de la Independencia del poder centralizado de la monarquía española y el poder político virreinal. Después en México se produjo a raíz de la Reforma una depredación masiva de los bienes de la Iglesia, un saqueo también masivo de los terrenos comunales y la enajenación fraudulenta de las tierras de dominio público; creando de éste modo los contingentes de trabajadores “libres” requeridos no tanto para la industria urbana que estaba lejos de florecer, cuanto por las actividades mineras, agropecuarias, de transporte y comercialización.

Después de consumada la Independencia se aceleró la decadencia del modo de producción feudal, representado esencialmente por el alto clero terrateniente, que monopolizaba más de la mitad del territorio nacional y mantenía subyugados a los hacendados a través del diezmo (tributo) y los préstamos hipotecarios. En tanto el capitalismo se abría paso con muchas dificultades, por eso en el período conocido en la historia oficial como la “Anarquía” (1821–1854) se caracterizó por la alternancia en el poder político de los grupos liberales y conservadores como representantes de la burguesía en ascenso y el feudalismo en decadencia respectivamente, alternancia que se explica por la debilidad de ambas fuerzas contendientes.

La burguesía en ascenso en la etapa pos-independiente con los sucesivos intentos de industrialización del país (rehabilitación de la minería por el capital inglés, modernización de la industria textil, creación del Banco de Avío para apoyar a la industria y el inicio del proyecto de la construcción del ferrocarril) y sólo hasta los inicios de la segunda mitad del siglo XIX alcanzó la fuerza suficiente para enfrentarse en el terreno político y militar a la vieja clase terrateniente feudal, principalmente el alto clero. No obstante, el programa de lucha de la burguesía se reducía fundamentalmente a la destrucción de todas las corporaciones (monopolios) que obstaculizaban la libre circulación de mercancías. Por esto su demanda central consistió esencialmente en el desmantelamiento de las corporaciones civiles (monopolio territorial de las comunidades indígenas y gremios artesanales) y eclesiástica (monopolio territorial del alto clero) que frenaban el libre juego de las fuerzas del mercado.

Una vez depuesto el gobierno de Santa Ana (1855) por la Revolución de Ayutla encabezada por el indomable y viejo luchador de la Independencia Juan Álvarez; la primera medida económica de importancia del nuevo gobierno liberal fue la implementación de la Ley Lerdo expedida el 25 de junio de 1856, que posteriormente se incorporó a la Constitución de 1857 y que tuvo el claro propósito de acabar con las tierras del alto clero y las tierras de las comunidades indígenas que habían resistido la dominación colonial. La respuesta del clero no se hizo esperar y para fines de 1857 aprovechando la actitud conciliadora del gobierno de Comonfort retornó al poder político, con lo que se inició una nueva fase en la lucha política que se prolongó hasta fines de 1860, fase en la que la resistencia violenta del alto clero provocó la radicalización de la burguesía encabezada por Benito Juárez, quién en el fragor de la lucha armada, se vio obligado en 1859 a decretar las Leyes de Reforma, especialmente la nacionalización de los bienes del clero sin indemnización alguna.

La Ley Lerdo junto con la Nacionalización de los Bienes de la Iglesia destruyó el poder económico del alto clero y la pérdida parcial de las tierras de las comunidades indígenas, medidas encaminadas a incorporar las tierras a la circulación comercial. Así mismo, con la expropiación parcial de las tierras de los comuneros indígenas y la expropiación de los medios de producción de los artesanos por parte del desarrollo de la incipiente industria, procesos que confluyeron en la formación de mano de obra “libre” de medios de producción tal como el capitalismo lo exigía.

El triunfo de la burguesía liberal se debió en gran parte a la debilidad de la clase terrateniente feudal, sobre todo del alto clero y no a la fuerza de la burguesía industrial, ya que a pesar de su impulso a fines de la dominación colonial y período postindependiente, no tuvo el empuje suficiente para acabar con la clase terrateniente feudal, más que con el alto clero dejando intacto el poder de los hacendados. Esto fue favorecido por la preponderancia de los intereses de la burguesía comercial sobre la incipiente burguesía industrial, ya que la primera tenía subordinada a la segunda y a los todavía numerosos artesanos que sobrevivieron al insuficiente desarrollo industrial capitalista. En estas condiciones la prioridad de la lucha de la burguesía se centró en la destrucción de los obstáculos más importantes que se oponían a la libre circulación del capital comercial. Este exigía que tanto las enormes extensiones territoriales de la iglesia como de las tierras que todavía conservaban las comunidades indígenas, fueran lanzadas a la circulación mercantil. La Ley Lerdo y la Nacionalización de los Bienes de la Iglesia y particularmente de sus tierras cumplían con ese objetivo.

Para el capital comercial no era prioritario el desmantelamiento del poder económico de los hacendados, puesto que no chocaba con sus intereses y la propiedad privada no constituía un freno a las necesidades de la circulación mercantil.

Las consecuencias de las Leyes de Reforma fueron una mayor consolidación de los hacendados, rancheros y comerciantes; que fueron los que contaron con los recursos monetarios para adquirir los bienes nacionalizados y desamortizados de la Iglesia y de las comunidades indígenas. Desde luego también se benefició el grupo de políticos liberales que encabezaron la amplia alianza liderada por la burguesía comercial y terrateniente. A pesar que el grupo de liberales con Juárez a la cabeza aspiraba al establecimiento de una sociedad de pequeños productores en los hechos las leyes económicas se impusieron, dando como resultado una mayor concentración de las tierras en manos de hacendados y rancheros.

Las limitaciones de la Reforma se desprenden de la debilidad de la burguesía industrial, lo cual fue aprovechado por la fracción más conservadora de la burguesía, es decir la burguesía comercial para destruir el poder del alto clero y las comunidades indígenas, dejando intacto el poder económico de los hacendados. Solo una burguesía industrial más fuerte pudo haber acabado con el poder económico de los hacendados para abrirle las puertas al desarrollo del capitalismo en la agricultura por la vía revolucionaria. En consecuencia, la Reforma fue una Revolución Burguesa encabezada por la burguesía comercial, teniendo como aliados a los hacendados y rancheros en contra del alto clero y las comunidades indígenas. A diferencia de la Revolución de Independencia en la que por lo menos en su primera etapa tuvo una numerosa y activa participación popular, principalmente los campesinos pobres, mineros, trabajadores de la incipiente industria de la transformación, artesanos y desempleados; la Reforma, fue una revolución desde arriba en la que solo participaron grupos privilegiados de la sociedad con sus ejércitos correspondientes.

