jueves, 20 de diciembre de 2018

NI "POPULISMO" NI NEO-LIBERALISMO: REVOLUCIÓN POPULAR PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MÉXICO

NI "POPULISMO" NI NEO-LIBERALISMO: REVOLUCIÓN POPULAR PARA RESOLVER LOS GRANDES PROBLEMAS NACIONALES DE MÉXICO

Valentín Vásquez
Oaxaca, México
valeitvo@yahoo.com.mx


Introducción

El “populismo” antecede al neo-liberalismo y su origen se remonta a fines del siglo XIX en Rusia y los Estados Unidos. En ambos países apareció como respuesta a la “ruina” en que se encontraban los campesinos, resultado del desarrollo del capitalismo industrial y por lo mismo pretendían retornar al pasado pre-capitalista. Los líderes “populistas” no comprendían que el desarrollo económico tenía que pasar necesariamente por el capitalismo, para “desbrozar” el camino para la lucha revolucionaria del proletariado y la burguesía y como aliado sería fundamental en la instauración de una nueva sociedad libre de explotación. Sin embargo, en la actualidad la concepción del "populismo" ha cambiado y existen tres concepciones: una asociada a los gobiernos que implementan políticas públicas en beneficio de una clase minoritaria privilegiada económicamente al concentrar el grueso de la riqueza y en el comercio mundial, se caracteriza por una política económica anti globalista; la segunda concepción es la que considera "populismo" a las políticas que no "comulgan" con el globalismo neoliberal y; la tercera concepción está relacionada con los gobiernos que implementan políticas sociales en beneficio de las clases mayoritarias pobres.
 
Respecto al neo-liberalismo, se trata de una política económica globalista impuesta por el capital financiero internacional. Es relativamente reciente, ya que inicia en la década de los ochenta del siglo pasado y es la consecuencia de la crisis económica mundial. En México es resultado de un largo proceso del desarrollo capitalista, desde la época liberal que inicia con Benito Juárez a mediados del siglo XIX, con la Revolución de Reforma en la que triunfa propiamente la burguesía al derrotar al principal represente del viejo sistema feudal: la Iglesia que era la que detentaba el poder económico y espiritual que al ser nacionalizados sus bienes en 1859 fue derrotada. Respecto a las comunidades indígenas también inició el despojo territorial primero con la Ley Lerdo de 1856, cuyo propósito finalmente era privatizar las tierras comunales de los pueblos indígenas, con lo que se convertían en trabajadores “libres de su principal medio de producción: la tierra y por lo mismo obligados a emplearse como asalariados en las empresa capitalista. La Intervención francesa en la década de los sesenta del siglo XIX pospuso el despojo de las tierras comunales de los pueblos campesinos y solo se reanudó cuando a fines del siglo XIX Porfirio Díaz accedió al gobierno y continuó con el despojo de las tierras de los puebles indios en beneficio de los latifundistas (hacendados) y las compañías deslindadoras privadas. Las consecuencias socio-económicas de las políticas liberales del Porfirismo, fueron una enorme desigualdad socio-económica, a tal grado que una minoría oligárquica porfirista concentraba el grueso de la riqueza en contraste con las masas trabajadoras del campo y de la ciudad que se debatían en la miseria, condiciones que prepararon el estallamiento de la Revolución Mexicana en 1910, en la burguesía agraria representada primero por Francisco Madero y luego por Venustiano Carranza, derrotaron a la oligarquía porfirista. El triunfo de la burguesía agraria fue legalizada con la promulgación de la Constitución de 1917, en la que quedaron refrendados los intereses de la clase trabajadora en el Artículo 123 y de los campesinos en el Artículo 27.

