sábado, 25 de noviembre de 2017

DE LA REVOLUCIÓN DE 1910-1940 A LA CONTRARREVOLUCIÓN NEOLIBERAL

DE LA REVOLUCIÓN DE 1910-1940 A LA CONTRARREVOLUCIÓN NEOLIBERAL EN MÉXICO
Valentín Vásquez
Oaxaca, México
valeitvo@yahoo.com.mx

1. Introducción 

El rasgo genérico del capitalismo es la producción generalizada de mercancías. La producción mercantil llega a tal extremo que hasta la fuerza de trabajo se convierte en mercancía y la condición necesaria es la expropiación de los medios de producción de sus propietarios directos(comunidades, campesinos y artesanos) por los capitalistas industriales. Este proceso genera las dos condiciones necesarias para el surgimiento del capitalismo: mano de obra libre de sus medios de producción y propietarios capitalistas de los medios de producción. Para que la producción capitalista funcione se necesita la compra venta de la mercancía fuerza de trabajo para que opere los medios de producción, dando como resultado la producción de mercancías, en cuyo proceso se genera la plusvalía  que constituye la ganancia del capitalista.

Con el proceso descrito anteriormente inicia propiamente la producción capitalista y se cono como acumulación originaria de capital. En México ocurrió a mediados del siglo XIX, particularmente en el período de 1854-1860 y para ello fueron necesarias dos revoluciones: la de Ayutla (1854-1855) que derrocó a Antonio López de Santa Ana,cuyo nuevo gobierno implementó la privatización de las tierras comunales indígenas y del Clero.así como lar promulgación de una nueva Constitución en 1857; y la Reforma (1857-1860),cuya medida más importante fue la nacionalización de los bienes de la Iglesia. Así pues, ambas medidas
estuvieron orientadas a la privatización de la tierra para convertirla en mercancía y al mismo tiempo,convertir a sus propietarios en proletarios despojados de sus medios de producción, para también convertirlos en mercancías.

El proceso de privatización fue lento por las continuas guerras civiles entre liberales y conservadores, así como por invasión francesa (1862-1867).

Una vez pacificado el país la obra privatizadora la continuó Porfirio Díaz (1876-1911). La privatización de las tierras llegó a tal extremo que  prácticamente las tierras comunales indígenas desaparecieron y fueron apropiadas principalmente por los hacendados.

Es evidente, que el nacimiento del capitalismo está asociado al despojo y a la violencia, así como a la sobre-explotación de los trabajadores para generación de la riqueza capitalista, La desigualdad socio-económica a finales del Porfirismo fue tan extrema que generó las condiciones para el estallamiento violento de una nueva revolución en 1910.

2. De la revolución de 1910-1940 a la contrarrevolución neo-liberal
La desigualdad social extrema generada por la política liberal-burguesa, implementada por Porfirio Díaz, se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Haciendas y ranchos en México

Año
Ranchos
Haciendas
1877
14705
5869
1900
32557
5932
1910
48633
8431

Fuente: Jürgen (1979).

En el cuadro anterior es evidente, la enorme desigualdad social generada por la política porfirista: la tierra se encontraba en propiedad de 8431 hacendados y 48 633 rancheros; contrastando con la pobreza en que vivía la inmensa mayoría de campesinos, trabajadores de la ciudad, pequeños y medianos empresarios, etc.

En la cima de la sociedad porfirista existía una minoría (oligarquía) de poseedores de la riqueza formada por los 8431 hacendados y tal vez unas decenas de empresas industriales y/o servicios, que conjuntamente fluctuaba probablemente en unas 1000 familias, pero dado su poder económico, era la que decidía el rumbo político del país.

La estrategia armada de la revolución fue el resultado de la cerrazón política del gobierno porfirista y por el empeoramiento de las condiciones de vida de los campesinos pobres y trabajadores de la ciudad, en condiciones miserables que provocaron inconformidad generalizada en el seno del pueblo trabajador, principalmente en los centros minero de Cananea Sonora y textil en Río Blanco Veracruz, como lo prueban las huelgas de 1906 y 1907 respectivamente.