La debilidad económica y financiera de la burguesía industrial impidió la implementación de obras costosas (construcción del ferrocarril, rehabilitación de la minería y creación de nuevas industrias importantes), aunada a la enorme escasez de recursos fiscales del estado provocó que posteriormente el gobierno de Díaz, le abriera las puertas al capital industrial extranjero para impulsar la industrialización del país. Así el capital extranjero vino a relevar a la débil burguesía industrial nacional en aquellas ramas de la economía más rentables, principalmente la industria extractiva (minería de metales industriales), las comunicaciones (ferrocarriles) y la agricultura. Así pues, con la Reforma (1854-1860) nace el capitalismo en México, después de un prolongado y penoso desarrollo iniciado desde la época de la Colonia, con un avance significativo a fines del siglo XVIII. No se trata de una simple Reforma como se le conoce en la historia oficial, fue la transformación revolucionaria más importante en la historia de México, que sientas las bases del capitalismo mexicano.

3.2. Culminación de la Revolución Burguesa (1876-1911)

La Revolución de Reforma (1854-1860) y la Guerra contra Intervención francesa (1862-1867), habían agotado los recursos fiscales del Estado Mexicano y la debilidad de la burguesía industrial, condicionaron para que durante el Porfirismo, apareciera propiamente una burguesía nacional, subordinada a los intereses del capital extranjero.

3.2.1. Despojo de las tierras a las comunidades indígenas

A fines del siglo XIX la etapa monopolista del capitalismo mundial y la nueva industrialización exigían enormes cantidades de materias primas proporcionadas fundamentalmente por la agricultura y la industria extractiva para el desarrollo industrial de los países capitalistas desarrollados, las cuales fueron aportadas por los países subdesarrollados como México, período en el que arribó al poder político Porfirio Díaz, cuyo programa de gobierno consistió en la modernización de la industria y de la agricultura en aquellos sectores que beneficiaban los intereses del capital extranjero; era tanta la fe del porfirismo en los capitalistas extranjeros, a tal grado que produjo un enorme desequilibrio en el desarrollo económico en las regiones y sectores de la economía, y en lo social resultó una extrema polarización en la distribución de la riqueza: por un lado un reducido grupo de capitalistas asociados al capital extranjero y por otro una enorme población de pobres (campesinos, obreros, empleados, etc.).

La política agraria del porfirismo se caracterizó por favorecer a los grandes terratenientes y a las compañías deslindadoras extranjeras a costa de la expropiación de las pequeñas propiedades y tierras comunales de los indígenas.

Alperovich y Rudenko (1979), afirman que respecto al campo, él más escandaloso de los actos legislativos que sirvieron de base a la política agraria, fue el decreto sobre Colonización y Compañías Deslindadoras, del 15 de diciembre de 1883, promulgado por el Presidente Manuel González. Según ese decreto, las personas o compañías privadas podían obtener terrenos baldíos so pretexto de poblarlos. El espíritu del artículo 3 de dicho decreto estipulaba que al ceder terrenos a los colonos, el gobierno daría preferencia a los extranjeros: Los terrenos deslindados, medidos, fraccionados y valuados, serán cedidos a los inmigrantes extranjeros y a los habitantes de la República.

Con base en la Ley de 1883 comenzó el deslinde de terrenos, lo que dio lugar a una serie de despojos y especulaciones sin fin. Las concesiones para medir y deslindar tierras correspondían por regla general, a los íntimos del dictador, a espaldas de quienes, muy a menudo, se encontraban inversionistas extranjeros, en su mayor parte norteamericanos. Así, sin limitarse a acaparar los terrenos baldíos, dichas compañías comenzaron a apoderarse de los terrenos más fértiles de cultivo que pertenecían a pequeños propietarios. Se entendían por “baldíos”, todos aquellos terrenos cuyos propietarios no tenían posibilidades de certificar la legalidad de su posesión.

Por su parte, los grandes hacendados podían cercar sus tierras, que realmente eran baldías, y defenderlas de todo deslinde, pues eran apoyados por las autoridades locales y, a menudo, por las federales; podían entenderse, con mayor facilidad, con las compañías, las que en multitud de ocasiones, les ayudaban a posesionarse de nuevas tierras. En distinta situación se veían los pequeños propietarios. Pues muchos de ellos, que de generación en generación venían poseyendo la tierra carecían de los documentos que acreditaban su posesión; en consecuencia se veían ante una compleja disyuntiva: o entablaban litigio, que por lo general siempre resultaba largo y ruinoso contra las compañías deslindadoras que contaban con toda clase de elementos y hasta con el apoyo oficial. O se arreglaban con ellas y pagaban determinada suma para adquirir los documentos legales y recobrar el derecho de posesión.

Con semejante política, todas las tierras ociosas, y parte considerable de las que pertenecía a pequeños propietarios, fueron a parar a los adictos de Díaz y de capitalistas extranjeros. El total de tierras acaparadas por las compañías deslindadoras, durante el gobierno de Porfirio Díaz, ascendió en números redondos a 26 millones de hectáreas.

El gobierno expidió en 1890 una circular enfilada contra la propiedad comunal de la tierra. La circular prescribió la distribución de dichas tierras y la entrega de las mismas a sus respectivos miembros. En cuanto fueron distribuidas, las tierras cayeron en manos de los terratenientes o de compañías extranjeras que, con la ayuda de los poderes locales, aprovechaban todos los medios de abuso y engaño para acapararlas. El campesino iletrado, generalmente indígena, al recibir el documento que le otorgaba derecho a poseer un pedazo de tierra, ignorando el valor de éste, a menudo lo cedía al agente de alguna compañía por algunos cuantos almudes de grano o un regalo, privándose así de su parcela. De esta manera fueron pasando a manos espurias las tierras más fértiles que aún existían en poder de los campesinos. Durante la administración de Porfirio Díaz fueron saqueadas millones de hectáreas de tierras comunales, lo que significó la ruina de cientos y miles de campesinos.

Consumación de esta serie de actos fatales para los campesinos, fue la Ley del 26 de marzo de 1894. Dicha ley otorgaba a las compañías deslindadoras completa libertad para adquirir todos los terrenos que quisieran y las eximia del pago de multas en caso de no haber cumplido con las leyes anteriores acerca de la colonización obligatoria. Esta ley demandaba de los gobernadores que acelerasen las medidas relativas al deslinde de terrenos comunales.

Para tener una idea cabal de los efectos de la política del gobierno porfirista, en materia agraria, es necesario hacer hincapié en sus resultados. Ante todo, tuvo por consecuencia un gigantesco desplazamiento de la propiedad territorial, en virtud de lo cual las comunidades indígenas y la masa de pequeños propietarios quedaron privados de tierras, mientras que estas se concentraron en un puñado de terratenientes y en unas cuantas compañías extranjeras. En 1910, el 96.6 % de las familias mexicanas carecían de tierras. La mayor parte de esta fue a parar a manos de grandes hacendados que, según el censo de 1910, ascendían a tan solo 8431 individuos. Según datos de Mendieta y Nuñez, el número de haciendas y ranchos creció de 19500 en 1876 a 35479 en 1910.