La Constitución se convirtió en programa por realizar para los futuros gobiernos, siendo el más importante el de Lázaro Cárdenas (1934-1940), quien con la nacionalización de los ferrocarriles y del petróleo, pero sobre todo con el reparto masivo de las tierras de los hacendados porfiristas “barrió” con los vestigios pre-capitalistas (peonaje por deudas y tiendas de raya) y sentó las bases para un gobierno popular. Así pues, es con el gobierno de Cárdenas cuando “nace” el populismo, según sus adversarios conservadores por el hecho de implementar políticas sociales de apoyo al pueblo trabajador. Desafortunadamente la correlación de fuerzas no le favoreció y su sucesor: Manuel Ávila Camacho inició una política de apoyo a la industrialización y cuyos gobiernos posteriores que lo sucedieron la profundizaron hasta que a finales de la década de 1970 la economía mexicana entre en una profunda crisis económica y social, que culmina con los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982), que trataron amortiguar la enorme desigualdad socio-económica con políticas sociales de apoyo a los más desprotegidos, recurriendo a un mayor endeudamiento público y de los recursos aportados por la exportación de petróleo. Por sus políticas sociales de apoyo a los pobres, estos gobierno fueron etiquetados de “populistas” por sus adversarios, pero sus períodos terminaron en una crisis cada vez más grave, lo que preparó las condiciones para el arribo a fines de 1982 de un gobierno partidario del libre mercado, con el que surge propiamente el neo-liberalismo, cuyo programa central fue el desmantelamiento del Estado “propietario” de 1155 empresa públicas, a través de su privatización. Los gobiernos posteriores que lo sucedieron profundizaron la privatización, culminando con la de los hidrocarburos (principalmente petróleo y gas) para cederla en propiedad a empresa particulares. El saldo de las políticas neo-liberales ha sido desastroso: Raquítico crecimiento económico (alrededor de 2% promedio anual), deuda cercana a los 11 billones de pesos, extrema desigualdad expresada en la existencia de una minoría que concentra el grueso de la riqueza nacional en contraste con la inmensa mayoría de la población que se debate en la miseria, corrupción privada y pública generalizada y como consecuencia de todo ello una inseguridad pública también generalizada; condiciones que fueron decisivas pare el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el 1º de julio de 2018.

Con el triunfo de AMLO se cierra el ciclo del neo-liberalismo de 35 años (1983-2018) y se inicia una nueva etapa en la que según su lema de campaña: “por el bien de México primero los pobres” acuñado desde su primera campaña presidencial en 2006, será el que oriente su política como se hizo evidente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, en el que prioriza la política de apoyo a los pobres: adultos mayores, jóvenes, campesinos, etc., medidas anti neoliberales que sus adversarios conservadores aprovechan para “tacharlo” de “populista” porque no están dispuestos a ceder en nada para beneficio de las masas trabajadoras y desde ya los poderes fácticos, principalmente la minoría oligárquica rapaz que ha sido beneficiaria de la política tiene acotado al nuevo gobierno, por lo que difícilmente va poder ir más lejos con su Cuarta Transformación, que tal como la concibe se trata de otra verdadera revolución equiparable a la Revolución de Independencia (1810-1821) que terminó con la dependencia colonial de España, la Revolución Burguesa Reforma (1854-1860) y la Revolución Mexicana de 1910-1940, ya los intereses que están de por medio son muy poderosos y recurrirán a cualquier medio para conservarlos. Solo una verdadera revolución popular en la que los actores sociales y políticos sea el propio pueblo trabajador, podrá instaurar una nueva sociedad más equitativa y como toda revolución tendrá que “barrer” o reformar las instituciones burguesas que solo han servido para beneficiar últimamente a esa minoría financiera oligárquica con la política neo-liberal.


Desarrollo histórico del “populismo” y el neo-liberalismo

Históricamente el “populismo” surgió a fines del siglo XIX en Rusia y los Estados Unidos, como resultado de la “ruina” de los campesinos causada por el desarrollo del capitalismo, en consecuencia apareció como una tendencia política que reivindicaba a la economía campesina para re-insertarla en la vieja economía feudal de servidumbre. En este sentido se trataba de una tendencia política reaccionaria, que pretendía retornar al pasado pre-capitalista, en vez de participar activamente como aliado del proletariado para hacer avanzar la revolución democrático-burguesa y preparar las condiciones para una verdadera revolución proletaria, con la que se mejoraran sus condiciones de vida y su verdadera emancipación. En los Estados Unidos los pequeños y medianos campesinos habían sido “arruinados” por el impetuoso desarrollo del capitalismo industrial y, al igual que el “populismo” ruso el “populismo” estadounidense pensaba en volver al vieja economía campesina, como salida de las penosas condiciones socio-económicas que le imponía el capitalismo triunfante.

