REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN EN LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

DIALÉCTICA –REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN- EN LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

Valentín Vásquez

Oaxaca, México

valeitvo@yahoo.com.mx

1. Introducción

La historia oficial concibe a la Independencia como una simple guerra; en realidad se trató en su primera etapa (1810-1815) de una radical lucha de clases en la que se enfrentó el pueblo –campesinos pobres, comuneros indígenas y obreros de las minas y obrajes- a las clases privilegiadas –principalmente los grandes hacendados y el alto clero- y a su brazo armado: el ejército realista. Esta fase del movimiento de Independencia, se caracterizó por los decretos de la insurgencia popular implementadas por Hidalgo y Morelos,  entre los que destacan medidas orientadas a la eliminación de rasgos pre-capitalistas heredados de la época colonial, entre los que destacan la abolición de la esclavitud, la abolición del tributo y la restitución de tierras a los campesinos pobres y comuneros indígenas. 

Con la derrota militar y asesinato de Miguel Hidalgo (1811) y de José María Morelos (1815) culminó la primera etapa de la Independencia, que se caracterizó por su naturaleza revolucionaria. En seguida, le sucedió un período de 1816 a 1820 de feroz represión de la insurgencia popular por parte del ejército realista, a la cual respondió el movimiento popular con la táctica guerrillera en el sureste, liderada por Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo en Veracruz, en Puebla e Hidalgo encabezada por Mier y Terán, y, principalmente en Guerrero comandada por el indoblegable Vicente Guerrero. Esta situación probablemente se hubiera prolongado, de no ser por la revolución liberal-burguesa ocurrida en España en enero de 1820. Con el triunfo de la revolución liberal-burguesa el rey Fernando VII se vio obligado a restaurar la Constitución liberal de Cádiz de 1812. En la Nueva España el virrey Juan Ruíz de Apodaca promulgó la Constitución de Cádiz en mayo de 1820. Ante esta situación, las clases privilegiadas principalmente el alto clero y los grandes terratenientes subordinados a los intereses de la Iglesia, con el apoyo de Agustín de Iturbide, militar realista que había combatido ferozmente a la insurgencia popular, planearon la consumación de la Independencia, como una estrategia para separarse de España y de esta forma proteger sus intereses de las medidas liberal-burguesas y anticlericales contenidas en la reciente constitución promulgada por el virrey. Para lograr sus objetivos, el portavoz de las clases privilegiadas –Agustín de Iturbide- intentó derrotar militarmente a Vicente Guerrero, líder de la insurgencia popular que por diez años había estado luchando por la por la Independencia y, al no lograrlo, negoció una alianza con Guerrero, para conjuntamente consumar la Independencia. Resultado de la alianza política entre las fuerzas revolucionarias y las conservadoras fue el Plan de Iguala en el que se estableció la Independencia de la Nueva España, la cual se consuma formalmente el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del ejército de las tres garantías -religión católica, independencia y unión- en la ciudad de México. Así pues, lo que por la dialéctica de la lucha de clases inició como una revolución burguesa de naturaleza agraria, se transformó en una contrarrevolución feudal en beneficio de los intereses de los grandes terratenientes –hacendados- y la Iglesia.

A pesar de la naturaleza conservadora de la Independencia, con haber logrado la separación política de España, la abolición de la esclavitud, del tributo y de las castas, fueron logros importantes que contribuyeron a "desbrozar" el camino para el desarrollo del capitalismo en México y, para su posterior conversión en modo de producción dominante a mediados del siglo XIX.

2. Antecedentes socio-económicos

Alamán (1808), ilustre intelectual conservador, describe la estructura poblacional de la sociedad en vísperas del inicio de la Independencia: La distinción que las leyes hicieron entre las diversas clases de habitantes fueron de gran influencia en la revolución y en todos los acontecimientos sucesivos. Estos nuevos elementos fueron los españoles y los negros que ellos trajeron de África. Distinguiéronse poco tiempo después los españoles en nacidos en Europa y los naturales de América, a quienes por esta razón se dio el nombre de criollos, que con el transcurrir del tiempo vino a considerarse como una voz insultante, pero que en su origen no significaba más que nacido y criado en la tierra. De la mezcla de los españoles con la clase india procedieron los mestizos, así como de la de todos los negros, los mulatos, los zambos, pardos y toda la variada nomenclatura que se comprendía con el nombre genérico de castas. A los españoles nacidos en Europa, se les llamaba gachupines, que en lengua mexicana significa "hombres que tienen calzados con puntas o que pican", en alusión a las espuelas, y este nombre, lo mismo que el de criollo, con el progreso de la rivalidad entre unos y otros, vino también a tenerse como ofensivo. Los indios vivían en poblaciones separadas de los españoles, gobernados por sí mismos, formando municipalidades que se llamaban repúblicas, y conservaban sus idiomas y trajes peculiares. Se ocupaban especialmente de la labranza, ya como jornaleros en las fincas de los españoles, ya cultivando las tierras propias de sus pueblos, que se les repartían en pequeñas porciones por una moderada renta que se invertía en los gastos de la iglesia y otros de utilidad general, cuyo sobrante se depositaba en las cajas de comunidad. Todo esto hacía de los indios una nación enteramente separada: ellos consideraban como extranjeros a todo lo que no era ellos mismos, y como no obstante sus privilegios eran vejados por todas las demás clases, a todas las miraban con igual odio y desconfianza. La población indígena predominaba en las intendencias de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Michoacan, situadas en lo alto de la cordillera y en sus declives hacia ambos mares. Los españoles europeos residían principalmente en la capital, en Veracruz, en las poblaciones principales de las provincias, en especial en las de minas, sin dejar de hallarse también en las poblaciones menores y en los campos, y de estos sobre todo en los climas calientes, en las haciendas de caña, cuya industria estaba casi exclusivamente en sus manos. Los criollos seguían la misma distribución que los europeos, aunque proporcionalmente abundaban más en poblaciones pequeñas y en los campos, lo que procedía de estar en sus manos las magistraturas y los curatos de menos importancia, y ser más bien propietarios de fincas rústicas que ocuparse del comercio y otros giros propios de las ciudades grandes".

En síntesis, la población descrita por el autor citado, consideraba los grupos sociales siguientes:

Indios: 2 400 000; españoles: 1 200 000, de los cuales 70 000 eran europeos; castas: 2 400 000, dando un total de 6 000 000 de habitantes.