De 1910 a 1913 transcurre la primera etapa de la Revolución, cuya lucha armada concluye en mayo de 1911 con la renuncia a la Presidencia de la República por parte de Porfirio Díaz. Madero asume la Presidencia de México, a fines de 1911 convencido de que la Revolución había culminado. En su corto mandato creó el Departamento del Trabajo en 1912, para atender los problemas laborales entre trabajadores y empresarios. Con respecto al problema agrario, no cumplió con el Artículo 3 de su Plan de San Luis en el que se estipulaba la restitución de tierras a los campesinos pobres, debido a su condición social de pertenecer a los terratenientes aburguesados, en contraste, con el movimiento campesino revolucionario.

La falta de apoyo de los campesinos pobres a Madero lo debilitó socialmente, coyuntura aprovechada por  el poder económico intacto del Estado y la oligarquía porfiristas que conspiraron, junto los enemigos externos, para derrocar a Madero mediante un golpe de Estado y entronizar a Victoriano Huerta como Presidente espurio de México. Con esto la oligarquía porfirista y el capital extranjero recuperan el poder político. La revolución maderista, por la dialéctica de la lucha de clases se había transformado en contrarrevolución. 

Con el golpe de Estado a Madero se pasa a la segunda etapa de la Revolución que dura de 1913 a 1914, un poco más de un año. Se inicia con el levantamiento armado por parte de Venustiano Carranza, siendo Gobernados de su Estado. Se trata de un hacendado porfirista que se había inconformado con Díaz desde 1909 al ser aplastado por la "maquinaria" oficial en favor de su adversario, en la contienda electoral para la gubernatura de su Estado natal (Coahuila).

Con la caída de Huerta en 1914 había sido derrotada políticamente la vieja burguesía porfirista. Para Carranza, Obregón y Calles la lucha había terminado, pero para los campesinos pobres, sólo había terminado una etapa y proseguía la siguiente, consistente en el reparto de las tierras de las haciendas, tal como lo proponía el Plan de Ayala. Es en esta nueva fase de la revolución cuando estallaron las contradicciones de clase: por un lado se encontraba la burguesía agraria conservadora -latifundista- encabezada por Carranza; por el otro los campesinos pobres básicamente zapatistas compuestos principalmente por pequeños propietarios, comuneros indígenas y aparceros que luchaban contra los hacendados para recuperar sus tierras. Así como, el villismo que estrictamente no se trataba de un movimiento campesino, pues estuvo formado por vaqueros, pastores, mineros, ferrocarrileros y braceros; que por sus intereses coincidían más con los zapatistas, como quedó demostrado en la reunión de Xochimilco entre Villa y Zapata a fines de 1914. 


Entre las clases fundamentales en lucha, estaba la pequeña burguesía, representada por Calles y Obregón, que dada su posición intermedia y su mayor afinidad social con la burguesía latifundista, se alío con Carranza, para tomar partido contra las fuerzas revolucionarias de Villa y Zapata. Antes de la lucha entre las clases fundamentales que se enfrentaban en la Revolución, Carranza se vio obligado en contra de sus intereses a hacer concesiones al movimiento campesino, como fue la expedición de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, en la que establecía la restitución de tierras a los campesinos pobres. Estos, conjuntamente con el villismo, no fueron capaces de articular un proyecto nacional que expresara sus intereses para orientar sus luchas en forma independiente de la burguesía, lo que repercutió posteriormente en su derrota militar. No fue su falta de heroísmo y valor lo que los llevó a la derrota, más bien hizo falta la presencia de una clase obrera más desarrollada capaz de elaborar una alternativa programática y organizativa independiente de la burguesía para arrastrar a los villistas y zapatistas a la lucha contra sus enemigos de clase liderados por Carranza, Calles y Obregón. Por el contrario, los contingentes "obreros" organizados en la Casa de Obrero Mundial, de tendencia anarco sindicalista -apolítica- derivada de su origen artesanal, fueron “movidos” a las posiciones de la burguesía y organizados en los “Batallones Rojos” para colaborar militarmente con Obregón para derrotar a la División del Norte dirigida por Francisco Villa, en los combates desarrollados en Guanajuato y Aguas Calientes en abril de 1915.