En México el “populismo” surgió a mediados de los años treinta del siglo XX con el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), cuyas políticas “populistas” más importantes (nacionalización de los ferrocarriles y el petróleo y reparto masivo de tierras) sentaron las bases en beneficio de las masas trabajadoras históricamente marginadas del desarrollo económico desde la época colonial. Sin embargo, la correlación de fuerzas sociales y políticas en el seno del Partido de la Revolución Mexicana, impidieron la continuidad del proyecto cardenista, de tal forma que para fines de 1940 triunfo el general Manuel Ávila Camacho (1940-1946), cuyo gobierno revirtió las reformas cardenistas, en particular reforma el Artículo 27 Constitucional para beneficiar a la propiedad capitalista de la tierra en la que se sustentaría el desarrollo de la agricultura capitalista, basada en la tecnología de la llamada “revolución verde”, cuyo paquete tecnológico consistía principalmente en: mecanización agrícola, aplicación indiscriminada de fertilizantes químicos y pesticidas (insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc.), así como el riego, con la finalidad de producir los alimentos y materias primas que la industrialización capitalista exigía y solo los grandes agricultores, principalmente del noroeste del país los que tuvieron las condiciones económicas y financieras para implementar el paquete tecnológico generado por los técnicos mexicanos y estadounidenses generaron.

Los siguientes gobiernos de Miguel Alemán (1946-1952), Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958), Adolfo López Mateos (1958) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), continuaron la política industrializadora de la economía mexicana, lo que se reflejó en las elevadas tasas de crecimiento de la producción de alrededor de 6% anual, pero a costa del deterioro de los salarios reales de los trabajadores y una enorme desigualdad socio-económica expresada en la existencia de una poderosa oligarquía (minoría) de capitalistas que concentraban el grueso de la riqueza, contrastando con la pobreza de la clase trabajadora. No obstante, para fines de la década de los sesenta y principios de la siguiente del siglo pasado, la economía entró en crisis: la deuda externa se incrementó, se hizo presente la inflación y consecuentemente se devaluó el peso mexicano. En estas condiciones arribaron al gobierno Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982), que para revertir la enorme desigualdad socio-económica “heredada” de sus antecesores, recurrieron al endeudamiento y con los recursos de exportación petrolera implementar una política social en beneficio de los trabajadores, así como salvar de la quiebra económica a multitud de empresa medianas y pequeñas, a tal grado que para 1982 el Estado era propietario de 1155 empresas. Es evidente que las políticas de los gobiernos de la década de los setenta del siglo XX estuvieron destinadas a salvar al capitalismo mexicano de la profunda crisis en que se debatía y de pasada amortiguar la enorme desigualdad socio-económica que, el “milagro mexicano” había “heredado” a través de una política social de apoyo a las clases trabajadoras. Aun así, los adversarios etiquetaron a los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y de José López Portillo de “populistas”.

El “populismo” de la década de los setenta del siglo pasado terminó en una profunda crisis económica, lo que favoreció el arribo al gobierno de políticos neo-liberales que concebían la crisis como consecuencia de la excesiva intervención del Estado en la economía, por consiguiente, el Estado no era la solución sino el problema que había que erradicar para salir de la crisis, a través de la venta de las empresa públicas y así dejar que el libre mercado decidiera el rumbo económico de la economía mexicana. Esta política centrada en el libre mercado, inició con el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) y continuó con sus sucesores: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto, gobiernos que cada vez más intensificaron la venta de las empresa públicas: empezando con la contrarreforma al Artículo 27 Constitucional para privatizar las tierras de propiedad social (comunales y ejidales), venta de los bancos nacionalizados, venta de los ferrocarriles y últimamente durante el gobierno privatización de los hidrocarburos con la llamada reforma energética, reformas estructurales –como ellos las llaman- que concentraron cada vez más la riqueza en manos de una minoría oligárquica (1%), que contrasta con la miseria en que se debate más de 50 millones de mexicanos, así como la corrupción y la inseguridad, condiciones que allanaron el camino para el triunfo en las elecciones del 1º de julio de 2018 de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Desde su primera candidatura presidencial en el 2006 cuyo lema de campaña: “por el bien de México primero los pobres” fue atacado por la derecha conservadora de “populista” y a través de una guerra “sucia” la minoría oligárquica beneficiaria de las políticas neo-liberales impidieron su triunfo con el apoyo del Instituto Federal Electoral, probablemente por medio de un fraude cibernético para que Felipe Calderón arribara al gobierno. En la campaña de 2012 nuevamente AMLO fue etiquetado de “populista” a pesar de que había moderado su discurso, pero de a través de una elección de Estado Enrique Peña Nieto fue derrotado. Para 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba “sumido” en un “mar” de corrupción e inseguridad y, además, la derecha conservadora dividida (PRI y PAN), condiciones que hicieron inobjetable el triunfo electoral de AMLO, a pesar de la campaña mediática en contra.