Es evidente que la mayoría de la población estaba constituida por los indios y por las castas, que eran el grueso de la población trabajadora del campo y de la ciudad. Ambas, participaron en el movimiento de independencia en diverso grado bajo la dirección de los criollos y del bajo clero, en contra principalmente de los españoles peninsulares que conformaba una minoría privilegiada y rica a fines de la dominación colonial.

Aguilar (1986) comenta que en general se conviene en que, más que propiamente una clase, la nobleza o aristocracia mexicana de la época colonial fue una fracción de la clase alta, a la que más que ciertos títulos la distinguió tener más dinero  y propiedades que otros, hechos en una u otra actividad mercantil. Parece claro que la clase alta de México de aquella época estuvo constituida por los propietarios y negociantes más ricos, con o sin títulos nobiliarios, muchos ligados al viejo régimen al que explicablemente defendían –como ocurría con los grandes propietarios, acaudalados comerciantes, altos funcionarios y dignatarios eclesiásticos, y otros, deseosos inclusive de que las cosas cambiaran-, la incipiente burguesía propiamente mexicana que empezaba adquiriendo importancia en el comercio, la minería, la industria y aun en ciertas actividades agrícolas y ganaderas y, que en defensa de sus intereses aceptó casi siempre el orden establecido, pero a la vez se mostraba inconforme y simpatizaba con la independencia política en tanto esta no afectara sus intereses económicos. En el otro extremo de la escala social, las clases bajas consistían en las masas pobres, en los trabajadores, campesinos, artesanos y soldados, principalmente indígenas aunque también mestizos e incluso elementos aislados de origen blanco, en parte insertos en la vieja economía y en la estructura del poder colonial, y en parte miembros ya de una fuerza laboral; es decir, de una masa creciente de trabajadores asalariados ocupados en empresas de diverso tipo, en que pese a todos los obstáculos, empezaba a abrirse paso el capitalismo. El clero y el ejército, no obstante, que a menudo fueron vistos como dos de las clases principales de entonces, en realidad eran dos poderosas corporaciones, la primera religiosa, la segunda civil, en cuyo seno había desde elementos muy ricos hasta empleados muy pobres que sin perjuicio de pertenecer formalmente a una misma organización, en horas de crisis como la Revolución de Independencia militaron en bandos contrarios. El clero y el ejército fueron más que clases privilegiadas, instituciones cuyos miembros gozaron de fueros y privilegios que a fines de la dominación colonial resultaban a todas luces anacrónicos e intolerables. A fines del siglo XVIII parece claro que la liberación de la fuerza de trabajo como condición para explotarla de manera propiamente capitalista, estaba en marcha como un nuevo fenómeno histórico. El trabajo asalariado predominaba en la minería, las principales empresas industriales, el comercio interior y exterior e incluso en ciertas explotaciones agrícolas y ganaderas.

Zavala Silvio (1990) afirma que la población a principios del siglo XIX (1804) en la Nueva España, consistía en no más de 80 000 europeos; los criollos 1 000 000; había 2 000 000 de indios; 2 685 000 mestizos, mulatos y castas en general, y menos de 10 000 negros. La desigualdad de las fortunas sorprendía a los viajeros como Humboldt que en 1803 observó contrastes extremos: lujosos carruajes junto a hombres desnudos y hambrientos. Esta situación provocó que indios y mestizos se sumaran a lucha social para tratar de mitigar la enorme desigualdad social.

Brading (1975) explica que el acto final de la revolución borbónica  en el gobierno fue el decreto de consolidación o de amortización, promulgado en diciembre de 1804. Ante la amenaza de una inminente bancarrota la Corona exigió que todos los fondos eclesiásticos fueran entregados al tesoro real, el cual pagaría a partir de entonces el interés del 5 por ciento sobre el capital depositado. Estos fondos ascendían a más de cuarenta millones de pesos y en su mayor parte tenían la forma de hipotecas y préstamos garantizados con propiedades rurales y, en medida menos, con bienes urbanos. Esta nueva ley, en consecuencia, constituyo un ataque directo contra los intereses económicos de la mayoría de los terratenientes y de algunos comerciantes y mineros. Toda persona que hubiere tenido préstamos de la Iglesia quedaba obligado a liquidarlos en pagos periódicos en un plazo no mayor de diez años, y para muchos propietarios fue imposible cumplir con dicha obligación; algunos de ellos vieron sus propiedades embargadas y rematadas. Además, como muchas haciendas aparecieron simultáneamente en un mercado en el que la demanda era, en el mejor de los casos, lenta de por sí. Los precios de la tierra se derrumbaron, con la consecuencia de que el valor proporcional de los gravámenes fijos aumentó considerablemente. A fines de 1808 esta salvaje requisición de capital había exprimido de los bolsillos de las clases propietarias más de doce millones de pesos. En la congregación de Dolores el cura párroco, Miguel Hidalgo y Costilla, no logró reunir los 7000 pesos que su pequeña hacienda debía, de manera que esta fue embargada y dada en alquiler, no recobró la posesión de dicha propiedad sino hasta los primeros meses de 1810. Sin duda alguna, el decreto de amortización predispuso a la colonia a la revolución, e irritó fuertemente tanto a los criollos como a los peninsulares. El golpe de estado de 1808 contra el virrey José de Iturrigaray, pues, tuvo un doble significado, ya que fue tanto una maniobra de los antiguos organismos heredados de la dinastía de los Habsburgo que trataban de proteger sus prerrogativas, como la expresión de fuerza de la verdadera aristocracia de México, es decir, los inmigrantes españoles, en defensa de su posición privilegiada en la sociedad colonial.

Semo (2004) afirma que es hasta la segunda mitad del siglo XVIII, con el desarrollo de la división social y regional del trabajo, cuando el auge combinado de la minería, ganadería lanar, manufacturas y agricultura de exportación, cuando comienzan a manifestarse con vigor la acumulación originaria de capital industrial, acontecimiento que implica un paso muy importante en el desarrollo del capitalismo en México.

Es evidente que las reformas borbónicas de naturaleza liberal-burguesas fueron el antecedente inmediato, que al generar un auge económico con la consecuente generación de considerable riqueza de las clases privilegiadas a costa de la pobreza extrema del pueblo trabajador, desigualdad socio-económica que contribuyó decisivamente a la insurrección popular en su fase revolucionaria, dirigida por Hidalgo y Morelos.