García de León (1988) se pronuncia en el mismo sentido de la gran concentración de la tierra en manos de los hacendados y compañías deslindadoras, que conjuntamente estas poseían en 1910 en números redondos 168 millones de hectáreas; y, el resto de 32 millones de hectáreas estaban repartidas entre propietarios extranjeros o mexicanos ausentistas, pequeños propietarios, comunidades indígenas y fundos legales.

A principios de la Revolución, finaliza el proceso de expropiación de las tierras pertenecientes a los campesinos. Hasta la dictadura de Porfirio Díaz en los estados limítrofes y en ciertas regiones apartadas de la República, aún se conservaban tierras comunales; pero treinta años más tarde casi habían desaparecido. En la mayoría de las regiones la hacienda casi había absorbido a la comunidad rural. A principios de siglo XX el 99.8 de los habitantes de los estados de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos carecían de las tierras. Así lo evidencia el siguiente cuadro en que las cifras hablan del enorme incremento del número de haciendas y ranchos durante el Porfirismo (1876–1910), según lo muestra el cuadro que sigue:

Cuadro 1. Haciendas y ranchos en México

Año	Ranchos	Haciendas
1877	14705	5869
1900	32557	5932
1910	48633	8431

Fuente: Jürgen (1979).

Así pues, es durante el Porfirismo cuando se da el mayor despojo la las tierras de las comunidades indígenas, cuyos integrantes fueron lanzados como mano de obra libre a la circulación mercantil, tal como lo exigía el origen del capitalismo mexicano.

3.2.2. Formación de la burguesía industrial

Alperovich y Rudenko (1979) señalan que la penetración del capital extranjero a la economía nacional, se intensificó en la segunda mitad del siglo XIX y se canalizó fundamentalmente a estos rubros: acaparamiento de tierras y de vastas regiones forestales; construcción de ferrocarriles, minería y metalurgia; apoderamiento de las riquezas petroleras; control de las finanzas y lucha por el control del mercado mexicano.

La camarilla de Porfirio Díaz desempeñó vergonzoso papel en el sojuzgamiento del país por el capital extranjero. Esta camarilla es la más responsable de que el capital extranjero se haya posesionado de los puestos claves en la economía y de haber dejado en poder de los monopolios extranjeros el desarrollo económico del país.

La política económica de la camarilla gobernante, que descaradamente se apoyaba en la supuesta incapacidad del pueblo para desarrollar de manera independiente la economía, acarreó incalculables infortunios al país. Con el objeto de alcanzar el desarrollo económico, político y cultural del país, el gobierno de Díaz comenzó una descarada campaña para atraer capital y empresarios, con el pretexto de colonizar las tierras baldías y fomentar el desarrollo de la industria y el transporte, y de organizar los servicios públicos en las ciudades y puertos.

Los “Científicos”, encabezados por Limantour, jugaron destacado papel en la realización de esta política anti-nacional del gobierno de Díaz.

El gobierno de Díaz pretendía justificar su política capituladora argumentando que era menester explotar rápidamente los recursos del país y crear un México fuerte, capaz de defender su integridad territorial e independencia política.

En realidad, esta seudo patriótica fraseología venía a enmascarar la esencia reaccionaria de su política exterior, política que entregaba a los extranjeros, en particular a los norteamericanos, las posiciones económicas más importantes del país.

La construcción de las vías férreas por el capital extranjero, principalmente norteamericano, había crecido enormemente pues había pasado de una extensión de 650 kilómetros en 1876, a 24000 kilómetros en 1911, por lo que su control había quedado sometido a los intereses de capital estadounidense. En armonía con la construcción de las vías férreas, el capital yanqui penetró en la industria minera y metalúrgica.

Especial interés ofrece la historia de las inversiones extranjeras en la industria petrolera. Desde 1905, cuando se descubrió que México tenía grandes reservas de petróleo, este se convirtió en uno de los factores principales que determinó la política de los de los Estados Unidos con respecto a México.

El papel rector en toda la vida económica y política del país recaía en él círculo de personajes que rodeaba a Díaz, conocidos con el calificativo de “Científicos”. Este grupo no constituía, en modo alguno, un partido político ni estaba ligado por una organización formal. Más bien era una camarilla oligárquica organizada a comienzos de la década de 1890 del siglo XIX. Y agrupaba en su seno a representantes de la burocracia porfirista, terratenientes, compradores y en parte, a miembros de la intelectualidad burguesa. Su nombre se debió al hecho de que, adicta a la filosofía del Positivismo, esa burocracia se pronunciaba por el empleo del método dizque científico en la administración del estado.

Los “Científicos”, que amasaban enormes fortunas a costa de la explotación despiadada de las masas trabajadoras y mediante oscuros negocios y maquinaciones, preferían actuar no mediante la violencia sino con métodos más sutiles.

Los “Científicos” eran partidarios de que se atrajese, por todos los medios, capital extranjero, así como de que se otorgaran privilegios especiales a empresas de otros países. Fueron ellos los que sentaron la teoría reaccionaria a propósito del atraso e ignorancia del pueblo mexicano y de su incapacidad para marchar por la senda del progreso económico, social y cultural independiente. Sustentaban el criterio de que solo el capital extranjero era capaz de sacar a México del estado de atraso en que se encontraba. El ideal político de los “Científicos” lo representaba una oligarquía criolla que gobernara, en estrecha cooperación con el capital extranjero.

Cuevas (1987), argumenta que el modelo de desarrollo volcado hacia el exterior, seguido por el Porfirismo, en su conjunto supone una estructura interna de gran desequilibrio entre las diferentes ramas de la producción; con una hipertrofia de las actividades primario-exportadoras y una correlativa atrofia de las actividades destinadas al consumo interno. El desarrollo industrial, allí donde llega a adquirir relevancia, refleja de una u otra manera las distorsiones inherentes a este tipo de desarrollo, que en el caso del México porfiriano se traduce en un neto rezago de la industria con respecto a la producción primario-exportadora. La mayor parte de la expansión industrial se realiza siguiendo un patrón tradicional, a base de pequeñas unidades fabriles de baja eficiencia, o bien desarrollando ramas complementarias de la actividad agro-exportadora. No cabe duda de que en el modelo de desarrollo del capitalismo de la época porfirista, la acumulación gravita en torno de la actividad primario-exportadora, de suerte que aun el desarrollo industrial depende de los vaivenes y altibajos de ésta, que a su vez depende del movimiento general del capital internacional. El Estado “liberal-oligárquico”, correspondiente a esta etapa del desarrollo del capitalismo en México, es la expresión super-estructural del proceso de implantación del capitalismo como modo de producción dominante.