La “herencia” del gobierno de Enrique peña Nieto y la de sus antecesores neo-liberales es una economía raquítica que solo creció alrededor del 2% promedio anual, una desigualdad socio-económica extrema, que se evidencia por la existencia de una minoría oligárquica rapaz que concentra el grueso de la riqueza y que contrasta con la miseria en la que vive la mayoría de mexicanos, así como una deuda que ha venido creciendo escandalosamente, a tal grado con Enrique Peña Nieto alcanzó cerca de los 11 billones de pesos, cuyo pago de intereses está cercana al billón de pesos anuales. Es decir, “hereda” al gobierno de AMLO una economía en bancarrota (quiebra). Aun así, el nuevo gobierno está comprometido con sus compromisos de campaña expresados ahora en su nuevo lema: “por el bien de todos primero los pobres” y a pesar de los “candados” institucionales (como la autonomía del Banco de México), antes de asumir la presidencia el poder legislativo aprobó la Ley de remuneraciones de los servidores públicos, en la que ningún funcionario debe ganar más que el presidente de la República, ley que ha generado oposición, principalmente del poder judicial que se ha amparado para proteger sus privilegios; está también en “puerta” la iniciativa de ley que elimina los fueros y privilegios de los altos funcionarios públicos; y, ya como Presidente de la República a los pocos días de asumir el gobierno envío una iniciativa de ley para derogar la reforma educativa promulga por Enrique Peña Nieto, que más que reforma educativa era una reforma laboral; rescate de PEMEX y la CFE y dar un período de gracia de tres años a las empresas privadas beneficiarias de la reforma energética para que inviertan. Pero lo más relevante del gobierno de AMLO es el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, en el que reorienta el gasto social en apoyo de los pobres del campo y de la ciudad (adultos mayores, jóvenes, subsidios a los campesinos pobres, etc.). Estas políticas sociales de apoyo a los más desvalidos, como siempre han sido aprovechadas por sus adversarios conservadores para “tildarlo” nuevamente de populista, por el simple hecho no seguir una política neo-liberal en beneficio de la minoría oligárquica rapaz.

Para los neo-liberales todo lo que no sea libre mercado es “populismo” y en este sentido conciben dos tipos: el de derecha y el de izquierda. El primero que rechaza el libre mercado e implementa una política nacionalista y proteccionista, como Donald Trump en los Estados Unidos y Emanuel Macron en Francia; el segundo, el que impulsa políticas sociales de apoyo a las clases populares, como son los casos de varios países de América del Sur (Bolivia, Ecuador, Brasil, etc.) y reciente en México con el triunfo de AMLO; pero la derecha conservadora no está derrotada, porque los poderes fácticos tienen el poder económico que están detrás de ella, siguen conspirando y por medio “legales” e ilegales han retomado el gobierno en Ecuador, Brasil y Argentina y nuevamente están implementado las políticas neo-liberales.

Así pues, entender la esencia del “populismo” como tendencia política que se ha opuesto al capitalismo en general desde su aparición al final del siglo XIX y, en la actualidad como oposición al neo-liberalismo es fundamental. Ambas tendencias políticas, no han resuelto los problemas socio-económicos en que se debate la economía capitalista, lo que significa que solo una verdadera revolución popular en las que las mayorías explotadas sean los actores principales y junto con sus dirigentes políticos ir más del capitalismo, para instaurar un nuevo poder político a su servicio y así impulsar desde “arriba” (poder) y con el apoyo desde “abajo” (masas trabajadoras) implementar políticas en beneficio de la clase trabajadora. Al nueva revolución tendrá que ser popular, a diferencia de las que le han antecedido que han sido de minorías burguesas y como toda revolución tendrán que “barrer” con las instituciones burguesa que solo han servido últimamente para beneficiar a una oligarquía financiera elitista y rapaz.


Discusión

Para comprender racionalmente el “populismo” es necesario “seguirlo” en su desarrollo histórico.