3. Dialéctica de la Independencia

Tutino (1990) cita a Wolf como el iniciador del estudio moderno de los orígenes de la rebelión de Hidalgo centrado en la singularidad regional. Hizo resaltar que la insurrección brotó en el Bajío, la región más prospera del México central. Allí la sociedad colonial era más comercial, quizá más capitalista que en otras regiones de México. El complejo productivo integrado en el Bajío de una agricultura comercial, fábricas textiles y minas de plata lo ponían en lugar aparte. Wolf sostuvo que las familias del Bajío eran capitalistas incipientes y se sentían cada vez más agraviadas por las restricciones coloniales que frenaban su espíritu emprendedor. El estudio detallado del Bajío sugiere que allí surgieron después de 1750 nuevas y agudas contradicciones que contribuyeron a la insurrección popular que dio inicio a la Revolución de Independencia. El análisis comparativo de otras regiones indica que eran contradicciones exclusivas de la región del Bajío y zonas aledañas en el México del siglo XVIII. Fue una crisis regional concreta, y no los viejos agravios contra la prolongada dominación española, lo que generó la afrenta de masas movilizada por Hidalgo en 1810. Al hacerse más profunda la crisis agraria, los problemas también afectaron a las industrias textiles y mineras del Bajío. Después de 1785 la ocupación laboral se volvió cada vez más insegura tanto para los tejedores de la ciudad como para las numerosas mujeres del campo que hilaban. Para 1810 el empleo en las minas de Guanajuato se desplomaba rápidamente. La confluencia de la crisis agraria y la industrial aprestó a una gran masa de hombres del Bajío a chocar violentamente contra las élites provincianas y el régimen colonial. Cuando el padre Hidalgo los llamó a las armas en 1810, decenas de miles entre pobres del Bajío respondieron al llamado atacando las haciendas de terratenientes y otras instituciones del poder que dominaban su vida. Los campesinos que trabajaban en las haciendas -acasillados, arrendatarios y aparceros- del Bajío a fines del siglo XVIII no eran los más pobres del México rural. Muchos miembros de comunidades campesinas en el centro y sur de México eran más pobres y se enfrentaban a la incertidumbre de las cosechas anuales. Pero los comuneros indígenas vivían con mayor autonomía en los pueblos. Las élites terratenientes no eran tan claramente culpables de sus dificultades. Como los campesinos cultivaban tierras comunales, su pobreza parecía deberse más a las irregularidades del clima. Libres de las relaciones sociales de una dependencia personal, los comuneros raras veces percibían su pobreza y su inseguridad como problemas sociales y mostraron poco interés por la insurrección popular en 1810 en el Bajío. Así pues, lo esencial, no es que los pobres del campo en el Bajío tuviesen pobreza e inseguridad. La agudización de sus problemas tuvo causas sociales evidentes para todos. La pobreza provino de la baja en los salarios y de la disminución de los pagos en exceso -por arriba del salario-. La inseguridad fue causada por la falta de empleo permanente y la ampliación de los arrendamientos que obligó a muchos a correr el riesgo de malas cosechas. Las élites del Bajío organizaron directamente la transformación agraria que impuso a los pobres del campo un empeoramiento de su situación y la mayoría de las familias vivían bajo la dependencia de esas élites. Esa población de agricultores dependientes obligados a sufrir una pobreza cada vez más extrema unida a dolorosas inseguridades respondió con entusiasmo al llamado de Hidalgo a la rebelión popular el 16 de septiembre de 1810. La insurrección de Hidalgo no se inició entre los trabajadores mineros de Guanajuato, ni entre los obreros textiles de Querétaro. La rebelión empezó con la gente pobre del campo de las tierras altas del noreste del Bajío -Dolores-. Muchas familias rurales, sin embargo, habían participado en el empleo tanto agrícola como textil: hombres que trabajaban en las haciendas mientras las mujeres hilaban para los empresarios de los obrajes y los comerciantes de ropa. Poco después de iniciarse el alzamiento popular, se le unieron rebeldes de las ciudades y villas del Bajío, entre ellos muchos obreros textiles y mineros. Los dirigentes de la insurrección popular eran parte de la élite económica heredada de la época colonial, pero marginados de los beneficios de la segunda mitad del siglo XVIII cuando se implementaron las reformas borbónicas de naturaleza liberal-burguesa. Así, Hidalgo era propietario de una modesta hacienda endeudada con la iglesia, así como los jóvenes oficiales del ejército -Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo- provenían de prósperas familias de comerciantes y terratenientes -poseedores de haciendas marginales-, situación que confirma que una parte de la élite -la marginada- estuvo dispuesta a encabezar al movimiento popular iniciado en 1810.

Colmenares (2004) escribe que durante el movimiento de Independencia los actores sociales se agruparon en cuatro bloques. En la cima del poder se hallaba la reacción colonialista peninsular , integrada por la burocracia virreinal, los comerciantes monopolistas del Consulado de México y el alto clero; todos ellos enemigos jurados de la Independencia. Luego la clase conservadora, integrada por la aristocracia criolla terrateniente y por la burguesía minera y comercial, quienes querían desplazar a los españoles del poder, pero temían la revolución; cuando estalló la insurrección popular se aliaron con el primer bloque para oponerse. La tercera, es la clase media letrada que se caracterizó por su posición política liberal moderada; sus principales ideologos , voceros y caudillos provinieron de las filas de los letrados criollos del mediano y bajo clero y de la oficialidad militar; su posición es vacilante e inconsecuente, fluctúan entre la clase conservadora y la insurgencia popular, entre sus representantes más destacados estuvieron: Juan Aldama, Ignacio López Rayón y los diputados del Congreso de Chilpancingo. El cuarto bloque lo formaron lo que podría llamarse la clase popular revolucionaria; era una alianza amplia en la que el pueblo trabajador jugó el papel central: indios de comunidades, peones de haciendas, trabajadores de ingenios y haciendas, etc.; la dirección de este bloque recayó en los círculos ilustrados radicales de criollos y mestizos pertenecientes a la pequeña y mediana burguesía.

Así pues, para principios del siglo XIX el capitalismo ya se abría paso en el seno del régimen económico colonial de naturaleza feudal e intentó en la primera etapa de la Independencia derribar al gobierno virreinal, a través de una revolución política y social.