De la peña (1989), afirma que ante la carencia de recursos financieros propios, durante el Porfirismo, se privilegió la inversión extranjera, la cual empezó a crecer simultáneamente en los campos de la minería, ferrocarriles, telégrafos y otros servicios públicos, así como en el comercio. También se aplicó en la adquisición de bonos de la deuda pública. Sólo cuando estuvo más avanzado el proceso de transformación económica del país, se empezaron a aplicar a la industria y a la agricultura. Hubo cambios importantes después de 1880, pues antes de ese año, se consideraba a la industria más como fuente de ingresos fiscales que como eje rector del desarrollo capitalista del país. Además se inició la formación de un sistema financiero indispensable para el fomento del desarrollo del país con la creación del Banco Nacional de México (BANAMEX) en 1884. Importante también era la minería, aunque en esa época apenas se está recuperando de la profunda crisis en la que la sumió la Guerra de Independencia.

Basurto (1981), comenta que es hasta el período del Porfirismo (1876-1911) cuando puede hablarse del inicio de la transformación del capitalismo industrial como modo de producción dominante en México, aunque con rasgos de un capitalismo dependiente y subordinado al capital monopolista internacional en su fase imperialista.

La estrategia para alentar la industrialización del país consistió en mantener las condiciones óptimas para atraer la inversión del capital extranjero, como fue la estabilidad política y la instrumentación de un gobierno central fuerte, rasgos expresados en el lema: “orden y progreso”. En seguida, implementó una política tendiente a la rehabilitación de la capacidad de crédito del país a través de una desmedida elevación de los impuestos.

Para la industrialización del país, existía un obstáculo muy importante: la falta de medios de comunicación, que era particularmente grave en un territorio tan extenso y con una conformación muy irregular y difícil. Esta limitación no sólo impedía el movimiento espacial de las mercancías sino que deformaba también el proceso de industrialización, en virtud de que limitaba la posibilidad de instalación de la industria en los lugares más convenientes.

En efecto, a principios del período porfirista, los transportes internos eran tan deficientes, que las industrias textiles se establecieron principalmente cerca de las costas confiando más en la materia prima importada que en el producto doméstico. El resultado fue que grandes fábricas de hilados fueron fundadas en Veracruz, Orizaba y en los alrededores de estas ciudades, donde era fácil el acceso al producto importado. Por tanto, la producción doméstica del algodón tendía a localizarse en las cercanías de las fábricas próximas al Golfo de México.

Para subsanar estos escollos, Díaz dictó una serie de medidas tendientes a ampliar lo más posible la red de vías férreas, para lo cual recurrió, como era natural, a la inversión de capitalistas extranjeros, norteamericanos e ingleses.

La red ferroviaria, al principio del Porfiriato contaba con sólo 650 km. de vía, para 1910 había alcanzado una longitud total de 24000 km. Los capitales invertidos en los ferrocarriles, junto con los empleados en la compra de bonos del gobierno mexicano, constituían más de la mitad de la inversión extranjera para 1911.

El incremento de la red ferroviaria tuvo gran efecto sobre la economía mexicana. Antes de su ampliación, los únicos productores que operaban en más o menos gran escala con amplios mercados eran las grandes factorías textiles, cuyo producto podía ser fácilmente transportado. Otras manufacturas, como los productos lácteos, cueros, zapatos, porcelanas, etc., eran consumidos forzosamente cerca del área de su producción. Con la nueva red ferroviaria, se incrementaron sobre todo los productos de exportación.

En el norte del país se produjo un auge minero que hizo de ésta industria, la segunda en importancia en México, después de la textil.

El avance de la industrialización del país continuó durante toda la época porfiriana. Aparecen moderna fábricas de cerveza en Monterrey, Orizaba, México, Mérida y se desarrollan paralelamente las fábricas de vidrio que habían de surtir a ésta industria; las fábricas de zapatos que desplazan a los talleres artesanales; las fábricas de jabón que consumen la creciente producción de semilla de algodón; y en el renglón de la industria menos ligera, se funda, en 1903, la primera planta siderúrgica moderna en Monterrey que, en 1911, llega a producir más de 60000 toneladas de hierro y acero.

La industria petrolera por su parte, empieza a tomar auge a principios del siglo XX con el descubrimiento de ricos yacimientos y su consiguiente explotación.

En resumen, el panorama industrial en el Porfiriato se presentaba como sigue, de acuerdo con los propios ideólogos del régimen:

En primer lugar se ponía a los ferrocarriles, en los que se veía a la “industria prima de las industrias nacionales”; a igual nivel estaba considerada la minería y en seguida la industria de hilados y tejidos de algodón; la industria del papel le seguía en importancia. En la revisión industrial que hacen los ideólogos mencionados fue señalado el persistente aumento de la industria de las bebidas embriagantes, sobre todo cerveza; seguía la industria del tabaco, en auge, que saturaba el mercado nacional. Finalmente, el azúcar, de la que se dijo que “en esos momentos compañías extranjeras compraban extensiones de terreno para consagrarlas al cultivo de caña y se introducían respetables masas de maquinaria”. Se producía además yute, glicerina, dinamita, cristales finos, vidrios, manufacturas de henequén, conservas de carne, cemento, jabón, etc.

Para 1910-1911, la economía mexicana estaba dominada fuertemente por capitalistas extranjeros que controlaban cerca del 80% del capital conjunto de las principales empresas del país. La mayoría de las principales plantas textiles que surgieron durante el Porfiriato fueron fincadas con capitales franceses; las nuevas cervecerías en Toluca, Monterrey, Guadalajara y Orizaba, generalmente tenían un grupo alemán entre sus fundadores; y en las industrias del papel, explosivos, cemento y acero, destacaban empresarios franceses, españoles o británicos.

Como es natural, con el desarrollo industrial del país, también se produjo un crecimiento paralelo del proletariado industrial; de tal forma que en 1895 la cantidad de obreros ocupados en la industria era de 693000 y para 1900 alcanzaba un valor 803000 personas.

Ramírez Villalobos (2012), explica que la transformación profunda de las estructuras económicas, sociales y políticas se acelera a mediados del siglo XIX con el fortalecimiento del Estado al triunfo de los liberales, las reformas que emprenden, la proliferación de modernas industrias textiles y los signos de re-activación económica. No obstante, el panorama global de México sigue siendo avasallador: cuando menos dos terceras partes de la población se halla dispersa en comunidades rurales, y el tercio restante, urbano, se encuentra cercado por la debilidad de los consumos y falta de comunicaciones. Predomina la fragmentación y dispersión del espacio económico en regiones incomunicadas por la difícil geografía y la carencia de caminos y medios de transporte. En el área manufacturera industrial coexisten varias formas de producción, sistemas de fabricación modernos, con fuerte capital, modesta producción artesanal en centros urbanos y fabricación sencilla de paños en pueblos indios.

La coexistencia de distintas formas productivas es evidente en la agricultura, con una marcada diferencia entre producción campesina de cultivos básicos de auto-consumo y la producción agrícola comercial en las haciendas y ranchos.