Dado el enorme peso social de las fuerzas populares revolucionarias dirigidas por Villa y zapata, a la burguesía triunfante no le quedó otra alternativa que incorporar sus demandas más sentidas en la nueva Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, cuyos intereses de la clase trabajadora y de los campesinos pobres, fueron plasmados en los Artículos 123 y 27 respectivamente, artículos que sirvieron de programa a los posteriores gobiernos para reglamentar las relaciones obrero–patronales y el reparto de tierras.

Lázaro Cárdenas fue electo candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional Revolucionario –hoy PRI- el 6 de diciembre de 1933. Después de una intensa campaña resultó electo Presidente de la República en las elecciones realizadas el 4 de julio de 1934, para el período: 1° de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940.


El problema más candente que enfrenta el nuevo gobierno, es el rezago agrario, heredado de los anteriores gobiernos. Para atenderlo  y dar una solución radical emprende una profunda reforma agraria.

Kovalev (1976) explica, que el nuevo gobierno emprendió una profunda reforma agraria, consistente en el reparto de los latifundios, a tal grado que durante su sexenio repartió alrededor de 20 millones de hectáreas. La reforma agraria liberó a la agricultura mexicana de las sujeciones semi-feudales y le garantizó el libre desarrollo capitalista.  La reforma agraria mexicana  se realizó prácticamente sin indemnización a los terratenientes, lo que liberó a la sociedad de enormes gastos improductivos. Solamente la minoría de grandes terratenientes gozó de indemnización. Los campesinos recibieron sus parcelas sin pagar nada. Esta solución, tan radical y democrática del problema de la indemnización, se produjo de manera espontánea, gracias a la correlación de fuerzas políticas que se forjó en el país y a las particularidades del desarrollo de la Revolución Democrático-burguesa de 1910-1917.

La profundidad de la reforma agraria emprendida por Cárdenas, representa un salto revolucionario en el reparto agrario, como lo evidencian los datos siguientes: desde que Carranza expidió la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 a noviembre de 1934 se repartieron 7152842 hectáreas de tierras a 793442 campesinos y en el período presidencia de Cárdenas (1934-1940), se distribuyeron 18352273 hectáreas de tierras a 1 millón de campesinos. La naturaleza clasista de los gobiernos que sucedieron a Porfirio Díaz es más evidente, ya que de 1911, cuando Madero asume la Presidencia de la República a 1920, año en que concluye Venustiano Carranza su período presidencial, solo se repartieron alrededor de 200000 hectáreas de tierras, una extensión insignificante en casi nueve años de gobierno, reparto agrario prácticamente nulo, dada la naturaleza latifundista -hacendados- de ambos presidentes. El resto de las 7152842 hectáreas de tierras, se repartieron de 1921 al 30 de noviembre de 1934, por los gobiernos que sucedieron a Carranza y lo hicieron por la presión revolucionaria de las masas campesinas, pues a pesar de que no pertenecían a la oligarquía latifundista, no eran partidarios del reparto agrario. Lo anterior confirma la importancia del reparto agrario en el sexenio cardenista. Además, conjuntamente con el reparto agrario, el gobierno apoyo con créditos al sector ejidal de la agricultura, a través del Banco Nacional de Crédito Ejidal. Asimismo, en correspondencia con la naturaleza social de la propiedad ejidal de la tierra, se fomentó la organización de cooperativas para la producción agropecuaria.