3.1. Revolución burguesa

Brading (1975) describe la composición social del movimiento insurgente, cuando toma la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato: las masas se unieron a Hidalgo y hasta el administrador de la mina la Valenciana, Casimiro Chovell, antiguo alumno distinguido de la Escuela de Minería, organizó un regimiento con los trabajadores. Estos mineros, junto con los indígenas de Dolores, fueron los más activos en el sitio de la Alhóndiga.

Florescano (1986) considera que durante la Independencia Hidalgo y Morelos fueron los caudillos de la insurgencia que más cerca estuvieron de la masa andrajosa y desesperada que los seguía. Esos indios y castas sin tierras, abatidos por tres siglos de servidumbre, fueron los que le dieron al movimiento insurgente su contenido popular, su fuerza y su carácter telúrico.

Esa fuerza era algo que brotaba en efecto de la tierra. Pero no pasó más allá  de incendiar haciendas y descabezar gachupines porque sus dirigentes, los criollos lo impidieron. Desde el primer instante, cuando Hidalgo cae en el vértigo de la revolución y se identifica con el pueblo y accede a sus violencias, Allende y los demás criollos le reclaman su adhesión a la fuerza salvaje que amenaza con arrastrarlo y modificar el sentido de la revolución. Lo mismo harán más tarde con Morelos los licenciados criollos que lo rodean y que acabarán por destituirlo como caudillo de la causa popular. Y es que los criollos, como repetidamente lo expresan en sus proclamas y manifiestos, sólo querían despojar a los gachupines del mando, sin ultrajar  sus personas y haciendas, sin modificar el orden de cosas establecido. En primer lugar porque lo que ellos buscaban en la Independencia era sobre todo un cambio político, no social; en segundo, porque temían, quizá tanto como los españoles, el desbordamiento de esa masa de desesperados; y en tercero, porque muchos de ellos eran hacendados o hijos de latifundistas. Por eso, a medida que se fueron alejando de la causa popular le tendieron la mano a los miembros de la oligarquía que estaban dispuestos a consumar la Independencia sin modificar el orden existente. En cambio, la causa de los hombres sin tierra se refugió en las montañas, se fragmentó en pequeñas partidas de jefes y caudillos locales y finalmente fue aniquilada por el compromiso que en 1821 sellaron los criollos y los miembros de la oligarquía. En todo caso, si en algo influyó la causa popular, fue en la unión entre criollos y realistas. Fue a partir de las depredaciones que los ejércitos de Hidalgo cometieron en los bienes, propiedades y vida de los blancos, cuando los criollos que dirigían la insurgencia, y los españoles y criollos que la combatían, comprendieron que aquello podía degenerar en una lucha de proletarios contra propietarios como decía Alamán. La prueba de que ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a llegar a esos extremos, es que al consumar juntos la Independencia en 1821 ni siquiera tomaron en cuenta los acuerdos que sobre la tierra propusieron los diputados a las Cortes de Cádiz, ni los que se promulgaron en la Constitución de 1812.