Al peso mayoritario de la población rural, se agrega su distribución desigual, un norte casi despoblado y altas concentraciones en ciudades como México, Guanajuato, Querétaro y Guadalajara. La extrema desigualdad en la distribución de la tierra, permite afirmar que un puñado de hacendados de origen español y criollo poseían la mayor parte del terreno cultivable en casi todo el siglo XIX.

En estas condiciones el Estado mexicano sigue en construcción, están en proceso las reformas liberales y sus efectos, las condiciones financieras siguen siendo arcaicas por la ausencia de bancos, carencia de capitales y medios de pago. Las alcabalas obstaculizan el crecimiento, lo mismo que la debilidad y ausencia de normas institucionales que regulen las relaciones económicas.

La burguesía mexicana se constituyó con elementos desprendidos de la clase dominante y de algunos miembros de sectores medios en ascenso, a diferencia de su formación clásica inglesa a partir del ascenso paulatino de ciertos grupos de pequeños productores. Tuvo como antecedente formativo a prestamistas, comerciantes, agiotistas y hacendados, quienes lograron acumular capital por esas vías, algunos desde finales de la colonia y la mayoría durante las décadas posteriores a la Independencia, en medio de la inestabilidad política y la fragmentación. Lucraban con los bonos de la deuda gubernamental y ganaban posiciones ventajosas para sus negocios por su condición de acreedores. Los extranjeros tienen una presencia notable, europeos, norteamericanos y latinoamericanos. Los vínculos familiares y políticos, la asociación con extranjeros y las conexiones con el exterior, tienen gran relevancia en la formación del nuevo grupo de comerciantes-empresarios, quienes fueron alimentando el flujo comercial hacia y desde los centros más desarrollados del capitalismo mundial, al tiempo que controlaban los mercados internos.

El proceso de la formación de la burguesía arrancó, claramente y como fenómenos de gran relevancia, poco antes de mediados del siglo XIX, cuando los sectores ya aludidos invirtieron sus capitales, o parte de ellos, en la construcción de fábricas textiles de lana y sobre todo de algodón, incorporando maquinaria y técnicas modernas importadas de países avanzados industrialmente (Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos de Norteamérica). La fuerza de trabajo estuvo constituida por trabajadores libres que recibían una paga en dinero, si bien se utilizó frecuentemente el viejo recurso de la tienda de raya. Este tipo de industria de tejidos baratos se esparció rápidamente por distintas regiones del país, por lo que es válido afirmar que nació todo un sector fabril textil en base a relaciones de producción capitalistas.

La historia sobre la formación y desempeño de la burguesía, da cuenta de su heterogeneidad, gran movilidad y poca estabilidad en el control de las empresas. Incursionaba en el comercio, las haciendas, la minería, las fábricas textiles y la propiedad inmobiliaria.

En la industria textil, con la asociación de capitales mexicanos, españoles e ingleses se conforman varias compañías textiles que desde los años treinta del siglo XIX, empiezan a crear fábricas sobre las cenizas de los antiguos obrajes y molinos de viento en la periferia de la ciudad de México: La Fama Montañesa y la San Fernando en Tlalpan, la fábrica Río Hondo en Tacubaya, La Magdalena en Contreras, El Águila y Batán en San Ángel. Camarena Ocampo y Trujillo observan que fueron los comerciantes-hacendados abocados a la producción de la tierra y del algodón y no los comerciantes ultramarinos quienes invirtieron en las fábricas textiles. Al combinar la hacienda con la fábrica fortalecían su posición en ambas esfera, el dominio de fuentes de agua servía a la producción textil y al mismo tiempo ésta era una salida para los productos del campo. En estos primeros años eran empresarios que controlaron la producción de algodón, “no pensando propiamente como industriales sino como hacendados, quienes utilizaban en el seno de las fábricas prácticas de dominación parecidas a las de las haciendas”.

El número de fábricas textiles evidencia una considerable expansión. En 1843 existían 59 fábricas en el país, concentradas 53 en el Centro y 6 en el Norte. Su distribución ocupaba 8 Estados: Sonora, Durango, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, México, Puebla y Veracruz. Para 1880 la industria alcanza prácticamente una cobertura nacional abarcando 23 Estados; existían 97 fábricas, ubicadas 66 en la región central, en el Norte 27, y en la zona Sur 4. El carácter disperso de su distribución regional, que ha sido objeto de disquisiciones sobre el desarrollo industrial mexicano, se debió a los mercados fragmentados por la falta de caminos, transportes y seguridad en el tránsito, entre otros factores.

En 1843 la mayor parte de establecimientos textiles empleaba agua y vapor como energía motriz, en una proporción de 62%, respecto a los que seguían usando mulas y en menor parte fuerza humana. Para 1880 la fuerza motriz de las fábricas textiles se concentraba en el uso del agua, vapor o ambas. A fines del siglo XIX la energía eléctrica revolucionó el proceso productivo al mantenerlo constante, a diferencia del vapor y la energía hidráulica que en tiempos de escasez de agua limitaba la producción, al grado de que algunas fábricas tenían que cerrar. La electricidad expandió la capacidad productiva y permitió el cambio tecnológico, con usos de alta velocidad, telares automáticos y estampadoras. La industria textil y la minero-metalúrgica fueron las primeras en utilizar la energía motriz eléctrica.

Los trabajadores se contrataban libremente, recibiendo un salario por su trabajo. Como los trabajadores no requerían de una entrenamiento largo y especializado, también trabajaban en las fábricas textiles mujeres y niños. En muchas fábricas era obligatoria la compra en la tienda de raya, las jornadas de trabajo solían ser extenuantes y los salarios bajos, hasta en los establecimientos más modernos. Había un diferencial grande entre los salarios de los operarios especializados, generalmente extranjeros, y los salarios de los obreros nacionales. Desde mediados del siglo XIX hubo un flujo frecuente de trabajadores migrantes hacia los centros textiles, muchos de medios rurales distantes, quienes combinaban sus tareas en el campo con trabajo temporal en las fábricas.

El capital se transformó a fines del siglo XIX gracias a un conjunto de factores que favorecieron el proceso de industrialización: la creación y ampliación del mercado interno a través de la expropiación de las tierras de los campesinos por las Leyes de Reforma, que amplió el mercado de la fuerza de trabajo y permitió mantener bajos los costos de producción; la abolición de las alcabalas; la unificación del mercado nacional a través de los ferrocarriles; un Estado fuerte que logró controlar el contrabando e impulsó una política de fomento y desarrollo industrial; la energía eléctrica aplicada a la industria, que revolucionó el proceso productivo; así como la presencia de una red bancaria que facilitó crédito a los industriales; y, las sociedades anónimas por acciones que permitieron superar las limitaciones del capital individual y conseguir una organización empresarial más eficiente.