La profunda reforma agraria cardenista, liquidó la vieja hacienda porfirista con rasgos semi feudales -peones "acasillados", aparceros, tiendas de raya, etc.- que frenaban el desarrollo capitalista de la agricultura. En este sentido, se trata de una medida revolucionaria que "barrió" las trabas feudales al desarrollo del capitalismo en la agricultura.

La obra económica y social del Cardenismo no se redujo a la reforma agraria; además, implementó otras acciones de trascendental importancia, como fueron las nacionalizaciones de los ferrocarriles en 1937 y la del petróleo en 1938. Ambas medidas estuvieron encaminadas a reducir el poder económico del capital extranjero, particularmente el norteamericano, de sectores estratégicos de la economía. Los ferrocarriles, fundamentales para el transporte de mercancías y pasajeros por las distintas regiones del país. Las comunicaciones ferroviarias, fueron fundamentales para la integración del país en un mercado nacional, que aunque la red no aumentó significativamente, si implicó mantenimiento y rehabilitación de los daños causados por el proceso revolucionario. El petróleo, desde el principio del siglo XX adquirió importancia estratégica como fuente de energía que mueve la economía y su traslado en propiedad del Estado fue crucial para el desarrollo de la industria manufacturera capitalista del país. Con las nacionalizaciones del petróleo y de los ferrocarriles se golpeó al capital extranjero, básicamente norteamericano, que desde el Porfirismo hasta Calles había sido privilegiado.

En la derrota de la burguesía reaccionaria, representada por Calles y aliada al capital extranjero, así como las expropiaciones del petróleo y los ferrocarriles, no hubieran sido posibles sin el apoyo decidido del movimiento obrero. Para 1933 la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), con su política laboral oficialista, estaba en una profunda crisis derivada del asesinato de Obregón y de la debilidad de Calles. En este sentido, era indispensable reorganizar el movimiento obrero, para que respondiera a la nueva coyuntura sociopolítica del país. Así surgió la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM) en 1933, con el propósito de unificar los movimientos obrero y campesino. Ante la agudización de la lucha contra la burguesía reaccionaria, en 1935, se fundó el Comité Nacional de Defensa Proletaria (CNDP), con el fin de combatir a la contrarrevolución que estaba en marcha para detener las reformas cardenistas. Finalmente, en febrero de 1936, se creó la Confederación de Trabajadores de México (CTM), central obrera que fue fundamental para implementar las transformaciones revolucionarias cardenistas, particularmente las nacionalizaciones -expropiaciones- de los ferrocarriles en 1937 y el petróleo en 1938.

Con la reforma agraria y las nacionalizaciones del petróleo y los ferrocarriles, se había derrotado a la vieja oligarquía porfirista y al capital extranjero, baluartes del antiguo sistema primario-exportador que caracterizaron al sistema porfirista, los cuales habían sobrevivido a los gobiernos emanados de la Revolución de 1910-1917: desde Carranza (1917-1920) hasta Abelardo Rodríguez (1932-1934).


El reparto agrario y las nacionalizaciones de los ferrocarriles y el petróleo, tuvieron como marco jurídico, la Constitución General de la República de 1917, particularmente los Artículos 27 y 123, así como la Ley de Expropiación decretada por el Presidente Lázaro Cárdenas.

Las reformas cardenistas fueron rechazadas por la gran burguesía, particularmente la de Monterrey que se opuso a las reformas cardenistas y conjuntamente con la crispación social y política en 1940, definieron la sucesión presidencial a favor de Manuel Ávila Camacho conocido por su tendencia política moderada.