En 1808 un grupo de criollos fraguó una conspiración con el propósito de suplantar a los españoles en los puestos de dirección de la Colonia. En ese mismo año la oligarquía española, y los criollos unidos a ella, descubrieron el complot, encarcelaron a los sediciosos y pusieron ellos a su virrey. En 1810 otros criollos aprovechando la confusión que estos acontecimientos y los de España habían creado en la Colonia, decidieron que había llegado el momento de realizar su viejo anhelo. Pero esta vez en lugar del complot citadino, llamaron en su auxilio a los indios y castas, a los hombres más desesperados de la Colonia, y promovieron una guerra general. Durante ésta, las banderas que elevaron no fueron la de los hombres sin tierra que les daban su fuerza y su sangre, sino otra vez la vieja bandera de los criollos. Con Hidalgo y con Morelos tuvieron la oportunidad de encabezar y hacer triunfar una guerra de proletarios contra propietarios, pero sus intereses fueron más fuertes y al fin, sin la fuerza de los hombres sin tierra, que habían perdido la esperanza en ellos y los habían abandonado o luchaban solos por su causa, firmaron un pacto con la oligarquía tradicional. En todo ello poco tuvo que ver el problema de la tierra, salvo como recurso para atraer a los indios y castas a los campos de batalla. La lucha no era solo entre españoles y mexicanos: desde un principio fue al mismo tiempo y, sobre todo, una lucha social, es decir de clases. En realidad, se enfrentaban dos fracciones de las clases altas –la propiamente dominante y la que intentaba serlo-, cada una de las cuales trataba de ganar a su causa a otras fuerzas, principalmente entre las capas medias urbanas. Las personas acomodadas deseaban en realidad la Independencia; pero retrocedían ante los riesgos que corrían sus fortunas e intereses. Es por esto que  son las gentes del pueblo y las clases medias, es decir, los abogados, los militares subalternos, los curas, el clero bajo, los frailes y principalmente campesinos pobres, que dan el paso peligroso de dirigir el movimiento social. Que el pueblo apoya la lucha emancipadora, indudablemente. Lo comprueba el rápido crecimiento del ejército libertador formado por trabajadores de las minas y otras industrias, empleados, profesionistas modestos, artesanos, parte del bajo clero y sobre todo campesinos pobres. El pueblo estaba cansado de la opresión colonial, del despojo de varios siglos, de la arbitrariedad, del robo, de la corrupción, del parasitismo de los gobernantes y de que, desde lejos otro país que más que madre patria era una madrastra injusta e incomprensiva, decidía su suerte sin tomar en cuenta los intereses, las legítimas aspiraciones y la voluntad de los mexicanos. Es por esto que al inicio de la Independencia, el movimiento recibe un apoyo multitudinario del pueblo a tal grado que de 600 en su inicio se incrementa a 100 mil hombres en sus filas. Hidalgo se entrega generosamente a la causa de la libertad y lo hace convencido de que esa lucha puede, como ocurre a la postre, cobrarle con la vida. Que ellos y quienes vienen después incurren en fallas y cometen errores, es indudable. Son seres humanos que además despliegan su esfuerzo en condiciones sumamente difíciles, bajo una correlación de fuerzas sobre todo al principio muy desfavorable y que ellos no pueden modificar a su antojo ni de inmediato. Que lanzan al país a la anarquía y al desorden, es una mentira. La anarquía tenía hondas raíces en el régimen colonial, y bajo la apariencia de estabilidad y paz había una sociedad atrasada, injusta, opresiva, irracional, sometida a intereses ajenos, plagada de graves deformaciones e incapaces de resolver sus problemas fundamentales. Que la lucha por la Independencia trajo el desorden, abusos y aun crímenes que los dirigentes no pudieron y a menudo incluso no quisieron reprimir, probablemente. La idea de que la Revolución de Independencia debió haber sido ordenada y desenvolverse armoniosamente y sin violencia, como si se tratara de una solicitud burocrática de ascenso y no de una intensa, espontánea y profunda lucha social, es una mera ilusión. Todo nuevo orden se construye en medio del desorden, del desorden a que inevitablemente lleva sobre todo la preservación de los intereses creados y del viejo orden de cosas que quienes se benefician de él se empeñan en sostener, sin importarles la dosis de violencia que reclame. Nadie renuncia a sus privilegios voluntariamente y en la lucha mexicana ello se pone de relieve desde el primer momento. Los beneficiarios del orden colonial recurren a todos los medios a su alcance para perpetuarlo: a las armas, a la palabra hablada y escrita, a la religión, a los prejuicios, y cuando es necesario a la calumnia, la represión y aun el crimen. A todo ello se enfrentan los iniciadores de la Independencia. Y lo que hacen, lo hacen como pueden, como las condiciones lo permiten; a menudo sin experiencia, sin conocimientos, sin medios materiales, sin saber si es o no lo correcto, sin ayuda y apremiados por las circunstancias y reclamos que no admiten espera. Cada quien actúa como le es posible, muchas veces sin tiempo siquiera para considerar otras opciones, sin tomar en cuenta principios que siendo justos resultan del todo inaplicables y por tanto irreales. Tanto los que hacen las cosas como quienes las juzgan, actúan como hombres en concreto, de carne y hueso, en los que se sintetizan virtudes y defectos; que en apariencia razonan conforme a principios y postulados de supuesto valor universal, pero que en realidad expresan casi siempre los intereses y contradicciones de la clase a la que pertenecen, y del segmento o fracción particular en que están insertos y en el que se mueven más de cerca. En general los que trascendieron sus intereses de clase y resolvieron las contradicciones que esos intereses les imponían, actuaron más resueltamente, tuvieron mayor fuerza, más claridad y más espíritu de sacrificio. Quienes en cambio, actuaron siempre como hombres de su clase, tuvieron del proceso una visión más limitada, desconfiaron de las masas y sintieron temor ante sus excesos y, consideraron la revolución un proceso esencialmente político–militar cuya verdadera dimensión social no comprendieron a fondo. Los principales dirigentes procedían, en general, de los estratos medios de la población; y en su mayoría son criollos. Apenas se inicia la lucha y se incorporan a ella las masas, afloran explicables contradicciones incluso en el pequeño grupo de dirigentes. Mientras Hidalgo, primero y poco después Morelos toman posiciones radicales, Allende, Aldama y en general los jóvenes acomodados que asumen la mayor responsabilidad militar resienten la acción, los excesos, el desorden e incluso la presencia misma de las masas, y adoptan desde un principio posiciones conservadoras. En realidad sus discrepancias no se circunscriben a asuntos militares o a cuestiones de carácter incidental: expresan conflictos de intereses y una ubicación social diferente. Hidalgo, no sin comprensibles vacilaciones, apoya a menudo a los contingentes populares que responden a su llamado. Allende y sus compañeros, en cambio, permanecen fieles a la ideología de su clase y desde el principio de la insurgencia toman actitudes conservadoras. Algunos criollos ricos, que inicialmente simpatizan con la revolución aunque no participan directamente en ella, al ver amenazados sus intereses se muestran reservados y aun hostiles. Desde el inicio de la independencia, la insurgencia comandada por  Hidalgo arremetió contra los puntos débiles del sistema colonial, como lo prueban diversos decretos y disposiciones:

“Que siendo contra los clamores de la naturaleza el vender a los hombres, quedan abolidas las leyes de la esclavitud”.

"Se declara iguales a todos los americanos, sin la distinción de castas que adoptó el fanatismo”.

“Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos respecto a las castas que lo pagaban, y toda exención que a los indios se les exija”.

“Que se entreguen a los naturales las tierras para su cultivo, sin que en lo sucesivo puedan arrendarse, pues es mi voluntad que su goce sea únicamente de los naturales de sus respectivos pueblos”.

Sin duda disgustaba y aun alarmó a las clases altas que Hidalgo ofreciera a los indígenas restituir las tierras que les habían sido despojadas; les molestó sobremanera que, con la revolución, el pueblo empezara a ser dueño de sí mismo y que en su nombre Morelos declarará: “nadie pagará tributo, ni habrá esclavos en lo sucesivo… los indios percibirán los reales de sus tierras como suyas propias”.

“Deben tenerse como enemigos todos los ricos, nobles y empleados de primer orden, y apenas se ocupe una población se les deberá despojar de sus bienes para repartirlos por mitad entre los vecinos pobres y la caja militar...”.

Una de las disposiciones agrarias de Morelos, según Ibarra (1988) es en el sentido de que "deben inutilizarse todas las haciendas grandes cuyos terrenos laboríos pasen de dos leguas cuando mucho, porque el beneficio positivo de la agricultura consiste en que muchos se dediquen a beneficiar con separación un corto terreno que puedan asistir con su trabajo; y no en que un sólo particular tenga mucha extensión de tierras infructíferas, esclavizando millares de gentes para que las cultiven por fuerza en la clase de gañanes [peones acasillados por deudas] o esclavos, cuando pueden hacerlo como propietarios de un terreno limitado con libertad y beneficio suyo y del público".

Cuando se repara en el carácter social (campesino) de tales directrices se comprende por qué la hostilidad de los ricos hacia Morelos fue tanta. Las clases privilegiadas, en realidad, nunca estuvieron con la Independencia y mucho menos con la idea de que ella se conquistara por el pueblo a través de una revolución. Los decretos de Hidalgo y Morelos en los que abolía la esclavitud, el tributo y las castas, el reparto agrario, etc., todos orientados a "barrer" las barreras que impedían el desarrollo del capitalismo, permiten caracterizar a la Independencia como una revolución burguesa.