Con la organización en sociedades anónimas se dio un proceso acelerado de centralización y concentración de capital en la rama textil. Se centralizó 80% del capital total de los 142 establecimientos y 39.7% del valor de la producción.

La inversión y agrupación regional en sociedades anónimas fomentó la modernización de las fábricas y la creación de edificios más funcionales, expresión de la nueva racionalidad que remozó y reorganizó los espacios productivos. En 1905 la mayor parte de las fábricas, La Magdalena, Santa Teresa y la Abeja situadas en la orilla del río La Magdalena, tenían su propia planta de luz en Los Dínamos, en Contreras, así como ramales de ferrocarril.

Otra parte importante del empresariado textil se constituyó por agiotistas. Las propiedades de Garay y de los Martínez del Río, dueños de las fábricas textiles La Magdalena y Miraflores, fueron las más grandes del Distrito federal. De Garay y los Martínez del Río fueron agiotistas reconocidos al igual que otros industriales prominentes como Cayetano Rubio, uno de los manufactureros textiles más conocidos, dueño de la fábrica Hércules en Querétaro, considerada la más importante durante el período de la Reforma y el Imperio; y, los empresarios de mayor renombre durante el primer gobierno de Juárez, los hermanos Escandón, dueños de las fábricas La Escoba en Jalisco y Cocolapan en Veracruz, que en pocos años llegaría a ser la fábrica textil más grande del país.

En la industria metalúrgica y otras industrias la organización de las empresas bajo la forma de sociedades anónimas posibilitó la reunión de grandes capitales y la diversificación de los negocios. Ello es particularmente visible en la región noreste. La legislación de 1887 redujo notablemente los requerimientos para la formación de sociedades anónimas y estimuló la creación de las empresas industriales más grandes, como las fundiciones, las plantas siderúrgicas y los ferrocarriles. La forma de sociedades anónimas fue ampliamente usada por los empresarios de Monterrey. El período de industrialización intensa en Nuevo León ocurrió poco tiempo después del código de 1887. La pujanza económica de la región noreste, de la cual Monterrey es cabeza industrial, durante el período 1890 a 1910, derivó de un eficiente complejo industrial que crea toda una red de actividades relacionadas, con fábricas metalúrgicas y siderúrgicas básicamente. Entre 1897 y 1899, Nuevo León aportó 23.5% de la producción metalúrgica total, y en 1902 contribuyó con 13.5% de la producción industrial, alcanzando la cima nacional. La producción regional fue absorbida casi en su totalidad por la demanda externa estadounidense y británica entre 1890 y 1902. En las grandes compañías establecidas en Monterrey se observa una fuerte concentración del capital en pocos inversionistas.

La extensión de la red ferrocarrilera norte-sur y este-oeste convirtió a Monterrey en un centro de comunicaciones estratégico en la región. La integración vertical de las actividades mineras y metalúrgicas condujeron a un auge notable en la minería. Las formas de organización de la propiedad minera combinaba la propiedad individual, ligada frecuentemente con familias de connotados empresarios locales, como los Zambrano, Ferrara y madero, y corporaciones nacionales y extranjeras, como la Compañía Minera Fundidora y Afinadora, la Mexican Lead Co., o la Guggenhein y Compañía. Las compañías controlaban un número muy grande de minas, de distinto rango de importancia. La minería era un negocio regional con operaciones en Coahuila, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Chihuahua, que amplió el mercado de materias primas, manufacturas y bienes de consumo en la región noreste, además de constituirse en una dinámica fuente de empleo y desplazar en importancia a otras regiones.

El auge de las manufacturas y la expansión del comercio que trajo la segunda revolución industrial entre 1873 y 1914, con la ampliación en gran escala de las industrias de base, carbón, hierro y acero, a través de la modernización de la planta y el desarrollo científico-tecnológico a nivel mundial fue un proceso en el que se introdujo la industria mexicana durante el Porfiriato, gracias a la consolidación del Estado y la disponibilidad del ahorro, interno básicamente y en parte externo. Durante el período 1896-1910, el desarrollo industrial tuvo un notable impulso, la tasa de crecimiento industrial casi duplica la tasa de crecimiento del PIB, 5.35 y 2.84% respectivamente. Aunque las ramas textil, azucarera y tabacalera tuvieron el máximo peso en el sector (22.4, 17.05 y 9.12%), el crecimiento industrial se presenta en muchas ramas más, papelera, química, alimentos y bebidas, bienes industriales intermedios (acero, energía eléctrica, petróleo), materiales para construcción, vidrio y cerámica. Al avanzar la producción interna hubo un proceso de sustitución interna de importaciones en gran escala y con toda claridad en la industria textil, algunas ramas alimentarias y otras de bienes de consumo. El comercio exterior jugó un papel decisivo en la consolidación del crecimiento económico nacional. Durante el Porfiriato el monto de las exportaciones mexicanas aumentó en más de seis veces y media, y las importaciones en tres veces y media.

Entre 1892 y 1911, el ritmo de crecimiento de la producción de metales industriales fue impresionante, 507% y la metales preciosos, 197%. La introducción de innovaciones tecnológicas elevó la productividad en los últimos 15 años del Porfiriato. Las fuentes de energía se fueron revolucionando, la energía hidráulica primero, después la máquina de vapor a partir de 1870 y luego la hidroeléctrica, la cual significó un gran avance en la capacidad minera instalada. A inicios del siglo XX el reemplazo de amalgamación por patio, por el de cianurización de los minerales de plata elevó la productividad y permitió el aprovechamiento de minerales que antes se desechaban.

En lo relativo al sector rural, alrededor del 90% de la tierra cultivable la concentraban hacendados y rancheros, si tomamos como referencia estimaciones sobre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Concentración que resultó de la desamortización de las tierras de la Iglesia y de las comunidades campesinas por las Leyes de Reforma y que se aceleraría en las últimas décadas del siglo XIX también por la adjudicación de tierras baldías a particulares. El efecto inmediato fue ampliar el mercado de fuerza de trabajo, a costa del empobrecimiento campesino, la disolución de las relaciones comunitarias y la concentración de la propiedad por hacendados, comerciantes, industriales y políticos. La política de baldíos no favoreció a los indígenas y tampoco produjo pequeños propietarios; pero si benefició a los latifundistas, igual que la Ley Lerdo de 1856.

Se calcula que a principios del siglo XIX aproximadamente el 40% de toda la tierra dedicada a la agricultura en las regiones central y sur del país pertenecía a las comunidades rurales. Al caer Díaz en 1911, sólo el 5% permanecía en sus manos y más del 95% de los campesinos mexicanos no poseían tierras. En general se piensa que el ritmo de expropiación alcanzó su punto álgido en la época de Díaz.