El populismo del siglo XIX (ruso y estadounidense) es una tendencia política reaccionaria que tiene como centro a los pequeños y medianos campesinos, que ante los “horrores del capitalismo, proponen la necesidad de retroceder al pasado pre-capitalista. Se trata de una política pequeño burguesa reaccionaria, que en lugar de concebir el desarrollo del capitalismo decimonónico como progresista en su momento y como un escenario futuro en la lucha por una sociedad que responda a los intereses de las masas trabajadoras: el socialismo.

El populismo del siglo XX respecto a su antecesor del siglo XIX, tiene otro contenido, hora el populismo representa una tendencia política anti-capitalista como sucedió en los años treinta del siglo XX en México, con el gobierno de Lázaro Cárdenas, en el que las profundas transformas revolucionarias, son la culminación de la Revolución iniciada Por Francisco Madero en 1910 contra el gobierno Porfirista representa de una capitalismo agrario-terrateniente, subordinado al capital extranjero, particularmente el de Estados Unidos. En este sentido, el nuevo populismo es progresista, ya que las reformas cardenistas beneficiaron al pueblo y, además, desbrozaron el camino para el desarrollo del capitalismo industrial en el período 1940-1970.

Los gobiernos de Luis Echeverría y López Portillo fueron la respuesta política a la enorme desigualdad socio-económica, generada por el “desarrollo estabilizador” o “milagro mexicano”, caracterizado por priorizar la estabilidad económica para alcanzar la industrialización del país a costa de la pobreza del pueblo trabajador. Por consiguiente, sus políticas económicas estuvieron orientadas a lograr una mejor distribución social del ingreso en beneficio de las clases populares. Así pues, para 1970 en el marco de la crisis mundial del capitalismo, el capitalismo industrial y financiero entra en crisis. Esta favorece la consolidación del capital financiero, ya que es en ésta década cuando se produce la concentración y la centralización del capital financiero con la creación de la banca múltiple o universal. Con esta se genera un mayor entrelazamiento del capital financiero con las empresas industriales y de servicios.

El desarrollo del capital industrial y financiero fue acompañado por la activa participación del Estado en la Economía, a tal grado que para 1982, las empresas estatales alcanzaron la cantidad de 1155, la mayoría creada y/o adquirida durante el período 1970-1982, configurando la formación de un Estado “empresario”.

En el ambiente de crisis se produce la confrontación del gobierno con el capital financiero, dando como resultado la creación del Consejo Coordinador Empresarial (1975), organización política-empresarial para enfrentar a la política económica de Luis Echeverría, particularmente al Estado “empresario”, confrontación que culmina con la nacionalización de los bancos en 1982 al final del gobierno de José López Portillo.

Conforme se desarrolla el capitalismo: del industrial al financiero (1940-1982) se produce la concentración de la riqueza en un reducido número de empresarios, a tal grado que antes de la nacionalización de los bancos en septiembre de 1982, un reducido número de grupos financieros –alrededor de 26- conforman una verdadera oligarquía financiera  que concentra la riqueza, contrastando con la extensión de la pobreza en sectores cada vez más amplios de los trabajadores.

Con la nacionalización de los bancos y las empresas controladas por los mismos en 1982 el capital financiero es derrotado parcial y temporalmente, ya que con el nuevo gobierno encabezado por Miguel de la Madrid, se inicia la implementación de un programa de corte neo-liberal en beneficio de la oligarquía financiera y en perjuicio de la clase trabajadora.

El rasgo esencial del capitalismo financiero actual en México no es en el sentido clásico como se concebía a principios del siglo pasado, en los países capitalistas desarrollados, en los que fue el resultado de la fusión del capital bancario e industrial; en los países subdesarrollados como México, más bien se trata de un capital financiero desvinculado de la economía real productiva, centrado principalmente en las empresas comerciales y de servicios.

Con la política neo-liberal implementada por el gobierno, se produjo la extranjerización de la economía, en particular el sistema financiero mexicano, que en un 80% pertenece al capital extranjero y solo un grupo financiero (Banorte) permanece en poder de capital mexicano. Paralelamente se ha producido la incursión de capital mexicano en otros países, sobre todo a partir de los años 90 del siglo pasado y en mayor grado a partir de este siglo.