Zavala Silvio (1990) caracteriza al movimiento revolucionario insurgente y cita al jefe del ejército realista: "Calleja escribía al virrey, en su correspondencia secreta, que si la "absurda" insurrección de Hidalgo se hubiera propuesto solamente la independencia no hubiera tenido enemigos entre los americanos ni los europeos, convencidos de las ventajas del gobierno independiente, porque la Península ocasionaba la falta de numerarios, alto precio de los efectos y regateaba los premios". Lucas Alamán, envuelto personalmente en los acontecimiento de Guanajuato [toma de la Alhóndiga de Granaditas por los insurgentes], consideraba que Hidalgo sublevó a la parte de la raza española nacida en América contra la europea "especialmente a los numerosos individuos... que careciendo de propiedad, industria u otro honesto modo de vivir, pretendían hallarlo en la posesión de los empleos y llamó en su auxilio a las castas y a los indios, excitando a unos y otros con el cebo del saqueo de los europeos y a los últimos en especial con el atractivo de la distribución de tierras." En sentido similar se pronunció José María Luis Mora, al escribir que "ningún hombre medianamente acomodado, por mucho que fuese su afecto a la independencia , deseaba la entrada de Hidalgo a México". En lo que concierne al continuador del movimiento insurgente, después de la muerte de Hidalgo el 31 de julio de 1811, el mismo autor menciona que "Morelos profundizó las medidas de Hidalgo en favor de las clases desposeídas americanas: abolió los tributos personales y la esclavitud sin indemnización alguna; que los naturales sean dueños de sus tierras, rentas, sin el fraude de entrada en las cajas de comunidad; pueden asociarse y comerciar libremente y paguen la contribución de alcabalas como los demás: igualdad en provechos y cargas que sustituía al concepto protector de la legislación colonial; como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto".

Beato Guillermo (2004) escribe que el movimiento insurgente dirigido por Hidalgo en 1810-1811, estuvo integrado por miles de campesinos indígenas, sectores populares (castas), y una minoría de criollos que detentaban los mandos militares.

León Portilla (2010) al estudiar la participación de los indígenas en el ejército insurgente, comandado por Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama, cita a Lucas Alamán: "Los vaqueros y demás gentes de a caballo de las haciendas, casi todos de las castas, formaban la caballería, armada con lanzas que Hidalgo había hecho construir de antemano, y con las espadas y machetes que estos hombres acostumbraban llevar en sus trabajos ordinarios, muy pocos tenían pistolas o carabinas. La infantería la formaban los indios, divididos por pueblos en cuadrillas, armados con palos, flechas, hondas y lanzas, y, como muchos llevaban consigo a sus mujeres e hijos, todo presentaba el aspecto más bien de tribus bárbaras que emigraban de un punto a otro que de un ejército en marcha... A los indios los mandaban los gobernadores de sus pueblos o los capitanes de las cuadrillas de las haciendas". En la toma de Guanajuato, el mismo Alamán escribe lo siguiente: "Se presentaron por la calzada de Nuestra señora de Guanajuato en numerosos pelotones de indios con pocos fusiles y los más con lanzas, palos, hondas y flechas. [Por otra parte] los demás grupos de a pie de Hidalgo que ascendían a unos veinte mil indios, a los que se unió el pueblo y la plebe de Guanajuato, iban ocupando las alturas y todas las casas fronterizas de [la Alhóndiga de] Granaditas".

Villoro Luis (2010) escribe que el movimiento insurgente surge espontáneamente y estaba integrado por los indios del campo, los trabajadores mineros y la plebe de las ciudades. Cita a Lucas Alamán, quien caracteriza a la insurrección popular del inicio de la Independencia, en los siguientes términos: "No fue una guerra de nación a nación... fue un levantamiento del proletariado contra la propiedad y la civilización".

3.2. Contrarrevolución feudal

Con la derrota militar y asesinato de Hidalgo (1811) y de Morelos (1815) culminó la primera etapa de la Independencia, que se caracterizó por su naturaleza revolucionaria. En seguida le sucedió un período de 1816 a 1820 de feroz represión de la insurgencia popular por parte del ejército realista, a la cual respondió el movimiento popular  con la táctica guerrillera en el sureste, liderada por Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo en Veracruz, en Puebla e Hidalgo encabezada por Mier y Terán, y, principalmente en Guerrero comandada por el incansable Vicente Guerrero. Esta situación probablemente se hubiera prolongado, de no ser por la revolución liberal-burguesa acontecida en España en enero de 1820. Con el triunfo de la revolución liberal-burguesa el rey Fernando VII se vio obligado a restaurar la Constitución liberal de Cádiz de 1812. En la Nueva España el virrey Juan Ruíz de Apodaca promulgó la Constitución de Cádiz en mayo de 1820. Ante esta situación, las clases privilegiadas principalmente el alto clero y los grandes terratenientes subordinados a los intereses de la Iglesia, con el apoyo de Agustín de Iturbide militar realista que había combatido ferozmente a la insurgencia popular, planearon la consumación de la Independencia, como una estrategia para separarse de España y de esta forma proteger sus intereses de las medidas liberal-burguesas y anticlericales contenidas en la reciente constitución promulgada por el virrey. Para lograr sus objetivos, el portavoz de las clases privilegiadas –Agustín de Iturbide- intentó derrotar militarmente a Vicente Guerrero, líder de la insurgencia popular que por diez años había estado luchando por la Revolución de Independencia y, al no lograrlo negocio una alianza para conjuntamente consumar la Independencia. Iturbide, en aquel momento al frente del ejército virreinal, advierte que la situación es insostenible y decide tomar el bando anti-español. Propone el indulto a Guerrero, quien dignamente lo rechaza y subraya: “todo lo que no sea concerniente a la total independencia lo disputaremos en el campo de batalla”, pero a la postre se reúne con él y logra el acuerdo que sirve de base al Plan de Iguala. Guerrero, explicablemente, desconfía de Iturbide quien ha sido enemigo de la Revolución de Independencia desde siempre, aunque a la vez acepta que de momento no hay otra posibilidad de Independencia. “Soldados – dice a sus hombres – este mexicano que tenéis presente es el señor don Agustín de Iturbide, cuya espada ha sido por nueve años funesta a la causa que defendemos. Hoy jura defender los intereses nacionales, y yo, que os he conducido a los combates y de quién no podéis dudar que morirá sosteniendo la independencia, soy el primero que reconozco al señor Iturbide como el primer jefe de los ejércitos nacionales, ¡viva la Independencia¡”.