En la segunda parte del siglo XIX empezaron a surgir o a consolidarse cultivos comerciales en las distintas regiones. En la región lagunera de Coahuila y Durango el algodón. El henequén desplaza el ganado y al maíz en las grandes haciendas de Yucatán. En la región central crecen los cultivos azucareros, cerealeros y pulqueros; y, en la región norte continúa la hegemonía de las haciendas ganaderas…Después de la Reforma, pero en especial a mediados del Porfiriato, con la integración del mercado nacional propiciada por los ferrocarriles, la agricultura crece en las haciendas modernizadas del norte y el centro, y las haciendas y nuevas plantaciones agro-exportadoras del sureste. La modernización de la producción impacta de forma diferente las relaciones de explotación de la fuerza de trabajo en las distintas regiones. En el sureste y el Golfo se combinan la sujeción y explotación pre-capitalista, (incluso esclava) y moderna de los campesinos, con jornadas laborales durísimas, cárceles en las haciendas y tiendas de raya. En cambio en las haciendas del norte predominan relaciones modernas, con buenos salarios a los jornaleros.

Respecto al trabajo, la recuperación del crecimiento poblacional y la ampliación del mercado de fuerza de trabajo libre, resultado de la expropiación de comunidades, generó la formación de un excedente de mano de obra durante la década de 1880. El cultivo directo en las haciendas del bajío combinó en las tierras de temporal, la aparcería en el cultivo de maíz, en forma funcional a la acumulación de capital agrario. En la medida en que este grano no resultaba redituable comercialmente, su producción por aparcería reducía artificialmente los costos del hacendado por la inversión de fuerza de trabajo no retribuida a los aparceros, quienes asumían los riesgos de la producción, al tiempo que aseguraban el abastecimiento del maíz para el mantenimiento y en ocasiones pago en granos a los trabajadores. Esta forma, generalizada durante la primera mitad del siglo XIX, debido a la escasez de circulante y de fuerza de trabajo, la inestabilidad política, etc., garantizó a los hacendados beneficios regulares con los menores gastos de inversión y desembolso de dinero. El sistema de cultivo directo se extiende por los hacendados con toda claridad tras la restauración de la república y el arribo de la paz.

Crece la demanda de fuerza de trabajo en las haciendas. El grupo mayoritario central lo integran los trabajadores permanentes, alojados en la hacienda y que tienen empleo durante todo el año; los trabajadores temporales o jornaleros y los aparceros considerados el sector más vulnerable y marginal. Como en todas partes, apunta Miller, los salarios por debajo de la inflación, particularmente en los precios del maíz, frijol, chile y trigo. Había una estructura diferenciada de pagos, reflejo de la naturaleza jerárquica de la fuerza de trabajo, los más diestros y ocupados de tareas especiales y quienes tenían bajo su responsabilidad a otros trabajadores recibían la paga más alta, 50 centavos; el lugar más bajo en la escala remunerativa lo ocupaban las mujeres a quienes pagaban por día 6 centavos.

La combinación del cultivo directo con la aparcería del maíz durante la segunda mitad del siglo XIX posibilitó la rehabilitación de la producción agrícola en la Mesa Central y desató un cambio en la estructura de la producción, hacia la generalización de las relaciones capitalistas. La ocupación cada vez mayor de gente en el sector de aparcería y la extensión de la frontera interna de las haciendas a tierras de menor calidad, entrañaron el reclutamiento de los sectores más empobrecidos de campesinos, los quinteros, aparceros carentes de medios de producción y poseedores sólo de su fuerza de trabajo y la de su familia. Así, en la segunda mitad del siglo XIX la hacienda de la Mesa Central se transforma en términos de su viabilidad y en su capacidad de emplear fuerza de trabajo. A mediados del Porfiriato la economía de las haciendas se halla totalmente revitalizada, con rendimientos por inversión de capitales muy altos, mayores a 10%. Miller indica que para 1894, toda la fuerza de trabajo de la hacienda san Juanico era asalariada, con algunas excepciones de dotaciones de maíz como recompensa a los trabajadores más sobresalientes. No cabe duda de que se trataba de una fuerza de trabajo con todos los sellos de las relaciones de producción capitalistas, si bien de una variedad paternalista. Los informes que estudia evidencian claramente una tendencia hacia la producción capitalista no sólo en las propiedades más favorecidas por la calidad de los suelos y la irrigación; sino también en las de condiciones regulares y malas.

Después de 1880, la aparcería fue el principal modo de cultivar maíz en tierras de haciendas por todo México. Los cambios en la estructura de la propiedad, la producción y las relaciones sociales y laborales entre hacendados y campesinos fueron la causa de gran número de rebeliones entre 1840 y 1880, antecedentes del estallido revolucionario del siglo XX, expresión de la inseguridad subordinada creciente en las comunidades campesinas por la penetración y avance capitalista.

En lo que respecta al desarrollo bancario y organización de la hacienda pública, durante el Imperio de Maximiliano se abre el Banco de Londres y México, apoyado en una extensa red de relaciones mercantiles, mineras y políticas, base de la firma Manning y Mackintosh, la cual ejercía un importante papel en la exportación de plata e introducción de azogue. Entre 1875 y 1884 se establecen ocho nuevos bancos, cuatro en Chihuahua, ligados al éxito minero y cuatro en el Distrito Federal. Entre 1888 y 1907 se crean otros 33 bancos.

El primer banco que recibe autorización para su creación fue el banco de capital francés, Nacional Mexicano en 1882. Sus funciones centrales estipuladas fueron la emisión, el sostén de la tesorería y las negociaciones de la deuda pública. El Banco Nacional Mexicano se fusiona en 1884 con el Banco Mercantil Mexicano, creado por capitalistas españoles residentes, fusión de la cual nace el Banco Nacional de México (BANAMEX), en un entorno de grave crisis fiscal y monetaria hacia el final de la presidencia de Manuel González. La gestión de empréstitos en México y en el extranjero, la recaudación de impuestos y una amplia gama de actividades convirtieron a este banco en un medio esencial para la gestión económica del gobierno.

La red bancaria se amplía a casi todos los Estados en la última década del siglo, alentada por el código de comercio de 1889 y el otorgamiento de privilegios y exenciones impositivas.

A pesar de las presiones para abolir las alcabalas de 1867, no es sino hasta 1886 cuando se logra vencer la oposición de los gobernadores de los Estados. Las posiciones a favor de los impuestos directos, que proponían un gravamen sobre la propiedad raíz no pudieron avanzar, ante la casi total falta de un catastro de propiedades y la oposición de terratenientes.