3. Del capitalismo industrial al neo-liberalismo

Vizgunova (1978) afirma que el capitalismo mexicano alcanzó su relativa madurez entre 1940 y 1970. La ampliación de la esfera de explotación capitalista incorporó a las filas del proletariado nuevas capas de la población trabajadora provenientes del campesinado y de la pequeña y mediana burguesía empobrecida. La composición del proletariado se hizo más compleja. Nuevos destacamentos de empleados de las esferas productiva y no productiva se incorporaron a sus filas. También se amplió considerablemente la composición del proletariado industrial por ramas de producción; se formaron nuevos grupos de obreros fabriles en las ramas más modernas de la industria. Aumentó el peso específico del proletariado fabril en conjunto. Con el desarrollo industrial se intensificó la concentración de obreros en las grandes empresas y complejos industriales, así como en distintas regiones. Las relaciones capitalistas en el campo provocaron un aumento del proletariado agrícola que, que en las condiciones específicas del país, constituye uno de los destacamentos obreros más numeroso. Cuantitativamente el proletariado mexicano urbano y rural, contaba en 1960 aproximadamente con 6.5 millones de trabajadores, y absorbía más de la mitad (57.5%) de la población económicamente activa. De este modo, se ha convertido en la fuerza social más numerosa y una de las clases fundamentales de la sociedad mexicana.

En el cuadro que sigue se presenta la estructura social de México para 1960.

Cuadro 2. Estructura social de México en 1960

Clase
Personas (miles)
Grande y mediana burguesía urbana
100
Latifundistas y burguesía rural
130
Proletariado urbano
3 500
Proletariado y semiproletariado rural
3 000
Campesinos y ejidatarios
3 000
Capas medias urbanas
1 600
Total
11 330
Fuente: Vizgunova (1978)

En el cuadro anterior, es evidente que en la década de 1960, el proletariado del sector fabril –urbano y rural- empezó a predominar en el conjunto de obreros y empleados, mientras que en 1930, constituía aproximadamente la mitad del total de ocupados, debido principalmente al aumento considerable de la concentración de obreros de la industria de la transformación. Si al proletariado rural y urbano sumamos los campesinos y ejidatarios, da un total de 9 500 000 que si la unamos el 1 600 000 personas de la clase media, que como un todo puede ser considerada como el pueblo que de una u otra forma, es explotada por esa minoría que posee el grueso de la riqueza.

Sin embargo, Aguilar (1972) argumenta que para la década de 1970 ya existía un grupo minoritario de empresarios (oligarquía) y, escribe que México tenía un poco más de 50 millones de habitantes, de los cuales cerca de 17 millones constituían la Población Económicamente Activa (PEA). Si conservadoramente se supone que el 3 o 4% de la PEA, como máximo, correspondía a la burguesía, resultarían unos 600000 capitalistas de todos los niveles, y, entre ellos, acaso de 50000 a 70000 con el mayor poder económico. Pero aun este pequeño sector, que en general podría identificarse con la alta burguesía, rebasa con mucho a lo que, estrictamente hablando, es la oligarquía, la que probablemente esté formada por no más de un millar de influyentes mexicanos, de unos mil capitalistas del sector privado y del sector público, que, en virtud de las posiciones que ocupan tanto en la actividad económica como en la estructura del poder, constituyen el núcleo que controla el grueso de la riqueza e influye decisivamente en la vida económica y política del país. La contra-parte de la oligarquía financiera que Aguilar estimaba en un millar de empresarios, eran los millones de proletarios del campo y de la ciudad, así como de los campesinos y de las capas medias de la población, sectores de la sociedad que en conjunto percibían menor proporción de la riqueza social.

El desarrollo del capital industrial y financiero continuo su desarrollo,  acompañado por una activa participación del Estado en la economía, mediante la creación y adquisición de empresas, no para desplazar a la empresa privada, sino para apoyarla, a través de precios bajos de los bienes y servicios públicos. El mayor número de empresas estatales se formó durante los gobiernos de Luis Echeverría (1970-1976) y López Portillo (1976-1982), período que coincide con la crisis del capitalismo industrial y financiero. La crisis también explica, el hecho de que muchas empresas del Estado, fueron producto de la adquisición de empresas en difícil situación financiera, para salvarlas de la quiebra.