Resultado de la alianza entre las fuerzas revolucionarias y las conservadoras fue el Plan de Iguala en el que se formaliza la Independencia de la Nueva España, la que se consuma formalmente el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del ejército Trigarante a la ciudad de México.


Brading (1975) concluye que "fueron precisamente aquellos conservadores realistas los que, finalmente lograron la independencia de la Nueva España. La guerra civil de 1810-1821 tuvo por resultado la militarización definitiva del poder político que los Borbones habían emprendido. El golpe de estado de 1821 fue organizado por un ejército colonial que se había formado principalmente para sofocar a la insurgencia, y fue apoyado por una Iglesia conservadora y ansiosa de liberarse del control de una autoridad civil que se había hecho demasiado liberal. El nuevo estado mexicano tardaría más de una generación en arrebatar el control a tales fuerzas reaccionarias."

Altamirano citado por Florescano (1986) aporta otros elementos que ayudan a comprender el alcance social y político la revolución y contrarrevolución de Independencia. Cuando las clases altas –dice –advirtieron que no sólo peligraba el poder español sino sus propios intereses, urdieron la maniobra inteligente y engañosa que encabezó Iturbide, y concibieron el plan de dirigir un nuevo movimiento, acaudillándolo, organizándolo en su provecho y cerrando así más fuertemente que nunca las puertas que la revolución de 1810 quiso abrir para dar entrada al pueblo en el gobierno de la nación. Si la revolución de 1810 hubiera triunfado –añade– es seguro que la soberanía real hubiera caído, porque era incompatible con el movimiento popular, pero es mucho más seguro que las clases privilegiadas habrían sido barridas por el soplo revolucionario. Porque ellas eran más que el gobierno español, las que habían despojado a los indígenas de sus tierras; eran ellas las que habían mantenido las encomiendas, los tributos, los repartimientos; eran ellas las que oprimían a las clases mestiza y pobres; eran ellas, por último, las que se habían creído llamadas, como derecho divino, a dominar en la antigua colonia por medio de sus riquezas o de su influjo.

Cue Cánovas (2004) analiza el Plan de Iguala en el que se pacta la Independencia entre las clases conservadoras y la insurgencia popular. En general lo caracteriza como radicalmente contrastante con las demandas fundamentales contenidas en el programa de la revolución burguesa, implementadas por Hidalgo y Morelos a través de decretos en las poblaciones controladas por la insurgencia. Particularmente, explica que el artículo 1° reconoce la religión católica como única, sin tolerancia de otras; el artículo 2°, establece la absoluta independencia de la Nueva España; el 3° y 4° consideran un gobierno monárquico constitucional con Fernando VII como rey, y en su defecto, algún miembro de la casa real española o de otra casa reinante de Europa; el 12 establece la igualdad de todas las razas, sin otra distinción que su mérito y virtudes, para poder ocupar cualquier empleo; el 13, que las personas y propiedades de todos los habitantes serán respetadas y protegidas (con lo que se establecía la más firme garantía al régimen de la gran propiedad imperante); 14, que el clero secular [clérigos y obispos] y regular [frailes] sería conservado en todos sus fueros y propiedades (con lo que se conjuraba el peligro inminente de la desamortización [venta de los bienes de la Iglesia] eclesiástica y se mantenían los privilegios judiciales y políticos de la Iglesia). El artículo 15, mantenía a los empleados públicos en sus puestos (con lo que se conservaban todos los intereses generados y desarrollados durante tres cientos años de dominación colonial, representados por los funcionarios y empleados de la administración virreinal. El artículo 17, conserva a los jefes y oficiales del ejército con la expectativa a los empleos vacantes (con lo que si bien es verdad que se premiaban los servicios prestados por los militares en la consumación de la Independencia, se creaba sobre bases firmes un régimen militarista que hasta antes de 1810 no había existido). En suma, los artículos 14, 15 y 17 sirvieron admirablemente para ligar los intereses del grupo militar con los de la aristocracia eclesiástica y con la burocracia virreinal.  El Tratado de Córdova firmado por Iturbide y Juan O´ Donojú , el 24 de agosto de 1821, consumaba definitivamente la contrarrevolución de las clase conservadora [Iglesia y hacendados].

Villoro Luis (2010) escribe que en lo referente a la consumación de la Independencia "aun cuando se conserva el antiguo sistema, ha habido un cambio importante en el seno de la clase dominante. El grupo europeo pierde la dirección de la nación en favor de las élites criollas. Los funcionarios del estado, casi en su totalidad, abandonan el país, el ejército expedicionario, después de un período de acuartelamiento es repatriado. Por su parte, el sector exportador sufre un golpe decisivo. Durante la revolución, muchas minas quedan inundadas, otras fueron abandonadas. Hacia 1820 la extracción de minerales había descendido a casi la tercera parte del promedio de los diez años anteriores. Los comerciantes exportadores europeos, al romperse las relaciones comerciales con España y decretarse la libertad de comercio, habían perdido su situación privilegiada. Así, la ruptura de la dependencia política con la antigua metrópoli termina también con el papel hegemónico que, dentro de la clase dominante, tenían los grupos ligados al sector de exportación. Su lugar lo ocupa ahora el alto clero, los grandes propietarios rurales y el ejército, cuyos altos mandos provienen, en su mayoría, de la oligarquía criolla." Resulta evidente que la Independencia consumada por Agustín de Iturbide nada tuvo de común con el movimiento insurgente iniciado por Hidalgo. "La proclamación de la Independencia en 1821 no concluye la revolución ni, mucho menos, supone un triunfo; es sólo un episodio en el que una fracción del partido contrarrevolucionario suplanta a la otra. Iturbide no realiza los fines del pueblo ni de la clase media más que en el aspecto negativo de descartar al grupo europeo de la dirección política; toda comparación entre movimientos tan distintos resulta estéril e improcedente".

Así pues, lo que por la dialéctica de la lucha de clases inició como una revolución burguesa de naturaleza agraria, se transformó en una contrarrevolución feudal en beneficio de los intereses de los grandes terratenientes –hacendados- y la Iglesia.