Desde la República restaurada se emprendió el estímulo al crecimiento económico nacional, a través de la Secretaría de Fomento, establecida en 1853. Dentro de los programas de obras públicas la inversión en caminos y puentes, telégrafos y ferrocarriles, absorbieron el grueso del gasto. Como proporciones del gasto total el presupuesto de fomento se incrementa y alcanza el porcentaje más alto del siglo XIX en los períodos de 1882-1883 y 1885-1886, rebasando el 25%. La meta fue vencer el aislamiento entre la enorme dispersión de nuestra heterogénea población y territorio y así alcanzar la efectiva dimensión nacional del Estado y el mercado. La reparación de caminos, la apertura de nuevas carreteras a través de la Sierra Madre, el tendido de líneas telegráficas y vías de ferrocarril comunicaron los extremos de México. Al finalizar el siglo XIX la red ferroviaria contaba con más de 14000 kilómetros, la telegráfica con 70000 y el sistema de correo con 10000 oficinas. La introducción de redes telefónicas completa el esfuerzo por comunicar al país. Desde la última década del siglo XIX y hasta finales del Porfiriato las inversiones en proyectos de desarrollo se ampliaron a la modernización portuaria, la promoción de la agricultura, el riego y el desagüe del Valle de México. La política hacendaria pone en entredicho la ortodoxia liberal de los gobiernos decimonónicos, y evidencia que convirtieron al Estado en el instrumento principal para realizar las metas modernizadoras. Es decir, el postulado liberal de laissez-faire y laissez-passer fue sustituido, en la práctica política del siglo XIX, por su contrario: por una acción directa del Estado dirigida a la transformación de la economía y la sociedad.

En resumen, durante la segunda mitad del siglo XIX se reúnen las condiciones para la consolidación y expansión del capitalismo en México:

a). Se acumulan montos considerables de capital en manos de la burguesía, que en forma creciente lo re-invierte en la esfera productiva, introduciendo mejoras técnicas, innovaciones tecnológicas y equipo importado para la industria y la agricultura.

b). Se forma y extiende un mercado de fuerza de trabajo libre, resultado de los procesos de privatización de la propiedad comunal, la colonización y la venta de terrenos baldíos.

c). Se integra el mercado nacional por la extensión de los medios de comunicación y transporte, en especial los ferrocarriles, que ampliaron e incentivaron la comercialización, elevaron la rentabilidad de la inversión productiva y permitieron la movilidad de la fuerza de trabajo, capitales y mercancías hacia las regiones más dinámicas y los puntos para la exportación e importación.

d). El estado centraliza el poder, al lograr un dominio efectivo sobre la población y el territorio nacional, garantiza los derechos de propiedad e introduce normas institucionales claras favorables a la acumulación y expansión del capital, así como para la eliminación de trabas al libre comercio.

e). Se organiza la hacienda pública, reduciendo los constreñimientos financieros, re-ordenando el endeudamiento interno y restableciendo el externo, así como depurando ingresos y gastos con una orientación hacia el fomento económico y la realización de obras públicas.

e). Se inicia la organización de un sistema bancario que amplía los medios de pago y las fuentes de crédito. Dentro de este sistema, el Banco Nacional de México desempeña un papel estratégico como banco del gobierno, proporcionando recursos, gestionando las deudas externa e interna, emitiendo billetes y cobrando impuestos.

Sin duda jugó un papel clave el creciente flujo de capital externo en forma de inversiones directas en la esfera productiva (principalmente en ferrocarriles y minería), en la banca, y en forma de préstamos al gobierno.

Las contradicciones inter burguesas (burguesía agraria subordinada al capital extranjero versus burguesía industrial) generadas durante el porfirismo y con los campesinos pobres –más bien se trataba de peones de las haciendas en sus diversas modalidades, ya que estrictamente no se trataba de campesinos al haber sido despojados en lo fundamental de su tierra- y el incipiente movimiento obrero, produjeron la Revolución democrático-burguesa de 1910-1917, dirigida contra el poder político de la dictadura porfirista representante del capital extranjero y la burguesía agraria terrateniente.

4. Conclusiones

El capitalismo mexicano aparece con la Revolución Burguesa de Reforma (1854-1860) y culmina durante el Porfirismo (1876-1910), después de un prolongado y accidentado proceso de desarrollo que se incuba durante el régimen feudal-colonial, dependiente de la dominación española.

Las bases socio-políticas que condicionaron el origen del capitalismo en México fueron: derrota política de la oligarquía clerical terrateniente y la nacionalización de los bienes económicos de la Iglesia, principalmente sus enormes extensiones de tierras.

La mano de obra “libre” que el capitalismo naciente exigía fue aportada por la “ruina” de los productores artesanales, peones y parcialmente por los comuneros indígenas despojados de sus tierras comunales.

El capitalismo mexicano se consolida como capitalismo dependiente del capitalismo mundial –imperialismo- durante el Porfiriato, basado en una economía primario-exportadora, principalmente minería, agricultura y ganadería.

Durante el Porfirismo se realizó el mayor despojo de las tierras comunales de los indígenas, que al ser despojados de sus bienes territoriales, se convirtieron en asalariados de los capitalistas nacionales y extranjeros.

5. Bibliografía

Aguilar Monteverde Alonso. 1993. Dialéctica de la economía mexicana. Vigésimo novena edición. Editorial Nuestro Tiempo. México, D.F.

Alamán Lucas. 1853. Estado del país después de la Independencia. Los imprescindibles. Lucas Alamán. Ediciones Cal y Arena (1997). México, D.F.

Alperovich M. S. y Rudenko.B.T. 1979. La Revolución Mexicana de 1910–1917 y la política de los Estados Unidos. Ediciones de Cultura Popular. México D.F.

Basurto Jorge. 1981. El proletariado industrial en México (1850-1930). UNAM. México, D.F.

Cuevas Agustín.1987. El desarrollo del capitalismo en América latina. Décimo primera edición. Siglo XXI Editores. S.A. México, D.F.

De la Peña Sergio. 1989. La formación del capitalismo en México. Siglo XXI Editores. S.A. México, D.F.

Gallo T. Miguel Ángel. 2004. De Cuauhtémoc a Juárez y de Cortés a Maximiliano. Ediciones Quinto Sol. S.A. México, D.F.

García de L., Semo E. y Gamboa R. R. 1988. Historia de la Cuestión Agraria. Siglo XXI. Tomo II. México D.F.

Jürgen H. H. 1979. 1910–1917. Raíces económicas de la Revolución Mexicana. Ediciones Taller abierto. México D. F.

Pérez-Sánchez Beatriz. 2006. La economía en la era de Juárez. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica de Ciencias Económico Administrativas, Villahermosa, Tabasco.

Marx. C. 1979. El Capital. Tomo I. Editorial Cartago. México D. F.

Ramírez Villalobos E. 2012. El desarrollo del capitalismo en México en la segunda mitad del siglo XIX. Economía informa. UNAM. México. D.F.

Serna Enrique. 2008. Letras libres. México, D.F.

FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA

jueves, 4 de junio de 2015

ORIGEN DEL CAPITALISMO EN MÉXICO

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