Para mediados de la década de 1970 en el marco de la crisis mundial del capitalismo, el capitalismo industrial y financiero entra en crisis. Esta favorece la consolidación del capital financiero, ya que es en ésta década cuando se produce la concentración y la centralización del capital financiero con la creación de la banca múltiple o universal. Con esta se genera un mayor entrelazamiento del capital financiero con las empresas industriales y de servicios.

En el ambiente de crisis se produce la confrontación del gobierno con el capital financiero, dando como resultado la creación del Consejo Coordinador Empresarial (1975), organización política-empresarial para enfrentar a la política económica de Luis Echeverría, particularmente al Estado “empresario”, confrontación que culmina con la nacionalización de los bancos en 1982.


Conforme se desarrolla el capitalismo: del industrial al financiero (1940-1982) se produce la concentración de la riqueza en un reducido número de empresarios, a tal grado que antes de la nacionalización de los bancos en septiembre de 1982, un reducido número de grupos financieros, que según Morera (1998), era de alrededor de 26 que conformaban una verdadera oligarquía financiera,  que concentraba la riqueza, contrastando con la extensión de la pobreza en sectores cada vez más amplios de los trabajadores.


4. Neoliberalismo: política de la oligarquía financiera

El rasgo esencial del capitalismo financiero actual en México, no es en el sentido clásico como se concebía a principios del siglo pasado en los países capitalistas desarrollados, en los que fue el resultado de la fusión del capital bancario con el industrial; más bien, se trata de un  capital financiero desvinculado de la economía real productiva, centrado principalmente en las empresas comerciales y de servicios.


Con la nacionalización de los bancos en septiembre de 1982, el Estado, particularmente el gobierno, aparentemente había resultado el triunfador contra  el capital financiero; sin embargo, la victoria fue parcial y temporal, puesto que para fines del mismo año, el nuevo gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), quien inició una serie de “reformas estructurales” al servicio del capital financiero, conocida como neoliberalismo, cuyo eje central es el libre mercado, en el que el Estado, tenía que dejar de ser propietario y dejar la actividad económica a la libre acción de las fuerzas del mercado.

Una de las estrategias fue la privatización masiva de empresas del Estado, demanda exigida por el capital financiero, desde la creación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en 1975 en su confrontación con el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976). Con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se produce un “salto” en la consolidación del capital financiero, ya que se produce una segunda “ola” de privatizaciones, que aunque no fue masiva, como en el gobierno anterior, se trató empresas estratégicas del Estado, destacando Teléfonos de México (Telmex) y los bancos nacionalizados. Mención especial requiere la Reforma al Artículo 27 Constitucional, en la que se legaliza la formación de Sociedades Mercantiles, con el fin de dar facilidades al capital privado para invertir en la agricultura y con ello favorecer la privatización de las tierras ejidales y comunales en el campo. Con el siguiente gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) continua el proceso de privatización de empresas del Estado, entre las que sobresalen los Ferrocarriles Nacionales de México, comunicación satelital, petroquímica y privatización de pensiones del IMSS. Con el primer gobierno del PAN, el de Vicente Fox (2000-2006) se realizó la venta al capital extranjero de los bancos nacionales, ya que Banamex fue adquirido por el Banco estadounidense Citigroup, Bancomer por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de nacionalidad española, Serfin por el Banco español Santander, Internacional por HSBC de capital británico e Inverlat por el banco canadiense Scotia Bank; así el 80 % de los bancos fue adquirido por el capital extranjero, quedando el restante 20% en poder de Banorte, único banco de capital nacional. Con el segundo gobierno del PAN, el de Felipe Calderón (2006-2012), se crean las condiciones para la privatización del sector energético al facilitar la entrada de capital extranjero, así como la derrota en 2009 del último bastión sindical representado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a través de la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. El actual gobierno prosigue con las “reformas estructurales”, sobresaliendo la energética, destacando la privatización de los hidrocarburos, que beneficiará al capital extranjero y a la poderosa oligarquía financiera que detenta el poder económico y decide el rumbo político del país. En suma el Estado “empresario” ha sido reducido a su mínima expresión, en beneficio del capital financiero, de tal forma que se ha reestructurado y fortalecido. Además, la riqueza se ha concentrado en una oligarquía financiera que se mantuvo relativamente estable las décadas de los 80 y principios de la década del 90 del siglo pasado en alrededor de 26-27 grupos financieros y que en la actualidad oscila aproximadamente en 16, contrastando con la enorme pobreza que padecen más de 50 millones de mexicanos.