En resumen, la dialéctica del movimiento mexicano de Independencia es compleja: empieza como una revolución y termina, paradójicamente, convertido en contrarrevolución; las clases más poderosas que a lo largo del proceso se oponen a la Independencia, acaban participando decisivamente en su consumación; la Independencia, que aspira a ser la condición de ciertas reformas sociales ya inaplazables, a la postre se vuelven el medio para que esas reformas no se lleven adelante, y el clero, concretamente, pueda preservar sus privilegios.

Si la lucha por la Independencia se juzga por sus resultados podría decirse que, en sentido estricto, fue un movimiento esencialmente político del que surgió un nuevo estado nacional. Si se repara sólo en la forma en que, en el último momento se configuran las condiciones que hacen posible el Plan de Iguala y la consumación de la Independencia, parecería que tal movimiento no fue revolucionario sino más contrarrevolucionario.

El sólo hecho de que del movimiento emancipador surgiera un nuevo Estado políticamente independiente tuvo, gran importancia. El que después de siglos de opresión colonial, México se convierta en un país con derecho a gobernarse por sí mismo, con todo y que en la práctica el ejercicio de este derecho plantearía toda suerte de problemas, entraña un cambio de gran dimensión llamado a influir en la vida, las costumbres, las instituciones y el destino de los mexicanos.

Cierto que la Independencia política no bastaba para librarse de la pasada herencia colonial de explotación y atraso, y que en un país destruido por una larga guerra, en el que casi todo estaba por hacerse, el desarrollo económico y el ejercicio de las nuevas libertades reclamaba además una transformación social profunda que hiciera posible el advenimiento de un régimen capaz de romper trabas, destruir privilegios y movilizar y aprovechar el potencial de recursos hasta entonces en gran parte ocioso e improductivo.

Las condiciones socio-económicas y políticas en la Colonia contribuyeron a la formación de una débil burguesía industrial, sin la fuerza económica social y política para encabezar la lucha independentista y su lugar fue ocupado en la primera etapa (1810–1817) por los campesinos pobres y algunos mineros que se convirtieron en sus portavoces. La debilidad de la burguesía facilitó la derrota del movimiento popular campesino, con lo que se abrieron las puertas para que la clase terrateniente feudal (hacendados y alto clero) consumaran la Independencia, como una medida política obligada para proteger sus intereses del movimiento popular campesino y las reformas burguesas desarrolladas en España y su repercusión en la Nueva España. Pero el triunfo de la clase terrateniente feudal se dio en momentos en que el Feudalismo a nivel internacional había sido derrotado por el capitalismo y en el escenario nacional se encontraba en franca descomposición después de más de 200 años de existencia, por lo que su fin era una necesidad histórica.

Gallo (2004) escribe que los beneficiarios de la Independencia pactada entre las clases conservadoras y la insurgencia popular que todavía resistía, fueron principalmente la Iglesia y los terratenientes -hacendados- subordinados al clero, a través de las hipotecas de sus propiedades. Con la ruptura política de España, apareció una incipiente burguesía comercial e industrial que al estar desligada de la gran propiedad agraria, apoyaba las transformaciones capitalistas que triunfarían posteriormente a mediados del siglo XIX. 

Si bien es cierto que la Revolución de Independencia tuvo como principal escenario la región del “Bajío” en donde la agricultura y la minería habían tenido un  auge  económico considerable  durante  la  última  mitad  del siglo  XVIII  (1750–1800), impulsado por las reformas liberales, pero como toda estrategia basada en el libre mercado, culminaron en una enorme polarización de la riqueza: por un lado la concentración de la riqueza en manos de la clase privilegiada económicamente (hacendados, mineros y comerciantes principalmente) y por el otro el aumento de la miseria de la mayoría de la población (campesinos, mineros, empleados, etc.), polarización sin precedentes que trajo como consecuencia el estallamiento de la primera revolución en México.

4. Conclusiones

La Independencia fue la respuesta revolucionaria de los campesinos pobres –peones de las haciendas-, comuneros indígenas, obreros de minas y obrajes, a cerca de 300 años de dominación y explotación colonial, cuya dirección recayó en líderes del bajo clero -Hidalgo y Morelos- y  la oficialidad criolla del ejército virreinal.

En su fase revolucionaria –de 1810 a 1815- la Independencia liderada principalmente por Miguel Hidalgo y José María Morelos, ambos decretaron medidas orientadas a la abolición de la esclavitud y el tributo, así como la restitución de las tierras a su legítimos dueños: los campesinos pobres y comuneros indígenas, todas de naturaleza pre-capitalista implementadas para fomentar el desarrollo del capitalismo. En este sentido, la tendencia revolucionaria y popular de la Independencia en su primera etapa era de carácter burgués.

Entre 1816 y 1820, después de la derrota y asesinato de Hidalgo (1811) y Morelos (1815), solo se conservó la resistencia popular – por medio de la guerrilla- a la intensa represión del ejército realista, en el Sureste del país, en lo que hoy es Veracruz por Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, Mier y Terán en Puebla e Hidalgo y sobre todo por Vicente Guerrero en lo que hoy es el Estado de Guerrero. Esta situación pudo haberse prolongado de no presentarse una coyuntura política externa ocurrida en España. Específicamente se trató de una revolución liberal burguesa triunfante en 1820, cuyas reformas amenazaban extenderse a la Nueva España. En estas condiciones las clases privilegiadas –principalmente los grandes hacendados y el alto clero- bajo la dirección de la oficialidad del ejército realista, particularmente, Agustín de Iturbide, empezaron a planear la consumación de la Independencia, como una medida para proteger sus intereses de clase en caso de que las reformas liberal-burguesas implementadas en España trascendieran a la Nueva España. Para lograr su objetivo Iturbide tuvo que negociar con Guerrero el Plan de Iguala para consumar la Independencia en 1821. Así pues, por la dialéctica de la lucha de clases, lo que inició como una revolución culminó como una contrarrevolución encabezada por Iturbide antiguo combatiente de la insurgencia popular.

La consumación de la Independencia fue resultado de un pacto político, entre la clase conservadora en declive -hacendados e Iglesia- y la clase revolucionaria en ascenso -burguesía-. Una vez culminada la Independencia objetivo central del Plan de Iguala, las contradicciones afloraron, dando origen a un prolongado período de inestabilidad política, que culminó con el triunfo la burguesía a mediados del siglo XIX con la Revolución de Reforma.

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