La riqueza se concentra en un número reducido de grupos financieros  -oligarquía financiera-, que en las décadas de los 80 y principios de la década del 90 del siglo pasado fluctuó entre 26 y 27 y a partir mediados de 1990 y del nuevo milenio oscila en alrededor de 16, contrastando con la pobreza en la que se debaten más de 50 millones de mexicanos. Es decir, la enorme pobreza en que viven  millones de mexicanos, es la contra-parte de la descomunal riqueza que concentrada la oligarquía financiera.

Dado el enorme poder del capital financiero internacional y de la oligarquía mexicana en particular subordinada a él, son los que deciden la política económica del gobierno en beneficio de sus intereses: disciplina fiscal, control de la inflación y tasa de cambio flexible.
La oligarquía financiera ha aniquilado las conquistas históricas plasmadas en la Constitución de 1917, con las reformas a los siguientes artículos: 27 para favorecer la privatización de tierras ejidales y comunales; 123 que desaparece los contratos colectivos, salarios de hambre, privatización de los fondos de pensiones de los trabajadores en perjuicio de los trabajadores, legalización del outsourcing, entre otros; 3, para favorecer a la educación privada e implementar una reforma educativa que vulnera los derechos de los trabajadores de la educación, en vez de realizar un diagnóstico de la educación, para saber si el Plan de Estudios responde a las necesidades del país y de acuerdo con esto, que perfil de docente se necesita y sobre todo convocar a los actores principales del proceso educativo -docentes y alumnos- para que con su experiencia participen en la elaboración de un Plan Nacional educativo ; y  28, en cuya modificación se sustenta la actual reforma energética que privatiza los hidrocarburos en detrimento de PEMEX y la CFE, así como en perjuicio del pueblo trabajador.

En síntesis, el neo-liberalismo es una política reaccionaria, que contrasta con el viejo liberalismo del siglo XIX, que tuvo un carácter progresista al luchar contra el viejo poder monopólico feudal.

Dada la enorme desigualdad socio-económica manifiesta en la existencia de una minoría rapaz (1%) en contraste con la miseria en que se debate la mayoría de la población trabajadora, causada por la política neoliberal, asociada a una enorme corrupción privada y pública, así como a la inseguridad de endémica que en vive el país, generaron las condiciones para el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones del 1ª de julio del año 2018 y cuyas primeras medidas de gobierno implementadas al final del mismo año son: la ley de remuneraciones de los servidores públicos, cuyo salario no debe exceder el del Presidente de la República fijado en 108 000 pesos mensuales, es decir, implantar la austeridad república como lo hizo Benito Juárez en su tiempo, cuando estableció que los servidores públicos tenían que vivir en la justa medianía; cancelación de la reforma educativa promulgada por su antecesor: Enrique Peña Nieto, que de educativa prácticamente no tiene nada, más bien se trató de una reforma laboral impuesta por los poderes fácticos, representados por la organización empresarial: Mexicanos Primero; y, un Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 en el que se reorienta la mayor parte del presupuesto para programas sociales (adultos mayores, jóvenes,  campo, etc.) para tratar de revertir la extrema desigualdad socio-económica, heredada de la política neoliberal en beneficio de la oligarquía neoliberal. Estas medidas implementadas por AMLO, según sus opositores neo-liberales son de corte “populista”, lo que significa que todas las reformas que no concuerden la política de libre mercado impuestas por los organismos financieros internacionales (FMI, OMC, Banco Mundial, etc.)  y certificada por las empresas financieras privadas calificadoras de riesgos internacionales –que por cierto quien las califica a ellas- impulsadas por los gobiernos neo-liberales son tildadas de “populistas”, lo que significa que el “populismo” del siglo XXI es la política implementada por todo gobierno que se opone a la política neoliberal que ha beneficiado a una oligarquía financiera rapaz que se ha enriquecido a costa de la pobreza de las masas trabajadoras. En este sentido, según los opositores a los gobiernos “populistas”, el populismo puede ser de derecha cuando impulsa una política anti-liberal nacionalista, como el caso de Donald Trump en Estados Unidos, Emanuel Macron en Francia, etc.; y, el populismo de izquierda que implementa políticas sociales en beneficio de las mayorías explotadas.