5. Conclusiones

La sociedad feudal que sucedió al Modo de Producción Tributario prehispánico, que imperó durante la dominación colonial no atenuó la desigualdad social, por el contrario la agudizó.

Las reformas liberal-burguesas de fines del siglo XVIII implementadas por los borbones acentuaron la desigualdad social, contradicción que generó la revolución de Independencia.

Las reformas liberal-burguesas realizadas por  los dirigentes liberales acordes con las necesidades del capitalismo en la segunda mitad del siglo XIX, tampoco redujeron la desigualdad social, dando como resultado la irrupción de otra revolución: la de 1910-1917.

Las reformas cardenistas intentaron distribuir la riqueza social en favor del pueblo trabajador, pero fueron revertidas por los gobiernos que le sucedieron, culminando con una mayor desigualdad social a tal grado que en los inicios de la década de los 80 del siglo pasado, alrededor de 26 familias poseían el grueso de la riqueza, contrastando con la enorme pobreza en que se debate la mayoría de la sociedad.

La política neoliberal implementada desde 1983 ha incrementado la desigualdad social en niveles extremos, ya que aproximadamente entre 15 y 20 familias detentan la mayor proporción de la riqueza y, cuya contra-parte (el pueblo trabajador) vive en la pobreza extrema, a pesar de las políticas sociales que han fomentado los gobiernos neoliberales.

Es evidente que las sociedades clasistas que sucedieron al Modo de Producción Tributario prehispánico, no han resuelto el problema de la desigualdad social, por el contrario la han incrementado cada vez más, contrastando con una oligarquía cada vez más pequeña, que concentra el grueso de la riqueza.

Todas las reformas de tinte liberal, desde las borbónicas de fines del siglo XVIII hasta las implementadas por los liberales de la segunda mitad del siglo XIX, han generado una enorme desigualdad social que ha sido la causa de las revoluciones, desde la Independencia hasta la de 1910-1940.

El neo-liberalismo como la expresión política de una oligarquía financiera de naturaleza capitalista, ha elevado al extremo la desigualdad social, situación que no requiere mucha reflexión para deducir la necesidad de una verdadera revolución popular.

Solo con  la erradicación de la sociedad clasista capitalista será posible la abolición de la pobreza, la cual se ha perpetuado en la "genética" de la sociedad clasista actual.

El tránsito de la oligarquía financiera a la sociedad clasista igualitaria moderna, implica una transformación revolucionaria de la sociedad clasista actual, cuyos actores políticos principales serán las clases populares dirigidas por una organización política de vanguardia para conquistar el poder político y desde "arriba", implementar las políticas que contribuyan al establecimiento de una sociedad igualitaria moderna, en la que destierre la pobreza.


6. Bibliografía

Jürgen H.H. 1979. 1910–1917. Raíces económicas de la Revolución Mexicana. Ediciones Taller abierto. México D. F.

Kovalev E.V. 1976. Transformaciones políticas y sociales en México de 1930 a 1940. Ediciones de Cultura Popular. México, D.F.

Morera Camacho Carlos. 1998. El capital financiero en México. Límites y contradicciones. Ediciones Era, S.A. de C.V. México, D.F.

Vizgunova I. 1978. La situación de la clase obrera en México. Ediciones de Cultura Popular S.A. México, D.F.

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