Conclusiones

El populismo es una tendencia política que aparece a fines del siglo XIX en Rusia y los Estados Unidos. Se caracteriza socialmente porque fue portavoz de las clases campesinas “arroyadas” por el desarrollo capitalista, por lo que pregonan el retorno al pasado feudal de servidumbre como solución a sus problemas; no comprenden que su porvenir estaba el desarrollo del capitalismo en aquel tiempo todavía en lo general progresista, que prepara las condiciones socio-económicas para la lucha entre el proletariado contra la burguesía para establecer una sociedad socialista, en cuya lucha el campesinado tenía que ser un aliado fundamental del proletariado y en cuya nueva sociedad estaba su porvenir y no en el pasado pre-capitalista.

En el siglo XX el populismo se manifestó como una corriente política anti-capitalista y particularmente en México apareció con el gobierno de Lázaro Cárdenas (1940-1970), cuya política de nacionalizaciones (ferrocarriles, petróleo, reparto de tierras) estuvieron orientadas en beneficio de las masas trabajadoras, pero una vez que culminó su período presidencial le sucedieron gobiernos (Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruíz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz), los cuales implementaron una política económica en beneficio de la burguesía industrial entre 1940 y 1970 y cuyo saldo fue una enorme desigualdad socio-económica y una profunda crisis económica, cuyos gobiernos en la década de los setenta del siglo pasado (Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo) trataron de amortiguarlas con políticas sociales en favor de los trabajadores, lo que sus adversarios aprovecharon para etiquetarlos como gobiernos “populistas”. La política del último gobierno populista, el de José López Portillo (1976-1982) terminó en una profunda crisis económica, social y política, de tal forma que allanó el camino para el arribo al gobierno de políticos de corte neoliberal.

El neo-liberalismo es una política económica reaccionaria por retomar del viejo liberalismo del siglo XIX, el libre mercado como fundamento de la economía y cuya estrategia basada en una estabilidad macroeconómica, cuyos resultados han sido el estancamiento económico crónico –alrededor del 2% de crecimiento del PIB-, estabilidad inflacionaria que favorece la rentabilidad del capital financiero, al evitar devaluaciones bruscas, así como una extrema desigualdad social que se traduce en la concentración del grueso de la riqueza en unas cuantas familias -1%-, contrastando con la miseria en que se debaten más de 60 millones de mexicanos. En cambio, el liberalismo del siglo XIX tuvo un carácter progresista, al luchar contra el monopolio feudal que obstaculizaba el desarrollo del capitalismo de libre competencia.

El populismo de fines del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, es la repuesta política a la enorme desigualdad socio-económica generada por las políticas de los gobiernos anti-populares. En la historia reciente de México, es la respuesta a las políticas neo-liberales. En este sentido, el neo-liberalismo puede ser de derecha cuando se opone al libre mercado y desarrollo una política nacionalista y proteccionista, como Estados Unidos Con Donald Trump, en Francia con Emanuel Macron, etc.; y, el “populismo de izquierda” que se caracteriza por el arribo al gobierno de líderes populares que implementan políticas sociales en beneficio de las masas trabajadoras.

Las experiencias de los gobiernos populistas en América Latina han revertido parcialmente la desigualdad social, pero no han derrotado a sus adversarios neo-liberales en el terreno económico, pues sus beneficiarios –poderes fácticos- siguen detentando el poder económico.

Las experiencias en el mundo prueban que ni el "populismo" de izquierda ni el de derecha, menos el neo-liberalismo, son opciones políticas que resuelvan la problemática socio-económica que padecen las sociedades en el marco del capitalismo. La solución está en relevar a la sociedad capitalista, causa de la extrema desigualdad socio-económica, por una sociedad igualitaria en la que se erradique la explotación, a través de una revolución popular y como toda revolución tendrá que “barrer” y/o reformar las instituciones burguesas que en lo fundamental han estado al servicio de esa minoría financiera oligárquica que últimamente ha sido beneficiaria de la política neo-liberal.

Así pues, actualmente existen tres concepciones del "populismo": una en la que gobiernos implementan políticas públicas para beneficiar a la élites que detentan la riqueza y en la ámbito internacional son anti globalistas; la segunda que considera al "populismo" a a un conjunto de políticas que no "comulgan" con el globalismo neoliberal y; finalmente, la tercera que se caracteriza a los gobiernos que aplican políticas sociales que beneficien a las clases sociales más desprotegidas (pueblo) con el objetivo de reducir la enorme desigualdad que el neoliberalismo ha generado.


Referencias Bibliográficas

Internet.
Vásquez Valentín. 2015-2016. metodo2013.blogspot.mx


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